Las desafortunadas declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, desataron una confrontación pública en torno a la dirección de la reforma de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. El senador pasó por alto que diversas organizaciones de mujeres vienen discutiendo mejoras de la norma desde 2020, buscando fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia.

Sin ningún respeto a todo el proceso social que durante dos años recogió y sistematizó cerca de 1.000 aportes en todo el país, el senador priorizó poner en discusión un confuso y mal redactado proyecto de ley que pone en riesgo todos los avances en materia de derechos humanos, y arroja por la borda los compromisos estatales signados en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana de Belém do Pará.

La reacción a las declaraciones de quienes ven en la figura del senador Rodríguez una genuina renovación del proceso de cambio fue de incredulidad. “No comprende la dimensión de lo que ese proyecto propone”, dijeron algunas; “está mal asesorado”, defendieron otras; “han descontextualizado su intervención”, apuraron a decir en su entorno. Sin embargo, al día siguiente, una conferencia de prensa dejó en claro que el senador no fue mal interpretado. Genuinamente él apoyaba la reforma desde una dimensión regresiva.

El senador no solo ponía en duda el espíritu de la ley que enorgullecía la gestión del presidente Evo Morales, también planteaba que la legislación destruía familias y ponía en la cárcel a hombres inocentes. En las primeras palabras del senador se podía identificar un guion bien ensayado (y reconocible); por ello, fue muy fácil encontrar su inspiración en un reciente discurso de Macarena Olona, militante de Vox, partido de la ultraderecha española. Gracias a las redes pudimos constatar que no se trataba solo de una inspiración, sino de la copia fiel de todos sus recursos demagógicos.

Esta declaración confirmó que no se trataba de un error inocente, o mala asesoría. Detrás del apoyo a una ley regresiva se podía vislumbrar un cálculo político electoral que buscaba atraer a los votantes conservadores que victimizan a los hombres y se sienten incómodos frente a una mayor igualdad de las mujeres. Al senador parece no molestarle que ganar esa popularidad implica desconocer que en Bolivia los índices de violencia por razón de género son los más altos de la región.

El Ministerio de Justicia fue contundente en refutar los supuestos que sustentaban ese discurso. En Bolivia, el Ministerio Público reporta que entre 2013 y 2024 se han registrado 1.189 víctimas de feminicidio y casi medio millón de denuncias de violencia de género. Y por ese total de crímenes, el Régimen Penitenciario informa que, a la fecha, 18.459 personas se encuentran privadas de libertad, es decir que, del total de las denuncias citadas, solo en el 4,16% se ha determinado el presidio para los criminales.

Por ello, la autoridad competente afirma que “la situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional”. En ese marco, ¬¿cuánto tiempo ha dedicado la Asamblea Legislativa a fiscalizar a los operadores de justicia? ¿Cuánto se han implicado senadoras y senadores en comprender el problema? El debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para consagrar la impunidad.

Con esta experiencia, nos queda por discutir cuán amorfo y elástico puede llegar a ser un programa de izquierda desesperado por ganar elecciones, o cuánto conservadurismo en derechos de las mujeres puede caber en una propuesta del campo “progresista”.

Lourdes Montero es cientista social.

Uno de los temas que más indignación causa es la impunidad con la que actúan los cooperativistas mineros en Bolivia. Todos los días, por diversos medios, podemos leer sobre el comportamiento ilegal y violento de sus líderes y las redes de matonaje que han creado para intimidar a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar su próspero negocio. Esta semana pudimos ver un corto video donde se expresa esa su actitud de dueños del mundo, cuando intervenían una vigilia en rechazo a las actividades de la empresa Salvada Sociedad Colectiva, que opera en la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera.

Con actitud violenta, y haciendo explotar cachorros de dinamita, intimidan a pobladores que ponen en duda ese tremendo poder que les da el dinero y su aparente pacto con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), cuyo silencio frente a estos hechos es muy sospechoso.

Por ello, la reciente declaración del relator especial de las Naciones Unidas, David Boyd, nos hace mucho sentido. A través de su cuenta de X, sostiene: “La situación en Bolivia es profundamente preocupante. El Estado debe dejar de perseguir a los defensores de los derechos humanos ambientales (a menudo indígenas), implementar leyes ambientales y cambiar la economía extractiva”. Y en Bolivia, es muy clara la relación que esta autoridad internacional plantea respecto a los derechos humanos y la crisis ambiental.

Es paradójico que el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha liderado a nivel mundial el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas del derecho humano al agua, hoy sea el más permisivo con la minería del oro. Es también paradójico que los mismos liderazgos políticos que protagonizaron el reconocimiento constitucional del agua como “un derecho fundamentalísimo para la vida” hoy definan que el Ministerio de Minería y Metalurgia sea liderado por un cooperativista minero aurífero, que asiste a las conferencias de prensa con un casco de Fencomin. Claramente los intereses nacionales y el bien común no son la prioridad de esta autoridad.

Los casos de defensores ambientales intimidados son permanentes. Recordemos la persecución judicial a la que fueron sometidos los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), demandados por el minero Ramiro Cuevas, cuando éste intentó ingresar a la zona de protección del Parque Nacional Madidi. La judicialización también alcanza a autoridades indígenas de tierras altas, como sucede en el ayllu Cala Cala, en Potosí, donde unas siete personas están procesadas por cortar un camino “ilegal” a través del que ingresarían a trabajar los equipos de la Cooperativa Molle Pata. Otro conflicto por actividad minera es el de la comunidad de Jupichaque, nación chicha, en Potosí. En septiembre de 2023, la compañía Cruz Arce Limitada Empresa Minera (Calem) interpuso demanda contra las autoridades originarias, cuando éstas exigían ejercer su jurisdicción para la protección del agua.

Otro ayllu afectado por la minería es San Agustín de Puñacas. En septiembre del año pasado, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 lugareños para constatar que presentan concentraciones de arsénico con valores muy superiores al límite de la salud, y aunque los dirigentes no han sido procesados, tampoco reciben solución a su demanda de agua sana.

Los mineros cooperativistas sienten hoy que tienen el sartén por el mango. Tal vez por eso hoy celebramos que la Cámara de Senadores determinó devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aprueba 19 contratos mineros, debido a que venció el plazo de 90 días para su tratamiento. Tal vez solo se logre ganar algo de tiempo, pero al menos es una señal de que los cooperativistas mineros no tienen todo el poder.

Lourdes Montero es cientista social.

Desde el año pasado, el mundo entero está experimentando anomalías climáticas que no tienen precedentes. En Bolivia, cada año nos preguntamos si sufriremos olas de calor, sequías, inundaciones o todo al mismo tiempo. El planeta lleva décadas sufriendo un calentamiento progresivo, pero este año los récords de eventos extremos se han disparado de una manera inesperada.

Hoy en La Paz y en varios territorios de Pando y Santa Cruz, vivimos lluvias torrenciales e inundaciones sin precedentes. Los investigadores previenen que, con el fenómeno de El Niño, la temperatura global este año podría rondar un aumento de 1,5ºC respecto a niveles preindustriales, un récord que en los acuerdos de París se planteaban como la llegada de la catástrofe. Esto no quiere decir que este aumento de temperatura es permanente, pero sí nos está mostrando cómo será un mundo que haya alcanzado ese grado y medio de calentamiento sin retorno.

Así, esta sería la “nueva normalidad”, con iguales o mayores inundaciones como las vividas en La Paz, o lo ocurrido en Cobija en el rio Acre, que creció hasta casi alcanzar los 16 metros. Un segundo efecto proyectado son las olas de calor y sequía, como las enfrentadas en Santa Cruz el pasado octubre, con 43,4 grados en la Chiquitanía, y las consecuencias en incendios forestales. Esa distopía que nos presentan las películas de ficción climática, cada vez más se plantea no solo como posible, sino temiblemente cercana.

A pesar de lo evidente que resulta esta crisis climática, los humanos y humanas tendemos a olvidar que nuestra civilización está sostenida por las condiciones naturales que nos acogen. Por ello, estos últimos años hemos agregado a nuestro estilo de vida hiperconsumista de recursos, la amenaza de la tercera guerra mundial con los frentes de Ucrania y Gaza. Todo esto suma para presentar un clima global de alta incertidumbre que tendrá efectos inmediatos en la economía.

Ya en 2006, el economista Nicholas Stern publicó un famoso informe en el que avisaba que el cambio climático produciría pérdidas en el PIB de entre el 5 y el 20% a nivel global. Bolivia no escapa a esta realidad, y según la investigadora Lykke Andersen, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), el cambio climático podría ocasionar una pérdida promedio del 8% del PIB para 2100, llegando al 16% con el incremento de inundaciones. La investigadora señaló que las inundaciones, en gran medida, se deben a la expansión de la frontera agrícola. Para un país como Bolivia este efecto negativo de una sucesión de eventos climáticos extremos puede ser catastrófico. En cierta medida, estos anómalos 2023 y 2024 que estamos viviendo nos pueden ofrecer la oportunidad de poder ver cómo va a ser un año normal en dos décadas. Este primer trimestre del año, en cierta medida, es una ventana al futuro.

Hace tiempo que sabemos lo que debemos hacer, pero preferimos mirar hacia otro lado. Por una parte, adaptación, pensando en que todas las inversiones estatales en infraestructura deben ser adecuadas a la realidad venidera, lo cual en muchos casos implica un costo financiero superior. Para ello, nuestras voces sobre daños y pérdidas dirigidas a demandar responsabilidades por el modo de desarrollo del norte son imprescindibles. Por otro lado, debemos encarar la mitigación, y la hoja de ruta en Bolivia parece muy clara: frenar la deforestación a causa de la ampliación de la frontera agrícola y pensar un futuro basado en una economía no exclusivamente extractiva.

Esa será una agenda central de discusión para las próximas elecciones. Hoy más que nunca debemos recordar que cuando llueve, nos mojamos todos.

Lourdes Montero es cientista social. 

La semana pasada, la agenda informativa nos ha sometido a un ejercicio de paciencia sin límites. Las bochornosas escenas en la Cámara de Diputados exponen un parlamento que, más que espacio para debatir ideas, se ha trasformado en un cuadrilátero de lucha libre. Este capítulo de la pulseta entre el bloque arcista (que exige debatir primeramente siete créditos externos) y el ala evista, que con CC y Creemos pretenden dar prioridad a las leyes antiprórroga, no tiene la más mínima empatía sobre la sensibilidad cotidiana de las personas. “Los políticos nos tienen hartos” fue la sentencia que más he escuchado estos días.

¿Qué época estamos viviendo? ¿Qué sentido tiene? Con estas jugadas de la política, ¿qué ganamos realmente las mujeres, los jóvenes, los jubilados, los desempleados? Nuestra indignación ¿acaso importa? Y ese es el espíritu que hoy se vive en las calles: el hartazgo de tanta desfachatez. Hay mucho silencio en todos los frentes. Ya nadie discute horizontes de futuro, reformas audaces, cambios posibles… ya todos prefieren seguir su camino, cabizbajos, afanados por llegar a casa, resistiendo para no perder lo ganado, lo ahorrado, ese pequeño mundo de comodidad que 15 años de Estado Plurinacional nos ha brindado.

Se nos presenta un tiempo de lucha contra el despojo y la violencia que, de manera sistemática, amenaza con dejarnos sin ilusiones. ¿Por qué a pesar de tantos esfuerzos para transformar, hoy vivimos un presente del absurdo y un futuro incierto? Toda la energía desplegada en la Asamblea Constituyente se desdibuja hoy frente a la confrontación de todo un ejército de liderazgos chatos, deslucidos; como un conjunto de renacuajos que brotan por la lluvia y amenazan con convertirse en sapos buscando votos en las próximas elecciones.

Mientras tanto el horizonte económico se cierra para favorecer a unos cuantos; y frente al temor del desempleo, cada vez se aceptan sueldos más bajos, condiciones más precarias y extensión de las horas de trabajo. Y la poca transparencia estatal solo genera mayor incertidumbre. La desactualización de la información financiera en la página web del Banco Central de Bolivia, la escasa información sobre el desempeño de las empresas públicas y la opacidad en los contratos del litio nos mantienen en vilo.

Y la vida cotidiana transcurre al margen de ese teatro del horror en que se ha transformado la Cámara de Diputados. Preferimos cambiar de canal para no verles las caras (u otras cosas) y buscamos información sobre hechos importantes, como la conmovedora campaña en redes sociales de guardaparques de todo el país en apoyo a Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, enjuiciados por el cooperativista minero Ramiro Cuevas Echave. «En un mundo donde la naturaleza se encuentra amenazada, existen héroes silenciosos que día a día luchan para cuidar nuestras áreas protegidas. Sin embargo, su valentía y dedicación son cuestionadas y se enfrentan a juicios injustos por cumplir con su deber», es la voz de Beatriz Quispe, una de las pocas mujeres “guardas” del país.

Y nuestra atención ahora está en Cobija, que sufre la peor inundación de su historia. El desborde del río Acre ha sobrepasado los 15 metros y más de 900 familias han sido evacuadas a zonas seguras y albergues. Por la magnitud de esta inundación, la Alcaldía de Cobija declaró el miércoles a su municipio como una zona de desastre y la alcaldesa Ana Lucía Reis dijo que no tienen condiciones para enfrentar la etapa posinundación.

Son estos los temas que los diputados y diputadas deben considerar antes de dar un espectáculo que solo genera mayor indignación. En la sede de gobierno, cada vez más nos acercamos a compartir la peligrosa certeza que hace unos años acompañó al pueblo argentino: es mejor “que se vayan todos”.

 Lourdes Montero es cientista social.

En pleno despliegue de la fiesta de la abundancia, vivimos un bloqueo de caminos que amenaza dejarnos sin pollo, sin gasolina y sin carnaval. Como yo confío plenamente en los poderes sobrenaturales de ese hombrecito con sombrero, bigote y barriga; a las 12 en punto del día 24 me compré una bolsa llena de pequeños politiquitos.

Sí, no hay error de imprenta en el párrafo anterior. En la fiesta de la miniatura, en lugar de llenarme los bolsillos de dólares como dicta la razón, gasté todo mi dinero en comprar y challar lo que hoy el país necesita con mayor desesperación: políticos que den la talla para resolver la pulseta de turno en el campo político. Los compré de todas formas y tamaños; con ternos, polleras y chamarras, y los hice challar con alcohol, flores y hojas de coca. Invoqué a los Achachilas para que me traiga buenos políticos, que puedan ver la realidad más allá de sus círculos de llunkus.

Es que el país necesita como nunca políticos que dialoguen, encuentren consenso, convenzan al adversario político y lleguen a un acuerdo que permita devolvernos la certidumbre de que elegimos bien quien nos gobierne.

Todos sabemos que lo que está en juego en la actual medida de presión no es solamente la indignante “autoprórroga” de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sino la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial para los comicios del 2025. Y también sabemos que la política en manos de la justicia (y los abogados) sólo puede traer muy malas noticias.

Mientras tanto, en las calles, la irritación ciudadana va en aumento. Las ambiciones electorales de Evo Morales y Luis Arce amenazan con llevarse por delante el frágil equilibrio de nuestra economía e incluso arrasar con todos los logros de 15 años del Estado Plurinacional. Y por ello el enojo es repartido en partes iguales hacia los dos liderazgos. Eso explica por qué las encuestas actuales den a ambos los niveles más bajos de popularidad. Según encuestas de Diagnosis, Morales y Arce (juntos) suman un pírrico 31%, muy lejos de los índices de apoyo que el MAS ha logrado en su historia política.

Por ello, muchas y muchos reaccionan con bronca y escepticismo a cualquier discurso que convoque a consignas de lo nacional popular, o de avanzar en la industrialización, o incluso de la democracia —valores que antes nos unían en torno al proyecto Plurinacional— pues en el fondo la imagen que predomina es la confrontación de dos machos tóxicos por el control del instrumento político. Ante esa realidad, toda la reyerta discursiva de ambos bandos cae en saco roto.

Hasta hoy, este desafío se ha mostrado demasiado grande para los políticos bolivianos y no importa con quien hables (simpatizante oficialista u opositor), la rabia de las personas va en aumento. Todos refieren a la insensibilidad con que los políticos asumen la brecha entre el mundo real de la vida cotidiana y el cuadrilátero de confrontación donde se dirimen los intereses políticos.

Yo solo confío en el Ekeko, y en este tiempo de intercambio de dones, y por ello este fin de semana sumaré a mis compras un país (democrático), un acuerdo político firmado para las elecciones judiciales y una papeleta electoral con todos los candidatos que la población boliviana tiene derecho a votar.

Lourdes Montero es cientista social