Mucho se ha dicho y escrito sobre el proyecto siderúrgico del Mutún, calificado como elefante blanco en el siglo pasado y visto con recelo en años recientes cuando la persistencia gubernamental de reflotarlo llevó a conseguir financiamiento para implementarlo, aunque en una escala muy lejana de la idea original. Muchas veces expresé mis opiniones sobre este asunto en esta columna, el lector acucioso puede acudir a mi libro De oro, plata y estaño (Plural Editores 2017) para interiorizarse al respecto. Ahora quiero puntualizar algunos criterios que estimo importantes y que deberían tomarse en cuenta si se quiere que este intento de empezar la siderurgia en las tierras bajas del país llegue a ser algo más que una anécdota.

Si este proyecto no se concretó antes fue por factores desfavorables, como la ubicación del yacimiento en el centro del subcontinente, lejos de las costas y mercados de ultramar; el bajo contenido de hierro (51,3% de fe del mineral primario o jaspilita, 46-54% de fe del secundario o canga), inferior a los requerimientos del mercado, lo que obliga a considerar una etapa previa de concentración del mineral que conlleva un costo adicional de operación; y, por último, la carencia de infraestructura de transporte, instalaciones portuarias, energía eléctrica, gas, carbón, etc. (pág. 300 del libro).

En segundo lugar, hay que considerar la competencia de los países que ya tienen acerías en la región. Por ejemplo Brasil tiene siete complejos metalúrgicos; Argentina, cuatro; Perú, dos; y Uruguay, uno; todos muy cercanos a la costa y/o a vías fluviales. La oferta de acero y productos intermedios satisface la demanda de la región, y en productos acabados hay una gran competencia de productos asiáticos y europeos. Por último, las consideraciones medioambientales. El Mutún está muy cerca de un privilegiado ecosistema, el Pantanal, lo que obliga a adoptar un costoso monitoreo y control del sistema hídrico.  

Ahora queremos instalar un complejo pequeño con una inversión de $us 422 millones, que tratará inicialmente 650.000 toneladas (t)/año de mineral y producirá 250.000 t/año de hierro esponja para una miniacería, la cual producirá además perfiles y alambrón para construcción (datos de la prensa local). En las actuales condiciones de mercado, este proyecto sería un intento a contramano con el axioma de las economías de escala, que asumen que a mayor producción, los costos unitarios bajan y son controlables a variaciones de precios de mercado.

Sin embargo, todo es posible si se consideran parámetros sociales y de desarrollo de las regiones que se antepongan al frío cálculo economicista. No hay que olvidar que en los primeros años de la década anterior Eike Batista, con EBX Capital Partners, propuso una asociación con la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) para el proyecto siderúrgico Termopantanal, el cual produciría arrabio y hierro esponja (400.000 t/año en su primera etapa) en un complejo en la zona franca de Puerto Quijarro (Zoframaq) para las acerías de EBX en Brasil y las de Argentina y Uruguay. Esto tenía sentido como proyecto siderúrgico y como negocio por la infraestructura de producción y de transporte de la región. Como se sabe, este proyecto se desestimó por el actual Gobierno y se expulsó a la empresa con su complejo siderúrgico por razones medioambientales y/o políticas.

El mundo da vueltas y estamos hoy iniciando un proyecto similar, pero con muchas desventajas. Creo que lo básico, como he apuntado reiteradamente, es decidir qué queremos como país: hacer negocios mineros e industriales de clase mundial o atender demandas regionales y presiones corporativas a cualquier precio.

Muchas veces escribí sobre el 31 de octubre de 1952, fecha que recuerda el primer intento en la era republicana de retomar la soberanía del Estado y del pueblo sobre sus recursos minerales. Como apunto en mi libro De oro, plata y estaño (Plural Editores, 2017 pp. 129, 177 y otras), esta fecha ha sido sistemáticamente reducida en su importancia; ya no hay actos destacados en las pocas minas activas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y peor aún, en la administración central del Estado. Ahora se habla de la renacionalización llevada a cabo por el gobierno de turno en algunos distritos mineros y plantas metalúrgicas, después del largo periodo neoliberal que privatizó y capitalizó algunos centros importantes del portafolio de Comibol. Para los que hemos visto la realidad de la estatal minera desde adentro y fuimos actores de los intentos más importantes de hacer una corporación minera en el sentido estricto del término, resulta frustrante ver a lo que se llegó después de 65 años de aquel hito histórico.

El Decreto Supremo 3196 del 2 de octubre de 1952 creó Comibol para representar al Estado en la nacionalización de las minas de los Barones del estaño (DS 3223 del 31 de octubre de 1952), administrar y operar más de 34 unidades entre minas, plantas metalúrgicas, generadoras de energía y agencias administrativas y comerciales. De la noche a la mañana debía hacerse cargo de un gran patrimonio que había sido manejado por técnicos y administradores mayoritariamente extranjeros, quienes habían logrado concretar un holding de empresas cuyos intereses se manejaban desde Santiago, Liverpool, Nueva York o París. Se habían nacionalizado las minas en Bolivia pero no el holding internacional, eso marcó el destino de la naciente Comibol, que pese a los esfuerzos no pudo jugar internacionalmente y cayó en los recovecos de la política criolla que antepuso intereses de grupos de poder a los intereses del pueblo boliviano (v.g. “Comibol un sueño inconcluso”, en ¿De vuelta al Estado minero? D. Garzón, Ed. Fundación Pazos Kanki, 2013).

La estatal minera siempre fue botín de guerra y caja de caudales; limitó su accionar a operar viejas minas; no pudo incursionar en proyectos nuevos de metalurgia, pirometalurgia o industrialización de metales no tradicionales; los intentos siempre chocaban con intereses particulares o de grupo, se alargaban los trámites y poco a poco proyectos como la volatilización de minerales de baja ley de estaño, la fundición de plata-plomo de Karachipampa, las refinerías de zinc o la siderurgia en el Mutún ingresaban al patrimonio de elefantes blancos cuando las condiciones de tecnología y mercados ya no acompañaban los intentos. Tampoco pudo controlar la cadena de producción, metalurgia y comercialización del oro, pese a que en algún momento llegó a tener más de 600.000 hectáreas de concesiones auríferas en la amplia cuenca de los ríos Madre de Dios, Beni y tributarios. Se hizo una importante inversión en exploración y evaluación de ese metal precioso en los años 80, y hoy ese patrimonio está a merced de pequeñas empresas artesanales, cooperativas y garimpeiros de los países vecinos.

Y podemos seguir, Comibol administra Huanuni, Colquiri, Corocoro, viejos distritos con muy poca proyección, Karachipampa (uno de los elefantes blancos) y la metalúrgica Vinto; se sacó de su accionar la siderurgia del Mutún y el proyecto de sales en Uyuni que sí, poniéndonos a tono con la situación regional, puede ser interesante. La dinámica de evitar que Bolivia tenga una verdadera corporación minera se mantiene intacta, pese a los cambios políticos que siempre prometen el oro y el moro. Pese a todo: felicidades a Comibol en este 31 de octubre.

Hay una fijación casi obsesiva en algunos proyectos minero-metalúrgicos en nuestro país que se da en periodos considerables (generalmente décadas) en los que por diferentes razones éstos no pierden vigencia, pero tampoco se concretan, y una vorágine de propaganda y de retórica política reemplaza el raciocinio técnico y permite seguir soñando en ellos. Muchas veces considerados “elefantes blancos” siguen como propuestas válidas. Ejemplos hay muchos, categorías también: Mutún, Karachipampa, Corocoro, salares, refinerías de zinc, etc. son algunos que se pueden mencionar donde la obsesión supera en muchos casos al raciocinio.

Pretendo hoy referirme a nuestro proyecto estrella, el litio (más potasio, sodio, boratos) del Salar de Uyuni, del cual se habla mucho y se gastan torrentes de tinta y horas de entrevistas en los medios. En este proyecto hemos depositado la esperanza de todo un pueblo sobre el renacimiento de la minería y el nacimiento de la industrialización de los metales en Bolivia. Pretendo un análisis reflexivo y pragmático sobre el metal y su mercado, aspectos que definirán nuestra suerte.

El litio es un metal muy liviano, altamente reactivo y de fuerte potencial electroquímico. Esto lo hace ideal (entre otras aplicaciones) como componente de electrodos de baterías de uso múltiple, y ha causado una batalla por el control de su cadena de producción e industrialización por la premura que vive el mundo de usar energías alternativas no contaminantes en maquinarias, equipos y automóviles. El litio es un elemento abundante en la naturaleza y se presenta en minerales primarios de algunas rocas y en concentración en lagos salinos. Se lo comercializa como carbonato, hidróxido monohidratado, bromuro, cloruro y como mineral primario. El carbonato es el más comerciable en el mercado, y a diferencia de otros commodities no tiene niveles de referencia y el precio de venta se acuerda directamente con el consumidor final. Estas características causan la premura de asegurar contratos a largo plazo en los que se han concentrado actualmente los grandes fabricantes de baterías y de automóviles híbridos y eléctricos.

El mercado actual tiene una demanda de 206.203 toneladas/año de carbonato de litio equivalente (LCE), y una oferta de 192.553 t/año de LCE. El déficit del 7% se reducirá este año con la puesta en marcha de proyectos nuevos que producirán cerca de 41.000 toneladas/año de LCE (Hybrid cars, Seeking Alpha, BYD y otras fuentes). El 70% del mercado lo dominan Albemarle Corporation (EEUU) 33%, FMC (EEUU) 12% y SQM (Chile) & Rockwood Lithium (EEUU) 25%; el resto lo disputan China y algunas empresas menores de Occidente. Nuestro proyecto, de ser realidad algún día, tendrá que lidiar en este estrecho margen o aliarse con una de las grandes empresas si se quiere tener éxito.

Como alguna vez apunté en esta columna, el tener los mayores recursos minerales en el país no significa ninguna preeminencia en el mercado. El litio es abundante y barato (el precio promedio del carbonato en 2016 fue de 6.800 $us/tonelada, con un pico efímero cercano a los 13.000 $us/t). Su uso en baterías de ion litio para autos, equipos y en generadores de energías alternativas es a esas tecnologías como el cuarzo a los relojes de cuarzo, el cacao al chocolate o la arena a los chips de computadoras (J. Aleé, director del Centro de Innovación del litio de la Universidad de Chile, dixit). Los ganadores en esta batalla no serán los productores de materia prima, sino las empresas que dominen las tecnologías y el mercado. La obsesión de conducir el proyecto a nuestra manera nos hará perder el tren de la historia si no lo adecuamos a las tendencias actuales.

Finalizar el tema sobre la explotación e industrialización de la minería en el mes de la patria, un día cercano a su efeméride, resulta emocionante y a la vez frustrante por algunos resultados del análisis. Hemos puntualizado lo que ocurre con los principales proyectos mineros, lo que no quiere decir que los emprendimientos menores y la generación de nuevos emprendimientos anden sobre ruedas, nada más alejado de la realidad. Todo el sector minero metalúrgico e industrial tiene problemas, y esa es la primera conclusión del análisis. A pesar de la retórica y el impulso del megaciclo de buenos precios de metales y minerales que acompañó la década precedente, los resultados son magros, como hemos anotado en las dos columnas precedentes. Las causas para esto son las malas políticas sectoriales de un sistema jurídico (CPE, Ley 535) e impositivo a contracorriente con las tendencias globales de la industria.

i) La escala de la industria debiera corresponder con lo que se quiere generar como producción y a los actores que lo puedan concretar. Se quiere un Estado fuerte en la industria con megaproyectos como la industrialización del litio del Salar de Uyuni, pero su capacidad para generar un portafolio y administrarlo es mínima. Para hablar de niveles de inversión en el vecindario, Perú, por ejemplo, tiene hoy un portafolio de proyectos mineros de $us 50.000 millones. ¿Con un PIB cercano a los $us 35.000 millones, podría el Estado boliviano generar un flujo de inversión de esta escala para generar y manejar un portafolio similar con el tamaño actual de nuestra economía? Ni si quiera el Estado peruano podría hacerlo sin la intervención del capital privado nacional y extranjero.

ii) El portafolio de proyectos se construye en base a información que generan entes estatales, en nuestro caso el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin) y Comibol. Si no se potencian estas instituciones, no será posible hacerlo, Sergeomin genera lo que puede; y lo que puede es poco, todos sus emprendimientos no pasan de lo que se denomina grass roots (proyectos primarios), para un mercado donde la plata para este tipo de tareas es cada vez más escasa. Por otro lado, se debilita cada vez más a Comibol, quitándole el control de sus proyectos estrella (Salar, Mutún) y su cualidad de representar al Estado en contratos con terceros para crear burocracia adicional (AJAM); así estamos matando la gallina de los huevos de oro.

iii) Las inversiones se fomentan o se ahuyentan. En nuestro caso, la legislación pone una camisa de fuerza a todo operador que se anime a invertir en el país. Estamos felices con la inversión estatal, pero su escala nunca podrá llegar a los niveles necesarios, por su limitación inherente al tamaño de nuestra economía, y peor aún si en el intento pretendemos invertir (según algunos anuncios oficiales) en el sector menos formal, las cooperativas.

iv) El capital privado debiera participar. El ajuste de las normas vigentes es el único camino para lograrlo. Estamos perdiendo el tren de la historia en el afán de mantener un discurso nacional populista que no trae nada bueno ni soluciona los problemas.

v) La industrialización depende de decisiones políticas adecuadas al momento y al mercado. Resulta patética la forma en que se proyectan etapas industriales como Karachipampa, Corocoro y aún el Salar sin el menor atisbo de coordinación de las diferentes etapas para lograrlo. ¿Alguien ha hablado de reservas explotables, costos unitarios de explotación, costos financieros, etc.; o de la factibilidad de los negocios en alguno de estos proyectos?

Antes de emprender la loca carrera por construir plantas, ingenios metalúrgicos o refinerías hay un largo camino que la tecnología y el conocimiento han labrado a través de los años y que es de obligado recorrido si se quiere tener éxito. Felicidades Bolivia.