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Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 06:52 AM

Multiplicación de estafas

/ 28 de noviembre de 2017 / 04:06

De un tiempo a esta parte las estafas en el país no solo se han diversificado, sino también multiplicado. Esto debido en gran medida a las bajas sentencias que reciben quienes se dedican a este rubro, entre 3 y 10 años de cárcel como máximo, junto a la falta de instrumentos legales para que las víctimas puedan recuperar el dinero que les ha sido estafado. Y a estos dos factores se le añade la inoperancia y corrupción que impera en el sistema judicial del país; lo que alienta a no pocos individuos a elucubrar complejos sistemas para espoliar ya no a una, sino a cientos de personas.  

El último caso de este tipo salió a la luz pública el 29 de junio, luego de que 10 personas denunciaran al gerente de la importadora Zutaro SRL, Yesid Suñagua, de haberles estafado entre $us 5.000 y $us 10.000 como cuota inicial para la compra de un vehículo que jamás les fue entregado. Con el tiempo, las denuncias fueron sumando y ya son al menos 110 las presuntas víctimas que en total le habrían entregado más de $us 500.000. Y no se descarta que este número aumente, pues se sabe que algunas personas estarían negociando directamente con Suñagua con la esperanza de recuperar su dinero, a sabiendas de que un proceso legal carcomería su tiempo y su economía sin garantizarles ninguna reparación financiera.

Este hecho pone nuevamente en relieve la necesidad de imponer sanciones más duras para quienes están dispuestos a truncar proyectos de vida con tal de enriquecerse de la noche a la mañana, así como medidas legales que contribuyan a la recuperación del capital de las víctimas de estafas. 

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Justicia social y trabajo decente

La informalidad laboral es claramente una de las principales vías por las que se perpetúan las desigualdades

Ítalo Cardona

/ 20 de febrero de 2024 / 09:48

La convicción de que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social llevó a los constituyentes de la OIT a hacer de la búsqueda de la justicia social el corazón de su mandato; un claro reconocimiento al rol del trabajo como vía para alcanzar el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social para todos.

En Bolivia, sin embargo, el trabajo está lejos de cumplir cabalmente ese rol. Hoy, más de 10 millones de personas (80,8% según datos de OIT) —especialmente jóvenes, mujeres, población indígena y migrante— trabajan en la economía informal, sin acceso a derechos laborales, con ingresos menores al salario mínimo vital y sin protección social.

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La informalidad laboral es claramente una de las principales vías por las que se perpetúan las desigualdades en el país; un país informal es un país desigual y un país que se aleja de la justicia social. ¿Tenemos que esperar un masivo tránsito hacia la formalización para avanzar en materia de igualdad y justicia social? La respuesta es no. Las soluciones a la informalidad son complejas y pueden suponer un largo proceso de transformaciones estructurales. Mientras los tomadores de decisión dialogan y llegan a acuerdos para abordar, de forma sostenible, la baja productividad, los marcos normativos y políticos o el bajo nivel de educación, la creación de empleo formal para todos los bolivianos no está a la vuelta de la esquina.

¿Qué pueden hacer hoy gobiernos, empleadores y trabajadores para impulsar la justicia social? Al menos tres cosas. Primero, volver a poner el foco en los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos no son ni deben ser nunca vistos como derechos exclusivos de los trabajadores formales, porque están enraizados en la dignidad del ser humano que trabaja, y no en las formas que ese trabajo adopte o en cómo se regule. Acelerar los esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, eliminar la discriminación laboral, garantizar la libertad de asociación, promover la negociación colectiva y garantizar lugares de trabajo seguros y saludables marcan el rumbo para acercarnos a la justicia social.

En segundo lugar, entender que justicia social implica la distribución equitativa de las responsabilidades del cuidado y de los beneficios del crecimiento económico. Esto supone, por ejemplo, reconocer y valorar correctamente el trabajo que hace posible todos los demás trabajos: el trabajo de cuidados. Hay suficiente evidencia de que una acción concreta puede tener un impacto casi inmediato en materia de trabajo decente y justicia social: según un estudio de OIT, invertir en servicios de cuidados en América Latina podría generar hasta 25,8 millones de empleos directos e indirectos. Nueve de cada 10 de estos empleos serían formales y el 80% lo ocuparían mujeres.

En tercer lugar, concentrar los esfuerzos en construir transiciones justas en el mercado laboral, poniendo en marcha medidas efectivas para ayudar a las personas a afrontar las transiciones a lo largo de su vida laboral, de la escuela al trabajo, hacia empleos más verdes y hacia una economía digital. En otras palabras, desarrollar competencias y capacidades en las personas para que estas transiciones inevitables no supongan un tránsito a la informalidad o al desempleo. 

El diálogo social entre gobiernos, y organizaciones de empleadores y trabajadores es más determinante que nunca para hacer frente al desafío de promover el trabajo decente e impulsar la justicia social. Y, en ese camino, Bolivia no tiene que caminar sola. El Director General de la OIT ha lanzado la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa global para subsanar mediante la acción urgente y concertada las deficiencias en materia de justicia social y acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

(*) Ítalo Cardona es director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos

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Talento extraordinario

Luis Callapino López

/ 20 de febrero de 2024 / 07:01

La gestión educativa y escolar 2024 en el Subsistema de Educación Regular ingresa a la tercera semana de planificación, desarrollo y evaluación curricular, correspondiente al primer trimestre, que deberá culminar el 10 de mayo.

En tal sentido, conforme al artículo 16 de la Resolución Ministerial 0001/2024 “Normas Generales para la Gestión Educativa”, ya es oportuno comenzar con la detección, identificación y atención integral a los estudiantes con “talento extraordinario” en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP).

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Al respecto, el reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el SEP, aprobado mediante resolución 0795/2021, el 8 de diciembre de 2021, se constituye en la normativa sustantiva y adjetiva para la detección, identificación y atención integral de la referida población estudiantil.

En ese marco, los beneficiarios de esta normativa son obviamente los estudiantes con “talento extraordinario” que presenten mayor desarrollo de capacidades superiores, transformadoras, potencialidades, entre otras, por encima de su grupo etario y/o año de escolaridad (curso), en una o varias áreas.

Bajo ese orden, el reglamento establece tres tipos de talento extraordinario, vale decir, general, específico y doble excepcionalidad en el campo de la actividad humana o área del conocimiento, en equilibrio con todas las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir.

Consiguientemente, los campos y áreas de talento extraordinario específico de la actividad humana se agrupan en científico-tecnológico, humanístico-sociocultural, artístico y deportivo.

Ahora bien, en lo concerniente a la estructura administrativa y de gestión, está compuesta por los niveles estratégico, programático, operativo y de coordinación. Por otro lado, para atender los requerimientos de la población estudiantil con “talento extraordinario” se encuentra el Equipo Técnico Departamental, Distrital, Educación Especial, Multidisciplinario y de Unidades Educativas.

En lo que respecta al nivel de coordinación, los actores del programa de “talento extraordinario” se aglutinan en redes de estudiantes, maestros, madres y padres de familia, equipos multidisciplinarios y las entidades territoriales autónomas, actores con facultades específicas.

Referente al procedimiento de la detección de estudiantes con “talento extraordinario”, son responsables la o el director, maestros, madres y padres de familia, que están obligados a detectar capacidades superiores, transformadoras, potencialidades, entre otras, de los estudiantes.

Por ello, en la valoración de las capacidades superiores desarrolladas por un determinado equipo, los estudiantes postulantes entregarán y demostrarán de manera objetiva las potencialidades, debiendo ser sistematizado en el Informe Psicopedagógico Integral, como resultado de la aplicación de procedimientos e instrumentos específicos.

Por esto, la respuesta integral por tipo de “talento extraordinario” a los estudiantes postulantes que pertenezcan a una unidad educativa, se circunscribe en adaptaciones curriculares de enriquecimiento, aceleración educativa (promoción de cursos) cuantas veces lo amerite, actividades extracurriculares, competiciones, olimpiadas, entre otros.

(*) Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente

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En busca de nuestra democracia

Los militares no estaban contentos con su rol subalterno, así se fueron sucediendo golpe tras golpe

José Pimentel Castillo

/ 20 de febrero de 2024 / 06:57

La apertura a la democracia fue algo inesperada. Banzer, a su retorno de una entrevista con el presidente Jimmy Carter, anunció la convocatoria a elecciones, sorpresiva por cuanto el movimiento popular estaba diezmado, luego de la intervención militar a las minas (1976), el sometimiento a los sindicatos con los relacionadores, las universidades controladas, el movimiento campesino aherrojado por el pacto militar-campesino, los partidos políticos destruidos. ¿Qué pasó para que el dictador diera ese paso? Simplemente la estrategia del norte había cambiado, se impuso la democracia “controlada”; fue una parodia de democracia donde se vota pero no se elige. La premisa era clara, al concentrar el poder en una élite, excluye a las mayorías, justificando rebeliones: ya era previsible el triunfo sandinista en Nicaragua (1979).

Banzer cumplió la orden. En noviembre de 1977 sacó una convocatoria para elecciones generales, con la exclusión de medio millar de ciudadanos. La puerta entreabierta abrió paso a la huelga de las mujeres mineras, que con su masificación logró que el dictador diera la amnistía general; esta concesión no implicaba negar su estrategia, tenía el poder para controlar el proceso electoral. Nombró la corte electoral, eligió su candidato, tensó el pacto militar-campesino para garantizar los votos de esa mayoría que alcanzaba el 65% de la población. El fraude fue tan escandaloso que la corte electoral no dudó en anular las elecciones.

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Los militares no estaban contentos con su rol subalterno, así se fueron sucediendo golpe tras golpe, sumándose 13 presidentes en menos de cuatro años. Los golpes fueron alentados por políticos y por las dictaduras de Brasil, Argentina y Paraguay. En este periodo fue la movilización popular obrero-campesina que hacía retroceder a los golpes, la COB era el frente de lucha, sin pretender tomar el Poder Ejecutivo; para llegar a eso había que romper la democracia liberal e implantar un gobierno de los trabajadores, visión que se perdió cuando las banderas socialistas y de poder popular se trocaron por la constitucionalización. Finalmente, la narcodictadura de García Meza les llevó al aislamiento y en 1982 se hizo el traspaso de la presidencia a un civil. Para tomar medidas contra la crisis económica, herencia de la dictadura, el presidente Siles fue preso del parlamento opositor; al final de su mandato declaró la mora de la deuda externa, era tarde.

El fracaso de la Unidad Democrática y Popular arrastró a toda la izquierda, mientras el poder lo mantenía la oligarquía ligada al imperialismo y las fuerzas coercitivas; se impuso el modelo neoliberal en lo económico y el sistema de partidos en lo político. La angurria de poder creó infinidad de partidos, obligando a la sumatoria de sus votos para elegir presidente, las propuestas electorales quedaron atrás; el voto popular dado a uno y en contra de otro desaparecía en la repartija de cargos. El desprestigio fue tal que tuvieron que aplicar mecanismos para recuperar su credibilidad y fortalecer a los partidos: corte electoral de notables, financiamiento estatal y fiscalización de las cuentas, diputados uninominales, defensor del pueblo, participación popular, control social; pronto las recetas eran olvidadas, volviendo a las viejas mañas. Mientras tanto, el modelo neoliberal seguía con la privatización y transnacionalización de los recursos naturales y los servicios, aumentando la pobreza con la flexibilidad laboral.

Desde la profundidad de la marginalidad, el movimiento del campo pudo perfilar una nueva democracia sin partidos políticos: sus eventos sindicales eran fuente de inspiración, sus resoluciones definían objetivos con claridad y preveían los obstáculos, veían unidas la naturaleza y su vida; su subsistencia era una lucha en el mercado capitalista, su lucha gremial siempre concluía en convenios que no se cumplían o eran rechazados por ser políticos, ámbito al que estaban prohibidos; de ahí surgió la necesidad de un instrumento que incursione en la arena política y plasme las resoluciones de sus ampliados y congresos. Su participación en las “guerras” del agua y del gas mostró su perfil de líder nacional.

En momentos de incertidumbre valga la pena recordar, para reafirmar, que nuestra democracia inscrita en la Constitución Plurinacional no es la democracia de partidos, sino la acción organizada del pueblo, que tenga la capacidad de definir objetivos y sea quien ejecute: democracia directa y participativa, debate constante en todos los ámbitos de la vida social. Estar orgulloso de ser y vivir como pueblo, crecer con él.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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La meritocracia como única solución

Está en manos de la Asamblea Legislativa hacer las cosas bien y dar la respuesta que la nación necesita

Héctor Arce Zaconeta

/ 20 de febrero de 2024 / 06:53

Finalmente se destrabó el tema de las elecciones judiciales, las cuales ojalá se den a la mayor brevedad posible, como incluso han recomendado los organismos internacionales en materia de derechos humanos e independencia judicial, empero, ahora la nación se enfrenta al reto de elegir a las nuevas máximas autoridades de una justicia tan venida a menos que prácticamente se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Como publicamos hace ya varios años en un texto sobre el diagnóstico y lo que necesita la Justicia boliviana, de los muchos males que tiene ésta y que los arrastra desde la fundación misma de la república: deshumanización, retardación, corrupción, falta de una normatividad propia extraída de nuestra propia realidad; el peor de todos sin duda es la falta de capacidad, ética y formación de los administradores de justicia, situación que se ha profundizado a gran escala en los últimos años en todos los niveles de la Justicia.  

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La administración de todo el Estado en general, y la administración de justicia en particular, debe estar en manos de personas idóneas y en lo posible de profesionales ampliamente calificados en las diferentes áreas del quehacer público. De esta manera se honra verdaderamente a nuestro pueblo, que al igual que nosotros los ciudadanos, tenemos el derecho a buscar y contar con el mejor profesional de la salud cuando nos enfermamos, por ejemplo, la salud del Estado también tiene el mismo derecho a ser asistida y gobernada por lo mejores hombres y mujeres.

Esta cualidad de conocer a profundidad la materia en la cual se ha de trabajar, de haberse especializado y haber construido experiencia sana en la misma, a la que debemos sumarle la idoneidad personal y una conducta intachable, es lo que se conoce como “mérito” y la acción de tomar decisiones valorando esta situación: “meritocracia”.

Ahora bien, basándonos en la única experiencia exitosa dentro del quehacer de la Justicia boliviana que aplicó íntegramente la meritocracia, cual fue el caso de transformación del sistema notarial boliviano a partir de concederle en los hechos al Sistema de la Universidad Boliviana la facultad de calificar los méritos de los aspirantes, y basándonos en el hecho de haber logrado la elección de más de un millar de notarios en las áreas urbana y rural del país, íntegramente por su capacidad profesional, con la autoridad moral incontrastable que nos dio esta conquista reconocida internacionalmente, creemos que en la actual coyuntura no solo se  justifica sino se hace imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un gesto que la enaltezca y le devuelva su menguada credibilidad ante el pueblo, trabaje lealmente con la Universidad Boliviana, no colocándola como un adorno más para justificar alguna imagen de imparcialidad, sino dándole íntegramente y en los hechos la prerrogativa de calificar objetivamente a los postulantes, tal y como se lo hiciera con los miles de postulantes a notarias y notarios en 2018 y 2019. Obviamente prescindiendo de toda entrevista o examen oral, o cualquier otra forma abierta a la subjetividad y manipulación en favor de amistades y, peor aún, por otros fines obscuros mezquinos y prebendales.  

La Universidad Boliviana, y particularmente la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, ha realizado una propuesta integral basada en una investigación encargada a meritorios docentes universitarios y, a más de ello, la Sectorial de Facultades de Derecho que abarca toda el área jurídica de las universidades del sistema, reunida del 22 al 24 de noviembre del año pasado, ha mostrado su disposición a formar parte, en serio, del proceso de selección de autoridades. Está pues en manos de la Asamblea Legislativa hacer las cosas bien y dar la respuesta que la nación necesita. La historia juzgará si esta Asamblea estuvo o no a la altura del momento histórico que atraviesa nuestra justicia, sumida como nunca antes en el fondo más oscuro de un pozo, del cual solo saldrá de la mano de hombres y mujeres probas que no le deban su cargo a un partido político como fue en el pasado y que no le deban su cargo a alguna organización social o poder corporativo, como ocurre con muchas de las actuales autoridades en todos los niveles de la Justicia. Que le deban su cargo a su esfuerzo y sacrificio dentro de la ciencia del Derecho.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA

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‘Political questions’

Farit Rojas

/ 19 de febrero de 2024 / 10:15

Si se concibe a la Constitución como una realidad jurídica normativa, solo los tribunales, y en particular el Constitucional, serían los únicos llamados a su aplicación. Pero si se concibe a la Constitución como una realidad que, además de su dimensión estrictamente jurídico normativa, posee una dimensión política, entonces, existen cuestiones políticas que van más allá de la actuación de los tribunales, en particular, más allá de las actuaciones del Tribunal Constitucional y que precisan de la puesta en práctica del principio prudent self restraint (autorrestricción prudente) que inhiba a los tribunales a pronunciarse. Pero, ¿cuándo una cuestión es política y escapa al control de los tribunales?

Para responder esta pregunta, el derecho anglosajón ha desarrollado la doctrina de las political questions, perfilada por la Corte Suprema de EEUU en el caso Baker vs Carr de 1962, bajo los siguientes supuestos: a) si el tema trata de una acción o una tarea o un poder encomendado por la Constitución a otro órgano; b) si para el tema se carece de estándares apropiados en el ámbito jurídico para su resolución; c) si la decisión sobre el tema solo se basa en fundamentos políticos y no judiciales, por carecer de normas jurídicas explícitas que lo permitan; c) si se trata de una decisión que representa una falta de respeto hacia otros poderes constitucionales; d) si se trata de una decisión política ya tomada pero que busca de manera poco usual el apoyo judicial y; e) si se trata de situaciones embarazosas, pues se emiten otros pronunciamientos distintos por otros órganos constitucionales. Si alguno de estos supuestos se cumple, estamos delante de una cuestión política.

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La doctrina de las cuestiones políticas puede resumirse en tres argumentos, el primero señala que es posible que el poder de los tribunales sea menos idóneo que el poder de otros órganos como el legislativo o el ejecutivo; el segundo señala que el tipo de razonamiento político es distinto del razonamiento judicial, pues el primero se basa en la conveniencia y la oportunidad, mientras que el segundo se basa en razonamientos, subsunción, derechos y reglas positivizados que buscan una solución para un caso concreto; y finalmente, el tercer argumento señala que no hay un solo guardián de la Constitución, sino una pluralidad de guardianes, siendo tanto o más valiosos los otros órganos constitucionales conformados de manera democrática, mucho más si se percibe un creciente rechazo de la población a la intervención de los tribunales.

La doctrina de las cuestiones políticas es un claro intento de no politizar (o no hacerlo en extremo) la administración de justicia y la justicia constitucional en particular, revelando que un componente básico de la administración de justicia es la confianza.

(*) Farit Rojas es abogado y filósofo

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