185 colmillos de jaguares
Desde hace tiempo que escuchamos sobre el tráfico de animales silvestres en el país; denuncias iban y venían: declaraciones en medios de comunicación, decomisos y otros. Para la mayoría, era una noticia más de todos los días. Sin embargo, días atrás la noticia que marcó agenda fue el “Tráfico de especies en Bolivia”… “Confiscan piezas de animales silvestres valoradas en un millón de dólares”… “Tráfico de animales, una actividad lucrativa”. Esto en alusión a la detención de dos varones de origen chino y de una boliviana en posesión de 185 colmillos de jaguares y otros restos de animales en peligro de extinción.
La Gobernación de Santa Cruz realizó una investigación para dar con los traficantes, y siguió el proceso hasta lograr meterlos a la cárcel. Esto ha servido para darnos cuenta de que algo no anda bien… ¿Cómo puede ser que se logre matar a esa cantidad de animales silvestres y se transporte sus restos hasta el centro de una ciudad sin que las autoridades, de todos los niveles del Estado, se percaten? ¿Hace cuánto que esto viene pasando? ¿Por qué llegamos al extremo de permitir semejante biocidio? ¿Cuáles son los controles que se realizan en las áreas silvestres y sobre todo en nuestros parques nacionales?
Son muchas las interrogantes que todos nos hacemos, y más aún al revisar información pasada, que da cuenta de que “ya se sabía del tema… pero poco se podía hacer”. Según datos publicados en Mongabay, 380 colmillos fueron incautados por las autoridades bolivianas entre 2013 y 2016, lo que confirmaría la muerte de al menos 95 jaguares para vender sus colmillos, pieles, genitales y otros restos a gente dispuesta a pagan mucho dinero por ellos; y ahora último al menos 50 jaguares tuvieron que ser sacrificados para obtener los 185 colmillos confiscados.
Está claro que en todos los niveles del Estado hace falta mano dura y reacción inmediata para actuar frente a semejante biocidio. Se ha reaccionado frente al hecho consumado, pero ¿dónde están los controles?, ¿cuáles son las medidas efectivas de conservación para estas especies en peligro de extinción? Muchas preguntas, pero pocas respuestas.
Esperamos que en los próximos días se manifiesten las autoridades a las que les corresponde hacerlo. Porque el tráfico de animales silvestres no se va a solucionar con campañas educativas, sino con políticas de Estado que hagan frente a las amenazas que atentan contra nuestra biodiversidad, la riqueza más grande que tiene nuestro país. Es decir, cuando aquellos a quienes se les paga por conservar nuestro patrimonio natural se pongan a trabajar. Entretanto, a la sociedad civil le corresponde ¡denunciar!, demandar que las autoridades intervengan para conservar nuestro patrimonio y no solamente para castigar a quien ya lo ha dañado.