Sin agenda y sin norte político, la oposición venezolana protagonizó un bochornoso y circense espectáculo político cuando dijo el jueves que la opositora María Corina Machado había sido secuestrada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Al más puro estilo de las fake news (noticias falsas), el equipo de apoyo de la opositora afirmó que las fuerzas policiales habían retenido a Machado tras ser interceptada y tumbada de una motocicleta en la que se trasladaba después de participar de una movilización opositora en Caracas; además, que hubo un herido tras la detonación de armas de fuego.

Este hecho fue la apertura de los noticieros televisivos en sus emisiones nocturnas en varios países de Latinoamérica. Lo paradójico de todo es que en ninguna de las imágenes televisivas ni de las redes sociales se escucharon detonaciones de armas de fuego, ni se vieron irrupciones violentas de parte de la Policía Bolivariana en contra de los manifestantes opositores.

La oposición y el Comando con Venezuela, equipo de campaña del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, no supieron explicar por qué el “régimen dictatorial” liberó a la exdiputada Machado después de su “captura”. Parece que el gobierno de Maduro no había sido tan “dictatorial” como lo califican varios gobiernos y medios de comunicación internacionales. Fue el mismo ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que, si el Gobierno chavista hubiera decidido capturar a la líder opositora, “ya estuviera detenida”. Veinticuatro horas después, la misma Machado dijo que fue detenida, atacada y que “abruptamente hubo una orden para liberarla”.

Muchos gobiernos y exmandatarios de la región buscan descarrilar a Venezuela y tratar de llevarla por los caminos del caos, la división, por los caminos del enfrentamiento y con el caos, la división, la violencia, hacer un llamado a una intervención extranjera militar, que es el sueño último de esta idea descocada del fascismo venezolano, de la extrema derecha, de tratar de aplicar un método de máxima presión, violencia y destrucción del chavismo. Desde hace años existe un movimiento mediático promovido en la prensa escrita, televisiva y en las redes sociales, para hacer ver a Venezuela como un estado fallido y desestabilizar a la nación. Y esta vez se ha sumado al mismo los medios de la socialdemocracia europea y latinoamericana, repitiendo los mismos argumentos sin base alguna.

En los últimos años, los principales opositores han huido de Venezuela, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien en noviembre de 2017 escapó a España después de ingresar ilegalmente a Colombia. El también opositor Leopoldo López llegó en octubre de 2020 a Madrid tras abandonar la residencia del embajador de España en Caracas. Allí permaneció como huésped durante 18 meses, justo desde que fue liberado en abril de 2019 de su arresto domiciliario por un grupo de uniformados dirigidos por el también líder opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En abril de 2023, entró a Colombia desde Venezuela en un viaje muy polémico al tratarse de la tercera vez que rompía la prohibición de Maduro de no salir del país por una orden de arresto sustentada principalmente en la «legitimación de capitales». En la actualidad vive en Miami, desde donde realiza un activismo político «discreto». Aunque técnicamente se encontraba bajo vigilancia y no arrestada, la exfiscal General, Luisa Ortega, tenía prohibido salir del país. Sin embargo, protagonizó un sonado escape en una lancha que la llevó a la isla de Aruba y de ahí viajó a Bogotá. Actualmente vive en la capital española. Desde que huyó a España en agosto pasado, González Urrutia amenaza con autoproclamarse gobernante de Venezuela, no precisamente de Maduro, sino de Guaidó, el olvidado títere a quien Estados Unidos ungió presidente interino entre 2019 y 2023.

Lo cierto es que con una oposición cada vez más débil y menos creíble, Maduro juró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 y Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares, el máximo disponible, la recompensa por información para detenerlo.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Hulsman, mi profesor y uno de los referentes principales del abolicionismo, aquel vikingo de cerca de 2 metros, que vestía camisas floreadas sueltas y bermudas, quien, si bien no pretendía la abolición del Estado, pero sí la reducción del sistema penal, y por ello se prestaba a la confusión de si era un liberal o anarquista, como se lo pregunté en aquella clase en Maracaibo-Venezuela (1987), afirmaba que el abolicionismo se da principalmente en los países del noreste de Europa.

Caminando por las calles de Santa Cruz de la Sierra, observaba a los peatones y a conductores de vehículos, de servicio público y a los privados.

Observé que, en una intersección, mientras el semáforo estaba en verde, tanto para el transeúnte como para vehículos, aquel inicia el cruce de la calle, pero el vehículo sin poner guiñador ni observar, dobla justo hacia donde el transeúnte cruzaba, poniendo en riesgo su integridad y además propiciándole una reprimenda, el conductor y quienes lo acompañaban, como si tuviesen la razón.

Recordé a Hulsman, quien decía que los semáforos (símbolo del orden y del Estado) no deberían existir, porque cuando el ciudadano que va caminando o conduciendo por la calle se atiene al semáforo y descuida a la persona que están también caminando o conduciendo, es aquí donde pueden producirse los accidentes. Claro, implica toma de conciencia, de conocimiento y voluntad.

En repúblicas fallidas como la nuestra, de raquítica institucionalidad, por esas mismas razones, la mayoría no respeta —o no conoce— al sistema que es lo que representa un semáforo; desde la “autoridad”.

Con el pasar del tiempo me di cuenta de que sí, Hulsman, tenía razón. Vivimos, sufrimos y hacemos sufrir continuamente, ya que pareciera que quienes conducen vehículos nunca fueron a un curso o dieran examen sobre las reglas del tráfico, que los vehículos teniendo guiñadores no son utilizados para cruzar de una línea a otra, o cuando están girando hacia otra calle. Y también los peatones cruzamos la calle y en cualquier parte, tomamos servicios públicos en cualquier lugar, nos parqueamos en aceras, doble fila, e inclusive habiendo espacio donde está permitido, igual parqueamos en lo que corresponde a un doble espacio. Como diría Foucault, reproducimos fallas del Estado fallido, pero al final… poder.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo.

Al finalizar abril, el alcalde del Municipio de La Paz presentó el Plan de Reconstrucción de la Ciudad denominado “De la Tormenta a la Esperanza”, el cual, de acuerdo a lo expuesto al Concejo Municipal requiere el financiamiento de 1.800 millones de bolivianos para la ejecución de 19 acciones y 140 actividades (proyectos), sin embargo, una vez más, parece que el fin del ejecutivo es aprobar este financiamiento para ponerse al día en las tareas no realizadas con anterioridad.

En la gestión 2021, después de disputas entre concejales de oficialismo y oposición se aprobó un préstamo de 175 millones de bolivianos para la intervención de, según el alcalde, varias Superobras y Superservicios, sin embargo, habiendo transcurrido dos años de dicho crédito, los resultados no son tangibles. En materia de riesgos son desconocidos los proyectos para encarar esta nueva y prematura época de lluvias y, a la fecha, la labor del secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades se ha reducido a pasar baldes de agua en montadas y burlescas conferencias de prensa y ser el réferi en los jaloneos acaecidos la primera semana de diciembre en la Cámara de Diputados.

Es evidente que la ciudad fue azotada por las intensas precipitaciones entre febrero y marzo de 2024, es cierto también que estas fueron irregulares, es decir, superaron la magnitud en comparación a otros años, pero ¿la solución será un nuevo crédito? Lo cierto es que, en el plan mencionado, no se evidencia que exista la intención de preparar a la ciudad para la época de lluvias que vendrá este 2025, que de hecho ya se adelantó y generó zozobra en Bajo Llojeta e incluso costó una vida y varios daños materiales.

El plan presentado contempla temáticas sustraídas del Plan Ciudad en Movimiento, Plan Estratégico Institucional y el propio Programa de Gobierno: Negro Arias, Alcalde para todos, lo cual demuestra que, el crédito solicitado busca, a casi cuatro años de gestión, ejecutar proyectos que ya deberían incluso estar concluidos.

Si bien el Plan de la Tormenta a la Esperanza menciona algunas acciones para la reducción de vulnerabilidades, la prevención no necesariamente está ligada a grandes inversiones o la construcción de infraestructura, mucho menos a una mezcolanza de acciones heterogéneas sin un aparente norte; el conocimiento técnico para afrontar este tipo de situaciones es vital. En un contexto de crisis económica hacer inversiones inteligentes puede generar impactos significativos.

La gestión 2021, el Radar Meteorológico LAWR dejó de funcionar después de algunos intentos de adaptaciones improvisadas y reparaciones fallidas, es decir, estos dos últimos años el Sistema de Alerta Temprana trabajó sin uno de los elementos más importantes al momento de cuantificar los eventos meteorológicos y emitir alertas oportunas para la toma de decisiones, aspecto que definitivamente repercutió en los eventos ocurridos esta última gestión. Qué importante hubiera sido gestionar la reposición de este instrumento en vez de hacer gigantografías cuyo destino fue ser la alfombra del alcalde y su séquito.

Tal parece que pasar de la tormenta a la esperanza será solamente el slogan de un plan sin pies ni cabeza, que nunca pretendió ejecutarse, que únicamente se utilizó como salvavidas mediático para intentar mejorar la imagen de una gestión deficiente, que desconoce la ciudad y sus necesidades, que antepone la ejecución de “obras” por capricho y la instalación de luces led y bolardos sin un aparente objetivo a diestra y siniestra.

Bajo este sombrío panorama se pronostica una serie de eventos adversos no solo vinculados a fenómenos meteorológicos, sino también a una vulnerabilidad en la gobernabilidad, amenaza de convulsiones sociales y alto riesgo en la gestión del territorio y no generadas por las intensas precipitaciones, sino por el desconocimiento de las necesidades de la ciudad por parte de las personas a cargo.

Rodrigo Mamani Magne es arquitecto municipalista.

Desde 2024, Bolivia ha ingresado como miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), marcando un hito significativo en el contexto del Bicentenario y abriendo una ventana de oportunidades para el país. Uno de los retos principales de esta integración es el avance en el reconocimiento internacional de las carreras universitarias a través del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (ARCU-SUR). Este sistema establece criterios comunes de calidad en los países miembros del Mercosur, promoviendo el conocimiento recíproco, la movilidad académica, la cooperación solidaria y la calidad en los procesos de formación.

La acreditación de carreras universitarias permitirá a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales participar en el programa MARCA (Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas). Esta iniciativa fomentará el intercambio de conocimientos, aprendizajes y experiencias entre distintos contextos culturales y educativos de instituciones de educación superior en los países miembros del Mercosur. Además de engrandecer su formación, esta movilidad académica ampliará los horizontes culturales y profesionales en la región.

Actualmente, Bolivia cuenta con 57 universidades clasificadas en cuatro tipos: Universidades Públicas, Privadas, Indígenas y de Régimen Especial. Hasta finales de 2024, 126 carreras universitarias de licenciatura fueron acreditadas al Mercosur. Estas acreditaciones han pasado por rigurosos procesos que incluyen convocatoria, adhesión, aprobación de postulaciones, autoevaluación, evaluación externa y dictamen final. Además, las evaluaciones son realizadas por pares internacionales y consideran cuatro dimensiones clave: contexto institucional, proyecto académico, población universitaria e infraestructura. Todo ello se realiza respetando la legislación nacional y la autonomía de las instituciones universitarias.

Ser parte del Mercosur fortalece el sistema educativo boliviano mediante la implementación de estándares de calidad regionales. Esto no solo eleva la calidad de la educación superior, sino que también facilita el reconocimiento mutuo de títulos y créditos académicos, aunque será tomada en cuenta el ejercicio de la profesión bajo criterio común. Además, se promoverá la articulación con programas regionales de cooperación en áreas como movilidad, investigación y desarrollo tecnológico. Estos avances contribuyen al crecimiento sostenible y la competitividad internacional del país.

En el contexto de la cuarta revolución industrial y la era tecnológica, la educación trasciende fronteras nacionales. Por ello, es esencial que el Ministerio de Educación, a través de la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias (CNACU), junto con las autoridades universitarias, emprendan acciones urgentes para maximizar los beneficios de esta integración. Esto incluye la adecuación de currículos académicos a estándares internacionales, el inicio de procesos de acreditación para programas de posgrado y la implementación de mecanismos de evaluación que garanticen la calidad de la educación superior.

Finalmente, con la mirada puesta en el Bicentenario de Bolivia, resulta crucial promover un diálogo constante entre las universidades y otros actores educativos. Este esfuerzo debe enfocarse en identificar y abordar las necesidades específicas del contexto económico y social de Latinoamérica, asegurando una educación inclusiva y de calidad que esté alineada con los desafíos del siglo XXI. De esta manera, Bolivia no solo celebrará dos siglos de independencia, sino que también se posicionará como un referente regional en educación superior, integrando los valores de excelencia, innovación y cooperación en su visión de futuro.

Reynaldo Yujra Quispe es Investigador y educador.

En los últimos meses, se han difundido diversas encuestas de “intención de voto” con miras a las elecciones generales de 2025, las cuales presentan resultados dispares. Este hecho, naturalmente, genera cierta desconfianza hacia estos sondeos, especialmente si recordamos casos anteriores en los que este tipo de encuestas fueron utilizados para favorecer a ciertos candidatos y desprestigiar a otros. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué utilidad tienen realmente las encuestas si sus resultados suelen ser imprecisos? ¿Cuáles son las causas detrás de estos errores?

Estos errores en las encuestas no son un fenómeno exclusivo de Bolivia, sino que también se han observado a nivel internacional. Ejemplos destacados incluyen el Brexit en Inglaterra, las elecciones presidenciales en EEUU de Donald Trump contra Hillary y Kamala Harris; y en Argentina, entre Fernández y Macri, entre otros casos.

Si bien la encuesta es una herramienta valiosa para medir la opinión pública, su margen de error puede variar debido a diversos factores. Entre ellos se encuentran el tamaño de la muestra, que puede no ser representativo, una segmentación geográfica y socioeconómica inadecuada, y los métodos de recopilación de datos (oral, escrita, internet o telefónica), que pueden excluir a ciertos sectores mientras concentran a otros. Además, las personas que se resisten a exteriorizar sus preferencias electorales o aquellas que, por desinterés o desconocimiento, no tienen una intención de voto definida, también contribuyen a aumentar el margen de error.

Entonces, ¿tienen alguna utilidad las encuestas de intención de voto en Bolivia? Considerando los errores que suelen presentar, la respuesta es sí, especialmente en un contexto como el de las elecciones generales de 2025, que marcan un posible cambio de ciclo político y la emergencia de nuevos actores en busca de la renovación de la clase política y sus propuestas. Y según estudios empíricos, las encuestas adquieren relevancia en estos momentos de desapego social hacia los partidos políticos, sus candidatos y propuestas, ya que permiten identificar patrones clave del comportamiento electoral.

Para los partidos políticos y candidatos, las encuestas son herramientas clave tanto para el posicionamiento estratégico como, en ciertos casos, para reorientar sus estrategias. Por esta razón, con frecuencia los actores políticos encargan encuestas internas, destinadas exclusivamente a su análisis privado, y encuestas externas, diseñadas para su difusión pública. Sin embargo, estas últimas suelen incluir errores intencionales que afectan la credibilidad de las encuestas en general. Por ello, la fiabilidad de los resultados depende en gran medida de quiénes elaboran las encuestas y de quiénes las difunden.

Por otro lado, a medida que se acerca la contienda electoral, los factores que influyen en el voto tienden a cambiar de estructurales a coyunturales. Por ejemplo, una preocupación general sobre la economía del país puede ser desplazada por el impacto de una mala respuesta de un candidato a una pregunta sobre ese mismo tema.

Sin embargo, es fundamental reconocer que los resultados de una encuesta responden a un determinado momento y a un conjunto en particular de acontecimientos. Por ello, es muy probable que dichos resultados no guarden relación con las preferencias electorales de los votantes en el día de la elección.

Marco Antonio Nina Palli es economista y politólogo.