Muerte de un dictador
Urge asegurar la justicia y la memoria, claves para construir un mejor futuro
Poco antes de cumplirse 38 años del criminal golpe de Estado que lo tuvo como protagonista, el exmilitar Luis García Meza Tejada falleció el domingo en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), donde pasó sus últimos años evitando cumplir a cabalidad la sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro que pesaba sobre él.
Fue la última dictadura que tuvo que soportar el pueblo boliviano, pero también una de las más costosas en términos de vidas humanas y dolor para las familias de quienes fueron perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Una de las víctimas más notable de ese sangriento golpe de Estado fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos hasta ahora no han sido encontrados porque ni el fallecido exdictador ni su entonces Ministro del Interior quisieron ser honestos al respecto; es más, el segundo todavía intenta negociar beneficios para sí a cambio de brindar información.
Todos los historiadores coinciden en recordar que el golpe estaba anunciado meses antes de ejecutarse; tal vez la más contundente amenaza fue el brutal asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal, en marzo de 1980, como una advertencia de los tiempos que se avecinaban. Lo ocurrido el 17 de julio de ese año solo sirvió para confirmar que el país había caído nuevamente en manos de las peores personas posibles.
Antes de morir, García Meza, por boca propia o a través de su abogado, insistió una y otra vez en su inocencia, en que nunca había matado ni robado. Las pruebas que se emplearon en su largo juicio de responsabilidades demuestran lo contrario. Que él no hubiese jalado el gatillo de las armas que segaron vidas no significa que fuese menos responsable de los crímenes perpetrados bajo su gobierno y con su beneplácito.
Tampoco pudo nunca quitarse el estigma de “narcogeneral”, que le acompañó el resto de su vida gracias a su temeraria decisión de emplear los recursos del Estado para favorecer el tráfico de cocaína hacia Colombia, Estados Unidos y otros países. Su “narcogobierno” puso a Bolivia en el mapa mundial, pero como país productor de sustancias controladas, imagen internacional que aún hoy pervive en el imaginario de muchos funcionarios de migración en todo el orbe.
No se trata de celebrar la muerte del personaje, sino de tener presente el daño que le hizo al Estado boliviano, y sobre todo a la sociedad del país; y asegurarse de que nunca se olvide el horror al que tantas personas estuvieron sometidas en sus 13 meses de gobierno de facto.
En tiempos cuando se usan palabras como “dictadura” y “dictador” para referirse al único presidente electo con más del 51% de los votos en la historia del país, recordar los horrores de los golpes militares es más necesario que nunca, pues en lugar de propiciar el olvido o el perdón, urge asegurar la justicia y la memoria, claves para construir un mejor futuro.