¿Difamación o dato?
Falta algo fundamental: se debe rendir cuentas al país de manera integral y no a retazos.
La información brindada por la Cancillería, a solicitud de dos diputados opositores, sobre los recursos públicos destinados a la labor del vocero de la causa marítima y su equipo ha provocado un debate inusitado y amenazas. El tema entró rápidamente en la disputa electoral. La buena noticia es que viene acompañado de una exigencia de transparencia y de acceso a la información.
¿Cuánto gastó el Estado boliviano en el juicio interpuesto contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia? Luego de brindar un primer dato erróneo, el canciller Diego Pary aclaró que el presupuesto fue de $us 14,8 millones (casi $us 10 millones menos que el país vecino). Señaló también que todo ya fue auditado e informado “a las instancias correspondientes”. Falta algo fundamental: se debe rendir cuentas al país de manera integral y no a retazos. Dicho informe estaría en elaboración.
Mediante una petición de informe escrito, los diputados Santamaría y Quispe, recién integrados en la alianza Bolivia Dice No, obtuvieron datos sobre el dinero destinado al vocero Carlos Mesa y su equipo en el periodo 2014-2018. Y los hicieron públicos, como corresponde. Así sabemos que Mesa no recibió ningún salario o pago por su labor, pero gastó un Bs 1 millón en 20 viajes. Le asignaron también tres cargos en Diremar para su gente de confianza, con un pago total de Bs 1,8 millones.
En su respuesta ante lo que calificó como “vergonzosa difamación”, Mesa insiste en que no recibió “ni un solo centavo” por su tarea en la causa marítima, pero que “obviamente” Diremar le proveyó pasajes, alojamiento y comidas para sus desplazamientos en el exterior. A ello corresponde el millón de bolivianos. Parece razonable. No lo es tanto que el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana amenace con iniciar “inmediatamente un juicio” contra los dos diputados que revelaron el incómodo dato.
En cuanto a las personas que apoyaron la labor del vocero, Mesa señala que fueron incorporados a Diremar como servidores públicos, siendo parte de un equipo más amplio. Estas tres personas, incluida su mano derecha en asuntos diplomáticos, sí recibieron salario, aguinaldo y hasta doble aguinaldo. Es lo normal para funcionarios con ítem. La novedad, exhibida por el propio Mesa, es que los expresidentes Jorge Quiroga y Jaime Paz Zamora también contaron con personal de apoyo. No hay información al respecto.
¿Y el juicio contra los dos diputados que, desde el “búnker de campaña” de Mesa, fueron tildados como “alfiles de Óscar Ortiz”? No parece haber materia justiciable. ¿Se los acusará de difundir información que, por principio, debiera ser pública? Lo que resulta evidente es que este episodio, preludio de otros que seguramente vendrán, es parte de la prematura campaña electoral con miras a los comicios de octubre. En este caso se produce en el campo opositor, por obra de los terceros que aspiran a ser segundos.