Burocracia insensata
No es difícil imaginar la verdadera intención detrás de la práctica de poner requisitos imposibles de cumplir.
Episódicamente se publican en Bolivia informes que dan cuenta de la baja competitividad del país en comparación con sus vecinos debido, fundamentalmente, a la complejidad de sus procesos burocráticos; es decir, a la sucesión de pasos que debe darse para obtener algún resultado en términos legales y formales. Parte del problema está en la mala actitud de los “servidores” públicos.
Los ejemplos abundan, como la ausencia de oficinas de información en las instituciones públicas en las que el ciudadano debe hacer trámites insufribles. Y si éstas existen, muchas veces no cuentan con personas capacitadas para informar y orientar al ocasional usuario del servicio. En muchos casos, esta delicada función es dejada en manos de los policías del Batallón de Seguridad Física Privada, quienes incluso siendo excelentes personas y funcionarios deben lidiar con el hecho de no haber sido formados para ese tipo de trabajo.
De hecho, lo normal es la existencia de sistemas burocráticos en los que nunca se tiene toda la información necesaria para realizar el trámite deseado, y lo contrario es la excepción. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) hace grandes esfuerzos por cambiar este estado de cosas, pero sus logros, seguramente por las condiciones estructurales del aparato público nacional, son todavía escasos.
Tómese por ejemplo el caso del certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar a muchos países tropicales. En los hospitales públicos no siempre está disponible, hay que esperar varios días. Una vez recibida la dosis, y con la evidencia de que la vacuna fue administrada, hay que ir a la asistencia pública donde se otorga tal certificado, que solo reconoce como verdadero el que fue entregado en el hospital.
Allí se establece que el certificado solo puede ser emitido 10 días después de administrada la vacuna, y 10 días antes de la fecha de viaje. No existe norma que sostenga tal arbitrariedad, excepto la que dicta la costumbre. Si la persona que viaja es menor de edad, tendrá que faltar a clases en el colegio, pues el certificado solo se entrega en presencia del menor (quien no puede realizar el trámite por sí mismo) y exclusivamente en horas de la mañana.
Para muchos es fácil imaginar la verdadera intención detrás de poner requisitos imposibles de cumplir. Quien no tenga los recursos suficientes o la temeridad necesaria para ofrecer un soborno (que es un delito penal), tendrá que abandonar su pretensión de culminar su trámite, incluso si fuese una emergencia.
Quienes conocen de historia saben que la cultura del papel, el sello y la firma con tinta azul es una vieja herencia colonial. Lo que no se entiende es cómo un Gobierno que se desea anticolonial, y que ha dado al país una nueva Constitución Política del Estado forjada con ese propósito, siga mostrándose incapaz de cambiar una situación que solo hace daño a la ciudadanía.