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lunes 20 sep 2021 | Actualizado a 00:53

Un día sin nosotras

La multitudinaria respuesta a esta convocatoria es producto de la indignación por la violencia de género

/ 9 de marzo de 2020 / 00:52

Hoy paramos. Paramos en Bolivia y en 60 países. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y por ello, las feministas convocamos a un paro internacional. Este año, las mujeres mexicanas son las que dan el tono en la región. “Un día sin nosotras” es una iniciativa impulsada por el colectivo feminista veracruzano Brujas del mar, y secundada por varias organizaciones sociales para no asistir a trabajar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, no realizar ningún tipo de trabajo doméstico. La multitudinaria respuesta a esta convocatoria es producto de la indignación por la violencia de género y el número de feminicidios que ha aumentado progresivamente en los últimos meses. El símbolo de la indolencia estatal mexicana son los asesinatos de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima, dos casos ocurridos en las últimas semanas.

Pero México es solo la imagen visible de la expresión actual de este movimiento. El paro, la huelga, la protesta social que nos retorna a las calles nos conecta con las luchas de millones de mujeres. Este paro es parte de la historia de 15.000 obreras textiles neoyorkinas que marcharon por la jornada de 8 horas a principio del siglo XX, a las inglesas y francesas sufragistas, a las rusas que comenzaron la revolución contra el zar, a las feministas negras de los años 60, y a las que abrieron camino por nuestros derechos sexuales. También, como nunca antes, a todas nos enlazan las luchas de las disidencias sexuales y de género. 

En Bolivia, a través del paro, nos sentimos hermanadas con Juana Azurduy, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, quienes rompieron los moldes de su época; con Adela Zamudio y su lucha por la educación laica; con el sindicato de culinarias y sirvientas; con las mujeres anarquistas de las primeras décadas del siglo XX; y, por supuesto, con Angélica, Aurora, Nelly y Luzmila, quienes, con su huelga de hambre, abrieron las puertas a la democracia.

Las mujeres paramos en todo el mundo porque ganamos menos que los varones por el mismo trabajo. Paramos porque las tareas domésticas no remuneradas recaen sobre nosotras, impactan en nuestras posibilidades de estudiar, trabajar y nos generan una doble jornada laboral. Paramos porque somos la mayoría entre los pobres del mundo, y la mayoría entre los trabajadores precarizados y peor pagados. Paramos porque somos desvaloradas en entornos laborales, cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. Paramos en contra de la homofobia y la transfobia. Paramos porque la violencia de género nos está matando.

Este año, el paro en Bolivia nos encuentra exigiendo la separación del Estado y la Iglesia, reclamando por el cumplimiento constitucional de un Estado laico. Hoy en Bolivia las feministas somos acosadas por una serie de fundamentalismos que buscan el retroceso de los derechos con “el retorno de la Biblia a palacio”, y su ofensiva contra lo que llaman de manera charlatana “ideología de género”. La protesta callejera nos une para repudiar la intervención de todas las iglesias sobre nuestros cuerpos, mientras protegen a los curas abusadores.

Salimos a las calles porque estamos seguras de que la anunciada crisis económica caerá sobre nuestros hombros. Seremos las primeras despedidas, las primeras en aceptar rebajas salariales, y las primeras que, frente al miedo de perder el ingreso de nuestros hogares, aceptaremos ser sobreexplotadas y precarizadas. Y somos conscientes de que quienes acatamos el paro somos privilegiadas porque tenemos un empleo y no ganamos nuestro sustento cada día en las calles.

Y sobre todo paramos porque estamos hartas de la violencia con la que el patriarcado nos mata, nos viola, nos atemoriza y nos disciplina en absoluta complicidad con un sistema de justicia fallido para todos, pero especialmente para las mujeres. En Bolivia paramos porque ser mujer es un peligro.

* es cientista social.

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La judicialización del cuerpo de las mujeres

/ 19 de septiembre de 2021 / 00:57

Hace unos días, en México, los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidaron por unanimidad la legislación del Estado de Cohahuila que impone penas de cárcel a la mujer que aborte y a quien se lo practique con su consentimiento. En dirección opuesta, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la entrada en vigor de la ley del latido aprobada por el Senado de Texas, que restringe el aborto de manera que vuelve casi imposible su práctica legal. Esta decisión da un giro a la jurisprudencia de ese órgano judicial, que lleva casi 50 años con agrias disputas entre sus magistrados.

Así, según sostiene la investigadora Laura Klein, “cuando la cuestión del aborto se traduce jurídicamente, en su legalización o no legalización (…) no cabe duda que la disputa va más allá de lo legal o lo ilegal y se vincula con la manera en que se concibe el orden social adecuado, la propiedad sobre el cuerpo, la relación entre lo público y lo privado, la fe y la razón, la laicidad o no laicidad del estado y sobre todo la sexualidad, la reproducción y la muerte”. Sin duda la disputa en torno al cuerpo de las mujeres atraviesa todos sus derechos, y pone en juicio su condición de ciudadana libre de la tutoría que el Estado (y las iglesias) todavía pretende ejercer sobre sus decisiones. ¿Hay acaso —como en el tema del aborto— alguna ley que legisle sobre el cuerpo de los hombres?

Y si este tema se judicializa es pertinente preguntar ¿a quién toca discernir entre Bien y Mal? El caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos es ejemplar para respondernos esta pregunta. La historia moderna de esta guerra judicial se inicia en 1973, con la famosa sentencia “Roe v. Wade”, en la que, por una mayoría de siete a dos, el Tribunal Supremo decidió que la Constitución protegía el derecho de una mujer a acogerse a un aborto. Durante la década de los 70 la cuestión del aborto no dividía a republicanos. Prueba de ello es que, de los siete jueces que votaron a favor de Roe, cinco habían sido nombrados por presidentes republicanos y dos por demócratas, mientras que los dos que votaron en contra habían sido designados por un presidente demócrata y republicano, respectivamente.

Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, había cinco votos favorables a Roe (con más o menos matices) en el tribunal supremo. Sin embargo, los cambios que propició el presidente, con su agenda abierta antiaborto, instauraron una mayoría de al menos cinco magistrados contrarios al aborto.

La consecuencia de las decisiones actuales del tribunal supremo no será la ilegalización del aborto, sino la creación de dos Américas: una, demócrata, en la que los abortos seguirán siendo legales, y otra, republicana, en la que las mujeres, si son ricas, podrán viajar a otros estados para interrumpir sus embarazos, y si son pobres, tendrán que arriesgarse a sufrir penas de cárcel, lesiones graves o incluso la muerte por someterse a abortos ilegales.

Con este ejemplo en mente podemos afirmar que es el poder (y la política) quien tiene en sus manos el cuerpo de las mujeres. Y con la misma convicción podemos afirmar que el aborto es una experiencia particular y compleja, que ninguna ley puede contener.

En ese mismo marco jurídico, usar anticonceptivos o destruir embriones de probeta no constituyen abortos. Es la relación con el vientre materno la que define las categorías jurídicas aplicadas al embrión. Frente a esto, debemos preguntarnos ¿qué está efectivamente en discusión cuando se habla del aborto?

Las legislaciones prohibicionistas pocas veces obtienen el resultado esperado, pues las mujeres no tienen el derecho a abortar, pero sí el poder de hacerlo. Sin embargo, el sistema judicial tiene directa incidencia en las condiciones en las que se vivirán las experiencias de aborto.

Lourdes Montero es cientista social.

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¿Qué hay detrás de la marcha indígena?

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:37

El pasado 25 de agosto partieron desde Trinidad cerca de una treintena de personas en una Marcha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. Circula poca información sobre quiénes la protagonizan, cuáles son sus demandas y, sobre todo, por qué la marcha se dirige a Santa Cruz y no a La Paz. Comparto con ustedes un par de hipótesis que buscan contextualizar este proceso.

Este año se han cumplido 31 años desde la Primera Marcha Indígena como instrumento de protesta y, sobre todo, de visibilidad nacional de los pueblos indígenas de tierras bajas. Desde esa primera marcha se realizaron otras siete; cada una con objetivos estratégicos, que no solo fueron pensados para beneficio de los indígenas, sino buscando la transformación estructural del país. Buscando la legitimidad de esta herencia histórica, nuevamente un 15 de agosto (fecha emblemática) aparece públicamente la convocatoria a la “Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, Identidad y la Cultura”. Las demandas de esta marcha suenan un tanto ambiguas y generales; y más allá de que estas preocupaciones pueden ser legítimas, dos agendas parecen arropar la iniciativa de esta extrema medida.

La primera tiene que ver con la disputa irresuelta de dos frentes que reclaman la representación de los pueblos indígenas de tierras bajas, expresada en la existencia de una corriente “oficial” y otra “orgánica”. En esta marcha en concreto podemos identificar la confrontación de la CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni) bajo el liderazgo de Guillermo Suárez, con la “paralela” liderada por Abdón Justiniano. Así también, vemos a Verónica Mae Noza disputando el liderazgo de la CMIB (Central de Mujeres Indígenas del Beni), presidida por Pacífica Melgar Eirubi. Es así que, el éxito o fracaso de la marcha que nos ocupa, fortalecerá o debilitará a las facciones en disputa, que a su vez apoyan o confrontan a una de las tres facciones de la actual CIDOB.

En río revuelto, ganancia de pescadores. La segunda trama que sostiene la marcha es la búsqueda desde la Gobernación de Santa Cruz de instalar la narrativa del “avasallamiento” que sufre el oriente por parte de los migrantes del occidente. El recientemente descubierto cariño del gobernador Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico cruceño por los pueblos indígenas del oriente debe, cuando menos, despertar sospechas; y se vislumbra más como una estrategia para fortalecer su discurso de que la tierra en Santa Cruz debe ser solo para los cruceños. En ese sentido, le es muy útil difundir la idea del supuesto peligro de que el gobierno del MAS revierta las TCO indígenas para transferirlas a los migrantes campesinos.

Esta narrativa nunca considera que Santa Cruz es el departamento más desigual en la distribución de la tierra. Según el CEDIB en Tierra y Territorio en Bolivia, apenas cuatro personas son dueñas de 803.000 hectáreas de tierra y tienen 10 veces más tierra que 4.190 dueños de predios menores a una hectárea.

Esta estructura de propiedad fue confrontada recientemente por el presidente Arce con la determinación de revertir las 26.246 hectáreas de tierras que recibió ilegalmente la familia de Branko Marinkovic y, por otro lado, el anuncio de que se entregarán 26.000 títulos ejecutoriales de tierras a comunidades indígenas, originarias, campesinas e interculturales.

El problema de la tierra es una excelente excusa para que la oposición construya una bandera política de confrontación entre el occidente (supuestamente masista) y el oriente (supuestamente opositor al Gobierno nacional). El discurso de un aparente “avasallamiento” (sobre todo cultural y económico) de la migración es muy fructífero; si a esto se suma la idea de una “alianza” indígena con la élite empresarial cruceña, claramente la imagen del líder local puede ser favorecida.

Lourdes Montero es cientista social.

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Solidaridad con las víctimas es lo primero

/ 22 de agosto de 2021 / 03:13

Esta semana arrastro mi alma como si fuera un tango de Gardel. Nada duele tanto como enfrentarse de lleno a la miseria humana, y en estos días, por donde se mire hay dolor. Dolor del retorno del régimen talibán a Afganistán donde cerca de 19 millones de mujeres volverán al oscurantismo de la Edad Media (o incluso peor). Los talibanes tomaron casi todas las ciudades del país y se espera que, poniendo en práctica su interpretación de la ley islámica, prohíban el acceso a la salud, la educación y el trabajo de mujeres y niñas en prácticamente todas las circunstancias; o ni siquiera les permitan salir sin un guardián varón. Solo de imaginar el encierro domiciliario de talentosas científicas, ingenieras, políticas, actrices, entre otras millones de mujeres que dejarán de hacer lo que más aman, se me corta la respiración por la rabia.

Dolor y rabia también es lo que siento al leer las 471 páginas del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia en 2019. Creo que todos sabíamos que en esos días se desató mucha violencia, pero hasta hoy no imaginamos la dimensión de los hechos que relata el informe: violencia sexual y de género, violencia antiindígena, uso sistemático de tortura y ejecuciones sumarias. No entiendo cómo, durante años, pudimos guardar tanto odio bajo las alfombras para que un día explotara y lo inundara todo. Los expertos en derechos humanos nos han puesto frente a nosotros un espejo y la imagen que refleja es siniestra.

Sabíamos que en el conflicto poselectoral las mujeres estuvieron en primera línea. Lo que no sabíamos era que sus cuerpos fueron utilizados como armas de guerra con el uso de la violencia sexual como tortura. El informe registra que “una de las mujeres detenidas (…) sufrió tocamientos de carácter sexual, donde policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla”. A otra mujer detenida la desnudaron y sufrió tocamientos de carácter sexual. En las celdas de la FELCC de La Paz, otra víctima fue amenazada con que “ahorita te vamos a violar” y le hicieron quitarse la ropa. El GIEI también registró hechos de violencia contra las mujeres de la Caravana del Sur, como intentos de quemarlas vivas, golpes, insultos, amenazas de violación, tocamientos sexuales e intentos de desnudez forzosa.

Pero no se trataba de cualquier mujer, los vejámenes y torturas se ejercieron sobre todo contra mujeres que, por ser de tez morena y de vestimenta indígena, eran estigmatizadas como masistas. El informe deja en claro que las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y por ello la violencia fue profundamente racista y misógina. Es esencial —como lo recomienda el GIEI— que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

Pero, sobre todo, que los políticos hagan un momento de silencio en su guerra cruzada de culpas y justificaciones para solidarizarse con las víctimas de ambos lados del espectro político. No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin reconocer que las 37 personas que perdieron la vida y las centenares que sufrieron lesiones de consideración, son bolivianos y bolivianas que en muchos casos fueron atrapados y atrapadas en el fuego cruzado de tanto odio.

Por ello, nuestra preocupación central no es la disputa de a qué bando favorece más el informe, o a qué narrativa contribuye, sino que las violaciones de derechos humanos que aparecen documentadas, producto de ocho meses de riguroso trabajo de la comisión, sean de utilidad para romper con la impunidad que parece ser la marca de nuestro sistema de justicia.

Lourdes Montero es cientista social.

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De estatuas y edificios monumentales

/ 8 de agosto de 2021 / 00:30

Una de las películas más divertidas y dramáticas que he visto en los últimos años es Good Bye, Lenin! de Wolfgang Becker. Déjenme contarles la trama. La madre de Álex, una mujer orgullosa de sus ideas socialistas, despierta después de pasar ocho meses en coma. Álex no se atreve a explicarle la caída del Muro de Berlín y la instauración del capitalismo en Alemania Oriental, así que convierte su casa en una isla anclada en el pasado. La estafa comienza a derrumbarse cuando la madre ve que una estatua de Lenin es removida y trasladada. En una de las escenas, la madre observa cómo el dedo de Lenin parece apuntar el cambio histórico, mientras un helicóptero lo transporta.

La semana pasada, un grupo de manifestantes intentó derribar la estatua de Cristóbal Colón que se erige en El Prado de La Paz. No lograron echarla abajo por la intervención de la Policía, pero el rostro de Colón fue cubierto de pintura negra y perdió la nariz. No es la primera vez que los monumentos son blanco de protestas anticoloniales y/o feministas, el último incidente ocurrió en marzo, cuando activistas pintaron en el pedestal de Colón mensajes de denuncia contra el feminicidio; y cómo olvidar la intervención de Mujeres Creando que vistieron de una hermosa chola la estatua de Isabel La Católica. No es menor el hecho de que justamente son las mujeres y los indígenas quienes quieren destruir o resignificar esos símbolos de un pasado tan doloroso para ambos.

Personalmente no tengo ninguna simpatía por las estatuas, pues cuentan siempre solo una parte de la historia (usualmente la de los vencedores). Son como sombras fatuas que en las ciudades nos persiguen y nos intranquilizan. Con sentido irónico, las palomas se encargan de recordarnos la futilidad de nuestros triunfos humanos. Como todo monumento, las estatuas son actos narrativos con una función pedagógica; y esta función, más que conservar la memoria, es la construcción de la historia.

La memoria está intrínsecamente ligada a nuestra dependencia del pasado, que nos habla de lo que hemos sido hasta ahora, pero también de lo que estamos siendo. El valor de la película de Becker es que tematiza el olvido, tanto de valores antiguos, como de la cultura cotidiana y de las actitudes vitales de los ciudadanos en un contexto de cambio acelerado. Al igual que en la película, en Bolivia pervive la figura de la madre, fiel a un pasado republicano, añorando el tiempo perdido y que quisiera mantener su vida anclada en una sociedad que ya no existe. Al mismo tiempo, muchos jóvenes se encuentran como Álex, enfrentando la nueva realidad del Estado Plurinacional en la que tiene que moverse. Se mantiene expectante y abierto, pero también crítico ante todo lo nuevo que le espera.

Mientras perdemos la nariz de Colón, unas cuadras más arriba se desarrolla otro drama cinematográfico: la inauguración del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es el despliegue de ese gran Godzilla que nos retrotrae a las películas japonesas. Curiosamente, en muchas de las aventuras de Godzilla, el monstruo es el héroe de la película, al defender a Japón de los enemigos que lo quieren destruir. Una gran metáfora de ese Estado plurinacional naciente, todavía torpe y generador de caos. Pertinentemente, la tuitera Tu Patrimonio es mi Bendición afirma: “Si nuestro pensamiento cambia, ¿no debería cambiar el entorno también? Si en las ciudades es donde nos desarrollamos social y espiritualmente, ¿estas no deberían estar llenas de símbolos que nos representen en este presente? ¿Por qué seguir haciendo pedestales para el dolor?”.

Y la misma reflexión nos sirve para criticar el contenido del friso que adorna la sala de la Cámara de Diputados en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. ¿No es acaso esto un reflejo de un aymaracentrismo? Si tenemos interés genuino de construir un Estado plurinacional como un proceso civilizatorio de transformaciones a largo plazo de las estructuras sociales y sobre todo de las actitudes y creencias de los bolivianos y bolivianas, es hora de poner atención a cómo construimos/mantenemos nuestros monumentos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Yo grafitié Tarija

/ 25 de julio de 2021 / 00:20

Es sábado por la noche. Alistamos los aerosoles, nos ponemos las capuchas y salimos a pintar paredes para desenmascarar el machismo de nuestras ciudades. Como muchas otras, yo también acompañé a las “mochas” copleras para llenar los muros de consignas; por ello, reclamo mi nombre en la denuncia a la Fiscalía de Tarija. Como sostenemos en cada marcha: mientras nos sigan matando, seguiremos pintando.

“#Yo grafitié Tarija” fue la frase de apoyo compartido con las colectivas feministas que la semana pasada expresaron su lucha contra una sociedad machista, racista y patriarcal pintando paredes de iglesias y universidades. Y por supuesto, la “capital de la sonrisa” estalló en insultos, amenazas de procesos jurídicos y hostigamiento a esas “mochas” que se atreven a desatar su potencia política en los muros.

Y como toda sociedad conservadora, rápidamente buscaron en las extranjeras un chivo expiatorio que justifique los “hechos vandálicos”. María Galindo, y el mal ejemplo, pasó por la ciudad para presentar su libro Feminismo Bastardo y seguro fue ella la culpable de que sus paredes amanecieran pintarrajeadas. Qué maravillosa visita la de María, que logra a su paso que las paredes canten la indolencia de la justicia y la doble moral de una ciudad. Y es que los tarijeños y tarijeñas no quieren reconocer que, desde hace algunos años, sin intervención extranjera, en su ciudad florecen — como rosas pascua— grupos de jóvenes feministas dispuestas a “romperlo todo”.

Grafitiar se ha vuelto la forma en que las feministas jóvenes de toda la región expresan su rabia contra una sociedad que se resiste al cambio y un Estado cómplice del feminicida. Las paredes en Chile, Argentina o México pueden dar su testimonio. Frente a ello se desata la furia conservadora que reclama “el respeto por las paredes, la propiedad privada y las instituciones” o señalando que “esa no es una forma correcta de protestar”, lo que me genera la pregunta ¿hemos inventado acaso una forma de protestar que no moleste?

La palabra grafiti viene de la palabra italiana grafitto, que significa literalmente marcar o rasguñar en las paredes, una acción que como humanidad hemos llevado a cabo desde la época de las cavernas. Pero ¿por qué incomoda tanto el uso de un aerosol sobre una pared en el espacio público? Algunos analistas sostienen que el éxito actual de esta medida de protesta está en que la “grafitera” tiene una mezcla de romanticismo del siglo XVIII y hacker contemporáneo. Lo cierto es que, para ser exitoso, un grafiti requiere humor, simplicidad y que el lector callejero se identifique o se indigne frente al texto y, por tanto, tome posición política. Y por supuesto, la frase puede llegar a ser célebre si se cuela a las redes sociales y se comparte de manera orgánica.

Un grafiti causa revuelo cuando dice algo sobre el statu quo vigente. Como sostiene Muy Waso (medio digital autogestionado): “El grafiti es la expresión poética de la desobediencia. Es el aerosol puesto al servicio de la denuncia contra la violencia que campea en las calles como si nada”.

Con orgullo podría decirse que en Bolivia este tipo de protesta es uno de los aportes del feminismo. Es en la indignación de las jóvenes y el silencio social que las pintadas en la pared se volvieron una herramienta fundamental, no solo a través de los mensajes que vemos, sino también por las alianzas y complicidades que generan en otras y otros que se identifican con lo que las paredes dicen.

Seguramente aparecerán cada vez más latas de spray en manos de mujeres y disidencias dispuestas a seguir compartiendo pintadas con frases que inviten a la lucha y que nos recuerden que no estamos solas. Lo valioso es que, en esas marcas callejeras vemos la potencia de quién lo hizo, además de la historia política que hay detrás de un trazo de aerosol.

Por todo ello, yo también grafitié en Tarija.

Lourdes Montero es cientista social.

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