Voces

sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 06:08

Vigilar y castigar en tiempos de coronavirus

Las decisiones que las personas y sus gobiernos tomen y acepten en las próximas semanas probablemente darán forma a ese mundo futuro

/ 6 de abril de 2020 / 06:05

Cuando esta columna llegue a usted, estaremos transitando la tercera semana de cuarentena en Bolivia. Sin duda pasaremos el resto del año descubriendo las implicaciones multidimensionales de esta pandemia, pero hoy quiero detenerme en uno de sus aspectos: ¿hasta dónde queremos ceder nuestros derechos ciudadanos frente al peligro de la muerte? En ese sentido, la epidemia podría marcar un hito importante en la historia de la vigilancia estatal.

En Bolivia, la cuarentena significa que las personas estamos obligadas a mantenernos en nuestros hogares, realizando desplazamientos mínimos de abastecimiento una vez a la semana. Esto implica la suspensión de actividades, tanto como la prohibición de circulación de todo el transporte. También se ha determinado el cierre total de fronteras, no permitiendo la repatriación de los bolivianos que se encuentran fuera del país. Eso sí, se ha permitido que los extranjeros se vayan.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana son los responsables del cumplimento de este aislamiento forzoso, y las personas que violan las restricciones pueden ser retenidas durante ocho horas, además de recibir multas equivalentes hasta de un salario mínimo mensual. Y si esto no fuera suficiente, puedes ser acusado de cometer delitos contra la salud pública, lo que implica la privación de libertad de uno a 10 años. Al evaluar la primera jornada de emergencia sanitaria endurecida, el Gobierno reportaba la detención de cerca de 1.300 personas.

Definitivamente comprendemos que para detener la pandemia, poblaciones enteras deben cumplir con ciertas pautas, pero se pueden tomar diferentes caminos para lograrlo: ejercer la fuerza de la coerción o convencer a la población para que se autorregule, y se alcance el bien común con controles horizontales y/o corporativos. Antes de elegir una de las dos opciones, un Gobierno debe preguntarse primero sobre aspectos sociológicos de la sociedad que gobierna, así como sobre su propia legitimidad para imponer reglas.

En esta pandemia todos estamos mirando los ejemplos asiáticos y su capacidad de contención del coronavirus. La gran diferencia es que el Asia ha demostrado tener acceso a una serie de herramientas tecnológicas de vigilancia. China, por ejemplo, cuenta con sistemas de monitoreo de los teléfonos de las personas, hace uso de cámaras que reconocen los rostros y obliga a las personas a informar sobre su condición médica. Esta es una sofisticada tecnología de vigilancia totalitaria que la KGB rusa hubiera envidiado.

Por otro lado, tenemos los ejemplos de países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur que han logrado ralentizar la transmisión. Si bien estos países han utilizado una combinación de elementos tecnológicos de vigilancia, su estrategia se ha basado mucho más en hacer pruebas de manera masiva, rastreo de contactos y en la cooperación voluntaria de un público bien informado. Una población motivada y bien informada suele ser mucho más efectiva que una población atemorizada y vigilada.

Pedirle a la gente, como ocurre en Bolivia, que elija entre libertad o salud es, de hecho, una elección falsa. Podemos elegir proteger nuestra salud no instituyendo regímenes de vigilancia y castigo, sino empoderando a los ciudadanos.

Queda claro que en algún momento esta pandemia y el miedo a la muerte que conlleva pasará a ser normal y la mayoría de nosotros aún viviremos, pero de seguro habitaremos en un mundo diferente. Como sostiene Yuval Noah Harari en un reciente artículo del Financial Times, las decisiones que las personas y sus gobiernos tomen y acepten en las próximas semanas probablemente darán forma a ese mundo futuro. Si no tomamos la decisión correcta, podríamos encontrarnos renunciando a nuestras libertades más preciadas, pensando que esta es la única forma de salvaguardar nuestra salud.

Lourdes Montero, cientista social

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Una Asamblea de la vergüenza

/ 13 de junio de 2021 / 01:52

Los bolivianos y bolivianas elegimos una Asamblea Legislativa como el espacio donde, salvando diferencias, se construye el bien común. Aspiramos a un órgano donde, a través de la exposición y debate de ideas, se deliberen las distintas visiones de país y se procesen los disensos de la que somos portadores todos y todas las bolivianas.

Actualmente ese espacio no existe. El bochornoso incidente que protagonizaron los honorables asambleístas la semana pasada demuestra que hoy prima una cultura política del irrespeto, la intolerancia y el uso de la violencia para imponer las ideas. ¿Les suena familiar esta descripción? Pues sí, son las características que las feministas utilizamos para describir una cultura patriarcal donde es legítimo el uso de la fuerza para “disciplinar” al otro e imponerle nuestra visión del mundo. Esa forma de hacer política es a quien debemos el mal nombre de nuestro sistema de representación.

Voy a ser más radical en mi afirmación. La Asamblea pasada (2015-2020) era liderada por mujeres que imprimieron a la cultura política una forma distinta de procesar las diferencias. Michelle Bachelet dijo: “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”. Hoy extrañamos el liderazgo de esa Asamblea donde el poder lo gestionaban Gabriela Montaño, Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Sonia Brito; pero también extrañamos la oposición que ejercían Lourdes Millares, Jimena Costa, Norma Piérola y Fernanda San Martín. Y no es que estas contrincantes políticas fueran menos duras y radicales en su polarización (todavía recordamos las fuertes interpelaciones que han protagonizado), pero claramente se gestionaban las diferencias de manera distinta.

Por supuesto no se trata de que estas mujeres sean portadoras de virtudes biológicamente determinadas, pero entendemos que como ellas no necesitaban ejercer el despliegue viril de los caballeros, preferían prácticas políticas distintas.

Hoy tenemos una Asamblea que carece de liderazgos que generen respeto. Parece que nuestros asambleístas, del oficialismo y la oposición, no han comprendido dónde están y qué espera la población de su mandato. Hoy solo vemos el despliegue de una “moral viril” imperante, base del machismo, que perpetúa el poder vinculado al hombre dominador y violento. Quien es irrespetuoso no puede exigir ser respetado, pues el respeto debe ser recíproco y construido día a día, como también se construye la legitimidad política de un órgano de representación.

Solo hace unos meses, en el mismo hemiciclo, aplaudíamos emocionados el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa cuando sostenía “Es obligación comunicarnos, obligación dialogar”, “los bolivianos nos miramos a todos iguales y sabemos que unidos valemos más” o “el cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda”. Es momento de llevar esas hermosas palabras a la práctica concreta, solo así la Asamblea Legislativa puede recuperar el respeto de sus votantes. Y para ello, se requiere de un liderazgo claro que desde todos los bandos transmita un estilo de hacer política distinta al que hoy observamos.

Los bolivianos y bolivianas que acudimos a las urnas para elegirlos no merecemos ser representados por esos pugilatos primitivos. En medio de una pandemia, con una crisis en la educación y en la economía, esperamos líderes de mayor talla. Tal vez vale la pena recordarles a nuestros asambleístas que no han sido elegidos de una vez para siempre y que deben construir su legitimidad en cada una de sus acciones.

Lourdes Montero es cientista social.

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¿Caras nuevas en la Convención chilena?

/ 15 de mayo de 2021 / 23:31

Este fin de semana Chile está votando para conformar su Convención Constituyente, en una de las elecciones más importantes de su historia. Producto de las masivas protestas de 2019 y el voto afirmativo en un referéndum, la ciudadanía podrá elegir a las 155 personas encargadas de elaborar una nueva Carta Magna que sustituya la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Esta será la primera vez en la historia que Chile cuente con una Constitución elaborada y aprobada por su ciudadanía, y será también la primera vez que esté escrita de forma paritaria y con la participación de representantes de sus 10 pueblos indígenas. Las mujeres nunca han constituido más de una cuarta parte del Congreso chileno, por lo que una convención con paridad de género es un hito importante; más aún la incorporación de los 17 escaños reservados para los indígenas, que en Chile viven una larga historia de negación.

En un momento de profundo desapego de la ciudadanía con su élite política, el mayor desafío de la Convención Constituyente es su legitimidad, que depende de que la Asamblea sea vista como lo suficientemente diversa e inclusiva, de modo que las élites políticas tradicionales no puedan controlar el proceso. Los partidos políticos tienen uno de los índices de aprobación más bajos entre las instituciones de Chile, con una reputación de liderazgo encapsulado.

Por ello, la ilusión está centrada en que la Convención aporte una mejor distribución del poder y permita que nuevas voces rompan lo que en Chile se denomina la “casta política” (de izquierda y derecha), que ha generado la profunda rabia contra todo el establishment, expresado por ejemplo en las palabras de Roberto Avila: “los dueños de Chile son un puñado de familias, dueños de todo: de la tierra y del agua, de tu trabajo de hoy y de mañana, dueños hasta del último ahorro que hagas para tu vejez. En todo lo que hagas, como tomar el Metro o fumarte un cigarrillo, debes pagarle un peaje institucionalizado”.

Frente a los datos estadísticos presentados por Jennifer M. Piscopo y Peter M. Siavelis, sobre las listas de candidatos y candidatas a la Convención, existe un moderado optimismo sobre el cambio de esa élite. Usando la información de los 1.373 candidatos aceptados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), se puede afirmar que cerca del 80% de los candidatos y candidatas a la Convención son caras nuevas y no políticos experimentados. Si bien muchos de ellos y ellas pueden tener apellidos conocidos, o ser miembros antiguos de partidos políticos, la mayoría de los candidatos y candidatas nunca antes ha buscado ganar una elección. Y esta novedad por supuesto es mayor entre las postulantes que entre los hombres.

Si bien los rostros y las voces podrán ser nuevos, solo el 44% tiene menos de 40 años. Aunque estos datos pueden decepcionar a aquellos que tenían esperanzas de que el proceso constitucional atrajera a más juventud, protagonista en la conquista de la Convención, de todos modos, la proporción de jóvenes es relativamente alta. Por ejemplo, la Unión Interparlamentaria reporta que solo un 15% de los parlamentarios en el mundo tienen menos de 40 años, lo que significa que la Convención chilena podría coincidir o superar el promedio global solo eligiendo una fracción de los candidatos jóvenes.

Esta Convención Constitucional, que promete una renovación de la política con rostros jóvenes, indígenas y femeninos, es solo el inicio de un cambio verdadero en las estructuras de uno de los países más desiguales de la OCDE. Muchos analistas tratan de prevenir una posible desesperanza y retorno a las calles del estallido social chileno cuando afirman que cambiar el texto de la Constitución no significa inmediatamente cambios profundos en la sociedad, pero sí significa tener un marco legal que permita hacer cambios. El inicio del camino en esa dirección lo definirán este domingo los chilenos y chilenas.

Lourdes Montero es cientista social.

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La guerra de las vacunas

/ 1 de mayo de 2021 / 23:47

Esta semana tuvimos en Bolivia varias buenas noticias. El ejemplo de cómo hacer las cosas lo dio la Caja Nacional de Oruro, que en un día logró vacunar a 1.500 adultos mayores. La hazaña, liderada por Ronald Cahuana, administrador regional y Roxana Claure, jefe médica, se logró con medio centenar de funcionarios que implementaron 10 puestos de vacunación en el Campo Ferial. Solo la ciudad que organiza el mejor carnaval del país podía darnos una lección así.

Tomando el ejemplo, en varias ciudades capitales finalmente se inició la vacunación masiva. En La Paz se establecieron ocho puntos de inmunización con 90 brigadas para alcanzar la meta de 6.400 personas cada día. Lo propio ocurrió en Cochabamba, con 12 centros de vacunación habilitados y un promedio de 1.200 personas al día, y Santa Cruz que está trabajando con 20 puntos de vacunación, con cerca de 8.500 personas vacunadas al día. Completa nuestro optimismo el anuncio del presidente Luis Arce, confirmando el compromiso de la llegada de 5,2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik-V hasta junio de este año.

Necesitábamos esta bocanada de aire optimista en un momento en el que se habla de una tercera ola en Bolivia, con el agravante de la cepa brasileña.

Nuestra historia de lucha por la salud es tan solo una brizna en la gran guerra por las vacunas que enfrenta al mundo y que ha tensionado aún más la geopolítica. Veamos titulares: el presidente de EEUU, Joe Biden, ha intervenido en el mercado para forzar un pacto de fabricación entre dos farmacéuticas rivales. Está en juego no solo la salud de los norteamericanos, sino sobre todo su economía y la pérdida del primer puesto en su duelo con China. Mientras que, en el país asiático, la pandemia de coronavirus sirvió para que Xi Jinping consolidara un poder como no se veía desde los tiempos de Mao. China no solo ha logrado producir y exportar vacunas, sino que su economía ha crecido un 18% en el primer trimestre de 2021.

Al otro lado, la UE es un polvorín. No hay dosis suficientes ni se cumplen los plazos. Italia acaba de bloquear un cargamento a Australia para asegurarse las suyas. Hungría, Polonia y Eslovaquia, al margen de la UE, negocian con Rusia y China para garantizarse el suministro. Austria y Dinamarca buscan acuerdos con Israel, al que le sobran vacunas.

La escasez de dosis ha empujado incluso a la Comisión Europea a repensar la negociación con la vacuna rusa. La Sputnik V devuelve a Rusia al centro de un tablero pospandémico.

Mientras tanto en la India se desata el infierno. A pesar de ser uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, no tiene suficientes para inocular a su propia población y actualmente vive una ola de contagios de 350.000 personas y cerca de 2.500 muertos al día.

Frente a esto, varios países de ingresos bajos y medios, liderados por Sudáfrica e India, están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio que se establezca una exención de las patentes para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas. Los países ricos se oponen a la propuesta, argumentando que esos derechos son necesarios para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

En el mundo, la guerra desatada (tan sucia como siempre) pone en juego todo su arsenal: los acuerdos bilaterales, las prohibiciones de exportación, acuerdos de compra anticipada y acaparamiento de los países desarrollados y, sobre todo, el nacionalismo han empezado a generar un abismo entre los países ricos y los más pobres. En nuestra región, solo siete países tienen negociaciones para asegurar la vacunación de su población y 17 no tienen ningún acuerdo bilateral para la compra, pues en su mayoría esperarán donaciones. Mientras tanto, nuevas mutaciones del virus amenazan retornar del sur al norte en una espiral interminable. Pero como en toda guerra, quienes cuentan los muertos siempre son los más pobres.

 Lourdes Montero es cientista social.

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El peligro de vivir siendo mujer

/ 18 de abril de 2021 / 00:05

    En homenaje al valor de Icla Kahlo

Leemos sobre un nuevo feminicidio en Bolivia. Se trata de una violación grupal seguida de muerte de una joven orureña. Lo que estremece de este caso es que, según el reporte policial, los agresores capturaron imágenes del abuso sexual que cometieron y lo publicaron en el estado de WhatsApp de la víctima. ¿Qué puede provocar esos rasgos de crueldad? Trataremos de comprender lo que Rita Segato denomina la elocuencia del poder.

Y es que el tema de la violencia física con rasgos de crueldad contra las mujeres y niñas es mucho más complejo de lo que sugieren las hipótesis que consideran que es el resultado de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad mental, el alcohol o la religión.

La crueldad ejercida en el cuerpo de las mujeres tiene la intención expresiva del castigo ejemplarizador que dialoga con los otros hombres. Lo que se exhibe y, más que se exhibe, se espectaculariza, es una masculinidad capaz de desplegar su soberanía irrestricta sobre los cuerpos de todas las mujeres. ¿La intención? Extender una amenaza dirigida a cualquier intención de desobediencia, de autonomía o ejercicio de libertad que implique el abandono de las mujeres del polo de la pasividad.

Sostiene Segato que, en principio, toda sociedad manifiesta algún tipo de mística femenina de culto a lo materno o a lo femenino virginal de modo que cualquier ruptura de ese orden estatuido opera como amenaza a la integridad masculina. De allí los “crímenes de honor” desplegados por una supuesta inmoralidad de las mujeres.

Y es que el poder que tiene una mujer para controlar su propio cuerpo está relacionado con el control que tiene en todos los ámbitos de su vida y por ello genera espanto. Controlar nuestro cuerpo implica imaginar un futuro y tomar decisiones para alcanzarlo. Por eso, es en ese territorio/cuerpo donde se despliegan las batallas más crueles del patriarcado.

A pesar de que desde ya varias décadas hemos concretado nuestro ingreso masivo a las actividades económicas remuneradas y la representación política, muchas todavía no tenemos opción de elegir si tenemos o no relaciones sexuales con nuestras parejas, ni usar anticonceptivos o incluso la libertad de buscar atención médica.

Y esa lucha se extiende a nuestros cuerpos cotidianamente con la prerrogativa que puede ejercer cualquier hombre —en la calle siendo un extraño, o en nuestra propia casa— de “poner en su lugar” a una mujer. Ese lugar es el de un cuerpo disciplinado, asustado, sumiso, o en su defecto, muerto. La más brutal expresión de la negación de la libre decisión sobre nuestros cuerpos es la prohibición estatal del derecho al aborto, escatimándonos el control sobre nuestra vida.

Y es ese el orden social de dominio patriarcal que reclama un feminicida como Marcelino Martínez, quien apuñaló a su expareja en la puerta de un supermercado; o los violadores de mi amiga Icla Kahlo, que no pudieron soportar su libertad y su entereza. Y es que los cambios provocan que algunos hombres vean incumplidas sus expectativas de reconocimiento y privilegio, sintiendo socavadas las bases de la hegemonía masculina. Desilusionados del reparto de beneficios, la ilusión de disciplinar a las mujeres “rebeldes” parece llevarlos a recuperar algo de su estatus perdido. Por ello muestran un especial ensañamiento contra sus víctimas, que nace del rencor contra “esa” mujer concreta, pero que representa el colectivo sobre el que quiere cobrar venganza por provocar su desplazamiento y exclusión.

El mensaje de la violencia pública contra el cuerpo de las mujeres es claro, sostiene Paula Sosa y María Luisa Femenías: “escriben con sangre un mensaje: volveremos a ser quien mande, aunque para ello debamos incrementar la crueldad, apropiándonos del cuerpo de las mujeres e inscribiendo en ellos nuestro poder y dominio”.

 Lourdes Montero es cientista social.

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El desafío de la vacunación masiva

/ 4 de abril de 2021 / 00:23

Este mes iniciamos en Bolivia el gran desafío de la vacunación masiva. Y llegamos a la primera semana de abril llenos de incertidumbre. La información sobre el Plan Nacional de Inmunización es dispersa, confusa y muchas veces contradictoria. Estamos expuestos a una serie de conferencias de prensa de diversas autoridades que solo contribuyen a una mayor confusión. Como nunca, comprendemos (y extrañamos) el sentido de un Ministerio de Comunicación que pudiera aportar una estrategia de mensajes y vocerías medianamente organizada. A este desastre comunicacional se suma el hecho de que los gobiernos departamentales y municipales tendrán nuevos gobiernos el próximo 3 de mayo, y las autoridades salientes están más distraídas en el cierre de sus funciones que de participar activamente en la lucha contra la pandemia.

Veamos qué contribuye a la incertidumbre de la población. La primera pregunta que nos hacemos está referida a la interconexión que existe (o no) entre el recién lanzado sistema de prerregistro nacional de vacunación contra el COVID-19 y las diversas plataformas de registro ya existentes de los gobiernos municipales, el Sistema Único de Salud (SUS) y las Cajas de Salud. ¿Será que las ciudadanas y ciudadanos nos registraremos en todas, esperando que alguna tenga utilidad? Al presentar la herramienta, la viceministra de Promocion, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, afirmó que esta plataforma del prerregistro está vinculada con el registro nominal de vacunación electrónica que está disponible en todos los establecimientos donde se vacuna; sin embargo, nos siguen exigiendo como requisito para la vacunación el registro previo del SUS (que implica un trámite de al menos cuatro días). Ayer, el Sedes La Paz aclaró que el proceso de vacunación se realizaría según la numeración de nuestro CI, con prerregistro o sin él; el municipio de Santa Cruz ya lleva un mes registrando en su propia página web y las Cajas de Salud están pidiendo actualización de datos en sus propias plataformas. Así, nos preguntamos: ¿Cuál la utilidad real de este nuevo registro nacional?

Una segunda pregunta surge de la eficiencia en los procesos de vacunación en los departamentos, liderados por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes). Según el Plan Nacional de Inmunización, la primera fase de la vacunación contemplaba la inmunización de personal de salud y personas con enfermedad de base. El propio ministerio calculó dicha población en un universo de 1.497.228 personas. El resultado es que, al 31 de marzo apenas hemos alcanzado a 186.985 inmunizaciones; es decir, un 12% de lo esperado. La Defensoría del Pueblo ha levantado información sobre este pésimo desempeño y denuncia deficiencia en la información sobre fechas y requisitos de la vacunación, lo que deriva en escasa afluencia en los puntos de inmunización. Además, “después de hacer largas filas, algunos pacientes no eran vacunados por falta de algún documento, dado que en cada centro los requisitos varían”. Nos preguntamos: ¿Alguna autoridad nacional está realmente coordinando y supervisando el trabajo de los Sedes o estamos librados a la suerte de tener una buena o mala autoridad departamental?

Siguiendo el plan, ahora corresponde la vacunación de personas de 60 años o más, además de atender el rezago de los enfermos crónicos, así como la aplicación de segundas dosis. Solo contando a las personas mayores, se trata de una población de 1.200.000 personas. La semana pasada, el Sedes La Paz informaba la atención en los centros de primer nivel tan solo de 08.00 a 14.00, según nuestro número de carnet. ¿De verdad no podemos hacerlo mejor?, ¿las autoridades del Sedes están asumiendo la responsabilidad de atender una pandemia?

La vacunación masiva es la tarea en la cual los flamantes gobiernos subnacionales y el ya no tan flamante Gobierno nacional no pueden aplazarse. No solo nuestra salud, sino también la economía y la estabilidad política del país dependen de ello.

 Lourdes Montero es cientista social.

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