Los acontecimientos sociales y económicos derivados de la pandemia desatada por el COVID-19 son, sin duda, hitos históricos, que van a marcar un antes y un después de la evolución de las sociedades. Muchos gobiernos han tomado previsiones impensables y cuestionadas en contextos diferentes. Es el caso del asistencialismo, que ha permitido mantener y exigir a los ciudadanos guardar un distanciamiento social, a fin de evitar que el nivel de los contagios sea incontenible y, por tanto, intratable.

Paralelamente se han adoptado medidas de carácter impositivo, también excepcionales, en la mayoría de los casos relacionados con diferimientos en el pago de los diferentes tributos. Al respecto, Cesar García Novoa publicó, en dos entregas, el artículo La Fiscalidad y la crisis del Covid-19. Interpretación de lo que ya se hizo y propuestas de lo que se debería hacer. Su análisis incluye la evaluación en torno a la insuficiencia de las medidas de diferimiento, debido a que éstas no generan suficiente liquidez en las empresas, sobre todo medianas y pequeñas. Opinión que comparto plenamente, debido a que los sectores más afectados por los efectos de la crisis sanitaria serán los profesionales independientes, así como los pequeños y medianos emprendedores, quienes constituyen cerca del 75% del padrón de contribuyentes, con un grado de formalidad que cuesta lograr en un país como el nuestro.

Poniendo la mirada en la situación del contribuyente inscrito en el Régimen General, como depositario de medidas que puedan beneficiarle para mantener su actividad económica activa y, por tanto, mantener su condición, está claro que el diferimiento simplemente genera un ahorro momentáneo que no beneficia, pues el contribuyente tendrá que cubrir los importes en los periodos que estuvo activo, con la contrapartida de las obligaciones por servicios, alquileres y otros asociados que de todas formas debe cubrir. Por otra parte, no es beneficiario de ningún bono, y aunque se le abra la posibilidad de obtener un crédito blando, éste debe destinarse únicamente al pago de salarios. En este sentido, las medidas tributarias previstas no son suficientes para este conjunto de contribuyentes, por lo que es previsible una disminución del padrón en este sector.

Una disminución en el número de contribuyentes activos en el Régimen General implica un efecto negativo de al menos el 15% en el importe total de la recaudación. En términos netos, este porcentaje puede no sonar importante. Sin embargo, el peso de las recaudaciones puede generar presiones a los sectores de Grandes y Principales Contribuyentes, que también se verán afectados por la pandemia, en proporciones importantes, y no previsibles en un contexto normal. Adicionalmente, es importante evaluar los efectos a mediano y largo plazo por la caída de los precios del petróleo en el mundo y su impacto en las economías grandes y pequeñas.

Con este panorama, muchos analistas han retomado la discusión sobre una nueva forma de tributación, en el marco de la progresividad, cualidad y principio que implica que aquellos que tienen un mayor ingreso o riqueza deben contribuir en mayor proporción, para lograr una adecuada distribución del ingreso, a través de servicios. O como en el presente caso, lograr la sostenibilidad de medidas asistenciales, cubrir el incremento en los gastos asignados al sistema de salud, y los gastos excepcionales que tendrá que asumir el aparato estatal como efecto de la crisis sanitaria.

Se han estudiado opciones de reconstrucción postcrisis, a partir de un sistema tributario orientado a una recuperación económica, con la creación de una tasa COVID, que no es otra cosa que un impuesto a la riqueza y las rentas altas. Este instrumento de política fiscal ha sido utilizado en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, según explica el investigador Sam Pizzigati, Theodore Roosvelt aplicó este tributo para lograr equidad social. Posteriormente, para enfrentar la depresión de la postguerra, Franklin Delano Roosvelt incrementó la alícuota del impuesto del 15% al 79% para quienes ganaban más de 5 millones de dólares al año. También aplicó un impuesto sucesorio del 70% para herencias superiores a los $us 50 millones. Estas medidas le permitieron reducir el índice de desempleo del 25% al 10%. Conscientes de los efectos positivos de estas medidas, en EEUU los candidatos demócratas han presentado una propuesta para gravar las rentas elevadas a fin de generar sostenibilidad en el sistema de salud.

En España, gracias a la Propuesto de no ley (PNL) presentado por el diputado Iñigo Erregón (Mas País), se está discutiendo la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas, tanto a patrimonios como a los ingresos, cuya recaudación proyectada es de al menos $us 16.200 millones al año. En Argentina se analiza la aplicación de un impuesto de estructura progresiva a las personas que tiene un patrimonio superior a los $us 3 millones. En Brasil, entidades de la sociedad civil (como Auditores Fiscales por la Democracia, Asociación Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal, la Federación Nacional de Fisco Estadual y Distrital y el Instituto Justicia Fiscal) han solicitado al Congreso y al Gobierno Federal diversas medidas impositivas, entre las que se encuentra una modificación al Sistema Tributario para que se tribute sobre el patrimonio, cuyo objetivo es gravar a las personas con mayor riqueza. En el artículo titulado ¿Para cuándo la tasa COVID a la riqueza y rentas altas?, Yago Álvarez Barba evalúa una propuesta impositiva en la Unión Europea con resultados favorables.

En síntesis, el punto de partida para modificar el sistema tributario no tiene que ver con la coyuntura, sino con el cambio estructural por el que está atravesando el mundo. Si bien la discusión sobre la acumulación de riqueza no es nuevo (ya lo planteó Thomas Picketty y otros especialistas), el largo periodo de inactividad producto de la crisis sanitaria ha puesto en evidencia las diferencias de los emprendimientos profesionales y de las grandes empresas, una situación que no pudo haber sido prevista por ningún Gobierno hasta hace dos meses atrás, cuando los efectos de la pandemia determinaron medidas de política fiscal que los Estados no hubiesen aplicado en circunstancias normales.

En este sentido, pensar en un nuevo sistema de tributación basado en la acumulación de recursos, llámese patrimonio o riqueza, podría ser beneficioso por diferentes razones. En primera instancia, permitiría al Estado contar con recursos para encarar un proceso de recuperación económica, el cual será incluso reclamado por la sociedad; permitiría generar un nuevo proceso de redistribución a través del financiamiento de servicios necesarios como por ejemplo el servicio de salud; permitiría ampliar la transferencia de recursos incluyendo a sectores no considerados como los contribuyentes del Régimen General; reduciría la presión en sectores de recaudación porcentualmente más altos como los Pricos y Gracos, a fin de permitirles también reorganizar sus economías; y, finalmente, permitiría establecer un sistema tributario basado en la redistribución de ingresos real.

Susana Ríos Laguna, especialista en tributación, tiene una maestría en Derecho Económico.