Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que Bolivia es el país con mayor trabajo informal del mundo, con aproximadamente el 80% de su fuerza laboral, lo cual la sitúa inclusive ampliamente por encima de la informalidad de América Latina y el Caribe, que tiene un 53,7%, según los últimos datos al 2022.

En recientes días, el Gobierno dispuso para este año un aumento del 5,85 % al salario mínimo y un 3% al haber básico.

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A fines del año pasado, la Población Económicamente Activa (PEA) de Bolivia fue de 6,9 millones de personas. De este universo, solo 1.053.470 personas tienen un trabajo formal. Pero, si solo considerásemos como empleo formal a aquellos que tienen determinada calidad medida en un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo, beneficios sociales, cobertura médica, estabilidad laboral, derechos laborales satisfechos y otros, la población con un empleo formal y de calidad, solo estaría rondando un 5% de toda la fuerza de trabajo del país.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó de manera clara que el 1 de mayo no solo deberían ser homenajeados los trabajadores, sino también quienes permiten que se establezcan fuentes de trabajo legales. Los mayores empleadores en el país son los micro, pequeños y grandes empresarios.

El mismo día que se conocía el acuerdo Gobierno-COB sobre el aumento salarial, el INE expuso que en los dos primeros meses de este año el país registró un déficit comercial de $us 295 millones.

Los grandes, medianos, pequeños y micro empresarios lamentan la unilateral determinación del Gobierno de elevar el salario mínimo nacional y el haber básico, muy por encima de la inflación registrada el año pasado y sin evaluar la realidad empresarial.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia rechazó la propuesta de la COB, porque considera que este aumento es “insostenible para el sector empresarial, provocará el cierre de unidades productivas y una mayor precarización del trabajo formal”.

Considerando la coyuntura económica actual, es inviable el incremento acordado entre el Gobierno y la COB. El 3% al haber básico tiene un efecto multiplicador en las planillas salariales.

El empresariado boliviano, respaldado por leyes nacionales, ha pedido una negociación tripartita entre Gobierno, trabajadores y empresarios, como claramente lo establece el Convenio 131 de la OIT, ratificado en Bolivia por la Ley 2120 “que instruye la consulta exhaustiva e igualitaria a los trabajadores y a los empleadores antes de definir el salario mínimo nacional”.

El Gobierno, junto con los empresarios, busca encontrar una salida a problemas como la caída de los ingresos nacionales, la escasez y encarecimiento de dólares y, por tanto, el incremento en el precio de productos básicos. Todo ello debe llevar al Ejecutivo nacional a velar por la estabilidad del sector privado, que puede ser su aliado para el mejoramiento integral del país. En síntesis, debemos dejar de pensar en los resultados cortoplacistas y tener una visión de estadista.

Entendemos que el incremento salarial es una demanda social genuina de los trabajadores, sin embargo, debe ser consensuado con el empresariado.

Las estadísticas sobre el incremento salarial en el país nos muestran que entre 1991 y 2005 el aumento del Salario Mínimo Nacional fue de 267%, mientras que entre 2006 y 2022 la cifra subió a 350%.

Los dirigentes de la COB parecen olvidar que las empresas no solo deben cumplir con el porcentaje de aumento salarial dispuesto, sino que a esto se suman otras obligaciones que incrementan sus erogaciones.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

Los bonos verdes son instrumentos financieros emitidos por empresas, gobiernos o instituciones para financiar proyectos que tienen beneficios ambientales o climáticos positivos. Su objetivo principal es atraer inversiones hacia proyectos que promuevan la transición hacia una economía más sostenible, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Algunos ejemplos de proyectos que pueden financiarse con bonos verdes incluyen energías renovables, eficiencia energética entre otros.

Los bonos verdes han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a medida que crece la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de invertir en proyectos que mitiguen el cambio climático. Además, la emisión de bonos verdes puede ser una estrategia de las empresas o gobiernos para mejorar su imagen y reputación, demostrando su compromiso con el medio ambiente.

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El Gobierno boliviano mantiene la confianza e incluso está considerando la venta de hasta $us 1.000 millones en bonos verdes este año para impulsar su industria del litio, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a Bloomberg la semana pasada.

El Gobierno busca aprovechar la demanda del mercado de inversiones en energías limpias y reducir los costos de endeudamiento al 10% o menos, pese a que su deuda actual cotiza a niveles muy altos.

El vicepresidente David Choquehuanca se reunió con los representantes de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA), para analizar las posibilidades de acompañamiento para una posible emisión de bonos verdes, bonos sociales, bonos ambientales o una mezcla entre ellos, cumpliendo los principios fundamentales exigidos para esta emisión.

El país tiene aproximadamente el 50% de las reservas mundiales de litio, pero tiene considerable demora en la producción industrial de este metal, pues necesita de más recursos para desarrollar sus recursos evaporíticos.

A principios de este mes Karla Calderón, presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), informó que el país recibió “el interés por desarrollar la industria de litio de 38 empresas, de muchas partes de mundo, como francesas, chinas, alemanas, rusas, brasileñas y consorcios multinacionales”. También informó que el mes pasado, firmó un memorando de entendimiento con el instituto estatal francés Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) para el estudio de los recursos hidrogeológicos en los salares de Bolivia, para viabilizar futuras plantas industriales.

La demora en la ejecución del proyecto del litio preocupa al Gobierno, que tiene puestas sus esperanzas en que los ingresos provenientes de la exportación de litio y sus derivados, permitirán llenar el vacío provocado por la caída de las ventas de gas.

Lo evidente es que el Gobierno boliviano necesita recursos externos para seguir con su proyecto del litio. Éstos provendrán de la inversión privada externa o del endeudamiento externo, que en este caso se trata de los “bonos verdes”.

En un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, los bonos verdes se han consolidado como una alternativa de financiación.

Antes de seguir con el proyecto, es necesario tomar en cuenta la observación del especialista Jaime Dunn, quien recuerda que estas operaciones son normales en los mercados internacionales, pero que en el caso de que Bolivia decida emitir estos bonos, se tendría que evaluar de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

El gobierno debe considerar la participación de inversión privada extranjera, como la fuente de financiamiento de las plantas de litio y el desarrollo de este sector para nuestro país.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

El Banco Central de Bolivia (BCB), en los dos primeros días de la venta del “Bono BCB en dólares” captó un total de $us 428.000, mediante 54 operaciones realizadas entre el martes 27 y el miércoles 28 del mes pasado.

Para cumplir las metas del Gobierno, de captar mediante estos bonos por lo menos $us 100 millones, es necesario que el BCB genere confianza en la población para que compre esos bonos y se puedan captar los dólares que el país necesita.

Se estima que existen aproximadamente $us 10.000 millones en el “colchon bank” de la ciudadanía que no forma parte del sistema financiero, y que pueden ingresar al BCB, coadyuvando en la estabilidad de la economía nacional. Por eso, el BCB ofrece una tasa de interés interesante para estos bonos, los cuales están exentos del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). También se pueden canalizar los recursos de los giros de los ciudadanos en el exterior. Sería importante que los bonos del BCB fueran endosables, ya que generarían una indudable atracción de la población del país, coadyuvando sobremanera al sistema económico.

El informe proporcionado por el ente emisor del país explica que las tasas de interés que pagará el BCB van desde 4,5% hasta 6,5%, distribuidos de la siguiente forma: por tres meses 4,5%; por seis meses 5%; por un año 6%; por dos años 6,25% y por tres años se pagará un interés de 6,5%. Esta tasa de interés es interesante e importante en el contexto internacional porque es mayor a los que ofrecen la Reserva Federal en Estados Unidos y los Bancos Centrales en Europa.

La venta de bonos en dólares forma parte del acuerdo de 10 puntos firmado por el Gobierno y los empresarios. Es una de las medidas para aumentar el flujo de divisas en el país.

Estos bonos están a la venta en los canales habilitados del BCB y a través de las entidades bancarias de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, tanto para personas naturales como jurídicas, cuyo pago de intereses y devolución del capital también será en la misma moneda.

Entre otras disposiciones para la adquisición de estos bonos del BCB está la que señala que las personas naturales podrán realizar una inversión mínima de $us 1.000 y una máxima de $us 50.000, y en los casos de montos superiores a los $us 10.000 se solicitarán las declaraciones correspondientes sobre el origen de los recursos.

Como aclaró Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asoban: “Los bancos asociados van a participar de este contrato en calidad de agentes o entidades colocadoras de estos bonos, con una cobertura a nivel nacional”.

No olvidemos que, desde mediados de la década del siglo pasado, cuando el país vivió una de sus peores crisis económicas por la hiperinflación, el país tuvo que insertar dólares en la economía, por lo que este bono puede coadyuvar a que el boliviano invierta en su propio país.

Víctor Paz Estenssoro, que asumió la conducción del país, tomó el reto de resolver la crisis que agobiaba a Bolivia respaldado por el Pacto por la Democracia, que le permitió viabilizar una serie de reformas estructurales enmarcadas por el DS 21060, con medidas como la relocalización de miles de mineros, el cierre y la capitalización de empresas estatales, y la creación del bolsín del BCB, que permitió regularizar y transparentar la compraventa de dólares, con fluctuaciones mínimas.

Los empresarios esperamos que las intenciones del Gobierno, de captar parte de los dólares que están fuera de la banca nacional, tengan los resultados que se espera. Es importante destacar que en la historia económica de Bolivia, el Estado nunca ha dejado de pagar sus deudas a terceros.

El Gobierno y empresarios acordaron una ruta común para reactivar la economía a través del «Acuerdo económico, productivo y empresarial», el cual prioriza 10 puntos. En ese sentido, se estableció la inversión y producción privada y pública de biodiésel, contando actualmente con la construcción de dos plantas estatales, una en Santa Cruz y otra en El Alto.

El país necesita encontrar, con urgencia, alternativas a la importación de diésel. La creciente compra de este producto y el precio subvencionado que tiene representan una elevada y cada vez mayor pérdida de divisas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se importaron aproximadamente 1,3 millones de toneladas de diésel y 2,5 millones de toneladas de gasolina.

El INE señala que el valor de la importación de combustibles (gasolina y diésel) casi se triplicó al primer semestre de 2022, con un valor de $us 2.945 millones.

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Este ritmo de incremento en la demanda de diésel y gasolina en el país hará insostenible mantener la subvención, con el consiguiente riesgo de problemas sociales si se elevan los precios de los carburantes.

La alternativa que maneja el Gobierno es la Planta de Biodiésel 1, que es construida en Santa Cruz con una inversión de $us 40 millones, la cual entró a fase final en enero. Contará con una capacidad para generar 1.500 barriles de diésel al día, equivalente a más de 38.500 litros diarios, lo que significa que anualmente podrá superar los 86 millones de litros producidos.

El Gobierno utilizará como materia prima para el biodiésel no solo la soya, sino también la jatropha, el totaí, el cusi, entre otros, de los que se extraerán aceites vegetales de segunda generación, no aptos para el consumo humano.

Como empresarios interesados en un mayor cuidado del medio ambiente, producir biodiésel con procesos de la llamada economía circular, reciclando llantas en desuso y aceites de desecho, nos parece una alternativa muy buena. La producción no solo generaría combustible, sino que también cuida el medio ambiente al limpiarla de las llantas en desuso, además de generar fuentes de trabajo.

El cambio climático es una realidad, por lo que debemos modificar la actual matriz energética, sustituyendo el carburante en base a carbono e hidrógeno.

Es cierto que los alimentos y los vegetales para el biocombustible necesitan de los mismos recursos para su producción: tierra y agua, a lo que debemos sumar los agroquímicos. Pero si se tiene una adecuada planificación que tenga como objetivo cuidar el medio ambiente, alimentos y combustible no necesariamente entrarán en competencia.

El biodiesél se puede producir de una amplia variedad de materias primas. Entre ellas están las semillas de girasol, maní y algodón, así como distintos aceites como el de mostaza, el de palma, entre otros. También, el bioetanol comercial es producido principalmente a partir de la caña de azúcar, remolacha y azúcar, al igual que árboles e incluso productos de desecho de las cosechas.

Es necesario remarcar que el proyecto de biocombustible demanda que el Gobierno se involucre de forma activa en el desarrollo de programas y tenga una sólida colaboración del sector privado. El primer paso gubernamental para desarrollar proyectos de biocombustible es la creación de un ambiente favorable para los inversionistas nacionales e internacionales, a través de asociaciones público-privadas.

Juntos los dos sectores, con acuerdos público-privados, pueden tener avances favorables para el país, haciendo realidad el cambio de matriz energética que nos permita tener sustitutos para la gasolina y el diésel.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

Bolivia requiere aumentar sus exportaciones por todas las vías posibles. Afortunadamente, tenemos una vía alterna para sacar nuestros productos hacia el Atlántico: me refiero a Puerto Busch.

Así lo reconoce la ASP-B (Administración de Servicios Portuarios-Bolivia), cuando señala que “la ampliación de la Terminal de Carga Puerto Busch, se constituirá también como un medio de transporte sustentable que permitirá articular internamente y externamente con los océanos Atlántico —de manera directa— y Pacífico —de forma indirecta. Por tanto, se concibe este proyecto como un eje trascendental vertebrador de la red boliviana, que generará un efecto en el desarrollo económico y social de la población involucrada”.

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Es importante la vinculación multimodal utilizando la hidrovía, el ferrocarril y la red caminera para llegar a puertos del Pacífico, tanto Antofagasta, Tocopilla, Arica en Chile, así como otros puertos en el Perú.

Hace 30 años, en un artículo mío titulado Puerto Busch, prioridad para la Cuenca del Plata, decía que “la construcción de un puerto sobre el río Paraguay y la estructura de transporte que lo vincule con el resto del país permitirá disponer de una ruta comercial para el transporte entre Bolivia y las repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, reunidos por el sistema fluvial de la Cuenca del Plata, facilitando el acceso al océano Atlántico”.

Añadía que el sistema de la Cuenca del Plata, formado por los ríos de La Plata, Paraná y Uruguay es una red navegable de aproximadamente 4.000 kilómetros, de los cuales 1.000 son navegables para buques de ultramar hasta 20 pulgadas de calados. Bolivia tiene soberanía sobre el río Paraguay, por lo cual el acceso y libre navegación al sistema hidrográfico de la Cuenca del Plata es amplio.

Por esta hidrovía se podría transportar hasta 12 millones de toneladas para el comercio exterior de los países de la Cuenca del Plata y se podrá tener una vía navegable constante de 2.500 kilómetros, entre Canal Tamengo y el río de La Plata.

Puerto Busch, pertenece a Bolivia en virtud del Tratado de Petrópolis firmado con Brasil a principio del siglo pasado, junto al río Paraguay, zona estratégica para el acceso al Atlántico.

La ASP-B explica que la mayor diferencia de Puerto Busch con respecto a Puerto Suárez, Puerto Aguirre y Puerto Quijarro —ubicados en la misma región— es que se encuentra directamente junto al río Paraguay, y su tráfico fluvial no depende de otros países.

La ventaja de Puerto Busch no se reduce a las facilidades que nos ofrece en el terreno comercial, acercándonos al Atlántico y vinculando éste con el Pacífico. También está el aspecto geopolítico, al darnos un acceso soberano hacia el Atlántico. Gobierno y empresarios coincidimos en que Puerto Busch es un anhelo colectivo y existe la necesidad de consolidar este proyecto.

Dante Justiniano, gerente ejecutivo de la ASP-B, informó la anterior gestión que se habilitará Puerto Busch, para un movimiento de aproximadamente 500.000 toneladas de mercancía de exportación por el Atlántico. Remarcó: “vamos a habilitar Puerto Busch, que es nuestro puerto soberano con salida y acceso al océano Atlántico. Estamos con la esperanza en esta fecha importante para nosotros, cívica e histórica y patriótica, de que como Gobierno nacional vamos a lograr eso a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce”.

Para Bolivia, Puerto Busch es fundamental en el tema de desarrollo de la carga boliviana. Tiene un potencial para despachar y recibir la carga nacional que debe salir por el Atlántico, y la del Brasil que espera llegar al Pacífico. Es el nexo adecuado para la conexión bioceánica, y debe ser una realidad en el menor tiempo posible.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es licenciado en economía de la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL