Voces

lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 02:12

Agenda de reactivación económica desde las mujeres

/ 7 de septiembre de 2020 / 10:25

Una de las preocupaciones centrales que tenemos luego de la pandemia es resultado de la capacidad que ésta ha tenido en la destrucción de empleos. El virus ha sido letal para muchas iniciativas unipersonales o pequeñas empresas con dos o tres empleados, que constituyen la mayoría de los emprendimientos bolivianos. Por ello nos ha sorprendido gratamente la iniciativa del Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia (CEEB), que ha irrumpido en la escena nacional con una agenda clara de demandas desde las mujeres para evitar el colapso económico de pequeños emprendimientos que son la base del dinamismo de nuestro mercado interno.

Esta iniciativa, que agrupa a mujeres emprendedoras vinculadas al microcrédito, tiene una excelente vocera en Mónica Chuquimia, quien habla desde la experiencia de años de trabajo fortaleciendo iniciativas de mujeres. Esta experiencia le permite describir muy bien un entorno de negocios en Bolivia que trata muy mal a todos, pero en especial a las mujeres, que de mil maneras se las ingenian para sostener sus hogares. Esa es la voz que Mónica Chuquimia nos comparte y de allí su potencia.

Desde esa evidencia empírica, el CEEB nos plantea una agenda de reactivación económica desde las mujeres que resume las dificultades sistémicas que éstas enfrentan para sacar adelante sus negocios. Los pilares de esta agenda están referidos a varios temas que pueden ser agrupados en 10 puntos. El primero es el acceso a capital y financiamiento, que implica discutir productos financieros más adecuados, ya que el crédito no es el único producto que las mujeres requerimos del sistema financiero. Otro tema clave es el acceso a mercados y redes empresariales, que incluyen un trabajo serio en promover a la innovación y la creación de valor agregado en productos y servicios ofertados por mujeres; así también es necesario promover un entorno favorable para generar negocios y, en el caso específico de las mujeres, la indispensable distribución más justa del trabajo del cuidado.

Por otro lado, el CEEB asume que una brecha significativa del acceso de las mujeres a las oportunidades del desarrollo tiene relación con el acceso a la educación y la capacitación. Esto incluye el acceso y control de las tecnologías de información y comunicación como factor clave en el nuevo contexto. También un factor de éxito está vinculado a la generación de información y transparencia sobre la dinámica emprendedora desde los intereses de las mujeres.

Por último, pero muy importante, es todo lo que implica un cambio en las mentalidades de los sujetos económicos para que consideren a las mujeres en todo su potencial productivo. Por ello el CEEB se plantea visibilizar para fortalecer el liderazgo de mujeres en ámbitos económicos y políticos, la participación paritaria de mujeres en ámbitos de decisión y sobre todo contribuir a eliminar la discriminación y segregación ocupacional y brechas salariales de género.

Esta ambiciosa agenda durante todo septiembre será propuesta y discutida con los candidatos. Estaremos muy atentas a cada una de las respuestas que los actores políticos tengan frente a esta problemática puesto que, más allá de la polarización a la que la competencia electoral nos obliga, este es un problema que nos concierne a todas y todos.

El Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia (CEEB) es un interesante ejemplo del avance de las organizaciones de mujeres y la enorme diversidad de sus agendas, y viene a traer un aire fresco a los gremios empresariales, muy vinculados a élites de poder patriarcales y rentistas. Por ello, seguiremos atentas para transmitirles sus ideas que buscan mejoras sistémicas para el desarrollo económico del país.

Lourdes Montero es cientista social.

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Informe Defensorial y renuncia

/ 21 de septiembre de 2020 / 07:50

La noticia de la semana ha sido la declinación de la candidatura de Jeanine Áñez, en apariencia inducida por la dispersión del voto reflejado en las encuestas electorales; que proyectan como ganador en primera vuelta al candidato del MAS. Se podría pensar que, en la decisión de la renuncia de la Presidenta interina, no solo pesa el espíritu anti-Evo, sino también el miedo a un juicio de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.

No es casual que su renuncia se dé tres días después de la presentación pública del Informe Defensorial Crisis de Estado. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre-diciembre 2019, donde se describe de manera pormenorizada los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre, concluyendo que el Gobierno transitorio “cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral al haber incurrido en asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas por la actual administración gubernamental”.

El informe denuncia que la Policía fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación ante la conformación de grupos paraestatales, que se arrogaron las funciones de seguridad interna. A esto se suman los hallazgos de actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas, además de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es categórica al afirmar que, 10 meses después de lo ocurrido, no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país. En el informe sostiene que “pese al cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas”. Por su contenido y claridad de argumentos, este informe se constituye en una pieza clave para un futuro proceso a las autoridades responsables, frenando la impunidad estatal en la violación de derechos humanos.

El informe testifica los hechos violentos en que se produjeron 37 muertes de bolivianos y bolivianas, 27 de las cuales ocurrieron durante la intervención de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz. Estos hechos, según el informe, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad (sic)”.

Los hallazgos coinciden con los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI). Estos documentos seguramente constituirán pruebas importantes al momento de la investigación histórica que ameritan estos hechos.

El informe defensorial concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, entre ellas la creación de una Comisión de la Verdad, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos, así como reparación integral de las víctimas de estas vulneraciones.

Seguramente la preocupación expresada por la presidenta Añez al sostener “si no nos unimos, vuelve Morales”, incluye la clara conciencia de que, si ahora no logra un pacto político, terminando su mandato tendrá que enfrentar un juicio de responsabilidades por sus actos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Capitalismo racial

/ 24 de agosto de 2020 / 01:19

Desde la explosión de protestas callejeras del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) han surgido voces en la prensa y academia progresista norteamericana que retoman la idea de discutir la supremacía blanca como uno de los rasgos del sistema de exclusión y explotación capitalista. Para activar esta discusión se ha desempolvado la obra de Cedric Robinson, a quien se atribuye el concepto de capitalismo racial. Angela Davis, una destacada activista y pensadora del movimiento negro radical, sostiene que “el sistema de explotación global no puede ser adecuadamente comprendido si la dimensión racial del capitalismo es ignorada”. Más aún, para algunos analistas, la crisis desatada por el coronavirus ha reafirmado que la riqueza y la prosperidad de la economía de Estados Unidos se basa en el trabajo y las vidas de las personas negras y morenas.

Desde hace mucho tiempo las feministas hemos insistido que es imposible analizar de manera independiente las esferas de dominación patriarcal, jerarquía racista y explotación capitalista a pesar que las tres hayan desarrollado marcos interpretativos y luchas paralelas. La realidad concreta en la vida de las mujeres pronto nos hizo comprender que las desigualdades, la pobreza y la exclusión pasan por el lazo indisoluble entre raza, clase y género.

Toda esta discusión sobre las sociedades racializadas que a algunos les suena premoderna, se vuelve pertinente frente al retorno en Bolivia de los discursos sobre la supremacía blanca. Y para muestra, el discurso del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien con total desparpajo califica a sus oponentes políticos como “bestias humanas, indignas de ser llamados ciudadanos”. Pero el Sr. Calvo va más allá al contraponer a los “colonos desagradecidos” con los únicos auténticos dueños de la tierra que, entendemos, serían los agroindustriales cruceños a los que él representa.

Y entonces nos preguntamos, ¿es con este discurso que la elite cruceña aspira a proyectarse como un liderazgo nacional en las próximas elecciones?, ¿es éste el horizonte de país que proyectan, donde no cabemos todos? Tengo fundadas sospechas de que el rechazo del occidente al modelo de desarrollo del oriente no se basa tanto en sus formas de producción y explotación como en su profunda base racista para justificar privilegios y naturalizar jerarquías.

Tal vez las configuraciones subjetivas en el occidente aún se aferran a la promesa incumplida de igualdad que la modernidad ofrece. Por ello se acepta con mayor agrado (al menos discursivamente) un capitalismo estatal que dialoga muy bien con un sentido nacionalista e incluso se prefiere un capitalismo salvaje (con total ausencia del Estado) si se trata del comercio o la pequeña producción. Pero lo que parece inaceptable es la hegemonía de un capitalismo racial donde la jerarquía se naturalice por rasgos fenotípicos de las personas.

Hablar de racismo hoy en Bolivia resulta muy incómodo. Y de eso puede dar fe Fernando Molina, que hace varios ensayos trata de incomodarnos. O como sostiene Carlos Macusaya, el racismo entre los bolivianos es como el alcoholismo entre los alcohólicos: no aceptan serlo. Así como un alcohólico niega su condición diciendo: “una copita la toma cualquiera”, un racista minimiza su racismo diciendo: “un insulto lo dice cualquiera”.

Ya es tiempo de hablar del elefante en la sala y si algo nos demostraron las protestas tras la quema de la wiphala es que una gran parte de la sociedad boliviana no está dispuesta a retornar a lo que el fisiólogo chileno Alejandro Lipschutz describió como «pigmentocracia».

Lo último que quiero afirmar para continuar esta discusión es que, en las próximas elecciones, será muy importante la narrativa e imagen que sobre la piel morena tengan los candidatos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Partida de un luchador

/ 10 de agosto de 2020 / 15:03

Con la muerte de Manuel Morales Dávila no solo ha partido un luchador social y un abogado íntegro, sino sobre todo perdemos un testigo de época. Y es que él fue uno de los pocos que llevó la lucha social al campo jurídico (tan desprestigiado en estos tiempos), con la convicción de vivir en un Estado de Derecho. Fue un hombre de su tiempo: descrito por todos como éticamente intachable, ejercía la rama del derecho laboral y a través de ésta consagró su vida a organizar a los trabajadores para la toma del poder. Abogó por infinitas causas individuales de trabajadores y trabajadoras que lo buscaban en su despacho, confiados en conseguir justicia. A decir del exministro de Justicia Héctor Arce, Morales Dávila “nunca atendió a un empresario, nunca actuó en contra de un trabajador”.

Tal vez en sus agitados 94 años tuvo el privilegio de pocos: vivir lo suficiente para soñar con un cambio social, impulsarlo y vivirlo para poder reflexionar sobre sus aciertos y errores.

Es indudable que su vida fue intensa. Morales Dávila nació en Potosí en la década de 1920, cuando Hernando Siles Reyes era presidente y el país enfrentaba la gran depresión; eran tiempos de agitación social y corrientes anarcosindicalistas en un panorama complejo y explosivo. Hijo de un tiempo de profundos cambios sociales, cuando tenía seis años el país enfrentó la Guerra del Chaco y, llegando a La Paz en su juventud, fue testigo de la Revolución Nacional de 1952.

Fue contralor de la República durante el gobierno de Lydia Gueiler Tejada, en los turbulentos años de 1979 y 1980, diputado nacional en 2002 y postulante a la Gobernación de La Paz en 2005. Encarcelado en 13 ocasiones, vivió exilio y persecución política por la defensa de los Derechos Humanos y los recursos naturales.

Héctor Arce, uno de sus más cercanos colaboradores, relata en su libro Proceso de Cambio en Bolivia el rol de Manuel Morales Dávila como asesor y defensor de Evo Morales y el proceso de cambio. Allí se registra que en 1992 funda el TRN, sigla de la organización Trabajadores Revolucionarios y Naciones Originarias, dos sujetos políticos e identidades que en un futuro serían los cimientos del MAS IPSP. Por 1996 intentó seducir al joven dirigente de los trabajadores de la hoja de coca para que sea su vicepresidente, pero éste tenía la convicción de que no era su tiempo. Su proyecto no tuvo éxito en la larga noche de adormecimiento neoliberal.

Desde entonces, Morales Dávila no abandonó la defensa y asesoramiento de Evo Morales, quien fue electo diputado nacional por la circunscripción 27 del trópico de Cochabamba. Su energía se centró en sucesivas demandas de inconstitucionalidad que el diputado Morales y su pequeña bancada encaraban en contra de las “leyes malditas” que el Gobierno del entonces presidente Banzer aprobaba.

Un momento central en la vida de este luchador social se produjo entre 1995 y 1996, cuando acusó al presidente Gonzalo Sanchez de Lozada de traición a la Patria, por la enajenación de las empresas estatales. El mandatario no tuvo mejor idea que ordenar su detención. No sospecho que con ese acto logró que toda Bolivia conociera la lucha de Morales Dávila en defensa de las empresas estatales y los recursos naturales de Bolivia.

Seis años después, ya elegido diputado por la bancada del MAS, el luchador social se negaría a asistir a la posesión de Sánchez de Lozada. Como registra el libro de Arce, le pidió a Evo no asistir. “Mi hígado no va a dar, voy a renegar”, le confesó.

Y así fue toda su vida: firme, explícito en sus ideas, con el ímpetu político que da la coherencia de toda una existencia de lucha. Parte el testigo privilegiado de la historia moderna de Bolivia, y con él, una generación de soñadores que creyeron firmemente que el poder es solo un medio para alcanzar la justicia social.

Lourdes Montero es cientista social.

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Crónica de una pandemia

/ 27 de julio de 2020 / 07:21

Esta columna hoy sale desordenada e incierta como está nuestro ánimo. Estas palabras son solo retazos de un tiempo de muerte. La prensa registra que, en un solo día, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ha levantado 72 cadáveres, la mayoría de personas fallecidas en sus domicilios con síntomas de coronavirus. El fin de semana he recorrido la ciudad en busca de oxígeno para el hijo de una amiga, quien pelea por su vida sin encontrar un sitio donde recibir cuidados intensivos. Allí he compartido la desesperación de los familiares de enfermos, dispuestos a pagar lo que les pidan por un tubo de oxígeno, frente a las puertas cerradas de los proveedores y sus letreros de “no tenemos carga ni botellones de oxígeno hasta nuevo aviso”.

Al recorrer la ciudad advertimos largas filas en las farmacias de personas que ruegan por ibuprofeno, omeprazol y azitromicina; o al menos vitamina C, vitamina D o “lo que tenga”, frente a las farmacéuticas que solo niegan con la cabeza, cansadas ya de decir que esos remedios hace días están agotados. En las puertas de las clínicas, rápidamente las personas desconocidas intercambiamos teléfonos para compartir información sobre donadores de plasma, médicos que atienden consultas en domicilios o un tanque de oxígeno que puede salvar una vida. Nos une la certeza de que la única salida es salvarnos entre nosotros frente a un gobierno extraviado y un sistema de salud colapsado.

Si en la calle impera el sálvese quien pueda, en las casas se desata otra guerra silenciosa con la exacerbación de la violencia. En lo que va del año se registran 67 feminicidios y 39 infanticidios; y ya no conseguimos llevar la cuenta de las denuncias de abuso sexual y violencia doméstica. En este tiempo, las víctimas están aisladas con sus abusadores, incrementando exponencialmente su riesgo de muerte. Y es que, desde hace siglos, las mujeres vivimos la amenaza permanente de la pandemia del machismo sin encontrar medidas de seguridad que nos protejan.  

Al final del día, nos sentamos frente a la televisión para escuchar una danza de números de nuevos contagiados que ya no tiene ningún sentido. Los cementerios están desbordados y algunos muertos son enterrados en fosas comunes sin que sus familiares sepan dónde ir a llorarlos.

La muerte del Dr. Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, símbolo de la lucha contra el coronavirus, nos golpea como la pérdida de un familiar querido. Tantas veces lo vimos sereno y firme, tratando de enfrentar la crisis. Con su partida nos sentimos aún más desprotegidos, con la certeza de que estamos perdiendo la batalla.

Y así deben sentirse los vecinos de un barrio de la ciudad de El Alto que, en un acto desesperado, deciden cerrar sus calles con alambre de púas, inútil cerco frente a la amenaza del virus y frente al incremento de asaltos contra transeúntes a plena luz del día.

Y así nos acostamos cada noche buscando para conciliar el sueño, con el temor de que, al día siguiente, nuestros mensajes de celular nos anuncien la muerte de nuevos seres queridos, porque poco a poco las estadísticas de la televisión ya no son números, sino son amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Son días oscuros que no parecen tener fin. El desgobierno no tiene límites y nuestro sistema de salud se revela en toda su miseria. La indignación y la rabia nos ahogan. Son tiempos frente a los cuales resuena la voz de César Vallejo: Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! / Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido / se empozara en el alma… ¡Yo no sé! (…) Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas; / o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Lourdes Montero es cientista social.

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Cuando triunfe el amor

/ 13 de julio de 2020 / 01:36

En una hermosa canción, Silvio Rodríguez pregunta ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? En la historia que quiero contarles, lo inesperado es que el responsable de que en Bolivia celebremos el triunfo del amor es la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz. Y sí, en los medios también tenemos que levantar la voz cuando los recintos del sistema judicial nos sorprenden gratamente impartiendo justicia.

Y es que el viernes 3 de julio, la jurisdicción constitucional de La Paz dio un paso gigante a favor de los derechos humanos de la población LGBTI, al anular una resolución administrativa del Servicio de Registro Cívico (Serecí) que había rechazado la solicitud de David Aruquipa y Guido Montaño, de obtener el reconocimiento y certificación oficial de la unión libre que tienen en común desde hace más de una década.

El trámite administrativo iniciado en 2018 y promovido por Derechos en Acción y la Comunidad de Derechos Humanos, había sido rechazado en numerosas oportunidades por el Serecí, arguyendo enfoques restrictivos de derechos y apelando a fundamentos descontextualizados y anacrónicos. Finalmente, la Sala Constitucional determinó la aplicación preferente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva 24 (OC-24) que “no encuentra motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo”.

Los vocales de la Sala Constitucional, asumiendo apropiadamente la aplicación preferente de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, consideraron, en forma unánime, que la resolución administrativa del Director Nacional del Serecí era lesiva de los derechos humanos de los interesados. En consecuencia, ordenaron al director emitir una nueva resolución en un plazo no mayor a 10 días, empleando como parámetro la Convención Americana y la OC-24 de la Corte IDH.

Por ello podemos sostener que en Bolivia nos encontramos a un paso de celebrar la primera unión libre oficial de personas del mismo sexo. Esta decisión de la justicia constitucional marca un hito para la población LGBTI en Bolivia, y acompaña los cambios que se han venido dando en la región a favor de los derechos de esta población. Recordemos que, Costa Rica, en agosto de 2018, y Ecuador, en junio de 2019, dieron pasos fundamentales para garantizar el derecho a la familia de las personas del mismo sexo a la luz de la OC-24 de la Corte IDH. Con esto, ya son 30 los países en todo el mundo adscritos a una corriente social y jurídica que avanza hacia una igualdad sustantiva y que no tiene vuelta atrás. Estoy segura de que este será el espíritu que acompañará la decisión definitiva del Tribunal Supremo Electoral que, como ente superior del Órgano Electoral Plurinacional del que depende el Serecí, emitirá en los próximos días.

Mientras esperamos celebrar con David Aruquipa y Guido Montaño este avance en el reconocimiento de derechos, tengamos en mente el consejo de Mario Benedetti: “Cada vez que te enamores no expliques a nadie nada, deja que el amor te invada sin entrar en pormenores”. Tal vez solo en este caso el poeta coincidirá que la resolución administrativa que debiera dictar el Serecí con reconocimiento oficial por parte del Estado y registro de la unión libre de esta pareja no es un pormenor.

*Lourdes Montero es cientista social

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