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sábado 26 sep 2020 | Actualizado a 20:39

De la excepción al desenfreno

/ 9 de septiembre de 2020 / 00:38

En mi artículo anterior enumeré cinco derechos y libertades que fueron anulados total o parcialmente por el Estado de Excepción impuesto en Bolivia desde noviembre pasado, y endurecido por la pandemia, haciendo de nuestro país actualmente uno de los menos democráticos de la región. Pero autoritarismo descarnado no es lo único que obtuvimos durante los últimos meses, sino múltiples escándalos de corrupción y despilfarro de recursos públicos que nos obligan a considerar que la represión de muchos es la condición necesaria para el desenfreno de unos pocos.

Vista desde una perspectiva liberal o marxista, cualquiera puede reconocer que Bolivia es una sociedad rentista. Es decir, reproduce sus condiciones económicas por medio de la captura de excedente proveniente de la explotación de los recursos naturales a través de las diferentes instancias de nuestro Estado, tales como gobernaciones, municipios, universidades, bonificaciones y aparato público en general. El Estado es, entonces, una fuente de enriquecimiento, que exacerba la competencia política entre las diferentes facciones de la sociedad que buscan capturar sus rentas.

Dicho orden de cosas influye al mismo tiempo en la mentalidad de los bolivianos, que establecen instituciones informales como el patrimonialismo (uso privado de recursos públicos), el clientelismo (intercambio de favores económicos a cambio de apoyo político) y, sobre todo, la corrupción (uso indebido de recursos públicos para el enriquecimiento personal) para capturar más eficientemente dicho excedente. Podría decirse que estas reglas de juego son parte de la cultura política boliviana. Tanto así que, durante la gestión de la pandemia, se visibilizaron varios casos de enriquecimiento ilícito a expensas del Estado y otros alarmantes delitos en la gestión pública, sin que ello provocara el más ligero rubor en el rostro de nuestras impuestas autoridades.

Así, mientras la mayoría de los bolivianos debían racionar su alimentación y gastos debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, el hijo de una diputada se trasladaba desde Tarija a La Paz para asistir a una fiesta, así como la hija de la presidenta de facto ¡Fiesta en medio de una pandemia! Poco después, el ministro Núñez le hizo el mismo favor a una joven modelo, sin que ello significara un juicio por uso indebido de los recursos del Estado. En todo caso, el patrimonialismo de este gobierno recuerda un poco aquello que dijo René Zavaleta sobre la oligarquía boliviana: “El país era para ellos del tamaño de su hacienda”.

La posesión de Branko Marinkovic como ministro de Planificación del Desarrollo es solo un ejemplo abierto, de entre muchos seguramente no tan visibles, de otorgación de cargos y favores concedidos desde el Estado a diferentes sectores del mundo empresarial, del cual se espera obtener apoyo político para las próximas elecciones. Clientelismo: cargos y pegas a cambio de apoyo político. La lógica es bien conocida. El MAS no fue la excepción, y naturalmente el gobierno de Áñez tampoco.

La arbitrariedad, sin embargo, no termina ahí. Poco después de la cuarentena rígida, poco a poco, se hicieron públicas diferentes denuncias de actos de corrupción contra autoridades del actual Gobierno, donde resaltan compras con sobreprecios en YPFB, Energías, Gobierno y Defensa; y otorgación de cargos a amigos y familiares de jerarcas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Minería, entre otros. Destacó entre todos, sin embargo, la compra de 170 respiradores con sobreprecio que a la postre ni siquiera eran útiles para enfrentar la pandemia. Dicho acto de corrupción fue cometido justo cuando los efectos del coronavirus comenzaban a hacerse visibles en nuestra sociedad, por lo que aquellos 170 respiradores timados equivaldrían, de alguna manera, a 170 muertes, si no es que más. Y como muchos crímenes, hoy no se sabe a ciencia cierta dónde es que se encuentra una considerable parte de la evidencia.

Bolivia pasa, entonces, del Estado de Excepción al Reino del Desenfreno. Recuerdo en este momento aquella tesis sobre el capitalismo de caras conocidas que oí hace algunos años y me pregunto a qué camarillas estará enriqueciendo ahora el dinero de los bolivianos, cuya fortuna no es la misma que la de antes. Valdría la pena investigar.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Excepción pandémica: contra natura

/ 8 de agosto de 2020 / 11:24

Nuestra reflexión anterior partió de la idea de que los bolivianos vivimos, desde noviembre de 2019, en un Estado de Excepción establecido para eliminar políticamente, quizá incluso físicamente, a un sujeto específico: el masista. Dicha categoría puede incluir, sin embargo, a todo disidente que incomode al Gobierno. La Excepción fue impuesta mediante el decreto 4078, que prácticamente legalizó las masacres de Senkata y Sacaba a manos del Ejército y la Policía. A pesar de su derogación, desde entonces, Bolivia vive una situación de no derecho, empeorada desde el inicio de la cuarentena, cuando se agudiza la represión y la supresión de libertades bajo la excusa de enfrentar la pandemia. Asistimos, desde entonces, a la reactualización pandémica del Estado de Excepción boliviano. Un Estado de Excepción al cuadrado.

Sin exagerar. La gestión de la pandemia representa una oportunidad inesperada para el gobierno para endurecer la persecución del masismo y ampliar la categoría de “enemigo público” a más sectores de la población, en vez de ser utilizada como un momento para preparar al sistema sanitario boliviano para el embiste del coronavirus. Así, desde el momento en que se promulga el decreto 4199, que establece la cuarentena total sobre el territorio nacional, los bolivianos sufrimos una abrupta suspensión de derechos y libertades que han hecho de nuestro país uno de los menos democráticos de la región.

Así es como, mientras en otros países la pandemia ha tenido como consecuencia la erección de lo que Svampa llama un “Leviatán Sanitario” materializado en el despliegue de miles de profesionales de salud y la habilitación de cientos de hospitales, en Bolivia se moviliza principalmente a policías y militares, mientras nuestros médicos y personal de salud deben improvisar sus trajes de bioseguridad con bolsas nailon usadas para compras de mercado. Sócrates tenía razón cuando señalaba que tragedia y comedia son dos extremos que se tocan.

Aunque se impone la tragedia, pues la supresión de libertades y derechos ha tenido un efecto muy particular sobre millones bolivianos, que poco a poco han llegado a naturalizar la muerte, acostumbrarse a su presencia y suprimir, en contra de los dictados de la naturaleza, su instinto de autopreservación: contra natura. Salen a trabajar sabiendo que aquello puede matarlos, porque no tienen opción alguna. Cruel paradoja: para salvar sus vidas, deben arriesgarlas. Unos 500 bolivianos, pagaderos una sola vez, es lo que el Gobierno ha ofrecido como ayuda. Muchos de ellos ni siquiera recibieron ese dinero. Levantan las “banderas del hambre”, como apunta Yuri Torrez; el Gobierno despliega más militares y policías.

¿Qué libertades y derechos han sido cercenados? Cuatro, y demos algunos ejemplos:

Primero, derecho a la locomoción. En los primeros cuatro días de cuarentena, 1.200 personas son arrestadas, muchas solo por tratar de asegurarse alguna subsistencia, mientras que miles de familias bolivianas se apilan en las fronteras tratando de ingresar a su propio país, recibiendo en respuesta indiferencia y descalificaciones por parte del Gobierno (¡Sí, incluso ellas llegaron a ser catalogadas de masistas!) Al mismo tiempo, “pititas” extrañamente inmunes a la ley todavía tenían derecho a hacer vigilia en las puertas de la residencia de la embajada mexicana.

Segundo, derecho al trabajo y a la subsistencia, como consecuencia directa de la anulación del anterior derecho. Recordemos por favor, que en Bolivia aproximadamente siete de cada 10 bolivianos pertenecen al sector informal del mercado laboral. Es decir, no tienen aguinaldos, seguro médico ni salarios estables. No pueden hacer “tele-trabajo” ni mucho menos encerrarse en casa relajados a esperar que la pandemia pase. Durante aquellos días, quién sabe por qué, se incrementa el salario de los policías. Uno de ellos toca impúdicamente a una protestante en El Alto. ¿Qué medios de subsistencia ha asegurado el Gobierno para estos bolivianos?

Tercero, derecho a la libertad de expresión. Es desde aquí que podemos hablar de una abolición paulatina de la democracia, pues bajo la excusa de resguardar la salud pública, mediante los decretos 4199, 4200 y 4231, se penaliza toda publicación que pueda ser considerada como desinformación, ampliando la censura incluso al mundo del arte. La comunidad internacional reacciona, el Gobierno retrocede, pero la intención es lo que cuenta y lo que queda. Se realizan ciberpatrullajes y se arrestan a más de 67 personas, por decir una que otra cosa. Junior Arias es amenazado al estilo Arce Gómez, quien junto a Luis García Meza liquidaron otro intento de restauración democrática en Bolivia. Murillo, empero, puede decir lo que quiera.

Cuarto, derecho a la participación política. Comprensiblemente, se postergan las elecciones del 3 de mayo por un plazo de tres meses. No obstante, poco después, la Presidenta se niega a promulgar la ley 1304 para realizar elecciones el 6 de mayo, justo cuando su popularidad se presume mermada por una gestión de la pandemia cuando menos inefectiva, mientras el MAS recupera espacios. La pandemia empeora, pero no miremos el árbol sino el bosque: en los hechos se pretende despojar a los bolivianos de su derecho a decidir. Cuando la libertad de expresión y el derecho a la participación política se anulan, la democracia queda en entredicho. Recuerdo a uno de mis docentes de la UMSA, muy preocupado por el advenimiento de autoritarismos encubiertos durante los años de Morales y ahora me pregunto, ¿dónde está ahora? ¿qué dice sobre lo que pasa hoy? Un liberal consecuente denunciaría el actual Estado de no derecho, aunque no le gusten los “masistas”.

Y quinto, de yapa, las personas no tienen derecho ni siquiera a guardar cuarentena. ¿Cómo lo harían? Pasan dos meses en los que las personas no pueden salir ni a trabajar, y seguramente su bono de Bs 500 ya ha sido agotado. Los hospitales no atienden a las personas por falta de equipos, personal y medicamentos. Objetivamente, no pueden hacer cuarentena, aunque quisieran, y seguramente quieren. Sus condiciones objetivas de vida anulan su derecho a la cuarentena.

Conclusión: la gestión de la pandemia del coronavirus en Bolivia ha sido utilizada por el Gobierno de transición para reactualizar el Estado de Excepción establecido desde noviembre de 2019, fortaleciéndolo a tal punto que la ruptura del agonizante régimen democrático de Bolivia se hace evidente mediante la anulación de libertades y derechos fundamentales. Los bolivianos naturalizan esta situación de opresión y se acostumbran a la presencia de la muerte, suprimiendo el instinto de autoconservación que se supone innato en casi todos los seres vivos. Contra natura.

Scott Mainwaring, en Clasificando Regímenes Políticos en Latino América, define que una democracia se caracteriza por: a) elecciones libres y competitivas por cargos ejecutivos y legislativos, b) permite una ciudadanía adulta inclusiva, c) protege libertades civiles y derechos políticos, y d) los civiles gobiernan sobre los militares. Y volviendo a Bolivia, juzgue usted ¿cuáles de estos criterios se aplican a nuestra realidad, y cuáles no?

Carlos Moldiz Castillo es politólogo

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El Estado de Excepción en Bolivia

/ 13 de julio de 2020 / 01:40

Ha pasado casi un mes desde que un proyecto para regular el Estado de Excepción en Bolivia fuera sancionado por ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y promulgado por la presidenta del Senado, no sin despertar suspicacias y sospechas de desestabilización política en las cabezas del actual oficialismo, que elevó la ley en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Los promotores de la norma sostuvieron, en su momento, que dicha iniciativa tenía el objetivo de impedir el uso discrecional del aparato represivo del Estado en coyunturas críticas, como la atravesada desde noviembre del año pasado y que hasta ahora tiene un saldo de más de una treintena de muertos en las localidades de Sacaba y Senkata, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Aunque bienintencionados, se podría decir que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) pecaron también de ingenuos, al tratar de imponer límites a algo que esencialmente carece de delimitación como fenómeno jurídico y político. Para explicar nuestro punto recurriremos a la descripción que hace del Estado de Excepción el filósofo italiano Giorgio Agamben: “El estado de excepción no es una dictadura (constitucional o inconstitucional, comisarial o soberana), sino un espacio vacío de derecho, una zona de anomia en la cual todas las determinaciones jurídicas —y, sobre todo, la distinción misma entre público y privado— son desactivadas (…) El estado de necesidad no es un ‘estado del derecho’, sino un espacio sin derecho (aun cuando no se trata de un estado de naturaleza, sino que se presenta como la anomia que resulta de la suspensión del derecho)”.

La suspensión parcial o definitiva de ciertos derechos y libertades durante un lapso indefinido es su rasgo distintivo, generalmente impuesta en nombre de la conservación de la Constitución o la democracia o la simple preservación del Estado frente a potenciales convulsiones sociales que amenacen su existencia. Lo interesante del abordaje de Agamben es que también señala que dicha interrupción de derechos y libertades no es general sino específica. Es dirigida, en otras palabras, exclusivamente a sectores de la sociedad que se consideran, por cualquier razón, no integrables al orden político dominante. Es un estado de excepcionalidad jurídica, sí, pero excepcional para algunos, y no para otros.

Es decir, tenemos un Estado de Excepción que no es ni para resguardar el orden constitucional vigente (que los actuales gobernantes desprecian), ni para fundar uno nuevo (que los actuales gobernantes ni dilucidan). Es un Estado de Excepción pura y esencialmente depuratorio, selectivo y represivo, es decir, con el simple y llano objetivo de eliminar un sujeto político: el masista. Y ojo, el masista no tiene que ser necesariamente un militante de aquel partido, ni siquiera debe ser de izquierda. Simplemente debe estar en contra del orden establecido, como los habitantes de K’ara K’ara. Para el régimen cualquier acto de disidencia es interpretado como una declaración de filiación azul.

Al hacer eso, despojar a ciertas personas de derechos políticos y libertades civiles de una situación jurídica específica, las excluye, obviamente de su condición de ciudadanos. Es decir, corta el vínculo entre estas personas y su comunidad política y las convierte en una suerte de parias sin arraigo, en las victimas del máximo ostracismo. Y si algo ha caracterizado las peores crisis humanitarias de los últimos siglos es justamente aquella situación de indefensión y abandono por parte de sus propios Estados, tal como le sucedió a la comunidad judía durante los días del nazismo. O como diría Hanna Arendt: “La calamidad que ha sobrevenido a un creciente número de personas no ha consistido entonces en la pérdida de derechos específicos, sino en la pérdida de una comunidad que quiera y pueda garantizar cualesquiera derechos. El Hombre, así, puede perder todos los llamados Derechos del Hombre sin perder su cualidad esencial como hombre, su dignidad humana. Solo la pérdida de la comunidad misma le arroja de la Humanidad”.

¿Se han investigado hasta ahora las muertes de Senkata y Sacaba (es decir, individuos con derechos fundamentales que emanan de su simple y llana condición de seres humanos)? ¿Alguien ha reclamado por los cientos de arrestos y casos de tortura perpetrados por el actual Gobierno desde su instauración? ¿No tenían estas personas los mismos derechos que los manifestantes “pititas” que también tomaron las calles sin sufrir disparos de armas automáticas por parte de las fuerzas del orden? Ciertamente, se hizo una excepción con los derechos de los protestantes de El Alto y Cochabamba. Y como ellos, cientos de líderes sindicales, exautoridades gubernamentales del gobierno del MAS (como mi padre asilado en la residencia mexicana) y simples y sencillos detractores del actual Gobierno, que también han visto cercenados sus derechos más fundamentales.

Aquella situación de despojo y exclusión es representada por Agamben con el concepto de Homo Sacer, una figura del antiguo derecho romano que significaba algo así como proscrito y, consecuentemente, carente de derechos. Estas personas eran excluidas legalmente de la vida política de su comunidad y, en algunos casos, de su propio derecho a la vida. La criminalización de una identidad política tan legítima como cualquier otra, tal como la de “masista”, y el elocuente despliegue de soldados, tanques y aviones de combate durante aquellos días de noviembre y en un par de ocasiones más, revelan que lo que actualmente atraviesa Bolivia no es una inédita transición democrática sino un clásico Estado de Excepción.

*Carlos Moldiz Castillo es politólogo

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