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jueves 13 may 2021 | Actualizado a 21:01

Explicaciones y desafíos para el futuro

/ 25 de octubre de 2020 / 07:00

Los resultados de las recientes elecciones han sorprendido seguramente a la mayoría de los analistas y encuestadores que vaticinaban un triunfo del MAS, pero no de la magnitud que ha alcanzado. La tesis del fraude queda descartada en vista de la transparencia que ha ejercitado en general el Tribunal Supremo Electoral, y las varias misiones de observación que han acompañado los comicios.

La abrumadora victoria del MAS no se explica por un par de circunstancias simples, susceptibles de abordarse en el corto espacio de una columna periodística. Ello no obstante, algunos elementos analíticos ya están disponibles.

En primer lugar, es evidente que la pésima gestión del gobierno de transición de Jeanine Áñez, con su desafortunada candidatura, sus desatinos, abusos y corrupción desbordada han mostrado lo que sería el estilo de gobierno de una extrema derecha sin mayor experiencia en la conducción del país, pero con grandes intereses económicos que proteger.

Una segunda y evidente razón explicativa tiene que ver con la recesión económica y la crisis del empleo ocasionadas por la pandemia del COVID-19 y las medidas subsecuentes de confinamiento y suspensión de actividades, que afectaron en mayor medida a los sectores menos favorecidos de la población. Frente a la incertidumbre del futuro, la memoria colectiva de dichos sectores contrapuso el reparto pasado de diversos bonos y aumentos salariales por encima de la inflación, sin considerar los diferentes entornos internacionales de entonces y ahora.

Tercero, se deben tomar también en cuenta las mediocres campañas de las otras candidaturas y la falta de propuestas verosímiles, que no podían mostrar logros como los de Arce en el pasado, sin perjuicio de que en ese entonces se registró una situación excepcional de precios favorables de las exportaciones del país.

Basten por el momento estos tres argumentos a título de primera explicación del fenómeno mucho más complejo que representa la victoria del MAS sin que Evo Morales sea el candidato.

En cuanto a los desafíos que afrontará Luis Arce al instalarse en el Palacio de Gobierno, lo primero será dimensionar la crisis imperante. En efecto, el país se encuentra en una inédita situación de crisis múltiple, con alarmantes cifras en materia fiscal, caída de las exportaciones, recesión económica, una deplorable situación sanitaria y una grave anomia institucional. La primera tarea consiste por lo tanto en establecer el orden de prioridades con el que se enfrentará cada uno de los ámbitos críticos, lo cual tendrá que ser acompañado a la vez de la selección de un elenco de autoridades competentes en los principales resortes ministeriales. La tarea no será fácil puesto que una buena parte de los votos del MAS proviene de sectores que albergan altas exigencias en cuanto a la ocupación de cargos públicos con sus respectivas prebendas. Ocurre sin embargo que no se puede repetir el estilo de gobierno del pasado en razón de la estrechez de recursos fiscales. Las necesidades y demandas exceden con mucho la disponibilidad inmediata de ingresos tributarios, y tendrá que armarse una estrategia para resolver el problema. En este contexto, juega a favor de Arce la recomendación de organismos y expertos, en sentido de que la crisis sanitaria no puede administrarse bajo el lema de la austeridad.

La renegociación de la deuda externa y el acceso a nuevos recursos es el expediente que aplica la mayoría de los países latinoamericanos en estos momentos. El único inconveniente para Arce es que mantiene una oposición doctrinal a cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por de pronto no se ven muchas alternativas diferentes en el ámbito internacional. Será la primera prueba para el presidente Arce.

Recomponer las relaciones internacionales será otra materia compleja, habida cuenta de que los países vecinos están enfrentados por razones ideológicas.

Horst Grebe es economista.

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2020, el año de la peste

/ 20 de diciembre de 2020 / 00:30

El año que concluye, caracterizado en sus extremos por la irrupción de la pandemia del COVID-19 al comienzo y por el inicio en algunos países de la vacunación al final, será recordado seguramente como uno de los momentos críticos del cambio en los hábitos básicos del relacionamiento social cotidiano, de las formas de trabajo, de los métodos de aprendizaje y enseñanza, así como de la manera en que se llevan a cabo los espectáculos culturales y deportivos en el mundo.

El día que escribo esta columna las cifras de infectados y decesos ocasionados por el COVID-19 han alcanzado un total de 73.613.809 de personas infectadas en el mundo, y 1.638.565 decesos. En primer lugar se ubica Estados Unidos con 16.984.580 infectados y 307.543 decesos; en segundo lugar está India con 9.956.557 infectados y 144.451 decesos, y tercero Brasil con 7.040.608 infectados y 183.735 decesos. Para las comparaciones internacionales de la letalidad diferenciada de la pandemia, se debe examinar el número de decesos por cada 100.000 habitantes. En esta medición, en los tres primeros lugares del mundo se ubican Bélgica con 159 casos, Perú con 115 e Italia con 109. Entre los países latinoamericanos, Argentina registra 93 decesos por 100.000 habitantes, México 91 y Bolivia 79, ocupando el país el octavo lugar de la región latinoamericana.

Dichas cifras muestran los impactos sobre las condiciones sanitarias y de letalidad del COVID-19, pero también hay que considerar entre los damnificados a personas que han perdido sus empleos debido al cierre de empresas, a los niños que no han recibido educación, y a las familias que han retrocedido a condiciones de pobreza debido al confinamiento.

De acuerdo con el informe anual preliminar de CEPAL, en 2020 se espera la mayor contracción del PIB mundial desde 1946, como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica en todos los países. En tal contexto, América Latina es la región más golpeada del mundo, debido a las brechas estructurales históricas de la región y a la escasa cobertura de la protección social, que explican, entre otras cosas, las enormes dificultades de algunos países para enfrentar la actual crisis sanitaria.

El COVID-19 ha sacado a la luz la desigual calidad de los liderazgos políticos y de las instituciones del sistema de salud en todos los países, pero también ha mostrado varios aspectos de la cultura y los valores de la sociedad civil, que se traducen, entre otras cosas, en diversas maneras de incumplimiento de las prohibiciones sanitarias, en muchos casos atribuibles a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia misma de las familias más pobres.

En Bolivia, la cuarentena impuesta para evitar la propagación del contagio ha determinado la suspensión de actividades productivas, comerciales, educativas, deportivas y culturales, algunas de las cuales han recurrido a diversas plataformas digitales que permiten reuniones a distancia. La evidencia empírica demuestra sin embargo que las innovaciones tecnológicas en la esfera de la educación a distancia y del teletrabajo requieren de sistemas de conexión digital y acondicionamientos de las viviendas, que no están disponibles para todas las personas, lo cual amplifica por supuesto las desigualdades sociales.

Con su triunfo en las elecciones del 18 de octubre, Luis Arce y David Choquehuanca tienen la responsabilidad de hacer frente a una agenda pública con las siguientes prioridades: preparar la distribución de la vacuna de una manera segura y equitativa; impulsar la recuperación económica y la creación de empleo, y emprender la reforma de la Justicia.

A diferencia de las prácticas pasadas, para encarar la crisis nacional en el nuevo contexto político se requieren algunos acuerdos y pactos, cuya adopción podría mejorar la calidad de la democracia, severamente dañada en el año de la peste.

Horst Grebe es economista.

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Las vacunas y sus condiciones

/ 6 de diciembre de 2020 / 07:02

La buena noticia es que en estos días ya empezó la primera vacunación contra el COVID-19 en el mundo.

En efecto, el Reino Unido y Rusia han iniciado como primeros la vacunación antes que Estados Unidos y la Unión Europea, impulsados por el prestigio que proporciona a sus líderes políticos dicho anuncio, en la carrera que involucra a gobiernos con gran poder adquisitivo y una decena de laboratorios que han recibido financiamiento anticipado para entregarles de manera prioritaria las respectivas vacunas, cuando existan las autorizaciones de confiabilidad.

Dicho esto, conviene señalar que no se trata en todos los casos del mismo prototipo de vacuna, sino de productos que difieren en los procedimientos de su obtención, así como en cuanto a calidad, precio y condiciones de entrega.

En primer lugar, en lo que atañe a la cuestión de los precios, se anticipa que el precio por dosis puesto fábrica de Moderna está en el rango de $us 24; el de BioNtech-Pfizer alrededor de $us 17; el de Sputnik V está por debajo de $us 10, y el de AstraZeneca-Oxford estará en el entorno de $us 3. Todas estas vacunas se aplican en dos dosis con una diferencia de 21 días, y proporcionan un periodo de aproximadamente 12 meses de inmunización.

En segundo lugar, la vacuna tiene que distribuirse a una temperatura de 75° bajo cero, y en los centros sanitarios de almacenamiento, la vacuna deberá conservarse en congeladores de temperatura sumamente baja, todo lo cual constituye un gran problema logístico y genera costos adicionales al precio puesto fábrica.

En tercer lugar, es preciso considerar el tema de la distribución de la vacuna entre los diferentes grupos poblacionales de cada país. Se trata de un problema complejo, que no tiene un modelo único. Cada país está adoptando una línea de prioridades diferente, aunque en general en la mayor parte de los casos las primeras vacunas se aplican a personas en situación de mayor riesgo, a saber los trabajadores de la salud, los adultos mayores en asilos y residencias permanentes, el personal que los atiende y personas con discapacidad. En una siguiente etapa, se contempla a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o mortalidad, mayor transmisibilidad o mayor impacto socioeconómico.

En cuarto lugar, una de las preocupaciones mayores se refiere a la distribución justa de la vacuna entre toda la población del mundo, buscando contrarrestar la posibilidad de que los países desarrollados acaparen toda la producción disponible en los próximos dos a tres años, que es el tiempo que tomará producir vacunas suficientes para la mitad de la población del mundo.

En ese contexto, hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud y otras grandes instituciones multilaterales han creado el Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna (COVAX), cuyo objetivo es asegurar el acceso equitativo de los países a las vacunas adecuadas, seguras y eficaces contra el COVID-19, en términos establecidos de manera diferenciada por cada país.

También hay otras iniciativas para el suministro gratuito de la vacuna a los países más pobres del mundo. Todo hace pensar, sin embargo, que Bolivia no está incluida en esa categoría, de manera que corresponde negociar en los próximos meses los términos y plazos de acceso a la vacuna mediante el COVAX.

En todo caso, lo seguro es que la disponibilidad en Bolivia de la vacuna contra el COVID-19 recién ocurrirá en el mejor de los casos en el segundo trimestre del próximo año. En consecuencia, las personas deberían mantener hasta entonces todas las medidas conocidas de prevención. El Gobierno, por su parte, tendría que asegurar los eslabones de la cadena logística, de almacenamiento y aplicación planificada de la vacuna, proporcionando la información oportuna y transparente sobre cada etapa de los preparativos previstos.

Horst Grebe es economista.

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Mecanismos para preparar el futuro a largo plazo

/ 22 de noviembre de 2020 / 01:29

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades institucionales y culturales de las diferentes sociedades del mundo. En la segunda ola, que ya se anuncia con el invierno en los países del hemisferio norte, se podrán comprobar los aprendizajes realizados, si acaso. Por lo que nos atañe a nosotros, en el cotejo internacional no ocupamos los mejores lugares. Es de esperar, sin embargo, que la segunda ola nos encuentre mejor preparados y con la tarea cumplida en cuanto a la adquisición transparente de una vacuna segura y asequible en cantidades y precio, lo que ocurrirá probablemente a fines del primer semestre de 2021.

El país tiene además otras tareas pendientes para el corto plazo. Se trata de la preparación de las elecciones departamentales y municipales previstas para el mes de marzo, por una parte, y de la adopción de medidas apropiadas para la reactivación económica, por otra.

En paralelo habrá que instalar las instancias apropiadas para emprender la reflexión, el diálogo y la concertación de la visión de país que de manera más o menos estructurada reclaman ya los jóvenes, informados de las movilizaciones y planteamientos en los países desarrollados, donde se están enlazando las preocupaciones por el COVID-19 con las respuestas que demanda el cambio climático. Se trata de un enfoque que es conveniente adoptar también en Bolivia.

La mayor vulnerabilidad a las pandemias sanitarias y a las repercusiones del cambio climático reflejan brechas y desequilibrios que han sido identificados hace tiempo, aunque no hayan avanzado todavía las inquietudes al punto de contar también con los enfoques maduros sobre estrategias que es necesario poner en funcionamiento efectivo.

Baste mencionar las conocidas críticas al carácter extractivista de nuestro modelo de desarrollo, dependiente, concentrador y excluyente. El ciclo de altos precios de las materias primas entre 2004 y 2014 fue la oportunidad perdida para cambiar dicho modelo. No ocurrió así. Ahora hay que abordar las tareas correspondientes en condiciones mucho menos favorables.

Por principio de cuentas, es preciso transformar fórmulas genéricas en conceptos y herramientas capaces de articular un sistema de planificación apropiado para las condiciones del país y de su inserción internacional, tomando en cuenta el elenco disponible de actores económicos estratégicos, las capacidades de la fuerza laboral requeridas, las fuentes de financiamiento disponibles y los mercados de destino, entre otras cosas.

La fórmula con frecuencia invocada de las cadenas globales de valor se dice más fácil de lo que se puede poner en práctica real. Además de que, también en este aspecto, están cambiando los requisitos normativos en materia ambiental y laboral en función de los acuerdos de libre comercio de gran alcance que se han puesto en vigencia en el Asia como resultado de iniciativas de parte de China, pero asimismo a partir de lo que se espera que ocurra con el próximo gobierno de Estados Unidos, cuando retome algunas iniciativas descartadas por Trump.

De ahí resulta que el país necesita contar con capacidades propias de información y análisis de la economía mundial, de la situación regional y de las perspectivas de las pugnas geopolíticas en curso. Una asignatura intelectual por excelencia.

Por otra parte, el sistema nacional de planificación que se instale en el futuro, requiere estar vinculado con el sistema nacional de innovación, compuesto entre otras cosas por un consejo nacional de ciencia y tecnología, que es un dispositivo existente hace varias décadas en varios países de América Latina.

Por último, es indispensable crear un consejo económico y social con miras a concertar objetivos de corto y mediano plazo de forma tripartita, entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Horst Grebe es economista.

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Los desafíos al inicio del nuevo gobierno

/ 8 de noviembre de 2020 / 03:27

La posesión de las autoridades electas el 18 de octubre en los órganos Legislativo y Ejecutivo tendría que ser el primer paso de una larga trayectoria de renovación democrática; reconstrucción de la arquitectura institucional en sus diferentes ámbitos y niveles, y concertación de políticas idóneas para enfrentar las múltiples crisis que agobian al país. Parece, sin embargo, que antes de emprender la gestión de su programa de gobierno, las nuevas autoridades tendrán que resolver los diversos conflictos que se han instalado en varios lugares del país, en forma de movilizaciones, paros y bloqueos con demandas legítimas algunos, pruebas de fuerza otros y expresión de frustraciones incontroladas los más.

La manera en que se lleven a cabo las negociaciones correspondientes pondrá de manifiesto el estilo de gobierno que se pretende adoptar, habida cuenta de las importantes restricciones fiscales e institucionales que caracterizan a la presente coyuntura, tan diferente de la holgura económica imperante en la experiencia anterior de gobierno de ambos mandatarios.

Entre las tareas impostergables se encuentra sin duda la preparación de las elecciones municipales y departamentales en el primer trimestre del próximo año, de cuyos resultados depende en gran medida el cauce que se imprima en el futuro a la descentralización política acompañada del pacto fiscal correspondiente.

Así completada la arquitectura gubernamental básica habrá que concertar una estrategia de desarrollo a mediano plazo, tomando en cuenta que la crisis sanitaria del COVID-19 constituye una oportunidad para adoptar un modelo económico capaz de alcanzar un alto nivel de crecimiento impulsado por incrementos sostenidos de productividad, reducción de la informalidad y uso sostenible de los recursos naturales. A tal efecto, es preciso tomar en cuenta que en el ámbito internacional se han abandonado los enfoques económicos más ortodoxos y ahora se propugna un nuevo rol activo para el Estado, la tolerancia de mayores niveles de déficit fiscal, la mayor flexibilidad en la reprogramación de la deuda pública interna y externa, así como la adopción explícita de políticas industriales y tecnológicas.

Todo esto requiere sin duda de capacidades institucionales que no están disponibles a priori. Por principio de cuentas se necesita un alto nivel de calificaciones en las cúpulas primordiales del aparato de gobierno, así como espacios institucionalizados de concertación vinculante con los agentes económicos estratégicos, a fin de adoptar un programa realista de inversiones a mediano plazo. En paralelo, habría que pensar en la creación de un consejo económico y social para atender de manera tripartita la gestión de las relaciones laborales.

La cuarentena y las restricciones al funcionamiento del aparato productivo han dejado lesiones significativas en el tejido empresarial y en los mercados laborales. Las iniciativas espontáneas de respuesta provisional ejercitadas, en particular, por los estratos de las pequeñas y medianas empresas requieren de recursos y políticas para volverse sostenibles a mediano plazo. Se trata de un estrato empresarial que puede generar empleo masivo si cuenta con los apoyos necesarios, entre los que se tiene que contemplar el acceso expedito al crédito y normas laborales equitativas. Pero este segmento de actividades no tiene condiciones de ejercer una función motriz dinámica. Para dicha tarea es preciso armar un catálogo de inversiones públicas y privadas destinadas al abastecimiento del mercado interno y eventualmente también para la exportación de manufacturas terminadas, así como componentes susceptibles de incorporarse a cadenas regionales de valor.

Por último, resulta imprescindible que las políticas económicas y sociales generen sinergias internas que contrarresten las tensiones centrífugas imperantes.

Horst Grebe es economista.

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La relevancia de la sociedad civil independiente

/ 11 de octubre de 2020 / 07:20

En días pasados se ha establecido la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) que hará por primera vez el monitoreo del proceso electoral en calidad de instancia nacional al mismo nivel que las misiones extranjeras de observación electoral. Dicha iniciativa está compuesta por un conjunto de organizaciones independientes de la sociedad civil, comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el país. El asunto tiene particular importancia puesto que se trata de un eslabón destinado a fortalecer el sistema electoral y el propio sistema político nacional.

Si algo se ha puesto en evidencia en el periodo reciente, es la absoluta debilidad del sistema de representación política, puesto que casi no existen organizaciones de representación política que cumplan a cabalidad con los atributos imprescindibles para que un colectivo de ciudadanos participe en elecciones competitivas. De ahí que se recurra al alquiler de siglas partidarias que todavía cuentan con registro electoral.

Además de las formalidades contempladas en las normativas electorales, las organizaciones de representación política deben cumplir con las siguientes funciones: (i) agregación de demandas de políticas públicas; (ii) educación política de su militantes; (iii) presentación de candidatos para las elecciones; (iv) responsabilidad por la conducta de sus militantes en el ejercicio de cargos públicos, y (v) rendición de cuentas sobre los recursos públicos administrados por la organización y sus militantes en ejercicio de competencias públicas.

Si éstos son los requisitos mínimos para participar en el ámbito político democrático en sus distintos escenarios y momentos, habría que instalar en el futuro un amplio debate respecto de la conveniencia de habilitar como sujetos colectivos de representación política a instancias corporativas, sindicales o de otra naturaleza. También es preciso tomar en cuenta que las funciones de representación política deben acomodarse a las circunstancias actuales de una globalización asimétrica, una enorme concentración de poder económico en monopolios transnacionales, la presencia de plataformas digitales que organizan y controlan la circulación de gran cantidad de mensajes, datos e información en tiempo real, que permiten la formación de grupos de ciudadanos con intereses y causas compartidas con capacidad de incidencia en los debates sobre cuestiones públicas.

En consecuencia, la deliberación sobre la adecuación necesaria de los partidos políticos a los nuevos contextos nacionales e internacionales de la circulación comunicativa constituye uno de los mayores problemas contemporáneos, que se refleja en manifestaciones de fatiga democrática o cuestionamiento al propio orden democrático en varios países del mundo.

Bajo las circunstancias mencionadas resulta hoy en día muy difícil trazar la línea divisoria entre la sociedad civil y la sociedad política, puesto que en todos los países existentes grupos y agentes con capacidad de influir en la concepción y gestión de las políticas públicas sin necesariamente cumplir con todos los requisitos de transparencia y rendición de cuentas. No es de extrañar entonces que se incumpla con la imprescindible separación entre el poder económico, el poder político y el poder mediático.

Por su propio estatuto de entidades independientes de los partidos políticos y los intereses empresariales, las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la generación de diversas iniciativas conducentes a superar la actual crisis institucional, así como las incertidumbres de la ciudadanía respecto del futuro, puesto que están en condiciones de hacer transparentes las diferentes etapas de la transición nacional, elecciones mediante, hacia un nuevo proyecto de país más inclusivo y democrático.

Horst Grebe es economista.

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