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Friday 23 Feb 2024 | Actualizado a 11:25 AM

El proyecto presupuestario y otros problemas

/ 3 de diciembre de 2023 / 00:22

A lo largo del año han aumentado considerablemente las discrepancias entre la estabilidad y el crecimiento de la economía pregonada por la propaganda gubernamental, por una parte, y las percepciones de la gente a partir de evidencias puntuales, pero de alta sensibilidad, como es el caso de la escasez de divisas y de carburantes, por otra.

Todo hacía pensar en consecuencia que las autoridades económicas aprovecharían la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 para adoptar algunos de los correctivos más urgentes.

Lejos de eso, las principales cifras que contempla el anteproyecto de PGE 2024 ponen en evidencia que no se busca cambiar las orientaciones básicas de la gestión económica. En efecto, el crecimiento general de la economía en 2024 se coloca en 3,7%; la inflación prevista es de 3,6%; la inversión pública se establece en $us 4.274 millones, y las subvenciones aumentarían en $us 3.000 millones respecto de 2023. La política cambiaria se mantiene inalterable.

El problema crítico consiste en un déficit fiscal de 7,8%, que no muestra variación respecto de la situación imperante a partir de 2014, con la diferencia de que ahora ya no será fácil financiar dicho déficit con recursos del Banco Central ni tampoco con financiamiento externo, en vista de que la deuda con los organismos multilaterales de financiamiento ya alcanza niveles sumamente elevados, y la colocación de bonos soberanos implicaría una tasa de interés altísima.

El análisis del nivel de la deuda externa y de la disponibilidad de las reservas internacionales netas se complica considerablemente en vista de la falta de información y transparencia respecto de las condiciones en las cuales se han contratado los créditos externos en los últimos años. Una aproximación muy útil proporciona un reciente informe de la Fundación Jubileo donde se muestra que el endeudamiento externo ha aumentado de $us 11.901 millones en 2020 a $us 13.300 millones en 2022, y que el 63% de ese monto se adeuda al BID, la CAF y el Banco Mundial. Entre los acreedores bilaterales, la China figura con un 11%.

Por otra parte, el balance comercial se ha tornado deficitario en vista de las importaciones de diésel y gasolina, que superan a las exportaciones de gas y petróleo. No parece que a corto plazo se vaya a revertir la posición de importador neto de hidrocarburos que ostenta el país, con todos los inconvenientes que esta situación trae consigo.

Por todo lo anterior, es probable que las deliberaciones de la Asamblea Legislativa sean con alta probabilidad más complicadas que lo ocurrido recientemente respecto del PGE 2023 reformulado.

En la perspectiva de 2024 es preciso mencionar una cuestión que también tendrá que ser encarada por el Gobierno. Se trata de la incorporación de Bolivia como miembro pleno al Mercosur, después de ocho años de negociación interrumpida, y que ahora se concreta en circunstancias diferentes del entorno sudamericano y del propio Mercosur, a la espera de la decisión de Argentina bajo la presidencia de Milei.

En cualquier caso, Bolivia tiene necesariamente que adecuar sus políticas y normas internas a las reglas del Mercosur en todos sus aspectos, muchas de las cuales serán de difícil cumplimiento, debido a incompatibilidades derivadas de su participación simultánea en la Comunidad Andina, el Mercosur y la ALBA.

Nótese, además, que nuestra balanza comercial es por de pronto superavitaria con la Comunidad Andina y deficitaria con el Mercosur, sin contar el contrabando de carburantes que se ha instalado en gran escala hacia el Perú ni el contrabando igualmente relevante desde Argentina de todo tipo de productos de consumo.

La gestión de los problemas esbozados requiere ciertamente una visión estratégica integrada y una serie de acuerdos con empresarios y regiones.

Horst Grebe es economista.

 

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Mejores expectativas en el horizonte largo

/ 11 de febrero de 2024 / 00:28

Varios acontecimientos recientes contribuyen a la percepción ciudadana de que la crisis económica se está acelerando con el consiguiente aumento de la incertidumbre y la inseguridad. El Gobierno insiste por su parte en negar la existencia misma de la crisis con el argumento de que en realidad la situación económica está mejorando a pesar de las dificultades del contexto externo. Frente a la maledicencia de opositores políticos y comentaristas adversos se argumenta que no se aprecia debidamente la estabilidad monetaria, la baja inflación y las bondades de la estrategia de industrialización mediante la sustitución de importaciones.

En defensa de los resultados de la política económica y de su propia gestión, el Gobierno despliega una costosa estrategia comunicacional y una permanente visibilización del apoyo que le brindan las dirigencias sindicales y de las organizaciones sociales. Un importante componente de su estrategia defensiva consiste además en la descalificación de Evo Morales como potencial candidato del MAS en las elecciones de 2025, para lo cual se ha instrumentado la inhabilitación de dicha candidatura por parte del Tribunal Constitucional.

La inadmisible y anticonstitucional autoprórroga de los magistrados de las cúpulas del orden judicial es el premio correspondiente al servicio político prestado, lo que ha dado lugar no solamente a la indignación de los más diversos liderazgos políticos y de la opinión pública, sino también al bloqueo de carreteras durante 16 días, con un altísimo costo económico, pero así también con el consiguiente debilitamiento institucional del sistema judicial y el daño reputacional de la gobernabilidad del país.

En el ámbito económico indudablemente no le beneficia al Gobierno el hecho de que las calificadoras de riesgo crediticio bajen la calificación del país. Acceder a nuevos créditos de organismos internacionales o colocar bonos soberanos en los mercados de capital resulta ahora sumamente difícil con dichas calificaciones, y no sirve de mucho argumentar que las agencias calificadoras no toman en cuenta todo un catálogo de variables e indicadores favorables que puede presentar el Gobierno, puesto que se trata en muchos casos de los mismos aspectos que destacan sin cansarse los expertos y analistas nacionales.

Algunos problemas económicos y fiscales son inocultables, tales como la escasez de dólares y de carburantes, la instalación de un mercado paralelo de divisas y el alza consiguiente del nivel general de precios, no obstante los esfuerzos administrativos para evitarlo. Tampoco se puede ocultar el balance comercial negativo en materia de hidrocarburos ni el déficit fiscal debido a la magnitud de los subsidios y subvenciones desde hace varios años atrás.

Dicho lo cual, es justo admitir que el entorno internacional es absolutamente adverso en esta coyuntura de nuevos acomodos de las relaciones internacionales en sus diferentes ámbitos geopolíticos, financieros, comerciales y tecnológicos. Y esto es tanto más grave para el país en la medida en que el entorno suramericano registra profundas divisiones ideológicas, quebrantos democráticos y sufre como ninguna otra región las calamidades del cambio climático.

Puede que en una perspectiva de más largo plazo América del Sur logre posicionarse mejor en los nuevos tableros del orden internacional, a partir de liderazgos renovados y un sólido marco institucional democrático que promuevan el aprovechamiento legítimo de sus recursos naturales y de la riqueza de sus culturas; pero eso no ocurrirá sin un esfuerzo concertado capaz de construir mercados de alcance regional, acuerdos para el desarrollo de la innovación, así como del establecimiento de cadenas regionales de suministros con participación de varios países a geometría variable.

Horst Grebe es economista. 

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La agenda del 2024 y los consensos necesarios

/ 14 de enero de 2024 / 01:22

La agenda oficial de 2024 contempla al menos tres procesos que requieren consensos políticos formalizados, un acceso sin restricciones a la información pública y un seguimiento activo de la sociedad civil organizada. Se trata de las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias de los partidos que concurrirán a las elecciones generales en agosto de 2025.

Como es sabido, el retraso de las elecciones judiciales ha derivado en un serio conflicto institucional con graves violaciones constitucionales, como consecuencia de las pugnas internas del MAS. Existen dudas fundadas de que la situación se pudiera remediar antes de que ocurran los otros dos procesos.

En cuanto al Censo de Población y Vivienda, conviene recordar que la decisión de realizar el empadronamiento el 23 de marzo y la presentación de los resultados correspondientes el 30 de agosto de este año, fue adoptada oficialmente luego de movilizaciones, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en varias regiones del país, desplegados por parte de comités cívicos, plataformas ciudadanas y organizaciones universitarias, en protesta por la falta de voluntad política de llevar a cabo la encuesta censal prevista para noviembre de 2022.

Los resultados de los censos de población y vivienda constituyen una herramienta fundamental para la planificación de las políticas públicas, así como para la identificación de las necesidades en materia de educación y salud. Desde la perspectiva de los intereses políticos y regionales, los resultados censales establecen el fundamento para que el Órgano Electoral determine la distribución de escaños parlamentarios, por una parte, y un pacto fiscal adopte la correspondencia entre la pauta de distribución de la coparticipación tributaria y el catálogo competencial de los departamentos y municipios del país, por otra.

Todas estas cuestiones involucran repartos políticos y fiscales a partir de consensos políticos previos de cumplimiento vinculante, habida cuenta de los desplazamientos demográficos ocurridos desde el anterior Censo de 2012, así como en razón de la contracción de recursos fiscales derivados de la caída de las exportaciones de hidrocarburos.

Las elecciones primarías que están previstas para noviembre de este año pueden interpretarse como un elemento en la reconfiguración del sistema político a partir de organizaciones de representación política formalmente constituidas, con capacidad de suscribir compromisos vinculantes en representación de corrientes de opinión verificables. Conviene señalar que los partidos constituyen una bisagra legítima entre los ciudadanos y el poder, en vista de que agregan demandas de la sociedad, educan políticamente a sus militantes y forman cuadros capaces de administrar políticas públicas y, algo muy importante, rinden cuentas públicas por el uso de los recursos que tuvieron a su cargo. La configuración de un sistema renovado de partidos constituye uno de los requisitos de la gobernabilidad democrática en el país.

Nada de eso forma parte de las prácticas políticas en la actualidad, pero es un requisito que debería cumplirse paulatinamente en los próximos meses, a fin de que en las elecciones primarias se establezcan efectivamente las candidaturas para las elecciones generales de 2025.

Los comentarios anteriores expresan la idea de que los tres procesos mencionados tendrían que interpretarse como componentes de una propuesta más amplia de reformas institucionales conducentes a fortalecer la gobernabilidad democrática. De ser así, los acuerdos alcanzados permitirían abordar la deliberación de otros pactos vinculantes destinados a consensuar formalmente una estrategia de nueva legitimidad para la estabilidad, la productividad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Horst Grebe es economista. 

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Calamidades ambientales y consecuencias políticas

/ 19 de noviembre de 2023 / 00:45

Diversos acontecimientos han cambiado el contexto acostumbrado de la adopción de políticas públicas y de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, cuando eso era necesario.

Se trata, en efecto, de la ocurrencia simultánea de una severa sequía y falta de lluvias oportunas en todo el país, agravada por los incendios forestales provocados deliberadamente por personas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la gente y la pérdida de cobertura vegetal, lo que amplifica la sequía en el futuro.

Se suma a dichos episodios preocupantes, la presencia abusiva de las cooperativas auríferas en la ciudad de La Paz, que con prepotencia inaudita violentaron oficinas públicas y amedrentaron a la población, con miras a que el Gobierno atienda de inmediato un pliego con 10 demandas destinadas a legitimar los privilegios y las arbitrariedades que caracterizan a las operaciones de dichas cooperativas, localizadas principalmente en las cuencas de los ríos del norte del departamento de La Paz.

Semejantes abusos dieron lugar a la divulgación pública de las características de este sector de la minería en el país, cuyo crecimiento ha sido impulsado por sendas disposiciones legales y económicas en su favor, incluyendo el amplio beneficio de los subsidios a los carburantes. Por otra parte, se ha denunciado que no todas las cooperativas auríferas cumplen con las normas vigentes, en vista de que en muchos casos se trata de empresas privadas nacionales y extranjeras, que contratan trabajadores asalariados sin protección social alguna, además de que evaden el pago de impuestos a las utilidades que les corresponde.

Se ha dado a conocer también que, en comparación con los $us 3.000 millones de exportaciones auríferas registradas en 2022, las regalías totales pagadas efectivamente en dicho año apenas superan los $us 60 millones.

Entre las demandas de los cooperativistas auríferos se incluye el acceso a las áreas protegidas, pretensión que provocó la justa indignación de amplios sectores de la ciudadanía, en particular mujeres y jóvenes, anoticiados de que dichas cooperativas no respetan derechos de los pueblos indígenas, ni tampoco cumplen con la obligación de la consulta previa. Lejos de eso, se sabe ahora que la contaminación de los ríos con mercurio ha alcanzado niveles alarmantes, con los impactos consiguientes respecto de la salud de la población lugareña.

Existen fundadas dudas de que el Gobierno esté en condiciones de poner coto a dichos abusos y violaciones de la ley.

Todo esto hace pensar, en cambio, que la movilización de la sociedad civil frente a los excesos de las cooperativistas auríferas, se enlazará con las demandas internacionales de protección de la Amazonía, por una parte, y con el aumento de las voces que critican el modelo del extractivismo depredador, por otra.

La realización de la COP28 en las próximas semanas en Dubái y la reunión prevista de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, serán sin duda escenarios de un intenso debate internacional sobre las urgencias de proporcionar el financiamiento internacional imprescindible para enfrentar el cambio climático en un contexto de tensiones geopolíticas inéditas y dos guerras simultáneas de duración indeterminada.

El debate informado sobre este tipo de cuestiones apenas empieza en el país, a pesar de que es impensable un viraje estratégico del modelo económico vigente, sin tomar en cuenta el redireccionamiento en curso de las cadenas de suministro y la competencia entre las grandes potencias por el dominio tecnológico y sus componentes materiales.

Mientras el Gobierno no encuentre una salida al bloqueo legislativo en que se encuentra, la sociedad civil, las entidades académicas y los expertos profesionales tendrían que iniciar un amplio debate público sobre las opciones realistas del país en un horizonte de largo plazo.

Horst Grebe es economista. 

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Oportunidad de un cambio cualitativo de la minería

/ 22 de octubre de 2023 / 00:30

La superación del modelo primarioexportador constituye uno de los objetivos principales de una estrategia nacional de desarrollo sostenible a largo plazo. El diseño de dicha estrategia requiere, en primer lugar, de una visión previa del país deseable en un horizonte de varias décadas hacia adelante, visión que comprende aspiraciones sobre la democracia, los derechos humanos, la igualdad, el bienestar, la tolerancia y la solidez de las instituciones fundamentales, entre otros aspectos esenciales.

En segundo lugar, se requiere identificar los sectores económicos motrices capaces de impulsar la dinámica del crecimiento económico sostenido, promover un aumento sistemático de la productividad mediante innovaciones tecnológicas, generar empleo decente y formar parte de cadenas de suministro de alcance internacional.

Con una población comparativamente pequeña, el mercado interno no alcanza la dimensión crítica para el establecimiento de industrias de alta intensidad de capital y tecnología, pero es posible, en cambio, diseñar políticas productivas para el mercado internacional que incorporen cada vez mayor valor agregado y articulación con cadenas regionales y globales de suministros, superando en los hechos el actual extractivismo.

En tercer lugar, es preciso identificar las oportunidades que se ofrecen en la economía internacional a largo plazo vis-a-vis los potenciales recursos de que dispone el país. Me refiero en concreto a la situación excepcional que se presenta ahora en el contexto de la transición global de las energías fósiles (carbón, petróleo y gas, en lo fundamental) a las energías renovables, cuyo funcionamiento requiere de un conjunto de metales tecnológicos distintos de los metales industriales de la primera revolución industrial.

Se trata en efecto de metales como el níquel, el cobalto, el cobre y el litio, además de la plata y las tierras raras. De todos ellos se proyecta un crecimiento espectacular de la demanda a lo largo de varias décadas, habida cuenta de que los acuerdos internacionales sobre el cambio climático establecen que el mundo debe llegar a una situación de cero emisiones netas en el año 2050, con algunas metas intermedias para el 2040 y el 2030.

Bolivia cuenta con una interesante disponibilidad de varios recursos minerales para la transición energética global, pero conviene mencionar algunas condiciones referidas a los requisitos para obtener todos los beneficios potenciales del mencionado proceso.

Para comenzar, el escenario está compuesto de muchos países con participación en diversos segmentos de las operaciones de extracción minera, refinamiento y ensamblado en los artefactos correspondientes (paneles solares, molino eólico, baterías de diversos tamaños y potencia y todo el sector de la electromovilidad). A eso se añade, por supuesto, el conjunto de factores geopolíticos que determinarán los flujos del comercio, la composición de las cadenas de suministro y la localización de las empresas industriales que fabrican los vehículos eléctricos, los molinos eólicos y los paneles solares.

Las dimensiones de las inversiones necesarias en el conjunto de dichas actividades son colosales y en muchos casos no están disponibles a corto plazo. También en este aspecto la competencia geopolítica será determinante sobre los resultados finales.

Para jugar en los escenarios de la transición energética, el país necesita adoptar algunas reformas del orden minero imperante, en calidad de decisión política responsable con las futuras generaciones y consistente en adoptar un sistema normativo, regulatorio y tributario, que mejore la gobernanza del sector, con miras a atraer inversiones de calidad internacional, que cumplan con los criterios de sostenibilidad económica social y ambiental en cada una de las etapas de sus emprendimientos, sin perder la rectoría del Estado.

 Horst Grebe es economista.

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Preocupaciones de la gente sin respuesta pública

/ 8 de octubre de 2023 / 00:58

Los enormes avances tecnológicos en materia de comunicación han traído consigo una creciente interdependencia (al menos en términos de información) entre las distintas sociedades del mundo, lo que se traduce a su vez en que todo el mundo comparte de alguna manera las mismas preocupaciones e incertidumbres que caracterizan a esta época de transiciones políticas, sociales y culturales.

Entre las circunstancias que generan mayor incertidumbre a nivel global destacan las inocultables manifestaciones cada vez más graves del cambio climático; las consecuencias de la inteligencia artificial por lo que pueda afectar al empleo y a la manipulación de la verdad y la privacidad de las personas, y los diversos conflictos geopolíticos que no tienen perspectivas de solución definitiva en el futuro inmediato.

Cada uno de estos temas se manifiesta de manera particular en los distintos países, según la manera en que se perciban los efectos correspondientes, y así también según las políticas que adopten las autoridades respectivas.

En nuestro caso particular, existen ansiedades sociales que están relacionadas con los mencionados temas globales, y que aparecen en forma indirecta en las diversas encuestas de opinión que se han publicado en las semanas pasadas. De manera general, el estado de ánimo más difundido corresponde a la sensación de incertidumbre generalizada sobre el futuro, con referencias específicas a la desconfianza en la capacidad del Gobierno de solucionar los problemas económicos que afectan a la situación de la gente, la inseguridad ante la violencia de todo tipo, y la subordinación de la Justicia a los dictados del poder político o económico.

Conviene examinar ahora las cuestiones que no aparecen en las encuestas, aunque constituyen problemas reales que demandan respuestas verosímiles de parte de las autoridades gubernamentales.

Como primer tema, me parece preocupante que no se preste la atención necesaria a la cuestión del agua. Por una parte, varias zonas del país ya están sufriendo la falta de agua debido a la sequía derivada del aumento de la temperatura y también como resultado del chaqueo en los Yungas. Las consecuencias correspondientes consisten en la disminución del nivel del lago Titicaca, así como en la reducción del caudal de varios ríos en el Occidente, que provocan una enorme mortandad de peces y otras especies.

El problema se torna mucho más grave aun por la contaminación de lagunas y ríos con mercurio, la copagira y otros residuos provenientes de las actividades mineras en la cuenca de los ríos amazónicos del norte de La Paz y el Beni, pero también en los departamentos de Oruro y Potosí.

En este orden de cosas, es comprensible la preocupación de los vecinos de La Paz y El Alto por la escasez de agua potable, agravada por la contaminación con ácidos y metales de las aguas que vienen de las represas de Incachaca y Hampaturi, que suministran agua a la ciudad. Las investigaciones realizadas por expertos de la UMSA han corroborado el problema, pero la situación ha sido minimizada por funcionarios de EPSAS.

Un segundo problema relacionado con el calentamiento global tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en cada país, lo que incluye ciertamente el compromiso de disminuir la contaminación ambiental originada por el transporte público. La Paz y Cochabamba, y también otras ciudades en el país, sufren a diario por la desagradable contaminación que provocan los camiones, buses y micros del transporte público, sin que las autoridades tomen cartas efectivas en la solución de este problema de salud pública.

Así vistas las cosas, no debe llamar la atención que se abra una brecha creciente entre las prioridades cotidianas de la sociedad y los intereses políticos del Gobierno, como han puesto en evidencia las encuestas recientes.

Horst Grebe es economista. 

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