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sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 01:34

Mecanismos para preparar el futuro a largo plazo

/ 22 de noviembre de 2020 / 01:29

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades institucionales y culturales de las diferentes sociedades del mundo. En la segunda ola, que ya se anuncia con el invierno en los países del hemisferio norte, se podrán comprobar los aprendizajes realizados, si acaso. Por lo que nos atañe a nosotros, en el cotejo internacional no ocupamos los mejores lugares. Es de esperar, sin embargo, que la segunda ola nos encuentre mejor preparados y con la tarea cumplida en cuanto a la adquisición transparente de una vacuna segura y asequible en cantidades y precio, lo que ocurrirá probablemente a fines del primer semestre de 2021.

El país tiene además otras tareas pendientes para el corto plazo. Se trata de la preparación de las elecciones departamentales y municipales previstas para el mes de marzo, por una parte, y de la adopción de medidas apropiadas para la reactivación económica, por otra.

En paralelo habrá que instalar las instancias apropiadas para emprender la reflexión, el diálogo y la concertación de la visión de país que de manera más o menos estructurada reclaman ya los jóvenes, informados de las movilizaciones y planteamientos en los países desarrollados, donde se están enlazando las preocupaciones por el COVID-19 con las respuestas que demanda el cambio climático. Se trata de un enfoque que es conveniente adoptar también en Bolivia.

La mayor vulnerabilidad a las pandemias sanitarias y a las repercusiones del cambio climático reflejan brechas y desequilibrios que han sido identificados hace tiempo, aunque no hayan avanzado todavía las inquietudes al punto de contar también con los enfoques maduros sobre estrategias que es necesario poner en funcionamiento efectivo.

Baste mencionar las conocidas críticas al carácter extractivista de nuestro modelo de desarrollo, dependiente, concentrador y excluyente. El ciclo de altos precios de las materias primas entre 2004 y 2014 fue la oportunidad perdida para cambiar dicho modelo. No ocurrió así. Ahora hay que abordar las tareas correspondientes en condiciones mucho menos favorables.

Por principio de cuentas, es preciso transformar fórmulas genéricas en conceptos y herramientas capaces de articular un sistema de planificación apropiado para las condiciones del país y de su inserción internacional, tomando en cuenta el elenco disponible de actores económicos estratégicos, las capacidades de la fuerza laboral requeridas, las fuentes de financiamiento disponibles y los mercados de destino, entre otras cosas.

La fórmula con frecuencia invocada de las cadenas globales de valor se dice más fácil de lo que se puede poner en práctica real. Además de que, también en este aspecto, están cambiando los requisitos normativos en materia ambiental y laboral en función de los acuerdos de libre comercio de gran alcance que se han puesto en vigencia en el Asia como resultado de iniciativas de parte de China, pero asimismo a partir de lo que se espera que ocurra con el próximo gobierno de Estados Unidos, cuando retome algunas iniciativas descartadas por Trump.

De ahí resulta que el país necesita contar con capacidades propias de información y análisis de la economía mundial, de la situación regional y de las perspectivas de las pugnas geopolíticas en curso. Una asignatura intelectual por excelencia.

Por otra parte, el sistema nacional de planificación que se instale en el futuro, requiere estar vinculado con el sistema nacional de innovación, compuesto entre otras cosas por un consejo nacional de ciencia y tecnología, que es un dispositivo existente hace varias décadas en varios países de América Latina.

Por último, es indispensable crear un consejo económico y social con miras a concertar objetivos de corto y mediano plazo de forma tripartita, entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Horst Grebe es economista.

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Los desafíos al inicio del nuevo gobierno

/ 8 de noviembre de 2020 / 03:27

La posesión de las autoridades electas el 18 de octubre en los órganos Legislativo y Ejecutivo tendría que ser el primer paso de una larga trayectoria de renovación democrática; reconstrucción de la arquitectura institucional en sus diferentes ámbitos y niveles, y concertación de políticas idóneas para enfrentar las múltiples crisis que agobian al país. Parece, sin embargo, que antes de emprender la gestión de su programa de gobierno, las nuevas autoridades tendrán que resolver los diversos conflictos que se han instalado en varios lugares del país, en forma de movilizaciones, paros y bloqueos con demandas legítimas algunos, pruebas de fuerza otros y expresión de frustraciones incontroladas los más.

La manera en que se lleven a cabo las negociaciones correspondientes pondrá de manifiesto el estilo de gobierno que se pretende adoptar, habida cuenta de las importantes restricciones fiscales e institucionales que caracterizan a la presente coyuntura, tan diferente de la holgura económica imperante en la experiencia anterior de gobierno de ambos mandatarios.

Entre las tareas impostergables se encuentra sin duda la preparación de las elecciones municipales y departamentales en el primer trimestre del próximo año, de cuyos resultados depende en gran medida el cauce que se imprima en el futuro a la descentralización política acompañada del pacto fiscal correspondiente.

Así completada la arquitectura gubernamental básica habrá que concertar una estrategia de desarrollo a mediano plazo, tomando en cuenta que la crisis sanitaria del COVID-19 constituye una oportunidad para adoptar un modelo económico capaz de alcanzar un alto nivel de crecimiento impulsado por incrementos sostenidos de productividad, reducción de la informalidad y uso sostenible de los recursos naturales. A tal efecto, es preciso tomar en cuenta que en el ámbito internacional se han abandonado los enfoques económicos más ortodoxos y ahora se propugna un nuevo rol activo para el Estado, la tolerancia de mayores niveles de déficit fiscal, la mayor flexibilidad en la reprogramación de la deuda pública interna y externa, así como la adopción explícita de políticas industriales y tecnológicas.

Todo esto requiere sin duda de capacidades institucionales que no están disponibles a priori. Por principio de cuentas se necesita un alto nivel de calificaciones en las cúpulas primordiales del aparato de gobierno, así como espacios institucionalizados de concertación vinculante con los agentes económicos estratégicos, a fin de adoptar un programa realista de inversiones a mediano plazo. En paralelo, habría que pensar en la creación de un consejo económico y social para atender de manera tripartita la gestión de las relaciones laborales.

La cuarentena y las restricciones al funcionamiento del aparato productivo han dejado lesiones significativas en el tejido empresarial y en los mercados laborales. Las iniciativas espontáneas de respuesta provisional ejercitadas, en particular, por los estratos de las pequeñas y medianas empresas requieren de recursos y políticas para volverse sostenibles a mediano plazo. Se trata de un estrato empresarial que puede generar empleo masivo si cuenta con los apoyos necesarios, entre los que se tiene que contemplar el acceso expedito al crédito y normas laborales equitativas. Pero este segmento de actividades no tiene condiciones de ejercer una función motriz dinámica. Para dicha tarea es preciso armar un catálogo de inversiones públicas y privadas destinadas al abastecimiento del mercado interno y eventualmente también para la exportación de manufacturas terminadas, así como componentes susceptibles de incorporarse a cadenas regionales de valor.

Por último, resulta imprescindible que las políticas económicas y sociales generen sinergias internas que contrarresten las tensiones centrífugas imperantes.

Horst Grebe es economista.

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Explicaciones y desafíos para el futuro

/ 25 de octubre de 2020 / 07:00

Los resultados de las recientes elecciones han sorprendido seguramente a la mayoría de los analistas y encuestadores que vaticinaban un triunfo del MAS, pero no de la magnitud que ha alcanzado. La tesis del fraude queda descartada en vista de la transparencia que ha ejercitado en general el Tribunal Supremo Electoral, y las varias misiones de observación que han acompañado los comicios.

La abrumadora victoria del MAS no se explica por un par de circunstancias simples, susceptibles de abordarse en el corto espacio de una columna periodística. Ello no obstante, algunos elementos analíticos ya están disponibles.

En primer lugar, es evidente que la pésima gestión del gobierno de transición de Jeanine Áñez, con su desafortunada candidatura, sus desatinos, abusos y corrupción desbordada han mostrado lo que sería el estilo de gobierno de una extrema derecha sin mayor experiencia en la conducción del país, pero con grandes intereses económicos que proteger.

Una segunda y evidente razón explicativa tiene que ver con la recesión económica y la crisis del empleo ocasionadas por la pandemia del COVID-19 y las medidas subsecuentes de confinamiento y suspensión de actividades, que afectaron en mayor medida a los sectores menos favorecidos de la población. Frente a la incertidumbre del futuro, la memoria colectiva de dichos sectores contrapuso el reparto pasado de diversos bonos y aumentos salariales por encima de la inflación, sin considerar los diferentes entornos internacionales de entonces y ahora.

Tercero, se deben tomar también en cuenta las mediocres campañas de las otras candidaturas y la falta de propuestas verosímiles, que no podían mostrar logros como los de Arce en el pasado, sin perjuicio de que en ese entonces se registró una situación excepcional de precios favorables de las exportaciones del país.

Basten por el momento estos tres argumentos a título de primera explicación del fenómeno mucho más complejo que representa la victoria del MAS sin que Evo Morales sea el candidato.

En cuanto a los desafíos que afrontará Luis Arce al instalarse en el Palacio de Gobierno, lo primero será dimensionar la crisis imperante. En efecto, el país se encuentra en una inédita situación de crisis múltiple, con alarmantes cifras en materia fiscal, caída de las exportaciones, recesión económica, una deplorable situación sanitaria y una grave anomia institucional. La primera tarea consiste por lo tanto en establecer el orden de prioridades con el que se enfrentará cada uno de los ámbitos críticos, lo cual tendrá que ser acompañado a la vez de la selección de un elenco de autoridades competentes en los principales resortes ministeriales. La tarea no será fácil puesto que una buena parte de los votos del MAS proviene de sectores que albergan altas exigencias en cuanto a la ocupación de cargos públicos con sus respectivas prebendas. Ocurre sin embargo que no se puede repetir el estilo de gobierno del pasado en razón de la estrechez de recursos fiscales. Las necesidades y demandas exceden con mucho la disponibilidad inmediata de ingresos tributarios, y tendrá que armarse una estrategia para resolver el problema. En este contexto, juega a favor de Arce la recomendación de organismos y expertos, en sentido de que la crisis sanitaria no puede administrarse bajo el lema de la austeridad.

La renegociación de la deuda externa y el acceso a nuevos recursos es el expediente que aplica la mayoría de los países latinoamericanos en estos momentos. El único inconveniente para Arce es que mantiene una oposición doctrinal a cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por de pronto no se ven muchas alternativas diferentes en el ámbito internacional. Será la primera prueba para el presidente Arce.

Recomponer las relaciones internacionales será otra materia compleja, habida cuenta de que los países vecinos están enfrentados por razones ideológicas.

Horst Grebe es economista.

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La relevancia de la sociedad civil independiente

/ 11 de octubre de 2020 / 07:20

En días pasados se ha establecido la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) que hará por primera vez el monitoreo del proceso electoral en calidad de instancia nacional al mismo nivel que las misiones extranjeras de observación electoral. Dicha iniciativa está compuesta por un conjunto de organizaciones independientes de la sociedad civil, comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el país. El asunto tiene particular importancia puesto que se trata de un eslabón destinado a fortalecer el sistema electoral y el propio sistema político nacional.

Si algo se ha puesto en evidencia en el periodo reciente, es la absoluta debilidad del sistema de representación política, puesto que casi no existen organizaciones de representación política que cumplan a cabalidad con los atributos imprescindibles para que un colectivo de ciudadanos participe en elecciones competitivas. De ahí que se recurra al alquiler de siglas partidarias que todavía cuentan con registro electoral.

Además de las formalidades contempladas en las normativas electorales, las organizaciones de representación política deben cumplir con las siguientes funciones: (i) agregación de demandas de políticas públicas; (ii) educación política de su militantes; (iii) presentación de candidatos para las elecciones; (iv) responsabilidad por la conducta de sus militantes en el ejercicio de cargos públicos, y (v) rendición de cuentas sobre los recursos públicos administrados por la organización y sus militantes en ejercicio de competencias públicas.

Si éstos son los requisitos mínimos para participar en el ámbito político democrático en sus distintos escenarios y momentos, habría que instalar en el futuro un amplio debate respecto de la conveniencia de habilitar como sujetos colectivos de representación política a instancias corporativas, sindicales o de otra naturaleza. También es preciso tomar en cuenta que las funciones de representación política deben acomodarse a las circunstancias actuales de una globalización asimétrica, una enorme concentración de poder económico en monopolios transnacionales, la presencia de plataformas digitales que organizan y controlan la circulación de gran cantidad de mensajes, datos e información en tiempo real, que permiten la formación de grupos de ciudadanos con intereses y causas compartidas con capacidad de incidencia en los debates sobre cuestiones públicas.

En consecuencia, la deliberación sobre la adecuación necesaria de los partidos políticos a los nuevos contextos nacionales e internacionales de la circulación comunicativa constituye uno de los mayores problemas contemporáneos, que se refleja en manifestaciones de fatiga democrática o cuestionamiento al propio orden democrático en varios países del mundo.

Bajo las circunstancias mencionadas resulta hoy en día muy difícil trazar la línea divisoria entre la sociedad civil y la sociedad política, puesto que en todos los países existentes grupos y agentes con capacidad de influir en la concepción y gestión de las políticas públicas sin necesariamente cumplir con todos los requisitos de transparencia y rendición de cuentas. No es de extrañar entonces que se incumpla con la imprescindible separación entre el poder económico, el poder político y el poder mediático.

Por su propio estatuto de entidades independientes de los partidos políticos y los intereses empresariales, las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la generación de diversas iniciativas conducentes a superar la actual crisis institucional, así como las incertidumbres de la ciudadanía respecto del futuro, puesto que están en condiciones de hacer transparentes las diferentes etapas de la transición nacional, elecciones mediante, hacia un nuevo proyecto de país más inclusivo y democrático.

Horst Grebe es economista.

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Ampliar el debate a la sociedad civil

/ 27 de septiembre de 2020 / 06:51

Las elecciones del próximo 18 de octubre constituyen una bisagra entre el final de un ciclo político hegemonizado por el MAS, que durante 14 años dispuso de condiciones excepcionales para gobernar a lo largo de tres periodos presidenciales, y el inicio de un nuevo ciclo político caracterizado por complejas circunstancias internas y externas, que demandan una nueva gobernanza, nuevos acomodos institucionales y un nuevo estilo de liderazgos dispuestos a negociar y establecer acuerdos transparentes con miras a responder a los diversos desafíos que ya se pueden identificar con cierta certeza.

La crisis nacional, alimentada desde varios ámbitos de la realidad nacional, adquiere nuevas perspectivas cuando el análisis toma en cuenta la recesión internacional de larga duración en la economía mundial, la fragmentación de las relaciones económicas en varias zonas económicas, la reorganización de las corrientes comerciales y los impactos del cambio climático, así como las fuerzas políticas centrífugas que se han instalado en América Latina, lo que ha ocasionado que la región latinoamericana sea en términos comparativos la más afectada por el COVID-19, la caída del crecimiento, el aumento del desempleo y el retroceso en los indicadores sociales básicos.

Traigo a colación esta suerte de catálogo de desafíos emergentes a fin de contrastarlos con la situación imperante en nuestro escenario electoral, puesto que las próximas elecciones se llevarán a cabo en una atmósfera de dualidad de poderes, ostensibles debilidades institucionales, así como de una aguda polarización política, que en conjunto impiden la realización de debates sobre temas sustantivos, idóneos para dotar a los electores de algún grado de certidumbre sobre la predisposición y las capacidades de los diferentes candidatos para establecer acuerdos y consensos significativos respecto de asuntos primordiales del país.

La polarización política y la ausencia de debates verdaderos a que hago referencia, determinan que la ciudadanía carezca de criterios y argumentos sólidos a la hora de emitir su voto por el candidato que muestre mejores atributos para enfrentar con pertinencia, equidad y eficacia las diversas crisis en que se debate el país.

Como tareas imprescindibles de la próxima gestión de gobierno hay que mencionar el establecimiento de una gobernabilidad democrática, el fortalecimiento del sistema de salud y la reactivación económica, en primer lugar, sin descuidar las cuestiones más complejas de la reforma de la Justicia, la readecuación del modelo productivo, la reforma tributaria y el pacto fiscal.

Cada uno de estos temas se puede abordar desde diversas posiciones ideológicas y expresiones concretas de intereses sectoriales y regionales, que se traducen luego en opciones diferentes de gobierno.

Entre los temas que demandarán negociaciones y compromisos difíciles cabe mencionar sin duda la definición de las políticas públicas que requieren la conducción por parte del Estado, por un lado, y aquellas otras que pueden llevar a cabo diferentes agentes privados a partir de las señales que proporcionan los mercados, por otra. No se trata de un cotejo académico abstracto, sino de la necesidad concreta de resolver situaciones urgentes relacionadas, por ejemplo, con el fortalecimiento efectivo del sistema de salud, así como de la instalación de la infraestructura tecnológica imprescindible para la educación escolar mediante reuniones no presenciales, bajo condiciones de severa estrechez fiscal y dificultades de acceso a fuentes internacionales de financiamiento.

Ante la ausencia de debates sobre estos temas entre los candidatos, sería de gran utilidad que ilustrados académicos y organizaciones de la sociedad civil proporcionen opciones y propuestas macizas sobre estas materias y otras equivalentes.

Horst Grebe es economista.

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Temas desatendidos del debate político

/ 13 de septiembre de 2020 / 05:35

A  cinco semanas de las elecciones previstas para el 18 de octubre muy poco se sabe en realidad sobre las propuestas programáticas de los candidatos. Los documentos que entregaron al Órgano Electoral a comienzos de año ya no sirven de mucho, en vista de los profundos cambios ocurridos desde entonces. En efecto, las repercusiones del confinamiento para combatir el COVID-19, por una parte, y la nueva constelación política que surgirá seguramente de las elecciones, por otra, configuran un contexto distinto del que había hace nueve meses. A eso se suman también, por supuesto, las nuevas condiciones imperantes en la economía internacional.

De acuerdo con las previsiones de los organismos especializados, el crecimiento de la economía mundial en el próximo año estará lejos de las cifras que ostentó hasta 2014, y se ubicará incluso por debajo del modesto crecimiento de los últimos cuatro años, lo que implica que el tamaño de la economía mundial en 2021 será 10% menor que este año.

Dichas previsiones consideran además que la economía mundial se fraccionará en varias regiones relativamente desconectadas entre sí, y que las cadenas de valor serán rediseñadas según las nuevas realidades geográficas del comercio internacional. Dicha fragmentación regional del comercio estará acompañada de medidas proteccionistas de diverso alcance, lo que constituye ciertamente una pésima perspectiva para América Latina, habida cuenta de la considerable reducción del comercio intrarregional en los últimos años y del estado de postración en que se encuentran todos los mecanismos de integración.

Por otra parte, se anticipa que existirá una intensa competencia de los países en busca de financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal en que han incurrido este año y, por supuesto, para financiar la reconstrucción de sus aparatos productivos en las nuevas condiciones de desglobalización parcial, contención del cambio climático y aceleración de la revolución tecnológica.

Si bien es cierto que las tasas de interés de referencia en los principales mercados están próximas a cero, las colocaciones de bonos por parte de los países latinoamericanos necesitan ofrecer rendimientos considerablemente más altos. El acceso individual a los mercados internacionales de capital resulta claramente muy desventajoso para las economías latinoamericanas, lo que podría cambiar si se adoptaran los acuerdos necesarios para la coordinación de las instituciones financieras latinoamericanas (CAF, FLAR, FONPLATA y Banco Centroamericano), y la consiguiente negociación conjunta con los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).

La idea de un sistema financiero propio de América Latina no es nueva. Es probable que ahora existan mejores condiciones objetivas para establecerlo, a condición, cierto es, de que la región supere las divisiones políticas y las tendencias centrífugas que prevalecen por el momento.

Y en lo que atañe a Bolivia, es obvio que participar en la integración latinoamericana es un componente imprescindible de la estrategia de desarrollo del país, a corto, mediano y largo plazos. Lo que ya no es tan obvio, sin embargo, es el modo y el contenido que debería adoptar el relacionamiento con los países de América del Sur, que es nuestro horizonte próximo de articulación estratégica, en particular si se trata de abandonar la pauta extractivista que ha caracterizado nuestro patrón de desarrollo hasta ahora.

Se trata de decisiones complejas, que necesitan debatirse en profundidad, y que no deberían empantanarse por causa de sectarismos políticos o intereses regionales de corto alcance o una combinación perversa de ambos. Pero quizás el tema deba esperar a la reconstrucción del sistema político, y eso dejaría temporalmente al país sin rumbo estratégico.

Horst Grebe es economista.

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