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Wednesday 5 Oct 2022 | Actualizado a 18:34 PM

Centenario de Alicia Terán de Dick

Casi adolescente y a escondidas de sus progenitores enseñaba a leer y escribir a la luz de una vela a pobladores quechuas.

/ 12 de diciembre de 2020 / 23:33

El pasado viernes se cumplió el centenario del nacimiento de Alicia Terán Quintanilla, más conocida en los ámbitos culturales como “de Dick” por su apellido de casada que adoptó desde 1962. La totalidad de su vida consciente la consagró al duro oficio de enseñar.

Casi adolescente y a escondidas de sus progenitores enseñaba a leer y escribir a la luz de una vela a pobladores quechuas en las cercanías de Oruro, su ciudad natal. Fruto de esas tempranas inquietudes fue su primer libro Nuevo método de lectura para las escuelas rurales de Bolivia, publicado en 1944, antes de cumplir ella 24 años, y adoptado como texto oficial en el gobierno de Gualberto Villarroel. El libro se maneja con elementos cercanos a la realidad campesina como papa, oca, llama, poncho y otros, aunque las ilustraciones a cargo de los editores argentinos no resultaron las más apropiadas.

Ya en La Paz, Alicia Terán se incorpora a las campañas de alfabetización que se acentuaron con la revolución del 9 de abril de 1952. Participa en verdaderas batallas campales con familias acomodadas que tratan de impedir que sus «sirvientas» aprendan a leer y escribir (generalmente jóvenes aymaras después nombradas «trabajadoras del hogar»). También por esas épocas, bajo el auspicio de la COB, participa en movilizaciones populares de defensa de inquilinos amenazados por dueños de casa prepotentes y jueces que ordenan desalojos y echan a la calle a familias íntegras.

Paralelamente, desde 1949, por casi dos décadas enseña quechua en las escuelas metodistas de Servicio Social y Enfermería. Más tarde, ingresa al Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UMSA (1973-1978).

A su primer libro le siguieron Nuestro mar, texto de lectura escolar (1969); Tarpuy, de enseñanza del quechua (1975); Muju, quechua básico (1979); Ankalli (rebelde), el quechua en ensayos, literatura y traducciones (1994); Ayrampu, jarawikuna (1995); Walaychu, variedades. (1999) y Pensamiento-memoria-recuerdo (2002).

Jubilada del magisterio se radicó en Cochabamba, pero continuó su labor docente esta vez en la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica. Y lo más importante, se vinculó con investigadores y amantes de la lengua quechua como Ángel Herbas y Enrique Rocha, con quienes tras titánicos esfuerzos se creó la Academia Regional de Quechua Cochabamba, institución que a lo largo de los años ha contribuido de manera notable al fortalecimiento del idioma nativo.

Cabe mencionar que esa labor pionera de los fundadores se tradujo en decenas de talleres y seminarios donde se discutía con ardor diversidad de temas atinentes al desarrollo del «runa simi». Y también en centenares de modestos pero muy significativos boletines como Ankajj Rijran (Ala de Aguila) o el Quechuajj Qañirin (Pregonero del Quechua), publicaciones que incluían noticias, creaciones literarias, información científica y hasta juegos de palabras cruzadas. Y por si lo anterior fuera poco sostuvieron por varios años el programa semanal Queswanchijta Sayachispa, de 30 minutos, en radio San Rafael.

Dado que el quechua se habla en varios países, no faltó tampoco la concurrencia, siempre a su propio costo, a eventos internacionales en Cuzco, Arequipa y Jujuy. Precisamente en uno de tales eventos realizado en Arequipa, fue homenajeada con el título de Qoya, nominación que ella lucía orgullosa cuando fue nombrada Presidenta Vitalicia de la Academia Regional de Quechua y Ciudadana Meritoria, por el Honorable Concejo Municipal de Cochabamba.

Por todo ello nos quedamos con el aforismo de José Martí, pronunciado en 1883 en homenaje a Washington Irving, literato, periodista y político estadounidense: «El que no sabe honrar a los grandes no es digno de descender de ellos». Honrar honra, pues.

*Es periodista e historiador

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Marco Antonio Aramayo: torturado hasta morir

/ 2 de octubre de 2022 / 01:42

Parece que en Bolivia tenemos el extraño privilegio de haber inventado un escalofriante nuevo método de tortura: el acoso judicial-policial mediante la apertura simultánea de centenares de nuevos encausamientos judiciales en diferentes lugares. El caso emblemático de esta modalidad es el de Marco Antonio Aramayo, exfuncionario del Fondioc, que tras siete años de “detención preventiva” había acumulado nada menos que 256 procesos. En un gesto de verdadera dignidad, prefirió la muerte antes que declararse culpable y atenerse a un juicio abreviado que rápidamente lo hubiera puesto en libertad. Hasta el final defendió su inocencia y no se retractó de las denuncias que destaparon la olla de la corrupción.

La tortura, entendida como coerción física o psicológica ejercida sin límite ni control sobre las personas, tiene una larga data. Durante la conquista hispánica y en el amplísimo espacio de la colonia estuvo en auge la utilización de la tortura como una práctica corriente aplicada sobre los pueblos sometidos, testimonios y documentos históricos irrefutables así lo confirman y en el caso del cronista indomestizo Waman Poma de Ayala, además se ilustran con imágenes impactantes que han quedado como grabadas a fuego. Los más de 250 años de la “Santa Inquisición” fueron pródigos en el uso sistemático de la tortura para arrancar confesiones y aplicar castigos a los “herejes” y “brujas”, miles de los y las cuales terminaron sus vidas en la hoguera.

En los alzamientos indígenas de fines del siglo XVIII y en la guerra de la independencia, la tortura tuvo también un uso generalizado, frecuentemente en ambos bandos de la contienda, pero es difícil imaginar un suplicio mayor que el descuartizamiento de los líderes indígenas Túpac Amaru en el Cusco y Túpac Katari en la localidad de Peñas, quien fue sacado de la prisión arrastrado a la cola de un caballo y cuyo cuerpo fue despedazado y luego repartido “para público escarmiento”.

En la mayoría de países de Nuestra América, la instauración de regímenes republicanos no significó la eliminación inmediata de la tortura. En ese largo recorrido de construcción democrática, hubo avances y también retrocesos muy significativos.

La humanidad toda, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, dio un gigantesco paso en esta materia con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Para el Derecho Internacional la tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos y degradantes pasaron a considerarse no solamente como actos aborrecibles, sino como delitos punibles. No obstante, esto tampoco significó la desaparición de diversas formas de tortura, las recaídas fueron numerosas y frecuentes.

En las delirantes campañas anticomunistas inspiradas en la doctrina de “seguridad nacional” se alentó y prohijó a crueles dictaduras militares que practicaron una suerte de terrorismo de Estado abundante en el uso de la tortura y de nuevas aberrantes formas de represión como la desaparición forzada.

En nuestro país, tenemos una historia medianamente larga en esta materia, incluyendo por supuesto el periodo de los últimos 40 años que vivimos bajo regímenes elegidos o designados por procedimientos democráticos.

Los Derechos Humanos no admiten exclusiones, no pueden ser privilegio de ningún sector o de quienes tienen la fuerza institucional, económica o política. Los procesos legales no deben convertirse en un mero trámite para formalizar el castigo, presumiendo la culpabilidad antes que la inocencia.

El caso de Marco Antonio Aramayo, explicado a detalle en una reciente publicación del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado), permite no solamente ver en perspectiva histórica el fenómeno de la tortura, sino también avizorar lo que puede y debe hacerse de inmediato para avanzar y no retroceder en el tema de los Derechos Humanos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Chile: no está dicha la última palabra

/ 18 de septiembre de 2022 / 00:31

Mal de muchos, consuelo de tontos. Varios nos equivocamos al pronosticar la aprobación del proyecto de nueva Constitución para Chile. En el caso nuestro y en el de la gran mayoría de observadores ubicados a la izquierda del espectro político, como tantas otras veces, primaron los deseos antes que la mirada atenta a la realidad. Consideramos que las señales negativas marcaban un retroceso de los resultados inicialmente esperados, pero esto no impediría el triunfo del Apruebo. Ganó de lejos el Rechazo. No hay atenuantes: nos equivocamos. Y punto.

Una primera reflexión al respecto es que en democracia tales sucesos pueden ocurrir, hay que asumirlos como posibilidades. Nada está escrito en piedra, de una vez y para siempre. Las situaciones pueden cambiar, así como varían las correlaciones de fuerzas, al influjo de factores diversos. Nadie tiene el puesto comprado o lo ha recibido como regalo definitivo de la divina providencia. No es suficiente abrir el cauce para que fluya un proceso de cambios, es necesario alimentar y enriquecer los elementos que lo componen y asegurarse de que lleguen a buen puerto sin desbordarse en el trayecto. Lejos de la idolatría liberal que reduce todo al ejercicio del voto, las urnas algo tienen que decir en cada momento y hay que saber escuchar sus voces.

El 4 de septiembre de 2022 se produjo una incuestionable derrota para el pueblo chileno y para los movimientos populares y progresistas de América Latina. Se perdió la oportunidad de sepultar las secuelas de una de las más horrendas dictaduras. Pero que la derecha ultramontana y los voceros del imperialismo no se apresuren demasiado en cantar victoria, tampoco es un triunfo claro para ellos. No es que el 80% del electorado contrario a la Constitución pinochetista de pronto se hubiera reducido al 30% y volcado su apoyo a la vigencia indefinida de ese cuerpo normativo heredado de la dictadura. Lo que pasó es que el proyecto sustitutivo no convenció, ni como producto final ni como procedimientos de elaboración. Ofreció demasiados flancos débiles a la acción corrosiva de la oposición basada en campañas de confusión y miedo, lanzadas por los medios predominantes y desde las redes sociales. Ni el gobierno, ni la coalición de fuerzas que lo sostienen, ni menos la propia Convención tuvieron el tiempo, la coherencia y la habilidad para defender el proyecto aislando y derrotando esas campañas calumniosas; es más, aliados políticos de centroizquierda se sumaron a último momento al bando del Rechazo. A ello hay que añadir cierto desencanto de una parte de la población por las deficiencias en el desempeño inicial del gobierno de Gabriel Boric, quien llegó al poder estrechamente comprometido con la bandera de una nueva Constitución, no parece casual que algunas encuestas recientes ubiquen la cifra de la popularidad del Presidente en el mismo nivel del voto por el Apruebo.

Sin embargo, según se informa desde Santiago, Boric habría logrado sortear con éxito las zancadillas de la derecha que pretendía otorgarle al referéndum del 4 de septiembre un carácter plebiscitario cuyos resultados debían interrumpir su gestión. Lo que se sabe es que se están construyendo nuevos consensos para desarrollar un segundo intento de redactar la nueva Constitución, aprendiendo de los errores cometidos pero manteniendo el esquema básico de elección popular de los representantes, paridad de género y salida de aprobación por un nuevo referéndum.

Las cosas no serán nada fáciles, solo queda augurar que tengan éxito sin olvidar que el mandato de una nueva Carta Magna proviene de una eclosión social por un verdadero cambio.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Tarde o temprano se impondrá el legado de Allende

/ 4 de septiembre de 2022 / 00:31

Un día como hoy, se produjo el triunfo electoral de Salvador Allende en Chile. Y 52 años después el pueblo chileno es nuevamente protagonista de un acontecimiento crucial: la aprobación o rechazo de una nueva Constitución.

Los lectores y lectoras comunes de ahora, podrían suponer que las mencionadas elecciones eran una más de las muchas que se realizan en nuestros países, donde unos ganan y otros pierden en una aparente alternancia democrática. Sin embargo, lo ocurrido en 1970 fue un acontecimiento histórico trascendental: por primera vez una coalición de izquierda, en este caso construida sobre el eje representado por los partidos socialista y comunista, llegaba al gobierno por la vía electoral y lo hacía con un programa de reformas muy avanzadas; aunque vistas hoy en perspectiva, podrían considerarse como excesivamente moderadas. La nacionalización de la industria del cobre, la reforma agraria y ciertas políticas sociales tendientes a achicar la grieta de la desigualdad entre ricos y pobres, eran tal vez los puntos esenciales de lo que vino en llamarse la Unidad Popular (UP).

Además, el acontecimiento se producía en los marcos de un agitado debate entre los que sostenían que la “vía armada” era el único camino de la revolución y los que admitían que, bajo determinadas circunstancias, ésta podía ocurrir sin violencia armada, aunque no precisamente por “vía pacífica”. No se hizo aún un balance sustancioso e integral de ese debate ni de las respuestas que la historia de más de medio siglo, especialmente en América Latina, dejó marcadas al respecto.

En esta columna nos interesa apenas recordar que la derecha chilena, en consonancia con la política imperialista de los Estados Unidos, hizo todo lo imaginable para frenar, sabotear y finalmente derrocar por la violencia al gobierno de Salvador Allende, muerto en el bombardeo a la casa de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Pareciera que algunos exponentes de la nueva derecha quieren recrear el ambiente de irracionalidad de aquellas épocas, usaron ya en las elecciones del pasado año recursos similares, con el auxilio de las llamadas “redes sociales”, muy aptas para difundir falsedades y generar confusión y miedo. Todo parecía indicar que el voto ciudadano en pro del texto fundacional de 167 páginas, aprobado por más de dos tercios en una representativa convención elegida al efecto, sería contundentemente mayoritario, pero surgieron algunos sondeos que pusieron en duda dicha posibilidad. Parece que las mentadas campañas surtieron algún efecto, lo cual sumado a otros factores hicieron disminuir las expectativas, pero no lo creemos posible al grado de hacer peligrar la aprobación.

Cabe mencionar que un elemento nuevo introducido en contra del proyecto ha sido esta vez la apelación a la xenofobia antiboliviana, a título de que éste tendría demasiadas semejanzas con nuestra Constitución Política del Estado de 2009.

El pueblo chileno tuvo hoy la oportunidad de repudiar una ominosa herencia de la dictadura pinochetista y aprobar una nueva carta fundamental inspirada en la lucha de resistencia y en los ecos de la eclosión social de los últimos años, que puso por delante la herencia democrática y liberadora de Salvador Allende. Así nomás son las cosas.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Una vez más sobre bloqueos y loqueos

/ 21 de agosto de 2022 / 00:31

Por enésima vez nos ocupamos del tema en esta columna, aunque parece que predicamos en el desierto.

El asunto arranca de varias décadas pasadas, tiene que ver con la vida cotidiana actual y se proyecta ineludible hacia el porvenir. No es novedad que el bloqueo de caminos (o cortes de vía, como los llaman en otras latitudes) ha sido un método esencial en la lucha de los trabajadores y de amplios sectores populares, tanto en el plano propiamente reivindicativo como en las cruentas batallas políticas contra las dictaduras. Bastaría recordar dos ejemplos ya clásicos en esta materia: la resistencia a los golpes militares de noviembre de 1979 (Natusch) y de julio de 1980 (García Meza-Arce Gómez). En ambos casos la respuesta popular fueron la huelga indefinida y el bloqueo general de caminos.

O sea que en determinadas circunstancias, el bloqueo puede poseer un alto grado de legitimidad. Pero de ahí a suponer que esta forma de lucha es válida en todo tiempo y lugar y para cualquier causa, hay una gran diferencia. De hecho, también pueden mencionarse casos negativos muy ilustrativos al respecto, por ejemplo: los bloqueos de cooperativistas mineros (que culminaron con el asesinato del viceministro Illanes, a fines de agosto de 2006); los bloqueos ordenados por los comités “cívicos” en 2019 como parte de la estrategia política para derrocar a Evo Morales; el bloqueo por elecciones de 2020 (con una petición legítima, pero con formas inapropiadas en la emergencia sanitaria de ese momento) y, pocos meses atrás, los bloqueos del transporte pesado pugnando por intereses corporativos, exclusivos del sector.

Dejando de lado los casos renombrados, lo cierto es que el tema de bloqueo se ha convertido en el pan de cada día, una especie de deporte nacional, se producen continuos bloqueos locales cotidianamente y por los más variados motivos, desde el pedido de cambio de una autoridad educativa hasta la edificación de un inmueble o la construcción de un puente. A veces en las rutas troncales hay varios puntos de interrupción, de modo tal que la noticia ya no son los bloqueos, sino la ausencia de ellos.

Lo peor, se mide la efectividad y contundencia de un bloqueo, según la magnitud del daño ocasionado. Cuanto peor, mejor.

Yo bloqueo, tú bloqueas, él bloquea, nosotros bloqueamos. Mueve a risa si no fuera tan dramático, han comenzado a producirse bloqueos contra otros bloqueos. Parece cosa de locos. Bloqueo versus bloqueo.

La cuestión tiene por lo menos dos puntas. La primera: la base social y las dirigencias locales que sin agotar fases previas de petición desencadenan el conflicto y el correspondiente bloqueo de calles, caminos y, sobre todo, carreteras principales; la experiencia parece indicar que esa es la única manera de hacerse escuchar por las autoridades y conseguir la satisfacción de una demanda. La otra punta, precisamente dichas autoridades, por lo general, son incapaces de prever los posibles conflictos y menos buscan soluciones consensuadas antes de que los problemas estallen. Hay insensibilidad burocrática y ausencia de iniciativa en muchos niveles de la administración pública. Esto viene a ser un coadyuvante para la bloqueomanía que los bolivianos padecemos.

Esta no es, afortunadamente, una enfermedad incurable, pero los remedios pueden tomar tiempos muy prolongados. Sabido es, y hay que remarcarlo, que los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de los otros. El derecho de formular peticiones y demandas, y organizarse y movilizarse en pos de conseguirlas, está superconsagrado en nuestra Constitución Política del Estado. No se trata de “criminalizar” las luchas sociales, sino de encauzarlas en la institucionalidad que está en construcción, al calor de una nueva cultura democrática. Esto implica tomar en cuenta el contrapeso natural de ese derecho, el de la libre circulación en todo el territorio boliviano (artículo 21, inciso 7). Difícil, pero no imposible.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Del sesqui al bi-centenario (1975-2025)

/ 7 de agosto de 2022 / 00:54

El 6 de agosto de 1825 es la fecha que nos une a la totalidad de bolivianos y bolivianas, independientemente de distintas miradas que podamos tener sobre el pasado y el presente de este país. Llama la atención que la fecha en sí misma nos remite a un hecho poco significativo y nada glorioso, la suscripción del Acta de la Independencia por un conjunto de representantes de los “señores notables”, la mayoría de los cuales militaban en el bando realista hasta muy poco antes. Se eligió la fecha para conmemorar el primer aniversario de la Batalla de Junín (6 de agosto de 1824), en la que los ejércitos patriotas al mando de Bolívar derrotaron a los realistas abriendo el cauce a la batalla definitiva de Ayacucho (9 de diciembre de 1824).

Con todo y eso, la fecha ha quedado enraizada En los hechos, marca un hito en la historia de este pedazo del mundo ubicado en el centro de Sudamérica. Es el punto de partida de la construcción de un nuevo Estado, en lo que fue la región de la colonial Charcas, con el portentoso Potosí como su núcleo aglutinante. Una construcción por cierto llena de vicisitudes, exclusiones, conflictos y contrastes a veces arrastrados por siglos.

Nos tocó vivir el “sesqui” (un siglo y medio, 1975) y estamos en las vísperas del “bi” (dos siglos, 2025). Momento propicio para recordar algunos sucesos con los que se inicia el periodo.

Vivíamos el auge de la dictadura de Banzer. El movimiento popular resistía las medidas dictatoriales y había conseguido algunos logros en el sector minero con la recuperación de sus directivas sindicales y la mantención de sus radioemisoras.

El 13 de enero de 1975, en una operación nocturna tipo comando, los agentes del gobierno apresaron a algunos dirigentes y destruyeron las cuatro emisoras de la región: “21 de Diciembre” de Catavi, “Llallagua” de Llallagua, La “Voz del Minero” y “Pío XII” de Siglo XX (esta última propiedad de la Iglesia Católica). La respuesta espontánea de los trabajadores fue una huelga de 15 días que le dobló el brazo a la dictadura: los dirigentes fueron puestos en libertad y se arrancó el compromiso firmado de resarcir los daños a los equipos de comunicación (obligación que, mal que mal, tuvieron que cumplir).

Por esos mismos días en La Paz, Alcira Cardona Torrico fue detenida por haber publicado un periodiquito de Alasitas burlándose de la ruidosa campaña oficialista del Sesquicentenario, rebautizándolo como el Questicentenario (questi, o quisti en aymara significa sucio, tiznado, empañado). Una rápida movilización solidaria de artistas, poetas y escritores, comandada por Antonio Paredes Candia, consiguió la libertad de la destacada poeta orureña.

Por último, asoma en la memoria la fabricación de una moneda de oro de circulación restringida, que por su alto costo solo pudieron adquirirla coleccionistas adinerados y los altos funcionarios del régimen. Se dijo que en una segunda etapa el Banco Central pondría en circulación unidades de corte menor para uso generalizado. La dichosa moneda llevaba a un lado la efigie del Libertador Simón Bolívar y al reverso… habíase visto mayor atrevimiento… ¡la del mismísimo Banzer! Como reguero de pólvora por aquellos días de agosto de 1975 circuló la respuesta popular ante semejante osadía: “Bolívar la cara de la moneda, Banzer el culo”. Por esa reacción o por alguna otra razón desconocida, no hubo segunda etapa del proyecto numismático de la dictadura. Ahí quedó.

Abrigamos la esperanza de que las futuras generaciones tengan recuerdos más simpáticos y agradables del bicentenario boliviano que ya se viene. ¿Qué tal?

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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