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lunes 12 abr 2021 | Actualizado a 12:50

Centenario de Alicia Terán de Dick

Casi adolescente y a escondidas de sus progenitores enseñaba a leer y escribir a la luz de una vela a pobladores quechuas.

/ 12 de diciembre de 2020 / 23:33

El pasado viernes se cumplió el centenario del nacimiento de Alicia Terán Quintanilla, más conocida en los ámbitos culturales como “de Dick” por su apellido de casada que adoptó desde 1962. La totalidad de su vida consciente la consagró al duro oficio de enseñar.

Casi adolescente y a escondidas de sus progenitores enseñaba a leer y escribir a la luz de una vela a pobladores quechuas en las cercanías de Oruro, su ciudad natal. Fruto de esas tempranas inquietudes fue su primer libro Nuevo método de lectura para las escuelas rurales de Bolivia, publicado en 1944, antes de cumplir ella 24 años, y adoptado como texto oficial en el gobierno de Gualberto Villarroel. El libro se maneja con elementos cercanos a la realidad campesina como papa, oca, llama, poncho y otros, aunque las ilustraciones a cargo de los editores argentinos no resultaron las más apropiadas.

Ya en La Paz, Alicia Terán se incorpora a las campañas de alfabetización que se acentuaron con la revolución del 9 de abril de 1952. Participa en verdaderas batallas campales con familias acomodadas que tratan de impedir que sus «sirvientas» aprendan a leer y escribir (generalmente jóvenes aymaras después nombradas «trabajadoras del hogar»). También por esas épocas, bajo el auspicio de la COB, participa en movilizaciones populares de defensa de inquilinos amenazados por dueños de casa prepotentes y jueces que ordenan desalojos y echan a la calle a familias íntegras.

Paralelamente, desde 1949, por casi dos décadas enseña quechua en las escuelas metodistas de Servicio Social y Enfermería. Más tarde, ingresa al Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UMSA (1973-1978).

A su primer libro le siguieron Nuestro mar, texto de lectura escolar (1969); Tarpuy, de enseñanza del quechua (1975); Muju, quechua básico (1979); Ankalli (rebelde), el quechua en ensayos, literatura y traducciones (1994); Ayrampu, jarawikuna (1995); Walaychu, variedades. (1999) y Pensamiento-memoria-recuerdo (2002).

Jubilada del magisterio se radicó en Cochabamba, pero continuó su labor docente esta vez en la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica. Y lo más importante, se vinculó con investigadores y amantes de la lengua quechua como Ángel Herbas y Enrique Rocha, con quienes tras titánicos esfuerzos se creó la Academia Regional de Quechua Cochabamba, institución que a lo largo de los años ha contribuido de manera notable al fortalecimiento del idioma nativo.

Cabe mencionar que esa labor pionera de los fundadores se tradujo en decenas de talleres y seminarios donde se discutía con ardor diversidad de temas atinentes al desarrollo del «runa simi». Y también en centenares de modestos pero muy significativos boletines como Ankajj Rijran (Ala de Aguila) o el Quechuajj Qañirin (Pregonero del Quechua), publicaciones que incluían noticias, creaciones literarias, información científica y hasta juegos de palabras cruzadas. Y por si lo anterior fuera poco sostuvieron por varios años el programa semanal Queswanchijta Sayachispa, de 30 minutos, en radio San Rafael.

Dado que el quechua se habla en varios países, no faltó tampoco la concurrencia, siempre a su propio costo, a eventos internacionales en Cuzco, Arequipa y Jujuy. Precisamente en uno de tales eventos realizado en Arequipa, fue homenajeada con el título de Qoya, nominación que ella lucía orgullosa cuando fue nombrada Presidenta Vitalicia de la Academia Regional de Quechua y Ciudadana Meritoria, por el Honorable Concejo Municipal de Cochabamba.

Por todo ello nos quedamos con el aforismo de José Martí, pronunciado en 1883 en homenaje a Washington Irving, literato, periodista y político estadounidense: «El que no sabe honrar a los grandes no es digno de descender de ellos». Honrar honra, pues.

*Es periodista e historiador

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Litio, litio, ¿qué estás haciendo?

/ 4 de abril de 2021 / 00:33

Provenientes de las radios mineras y de la resistencia clandestina al reiniciar en La Paz el trabajo periodístico en 1978, la cobertura a la temática minera era muy escasa y deficiente en los medios de difusión. Con Iván Paz Claros y otros colegas llegamos a la conclusión de que éramos un país minero sin periodismo minero. De esta inquietud nació Bolivia Minera, programa diario que se emitía por radio Continental y que conjuntamente La Paz en la noticia de Iván, lográbamos hacer llegar en casetes grabados para su difusión a unas cuantas emisoras mineras. Bolivia Minera duró hasta mi detención en la COB el 17 de julio de 1980, nunca más pudo reanudarse, no puedo presumir de haberme especializado en la materia.

Sin embargo, el tema me persiguió algún tiempo. Dirigía Canal 13 Televisión Universitaria cuando en febrero de 1990, venciendo increíbles dificultades, se inició el programa semanal Temario, extendido hasta octubre en 40 memorables sesiones. Analizando los temas de actualidad pasaron por el programa invitados de mucho peso, entre otros: Juan Lechín, Édgar Ramírez (después más conocido como Huracán), Filemón Escóbar, Antonio Araníbar, Julio Tumiri, Huáscar Cajías, José Luis Roca, Pedro Susz, Jorge Escobari, Julieta y Sonia Montaño, Ramiro Barrenechea, Jorge Lazarte, Marcial Fabricano, Andrés Soliz Rada y Rolando Villena. Pero, heme aquí, los dos primeros espacios de Temario estaban dedicados precisamente a un tema minero: el litio.

Dos prominentes investigadores, Narciso Cardozo y Justo Zapata, abordaron la cuestión con gran solvencia académica. El primero explicó la enorme importancia que este metal tendría en los siguientes años y, el segundo, fundamentó el rechazo al contrato con la norteamericana Lithco que el gobierno de Paz Zamora había colocado sobre la mesa.

¡Me corre un sudor frío por la espalda al reparar que desde entonces han transcurrido más de 30 años! Y, además, constatar que muchos de los entrevistados ya partieron de este mundo sin saber en qué fue a parar finalmente el litio boliviano.

Que poseemos las mayores reservas del mundo, nadie lo desmiente. Pero esto sirve de muy poco. Lo importante es saber cuánto se ha avanzado en su utilización.

Dicen que nuestros yacimientos tienen ventajas (evaporíticos) pero también desventajas (mezcla con magnesio). Que la demanda ha crecido y aumentará muchísimo en la medida del incremento de los automotores eléctricos y la industria de las nuevas tecnologías, indudable. El litio es, y lo seguirá siendo por un largo tiempo, componente esencial para acumular energía en baterías. 

Que el asunto está atravesado de enormes y complejas dificultades de orden técnico, económico-financiero, político, geopolítico y de otro tipo, a no dudarlo.

Por último, nadie puede desconocer que, a diferencia de periodos anteriores, especialmente en el último decenio, se lograron importantísimos avances. Se ampliaron las investigaciones, se diseñó una estrategia nacional que contempla por lo menos tres fases, de las cuales la primera que comprendía proyectos piloto ya se cumplió satisfactoriamente; la segunda, el paso a una escala industrial, estaba en plena ejecución hasta noviembre de 2019; la tercera fase, que implica la fabricación de baterías, estaba igualmente muy adelantada. En el transcurso, se formó personal boliviano especializado, no solo capaz de manejar tecnología, sino de desarrollarla en función de las necesidades e intereses nacionales; fue creada la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y luego de prolongadas y complicadas negociaciones se seleccionó a la alemana ACI Sistems como socia estratégica para conformar una empresa mixta.

¿Qué ocurrió después del derrocamiento de Evo Morales? ¿Prosiguió esa labor o fue interrumpida atendiendo mezquinos afanes políticos sectarios? ¿Qué ha significado la anulación del Decreto Supremo 3738 arrancada in extremis por la dirigencia potosinista? Se sabe muy poco de todo esto.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Es la hora de recuperar coherencia

/ 21 de marzo de 2021 / 00:10

Hemos sostenido reiteradamente en esta columna que la falta de coherencia es uno de los factores preponderantes para hundir en el descrédito a cualquier actor político. En otras palabras, cuando alguien dice una cosa y hace lo contrario, cava su propia tumba. No hay atenuantes posibles. Si en teoría sostienes X y en la práctica haces Z, a la corta o a la larga pierdes el apoyo de la gente.

El Gobierno actual asumió funciones el 8 de noviembre de 2020, con una potente base de legitimidad gracias al 55% de apoyo en las urnas, frente a una oposición dispersa, desarticulada y minoritaria. Las señales emitidas, en lo que se consideraba una reconducción del proceso de cambio, eran de diálogo y reconciliación, sobre todo en aras de enfrentar unidos la lucha contra la pandemia y por la reactivación de la economía. Tales los rasgos principales de la coyuntura.

Cuatro meses después el panorama es, lamentablemente, muy distinto.

El primer traspié fue una Ley de Emergencia Sanitaria lanzada sin consenso, que hace dudosa su aplicación y entrega la base social del sector salud a manos de una dirigencia manipuladora, corporativista y reaccionaria. Con un mínimo de flexibilidad y sagacidad política era posible dejar a esa dirigencia sin los argumentos que ahora les sirven de pretexto para desarrollar acciones opositoras de verdadero sabotaje a las imprescindibles campañas contra el COVID-19.

El mismo aparato de fiscales y jueces que en su momento emitió como volantes mandamientos de aprehensión contra Evo Morales, García Linera y otras autoridades, de pronto advirtió que el amo del poder había cambiado y voltearon la tortilla: anularon sus demandas anteriores y empezaron a capturar a personeros del gobierno “transitorio”, inclusive ignorando procedimientos legales como la notificación previa. Sin duda estas acciones no son el resultado de un espontáneo y súbito arrebato del Poder Judicial en la lucha contra la impunidad, sino que fueron inspiradas u ordenadas desde el Poder Ejecutivo.

Poco antes, gracias a una normativa precipitadamente aprobada, se dejó sin efecto la “detención preventiva” de varios cientos de manifestantes apresados durante los disturbios de octubre y noviembre de 2019. Considerando los métodos de captura en masa practicados por la Policía y su incapacidad de identificar a los verdaderos autores de los desmanes, parecía una medida justificada. Sin embargo, la pregunta obligada es si de esta manera no se deja en la más completa impunidad a los violentos de ambos lados, aquellos que quemaron domicilios y vehículos y también sedes sindicales, tribunales electorales y otras dependencias. ¿O solamente estaban encausados los de un solo lado?

El debate entre los que pensamos que sí hubo un golpe de Estado, por cierto no al estilo clásico, y los que sostienen que hubo fraude sin atinar a demostrarlo de manera contundente e irrefutable, puede y debe continuar. No está dicha la última palabra. Quizá se necesite la perspectiva del tiempo para mayores esclarecimientos. Entretanto, se hace imprescindible frenar los ánimos revanchistas y los afanes sediciosos.

Es necesario exigir coherencia de unos y otros.

Los que prometieron reconciliación y diálogo que lo practiquen, rectificando los pasos errados que han venido dando y que derivaron en malestar, deterioro acelerado de la situación y una rearticulación agresiva de todos los grupos opositores. Pende una creciente amenaza de desestabilización en momentos extremadamente delicados. Urge dar la cara y recuperar la iniciativa política, tanto en la acción gubernamental como en las movilizaciones populares.

Los que dicen ser abanderados de la democracia y defensores acérrimos de la Constitución, que lo demuestren, dejando de lado acciones sediciosas de trasfondo racista y colmadas de odio, terminen por admitir la derrota que sufrieron en las elecciones generales y se dediquen a administrar con eficacia las porciones de poder que conquistaron en las recientes elecciones “subnacionales”.

No hay de otra.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Obligada ‘cohabitación’ en ciernes

/ 7 de marzo de 2021 / 00:28

Asistimos hoy, por tercer año consecutivo, a un comicio electoral, esta vez de carácter inapropiadamente denominado “subnacional” (a nuestro juicio ese término no encaja con el declarado carácter “plurinacional” del Estado, pero ese es otro asunto). Ahora elegimos autoridades departamentales y municipales: gobernadores y alcaldes, cada cual con su respectiva instancia de fiscalización, integrada por asambleístas la una y concejales, la otra. Aunque ciertamente el panorama se complejiza, tanto por la autonomía regional vigente en el Gran Chaco, como por las autonomías indígenas de las que muy poco se habla, pese a la importancia que poseen precisamente para identificar al Estado como “plurinacional”.

Por otra parte, según denuncias que se han conocido, el principio constitucional de la equidad de género estaría siendo incumplido por varias de las fórmulas participantes, lo cual podría derivar incluso en un retroceso de los niveles de participación que las mujeres habían alcanzado en eventos anteriores. Del mismo modo, llama la atención la enorme e inusitada dispersión de las candidaturas, pareciera que a cualquier hijo de vecino, comprando o prestándose una sigla se le ha ocurrido postular, sin tener propuestas ni programas conocidos, menos agrupaciones sociales o políticas que los respalden.

Sin embargo, por encima de estas consideraciones y otras que puedan plantearse, se hace necesario resaltar el enorme significado que tienen las urnas para el funcionamiento del sistema democrático, también en los espacios regionales y locales. Más aún si partimos del hecho de que se arrastra la crisis desde el colapso de 2019. En tal sentido, lo que está ocurriendo hoy a lo largo y ancho del país podría considerarse otro eslabón fundamental en la recuperación y consolidación de la democracia, con el agravante de que tal proceso tiene lugar en medio de una pandemia con sus mortíferos efectos sobre la salud, la economía y el estado de ánimo de las personas.

No se necesita ser adivino para pronosticar algunos resultados gruesos que producirá la votación el día de hoy. El más importante de ellos será sin duda la no repetición mecánica de lo ocurrido en octubre de 2020. El partido de gobierno no logrará el 55% y tendrá una representación disminuida en departamentos y municipios con mayor densidad demográfica, pero podría obtener notables triunfos en áreas rurales y en ciudades intermedias. De hecho, esto plantea un escenario de obligada “cohabitación” o “convivencia” pluralista de unos y otros. Estuvo mal que algunas autoridades y el propio presidente Arce dijeran que si la gente vota por las candidaturas del oficialismo la coordinación entre los diferentes niveles sería más fácil y fructífera. Pero sería mucho peor, una pésima señal, si no se esfuerzan por hacer llevaderas las relaciones del Gobierno con gobernadores y alcaldes eventualmente opositores. Y éstos, a su vez, tendrían que abstenerse de utilizar sus puestos para enfrentar al Gobierno desde posiciones radicalmente opositoras. Se sabe que es el pueblo el único perdidoso a raíz de estos conflictos y rivalidades, a veces atizados artificialmente.

En la recuperación económica, en la batalla contra el COVID-19 y en la adaptación del sistema educativo a las nuevas condiciones existentes, el país tiene al frente enormes desafíos. Y las tareas no consisten solamente en pedir, reclamar y si es necesario incluso protestar (sin paralización de servicios esenciales). También hay que participar de forma activa y comprometida, acción que no se acaba cumpliendo el deber de votar. Especialmente debemos rescatar los espacios municipales para hacer nuestras propuestas en la planificación participativa y para ejercer el verdadero control social, aspectos que ninguna pandemia puede hacernos olvidar.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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La legitimidad es un bien perecible

/ 20 de febrero de 2021 / 23:46

Cien días es un plazo muy breve para definir los rumbos de una gestión de gobierno de cinco años. Pero en términos simbólicos permite detectar algunas señales, positivas o negativas, que a la larga pueden convertirse en tendencias que marcarán todo un período. ¿Cuál el balance que puede hacerse de dichas señales en los primeros 100 días del gobierno de Luis Arce Catacora?

Obviamente, el sello inicial es de legitimidad. Es el comienzo de una nueva etapa del llamado Proceso de Cambio iniciado en 2006, tras el inobjetable triunfo del MAS encabezado por Evo Morales en las elecciones de diciembre del año anterior. Pero el tiempo no transcurre en vano, con sus luces y sus sombras median casi 15 años entre uno y otro comienzo (enero 2006 – noviembre 2020).

Muchas cosas cambiaron en ese lapso. Para comenzar, las condiciones internacionales son bastante distintas, estamos en las puertas de una nueva “guerra fría” que implicará la conformación de dos bloques enfrentados. Vivimos los peores momentos de una asoladora pandemia que afecta a la humanidad entera y cuya aparente receta para combatirla, la vacuna, está sujeta no solo al afán de lucro del mercado, sino también a los vaivenes de la política externa confrontacional de los países poderosos. El proyecto latinoamericano de integración soberana tiene a un Brasil en manos de la derecha, una Venezuela atravesando una dramática crisis económica y social, una estoica Cuba afrontando inmensas y acumuladas dificultades y, un Estados Unidos revitalizado, dispuesto a restablecer sus políticas de dominación. Sobre estas temáticas el Gobierno boliviano no ha emitido todavía ninguna señal perceptible.

En lo interno, el resultado de las medidas de reactivación económica adoptadas está por verse. Hay esperanzas pero nada concreto todavía, excepto el freno a las desmesuradas pretensiones de la banca privada y la reversión de algunas tierras ilegalmente concedidas a personajes del gobierno “transitorio”. Pareciera que ciertos niveles gubernamentales apuestan únicamente a que se repita el auge de los precios de los hidrocarburos y minerales, como en la década anterior. No asoma un necesario debate sobre cómo superar el modelo extractivista, primario exportador dentro del cual nos movemos.

Pero, de donde provienen las señales menos positivas es desde los temas Justicia y Salud, rubros cuyos déficits se arrastran desde varios años atrás.

Ya no hay palabras gruesas para describir el funcionamiento del sistema judicial. Como cualquier hombre de la calle, tentados estamos de recurrir a los epítetos más groseros para calificar a jueces y magistrados. Incluidas sus madres, seguramente en su mayoría inocentes. El Gobierno, en vez de proceder a una pronta reforma judicial, lo que hizo fue frenarla hasta no se sabe cuándo y, mientras tanto, utiliza a la Justicia para limpiar de polvo y paja a todos sus adherentes encausados y para amenazar y perseguir a sus oponentes.

En el tema salud, lo propio. Ha sido incapaz de reconocer y enmendar los errores de la no priorización anterior, no ha podido desarmar a ciertos dirigentes que, haciendo gala de un prepotente corporativismo, confunden al grueso de profesionales y trabajadores en salud. La falta de información completa y transparente, la ausencia de un verdadero y franco diálogo con las bases del sector en el tratamiento de la Ley de Emergencia Sanitaria, han llevado a una situación sumamente perjudicial para la lucha contra la pandemia y para las gestiones multilaterales que el Gobierno debe realizar con este motivo.

Si a lo dicho antes añadimos algunos desmanes en el uso de recursos públicos en la campaña electoral y declaraciones escandalosas de ciertos bocones, el cuadro negativo se completa.

Y es así como la legitimidad recuperada puede irse perdiendo inexorablemente.

   Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Que las luces de los ausentes nos iluminen

/ 7 de febrero de 2021 / 00:03

Tristemente memorable mes de enero del año 21 del siglo ídem. El país ha superado los picos más altos de las cifras de contagiados y fallecidos de la primera ola. La pandemia a estas alturas tiene ya en su haber más de dos millones de víctimas mortales en todo el mundo. En Bolivia las muertes de enero, directa o indirectamente resultantes del virus COVID-19, nos han golpeado con particular rudeza porque involucraron a personalidades públicas, cuya ausencia se hace muy notoria, siendo como somos un país pequeño. Figuran en esa lista macabra, Ramiro Barrenechea, poeta, político revolucionario y docente; Felipe Quispe, líder insurgente aymara; Gil Imaná, pintor de máxima excelencia; Edgar ‘Huracán’ Ramírez, esclarecido líder obrero y trabajador de la memoria; Rolando Villena, defensor incansable de los Derechos Humanos; Juan Carlos Pinto, escritor y activista del cambio social; José Nogales, Iván Miranda y Edwin Flores, consagrados en el periodismo y la docencia. Y, de seguro, la lista podría continuar.

Hacer el intento de analizar algunos elementos de la coyuntura implica sobreponerse a estas y otras pérdidas en las que hay familiares, compañeros, amigos, conocidos y desconocidos. Quizá por eso el primer tema que nos viene a la mente es el de los conflictos, su manera de plantearlos y su forma de atenderlos.

Empecemos diciendo que la sociedad boliviana es altamente conflictiva, está plagada de acciones reivindicativas que con frecuencia desembocan en enfrentamientos. Conflictividad que no siempre posee una connotación negativa. Por el contrario, suele poner al desnudo problemas reales que demandan soluciones urgentes de parte de instancias del Estado, sean éstas ministerios, gobernaciones, municipios u otras. Por lo demás, el surgimiento de demandas muestra una sociedad civil activa y potencialmente participativa incluso en la propia solución de los conflictos. El problema se complica cuando impera la desmesura y cuando un pequeño conflicto local alcanza niveles regionales o nacionales. Podrían citarse decenas de casos en los cuales campean las desproporciones, por ejemplo, el pedido de renuncia de un alcalde rural, un concejal o algún director de educación o salud, deriva en un bloqueo de una ruta interdepartamental o internacional, ocasionando enormes daños a la economía y sufrimientos indecibles a pasajeros atrapados en los caminos.

Se ha desarrollado en el país una perversa cultura del conflicto que tiene como herramienta principal la interrupción del paso por calles y carreteras. La contundencia de estas “medidas de presión” se mide por el daño ocasionado. En cuanto mayor sea el perjuicio y mayor el número de personas afectadas la medida será más “contundente”. Se apela al derecho constitucional a la protesta, olvidando deliberadamente otros principios constitucionales que consagran derechos y libertades.

Con o sin nueva normativa, trabajadores de la salud, transportistas, trabajadores del rubro energético y de servicios esenciales, debieran abstenerse de paralizar sus labores y menos aún participar en bloqueos, lo que no supone abandonen sus demandas y dejen de hacer escuchar sus protestas y propuestas. Y por otra parte, las autoridades en todos los niveles debieran vencer la modorra burocrática o el sectarismo político, atender las demandas sin esperar que se conviertan en conflictos y, dejando de lado la chicanería barata, cumplir lealmente los acuerdos alcanzados.

Todo ello por lo menos mientras dure la emergencia sanitaria que padecemos. ¿Prédica en el desierto?

     Carlos Soria Galvarro es periodista.

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