Voces

miércoles 1 dic 2021 | Actualizado a 08:39

La marea verde en Argentina

Esperemos que estos avances contagien a los partidos políticos progresistas de Bolivia, donde se estima que se realizan 180 abortos cada día.

/ 14 de diciembre de 2020 / 07:36

El 11 de diciembre fue un día histórico para el avance de los derechos de las mujeres en Argentina y América Latina. Luego de 22 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención posaborto. El proyecto, presentado por el Ejecutivo, obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. El bloque del Frente de Todos fue el que aportó la mayor cantidad de votos para conseguir la sanción. De los 119 diputados que participaron de la sesión, 82 votaron de manera afirmativa. El proyecto ahora debe ser sancionado en la Cámara de Senadores, donde se confía en llegar a una ajustada votación a favor.

El proyecto de ley ha estado acompañado de dos medidas que han allanado su aprobación: la concesión de ayudas económicas durante dos años para las mujeres sin recursos que quieran llevar adelante el embarazo (denominado el Plan de los 1.000 días) y la inclusión de la objeción de conciencia.

Esta vez los argumentos en contra —los mismos que se esgrimieron en el debate de 2018— no alcanzaron para frenar la marea verde de mujeres dentro y fuera del Congreso que celebraron con lágrimas la media sanción. Y es que nuevamente, como en 2018, las calles cercanas al Congreso se inundaron de mujeres (sobre todo jóvenes) y organizaciones diversas que utilizan el pañuelo verde como símbolo de su lucha por la despenalización y comparten la convicción de que los derechos se ganan en la calle.

Será el noveno intento de despenalizar el aborto en Argentina. En la discusión, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró convencer que no se trata de defender ni de promover el aborto, sino de habilitar la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo no deseado puesto que, como se ha demostrado con investigaciones en torno al tema, en los países con legislación prohibicionista, la penalización del aborto no impide la interrupción de los embarazos no deseados, y lo único que hace es obligar a las mujeres con menos recursos a abortar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su vida.

Esperemos que estos avances contagien a los partidos políticos progresistas de Bolivia, donde se estima que se realizan 180 abortos cada día y las complicaciones por interrupciones mal practicadas son la tercera causa de mortalidad materna. Ya sufrimos una arremetida conservadora en 2018 cuando las iglesias, los grupos corporativos de los médicos y organizaciones “pro vida” lograron frenar la ampliación de causales de aborto impune en el Código Penal.

Pero la marea verde boliviana ya tiene algunas señales. Hace unos días, uno de los voceros de estas organizaciones ultraconservadoras denunció a un activista y a la Defensoría del Pueblo por “promover el aborto”. Como respuesta se virilizó la campaña #YoAcompaño donde, desde diversas voces, se testimonió la amorosa complicidad de muchas personas con las mujeres de su entorno frente a la decisión de interrumpir el embarazo.

Después del largo proceso en Argentina, en toda la región siguen días de activismo y esperanza. El aborto es un problema de salud pública que incide en las altas tasas de morbimortalidad materna. No se trata de legislar sobre una cuestión moral, que puede ser ejercida de manera individual según su particular sistema de creencias. También es un derecho humano que involucra la libertad, autonomía y dignidad de las mujeres sobre sus cuerpos, quienes pueden decidir por sí mismas y no bajo la tutela del Estado. En Bolivia, no puede haber mujeres en riesgo de perder la vida, la salud o la libertad por restricciones a nuestra capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos.

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25N de nuevo en las calles

/ 28 de noviembre de 2021 / 00:42

Nuevamente, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos encuentra en las calles demandando al Estado el derecho a estar vivas. Nuevamente, las cifras de la violencia nos estremecen y la impotencia nos impulsa a romperlo todo. Nuevamente nos juntamos en las plazas a contar muertas, como en una guerra interminable por nuestra independencia y libertad.

Bolivia es una de las sociedades más violentas en contra de las mujeres y nuestras casas son el espacio más inseguro para las niñas, jóvenes y esposas/compañeras que solo quieren tomar sus propias decisiones. Llevamos más de 20 años hablando del tema y ya no sabemos qué más decir, qué más hacer, cómo proponer políticas públicas pensadas a favor del derecho a la vida.

Este año, desde la trinchera de aliadas que tenemos en el Estado, nos proponen una “Revolución Cultural para la Despatriarcalización” bajo tres ejes de acción: i) estrategias basadas en la educación, la cultura y la comunicación; ii) avanzar en el ámbito normativo; y iii) fortalecer las instituciones que trabajan por la despatriarcalización. Sin duda los tres ámbitos son centrales si queremos asumir seriamente el cambio social que requiere la atención de la violencia, pero analicemos algunos desafíos que esta propuesta va a enfrentar.

Coincidimos que la cultura y la comunicación son campos desde donde podemos desafiar las normas sociales, ideas y creencias que no solo naturalizan la desigualdad de género y la violencia, sino la fortalecen y remozan sus formas. En esta empresa es necesario el compromiso del Ministerio de Culturas y todo el sistema de fomento a la cultura, como la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia con todas sus acciones, redes y centros culturales. En ese camino, una idea innovadora que requiere recursos es la biblioteca feminista, esperemos sus resultados.

Un segundo eje central en la prevención es el sistema educativo. Allí los desafíos son mucho más profundos y tienen que ver con los contenidos educativos que actualmente refuerzan los roles de género y que basan su sistema de valores en ideas conservadoras; así como los contenidos no curriculares transmitidos por los propios maestros y maestras que se constituyen en actores centrales del problema por su capacidad de influencia sobre niños, niñas y jóvenes. Tal vez el nuevo ministro pueda hacer un cambio significativo en este tema.

Desde la sociedad civil seguiremos acompañando la discusión en torno a la Ley 348, pero convencidas de que sus modificaciones solo tienen sentido en el marco de una reforma mayor del sistema judicial. Es allí donde encontramos uno de los nudos críticos para la impunidad puesto que una mujer que denuncia violencia tiene que estar dispuesta a vivir un verdadero viacrucis en el sistema jurídico, donde solo triunfa quien puede sobornar más y mejor a jueces y fiscales. La promesa de la instalación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en el departamento de Santa Cruz es un avance en la lucha contra la impunidad.

El tercer eje tiene que ver con lo institucional. En este tema lo central tiene que ver con el diálogo y voluntad sincera de trabajo coordinado con los Servicios Legales Integrales de los gobiernos municipales. Con todas sus limitaciones y deficiencias, estos espacios son los más cercanos a la ciudadanía y donde encontramos un ejército de funcionarias que todos los días conocen historias desgarradoras y despliegan todos sus esfuerzos por brindar protección a las víctimas. El fortalecimiento y apoyo a estas instancias podría provocar un verdadero cambio en la cultura de la impunidad.

Sabemos que la tarea de erradicar la violencia es titánica. Lo único que nos alienta es que este 25 de noviembre las calles fueron tomadas por las jóvenes, hartas de que el Estado les falle sistemáticamente. Es en ellas en quienes depositamos nuestra confianza de que un cambio es posible.

Lourdes Montero es cientista social.

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Una COP26 decepcionante

/ 14 de noviembre de 2021 / 00:42

Mientras en Bolivia ardemos en nuestra particular hoguera política, en el mundo se llevó adelante la conferencia sobre calentamiento global de la ONU (COP26), considerada un momento clave en los esfuerzos para enfrentar la amenaza del cambio climático. Líderes mundiales de 200 países se reunieron estas semanas en Escocia para intentar llegar a un acuerdo con el fin de reducir la contaminación ambiental. Las señales del acuerdo hasta el cierre de esta columna son un escalamiento en la inversión verde con un fuerte tinte economicista, y una reducción de la ambición respecto a la reducción del uso de combustibles fósiles.

Cinco grandes economías —China, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), India y Rusia— son responsables este 2021 del 64% de todo el dióxido de carbono que expulsa la industria. China será la primera, con el 31% de las emisiones. Le seguirán Estados Unidos, con el 14%, la UE y la India, con un 7% cada una y Rusia con 5%.

Sin importar el detalle del resultado del acuerdo, el analista en temas ambientales Samuel Martín-Sosa sistematiza las varias dimensiones de la crisis que hay que abordar. Sostiene que podemos hablar de al menos cuatro brechas en la acción climática: de ambición, de cumplimiento, de realismo y, tal vez la más sentida en América Latina, la de justicia.

La brecha de ambición se refiere a la distancia entre lo prometido por los gobiernos y lo necesario. Todavía hay una cantidad determinada de CO2 que podemos poner en la atmósfera sin entrar en zona de alto riesgo; es lo que se conoce como presupuesto de carbono. Los compromisos de mitigación de los países son tan insuficientes que a nivel global ese presupuesto de carbono se agotará en menos de una década. Según los expertos, los países deben aumentar la ambición de sus planes en más de cinco veces para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

La brecha de cumplimiento refleja la diferencia entre lo que los países prometen y lo que cumplen realmente. No existe un sistema de monitoreo del cumplimiento efectivo de las promesas, lo que deja margen para la trampa y la falta de rigor. El Acuerdo de París no obliga a cumplir las promesas y, por tanto, no hay establecido un procedimiento para penalizar a quienes no las cumplen.

La tercera brecha, la del realismo, es quizás la más peligrosa. Se trata de la diferencia entre lo que se promete y lo que realmente es posible. Escuchamos continuamente hablar del objetivo cero-neto en referencia a aquél en el que las emisiones excedentes son compensadas con captaciones de CO2 de la atmósfera vía los sumideros naturales. En realidad, cuando se habla de cero-neto se está pensando no solo en los bosques sino también en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, hipotéticas iniciativas tecnológicas que despiertan muchas dudas sobre sus posibilidades reales. Y la “inversión verde” puede ser parte de esta trampa.

Y la brecha de justicia, vinculada a la diferencia entre lo que los países prometen y lo que es realmente justo, empezando por lo que les correspondería en función de su responsabilidad histórica. El Acuerdo de París obliga a todos los países a contribuir, pero no a repartir de forma justa. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, no incluye los pormenores que obliguen a los grandes responsables del problema a cargar con la mayor parte de la solución. De acuerdo con los principios de equidad, debiera producirse una eliminación de los combustibles fósiles mucho más rápida en los países donde los impactos sociales de la transición serán menores, es decir, en los países ricos. Éstos también deberían proporcionar financiación, apoyo técnico y tecnológico para permitir las transiciones en los países más pobres. Nada de esto está ocurriendo.

Por todos estos factores, hay mucho escepticismo sobre los rimbombantes anuncios de los líderes mundiales que seguramente escucharemos en estos días. Estamos muy lejos de la ambición de eliminar los subsidios al combustible fósil, una de las principales demandas de los movimientos ambientalistas. Por todo ello, acompañamos la sensación de fracaso y oportunidad perdida denunciada por los ecologistas en Glasgow.

Lourdes Montero es cientista social.

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La niña de Yapacaní

/ 31 de octubre de 2021 / 00:56

Estamos viviendo la tortura de una niña frente a la pasividad del Estado, que debería ser su protector. Nos indignamos por el uso de su cuerpo en una guerra de poder que nos llama a “romperlo todo” como un último acto de dignidad frente a un conjunto de instituciones que violan cada minuto a las mujeres. Hoy más que nunca tiene sentido salir a las calles gritando “el violador eres tú”.

Como cronistas de nuestro tiempo, es imperioso dejar un registro minucioso de la continuidad forzada del embarazo de una niña de 11 años, producto de una violación. Es necesario hacerlo porque la niña de Yapacaní es hoy la imagen pública de la indefensión de 2.618 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual de las que la Fiscalía tiene registro durante 2021. La niña de Yapacaní también es la voz de las 1.636 menores de 15 años embarazadas que el Sistema Nacional de Información en Salud registra tan solo en el primer semestre de este año.

Sí, en Bolivia fallamos sistemáticamente a las niñas cuando permitimos que cada tres horas y media una de ellas se embarace; y 10 sean violadas cada día. Por ello, es necesario señalar con claridad cada paso de la falla institucional y estatal en este caso.

A la niña de Yapacaní le falló su familia, que la dejó al cuidado de su victimario. Le falló su padre que fue el primero en quitarle sus derechos, le falló su madre que no respetó su vida. Esa familia que los grupos conservadores santifican y quieren preservar a costa de cualquier derecho humano es el espacio más inseguro para cualquier mujer boliviana.

A esta niña de tan solo 11 años le falló la instancia estatal creada expresamente para protegerla. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Santa Cruz defendió la decisión de continuar con el embarazo forzado, siendo parte de la cadena de presión a la familia. Con soberbia, el director de la defensoría, Rashid Guardia, dijo que “asumirá las consecuencias legales de no cumplir la sentencia constitucional”. Yo ya no acepto que un centavo de mis impuestos vaya a pagar el sueldo de un servidor público que antepone sus creencias religiosas al cumplimiento de las leyes.

La menor debió ser protegida por el sistema de salud público donde acudió para que se cumplieran sus derechos; en cambio, el hospital Percy Boland consintió el ingreso de la Iglesia Católica y grupos fundamentalistas a un espacio en el que todas las personas sufrimos de extrema vulnerabilidad, y permitió que se presionara y chantajeara a la niña y la familia. Sobre esto nos debe explicaciones el director del hospital, Mario Herbas, y, como máxima autoridad local, Erwin Viruez, director del Sedes. La integridad física y mental de la menor, y sobre todo la privacidad y confidencialidad del caso, estaban bajo su responsabilidad.

Contribuyeron a violar los derechos de la niña de Yapacaní los medios de comunicación que sin el menor valor ético exhibieron su vida y la de sus hermanas, llegando incluso a filtrar declaraciones que la pequeña realizó frente a la Defensoría de la Niñez.

Falla también el Estado en todas sus instancias al no poner freno a las acciones de la Iglesia Católica boliviana que no reconoce el imperio de la ley y, creyendo estar en un Estado Islámico, busca imponernos su ideología.

Solitarias y testarudas en la defensa de derechos humanos solo escuchamos la voz de Nadia Cruz, defensora del Pueblo, y la ministra María Nela Prada, quienes buscan que se haga justicia, seguramente enfrentando internamente muchos cuestionamientos. Acompañamos su necesidad de creer que Bolivia es un Estado laico y de derecho, y respaldamos su valor de enfrentar el patriarcado en el seno mismo del poder. Por ello reafirmamos con todas nuestras fuerzas que las niñas no son madres y negar el acceso a la interrupción legal de un embarazo provocado por una violación es una forma de tortura inaceptable.

Lourdes Montero es cientista social.

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Ranking de inversión para la equidad

/ 17 de octubre de 2021 / 00:26

El Observatorio de Justicia Fiscal, conformado por diversas organizaciones de mujeres, ha presentado la semana pasada el Ranking de Inversión, Igualdad y Equidad de Género de la gestión 2020. Esta herramienta que se desarrolla desde 2015 es un ejercicio anual que realizan las organizaciones de mujeres para visibilizar la inversión pública en los gobiernos municipales y así identificar cómo los discursos, que suelen ser muy emotivos el día de la mujer, se transforman en decisiones concretas para el cumplimiento de sus derechos.

El ranking clasifica a los 339 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) como resultado del análisis y medición de presupuestos ejecutados, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y corresponde a los datos presentados por los gobiernos municipales tanto en su planificación como en su ejecución real. No se mide lo invertido en mujeres, como muchos creen, sino cuatro categorías estratégicas para avanzar en el cierre de brechas de desigualdad: inversión en cuidado de la familia y reproducción de la fuerza de trabajo; inversión que promueva cambios estructurales en el sistema patriarcal; inversión en la atención, prevención y protección contra la violencia de género; e inversión en la autonomía económica de las mujeres.

Un primer dato significativo del informe revela la caída de forma sostenida de toda la inversión pública desde 2016. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la inversión pública cayó de un máximo $us 5.065 millones en 2016 a solo $us 1.784 millones en 2020. La inversión social de igual forma se redujo de $us 1.192 millones en 2016 a $us 711 millones en 2020.

Un segundo dato desalentador es que 2020 presenta una caída histórica de la inversión en equidad. Entre 2016 y 2019, más del 50% de los municipios tuvieron un desempeño bueno en su inversión de género, llegando al 3% de su presupuesto total; y esto ocurría incluso con la caída general en la inversión pública. El mejor año fue 2018, cuando el 61,8% de los municipios tuvo un comportamiento por lo menos aceptable. Sin embargo, en 2020, con los problemas relacionados con la pandemia del COVID- 19 y una menor programación presupuestaria en el tema, solo 21% de los municipios fueron calificados con una inversión aceptable. Es decir, en 2020 el 79% de los municipios registró una inversión municipal menor a 3% del total. El peor nivel observado en los últimos años.

Pero vale la pena destacar las desviaciones positivas. A pesar de todas las restricciones presupuestarias, la pandemia y los conflictos políticos que afectaron el desempeño administrativo municipal, algunas autoridades municipales de San Joaquín (Beni), Caquiaviri (La Paz) GAIOC de la Nación Uru Chipaya (Oruro), Pojo (Cochabamba) y Soracachi (Oruro) tuvieron un desempeño destacado invirtiendo más de 10% de su presupuesto en equidad.

En el otro extremo encontramos a las grandes ciudades como Cochabamba (1,26%), La Paz (1,23), y la peor, Santa Cruz (0,79) con indicadores muy por debajo de la media nacional que este año se ubica en 1,55%. Por encima de la media encontramos a las ciudades de El Alto (2,13), Tarija (2,38) y Sucre (2,28), aunque ninguna cercana al 3%, que era lo esperado hasta 2019.

Sin duda se trata de una fotografía muy desalentadora. Sobre todo, si constatamos que otras partidas presupuestarias se han mantenido estables, y más bien la que ha sufrido reducciones tiene que ver con una disminución de los ya escasos recursos destinados a la equidad. Seguramente las organizaciones de mujeres, muchas de ellas actualmente parte de los concejos municipales, deben expresar su protesta para evitar que la crisis agrave los nudos estructurales de la desigualdad de género en Bolivia.

Lourdes Montero es cientista social.

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Sigue el rastro del dinero

/ 3 de octubre de 2021 / 00:19

La semana pasada recibí la exaltada llamada de mi mamá, altamente preocupada por una serie de WhatsApp que estaba recibiendo en torno a un (nuevo) plan estatal para hacerse de sus bienes. Intenté calmarla y comprender mejor a qué se debía su alarma y, sobre todo, cuál de sus bien informados grupos de WhatsApp era el autor del sobresalto. Luego de varios intentos logré comprender que su preocupación se debía a la eminente promulgación de la Ley “Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”.

Firme en sus argumentaciones, me compartió el amenazante tuit de un honorable senador: “Aprobaron la Ley 108 que da poderes ilimitados a la Unidad de Investigación Financiera para investigar a los bolivianos. Entrarán a cuentas, propiedades, llamadas privadas, podrán arrestar a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, etc… lo que se viene @bolivia” (sic). Tardé como dos horas en convencer a mi madre que seguramente su sueldo de jubilada fabril no atraería una investigación de la UIF y que es poco probable que su nombre aparezca en una lista de sociedades offshore. Comprendí también que este miedo era compartido por amigos periodistas, organizaciones gremiales, e incluso sacerdotes que veían en la ley una amenaza a sus preciados diezmos.

El cuestionamiento central que todos comparten es la supuesta cualidad de la ley para darle al Estado el control total de nuestra información, otorgando superpoderes a la UIF para realizar tareas de investigación sobre valores, seguros, pensiones; acciones comerciales, tributarias, económicas; registros notariales, civiles, derechos reales, profesionales y otros. Por supuesto, todo esto respondiendo a un tenebroso plan de dominio mundial urdido por Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Sin duda la ley aborda terrenos pantanosos, y por ello quise comprender mejor el contexto mundial en el que se emite. Para ello nada mejor que recurrir a la amplia información compartida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), grupo internacional para prevenir la utilización de las instituciones financieras en actividades de lavado de dinero, creado durante la XV Cumbre Económica Anual de los Jefes de Estado de los Países del G7 (ninguno de ellos sospechoso de pertenecer al eje del mal).

Resulta que la ley responde a una serie de recomendaciones de la comunidad internacional para proteger al sistema financiero de ser utilizado para realizar transacciones ilícitas por parte del crimen organizado, que cada día se presenta como un fenómeno de gran sofisticación operativa que las simples mortales no comprendemos.

Pero ¿por qué concentrar las energías en el ámbito del lavado de dinero es tan importante? El Banco Interamericano de Desarrollo (tampoco sospechoso de ser comunista) lo expresa con claridad: “poco vale atacar a los delincuentes si sus ganancias quedan intactas: el enriquecimiento personal del delincuente constituye la motivación del delito y proporciona, al mismo tiempo, el capital operacional requerido para seguir delinquiendo”. Todo delincuente necesita blanquear sus ingresos porque el dinero puede servir de pista rastreable y comprobable para descubrir y probar el delito. Si tienen dudas sobre esta afirmación, los remito al caso Arturo Murillo y los gases lacrimógenos.

Sin embargo, toda buena intención en malas manos puede tener otros resultados. En Nicaragua, Daniel Ortega utiliza la acusación de “lavado de dinero” para atacar y encarcelar a sus opositores políticos. A pesar de los riesgos que implica tener una UIF con técnicas especiales de investigación, el lavado de dinero y los hechos vinculados a estas actividades tienen un inmenso poder destructivo de nuestras sociedades y, por ello, es necesario fortalecer la prevención y persecución de este delito.

 Lourdes Montero es cientista social.

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