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2020 fue una broma

/ 31 de diciembre de 2020 / 23:41

Marshall Berman fue un filósofo y crítico de arte estadounidense que nació y creció en uno de los barrios más pobres de aquel país, el Bronx, durante los años 70: una época de decadencia económica e impronta desarrollista que levantaba superautopistas sobre comunidades enteras, principalmente afroamericanas, convirtiéndolas en ruinas y antros de vidas miserables. Su obra más conocida, Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad, es una reflexión sobre el mundo inaugurado por el capital, donde tendencias opuestas se encuentran y unen, prometiendo y amenazando a la vez al ser humano. Es también un libro que puede servirnos para despedir este año.

Ser modernos, para Berman, es vivir bajo una perpetua vorágine de fuerzas contrapuestas que someten a las personas a un mundo siempre cambiante, donde impera la angustia y la incertidumbre. Para abordarlo, se sirve del Fausto de Goethe, quien según cuenta la leyenda, le habría vendido su alma al diablo a cambio de placeres terrenales y conocimiento infinito, construyendo a partir de ese momento una tierra donde todos son verdaderamente libres, pero donde nadie está nunca seguro, y eliminando todo lazo con el pasado premoderno y su predecible cotidianidad. Es un mundo fascinante y peligroso, que debe destruirse y recrearse perpetuamente, siempre en constante modernización.

2020 pasará a la historia como uno de los años más turbulentos en lo que va del siglo y, por ello mismo, como uno de los más modernos. Un virus, forma de vida diminuta, logró detener durante algunos meses ciudades enteras y la mismísima economía mundial; pero al detener el planeta solo aceleró sus cambios: La economía digital, que ya estaba en auge antes de la pandemia, es hoy la fuente de empleos con mayor crecimiento, e irónicamente la mayor amenaza para millones de trabajadores que podrían ser barridos del mercado laboral por esta transformación tecnológica; al mismo tiempo, la disrupción provocada por el COVID 19 dejó patente que la naturaleza no es la dócil e indefensa dueña de casa que creíamos que era, y que puede desatar plagas desconocidas si seguimos talando árboles sin pausa alguna. 

Y los cambios y las ironías no se detienen ahí. En Bolivia: quemando wiphalas, las “pititas” izaron las banderas que le dieron la victoria al MAS; Trump dejó la Casa Blanca con la reputación de su país en los suelos, después de haber prometido hacerlo grande otra vez; y al igual que en nuestro caso, la cuarentena lanzó a las calles de Perú y Colombia a miles de descontentos que prometen nuevas transformaciones y resistencias a futuro, mientras Chile, modelo conservador latinoamericano y que sí se quedó quieto por el virus y las armas, hoy se prepara para discutir una nueva Constitución.

Este mundo, envuelto en crisis económicas, políticas y climáticas es el que debemos habitar y resolver nosotros, una generación sumida en la ironía: la mejor informada, pero la más fácil de engañar, con sus fake news y sus posverdades; la más tecnológica, pero también más primitiva, con sus ojivas nucleares y sus desplazados por guerras civiles. Galeano solía decir que, si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja es el espejo que utiliza para tomarnos el pelo. Apreciemos su sentido del humor.

De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la ventana de oportunidad para evitar la degradación total de nuestros ecosistemas se cierra en 2030. Hasta entonces, brindo por este año que pasa, las lecciones aprendidas y las oportunidades que todavía nos quedan.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Servidumbre militar obligatoria

Hablaba con otro amigo, hace unos días, sobre la utilidad real de la Policía en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que aquel otro sindicato armado era caro, peligroso e ineficiente

/ 15 de enero de 2021 / 01:03

No deja de sorprenderme el masoquismo de nuestra sociedad. Al salir de casa, paso siempre por la avenida 6 de Marzo y el cuartel Ingavi, a pocos kilómetros de la calle donde la infame masacre de Senkata tuvo lugar. Los últimos días observé a cientos de jóvenes acampando en fila a las puertas del regimiento militar que, por lo que me contó un amigo, participó en casi todos los golpes de Estado desde los años 70 del siglo pasado, hasta el último que derrocó a Morales.

Me inquieta, porque después de noviembre de 2019, los bolivianos deberíamos considerar suprimir el servicio militar obligatorio. Yo lo cumplí cuando era joven, y no me hizo mejor persona. Era la “pre”, seré honesto, pero estar ahí fue suficiente para saber que no era un lugar para fortalecer el cuerpo ni ennoblecer el alma, sino un espacio donde, tal como decían los oficiales allá, no había derechos humanos. Poco aprendí de patriotismo, que es más que el culto a la bandera, y en realidad se puede decir que fue un dilatado curso de machismo, racismo y sumisión que por suerte olvidé rápido.

Aquellos muchachos están haciendo fila para ser humillados por algún coronel que seguramente les pedirá que limpien su patio; los chicos con dinero pueden ahorrarse esas molestias. Servidumbre obligatoria, de esas que cuestan la vida, como la del conscripto que murió hace unos años para salvar el coche de su superior atrapado en una zona inundada.

No hemos tenido guerras desde hace más de 80 años y, de todos modos, nuestras Fuerzas Armadas las perdieron casi todas. Sus fusiles disparan siempre, salvo en contadas ocasiones, contra indígenas o campesinos, y de yapa, sus salarios y beneficios sociales son carísimos para nuestro presupuesto, y completamente inmerecidos cuando se compara su utilidad con los trabajadores de la salud o la educación (excluyo intencionalmente acá a los administradores de la justicia). Se jubilan con el 100% de sus ingresos, mientras que siete de cada 10 bolivianos deben buscarse la vida en la calle.

Dunkerley recuerda, en su libro Los Orígenes del Poder Militar, que las FFAA han actuado siempre bajo una lógica corporativa más atenta a sus numerosos privilegios que a la integridad de nuestro Estado, funcionando durante mucho tiempo como plataforma política de avispados, pero no siempre honestos, personajes. Hoy son un trampolín de acceso a las clases medias por su alta remuneración, por lo que entrar a sus filas suele ser tan caro como la corrupción. Zavaleta decía que si el Estado es la síntesis de la sociedad, entonces las FFAA son la síntesis del Estado, y es así: son más clientelistas y rentistas que cualquier funcionario público.

Hablaba con otro amigo, hace unos días, sobre la utilidad real de la Policía en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que aquel otro sindicato armado era caro, peligroso e ineficiente. Lo mismo podría decirse, y con mejores argumentos, del Ejército. Tomando en cuenta la compleja relación que seguramente hoy existe entre el Gobierno y los militares, me limitaré a decir que recuerdo con melancolía aquello que Galeano esperaba para nuestro continente en el siglo XXI. “En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo”.

No creo que podamos abolir esta odiosa institución por lo pronto, así que me limitaré a esperar a que al menos se haga justicia por las masacres de Senkata y Sacaba y todos los muertos bajo botas policiales y militares.

Carlos Moldiz es politólogo

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No hay derecho

Todavía persiste la idea entre algunas autoridades de que la reforma del Órgano Judicial no es un problema urgente.

/ 18 de diciembre de 2020 / 03:56

“En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia”. Con estas palabras, Thomas Hobbes, filósofo político del siglo XVII, describe la situación de la especie humana en un estado de naturaleza donde no existe poder que medie entre las personas, cuyas tendencias naturales las hacen inaptas para cualquier tipo de convivencia pacífica.

La tesis central de su obra más conocida, Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, es que, para poder gozar de cierta seguridad frente a otros seres humanos, las personas deben pactar con un tercero, el Estado, la transferencia de su libertad. Es decir, seguridad a cambio de obediencia, casi total.

Ahora bien, Hobbes es la última persona a la que deberíamos recurrir por consejos para construir sociedades más democráticas, pero si de algo sabía, porque le preocupaba mucho, era acerca de las condiciones necesarias para mantener la paz. Ciertamente su visión de un Estado todopoderoso no coincide con nuestra actual concepción de la libertad o el Estado de Derecho, pero sus reflexiones sí nos pueden ayudar a abordar otra idea muy importante para nuestra convivencia social: Justicia, entendida como acuerdos de carácter obligatorio cuya violación producen su contrario: injusticia.

Hace un par de semanas, un abogado que torturaba por encargo y un acusado de feminicidio con sobradas pruebas en su contra lograron que la “justicia” les conceda libertad condicional, aunque dicha sentencia afortunadamente se canceló para el primer caso, quedando pendiente el segundo. En la vereda opuesta, Jhiery Fernández, médico acusado por violación e infanticidio, y Mariela Valdez, exfuncionaria del Banco Unión, fueron encarcelados sin prueba alguna, y en el segundo caso, ¡por el solo hecho de denunciar un delito! Ambos hechos con la complicidad de jueces y fiscales. Los ejemplos son literalmente incontables

No obstante, y a pesar de la escalofriante situación para los Derechos Humanos que el país atravesó durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, todavía persiste la idea entre algunas autoridades de que la reforma del Órgano Judicial no es un problema urgente. Pero lo es, debido a que la convivencia pacífica entre bolivianos y la propia democracia dependen de que nuestros problemas se resuelvan dentro de los márgenes institucionales de nuestro Estado y no con acuerdos por debajo de la mesa o por mano propia. Si el Estado no me garantiza justicia, ¿quién podrá hacerlo?

La consigna es reforma total, así se deba modificar la Constitución. La perversidad de nuestra justicia es el resultado de un conjunto de usos y costumbres empleados por juristas que las aprenden desde sus primeros años de universidad, para luego conformar redes informales de jueces, fiscales y policías que nada tienen que envidiar a los esquemas del crimen organizado en la era de Capone. De hecho, el abogado que estaba a punto de ser suelto tenía un cuadro de El Padrino en su oficina. Me imagino a mí mismo entrando ahí, mirándolo a los ojos y luego al cuadro, y luego sonreír nerviosamente mientras me excuso por salir apurado. Creo que pedirle consejos al gremio que es justamente parte del problema es el colmo de la ingenuidad.

No hay derecho, y sin él, volviendo a Hobbes, nuestra existencia es “miserable, brutal y corta”.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Reyes chiquitos

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:43

El libro Inclusión Social en Bolivia: Avances y Desafíos (2006-2014), coordinado por Verónica Paz Arauco, señala que en dicho periodo la economía del país creció a un ritmo del 5% anual, la diferencia en el ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo en más de 100 veces, y la pobreza extrema disminuyó en más de 20 puntos porcentuales. Ciertamente el modelo económico del MAS-IPSP —caracterizado por la propiedad soberana sobre los recursos naturales, la distribución social de la riqueza y la intervención activa del Estado en la localización de recursos— ha demostrado ser efectivo. No obstante, queda mucho por recorrer. Estudios recientes demuestran que los logros alcanzados carecen de profundidad suficiente y sostenibilidad en el tiempo.

En una investigación cuyo título puede ser traducido como Desigualdades persistentes en tiempos de bonanza: analizando variaciones en los servicios públicos locales (2001-2012), el politólogo Marco Just Quiles da cuenta de las profundas diferencias inter regionales en Bolivia en cuanto a disponibilidad de bienes y servicios, mediante la aplicación del Índice de Densidad Estatal, desarrollado para medir la presencia del Estado a lo largo del territorio mediante los siguientes servicios públicos: salud, educación, identificación personal, agua potable y electricidad.

Los resultados, poco halagadores, demuestran que, a pesar de las reformas emprendidas durante el gobierno del MAS, poco ha reducido la desigualdad entre municipios en cuanto al acceso a servicios y bienes públicos, debido más a factores estructurales como historia, geografía y demografía, que a razones institucionales y políticas. Así, un boliviano nacido en una ciudad capital de departamento tiene mayor acceso a ciertos servicios que uno proveniente de Charaña, Puerto Rico, San Ramón o Magdalena. En Bolivia, influye mucho sobre el curso de una vida haber nacido en un lugar y no en otro.

En regiones alejadas de los centros políticos y económicos del país, como por ejemplo Pando o Beni, grupos reducidos de familias controlaban hasta hace poco (quien sabe si todavía) la asignación de recursos y oportunidades, generalmente bajo la autoridad de hombres fuertes o caciques locales. Me viene a la mente Leopoldo Fernández, cuya élite regional fue desplazada en septiembre de 2008 después de un intento de golpe de Estado, una masacre y un Estado de Sitio.

La descentralización municipal como proyecto político debió haber contribuido a superar estos problemas, y aunque muchos de sus efectos fueron positivos, es innegable que la Ley de Participación Popular de 1994 no solo democratizó elecciones y presupuestos desde el centro hacia las secciones de provincia, sino también prácticas informales como el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción, dando paso a la emergencia de cientos de reyes chiquitos que confundían sus jurisdicciones con haciendas desde las cuales aspirar a otros espacios de poder.

Esta reflexión es importante debido a que en los últimos días la atención de la opinión pública se ha concentrado en los posibles candidatos para las venideras elecciones subnacionales, en las cuales se debe combatir justamente esta lógica todavía imperante de discrecionalidad para los reyes en miniatura. Una forma de hacerlo es reformar la transferencia de recursos fiscales desde los gobiernos subnacionales hacia los propios servicios, tal como propuso Iván Finot hace ya algunos años en la presentación de su texto Pacto Fiscal: cómo conciliar equidad con eficiencia.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Sentido común

/ 20 de noviembre de 2020 / 00:35

Para ejercer el mal, nos advierte Arendt, a veces no es necesario estar guiado por malos pensamientos, sino simplemente no pensar. Millones de alemanes se sumaron sin objeción alguna al esquema genocida ideado por los nazis en la Solución Final, y sus principales ejecutores demostraron no sufrir ningún remordimiento tiempo después: Adolf Eichmann, criminal de guerra del Tercer Reich y uno de los principales organizadores de la matanza de judíos durante los estertores de la Segunda Guerra Mundial, se defendió de los cargos que pesaban contra él ante un juzgado en Israel señalando que “solo cumplía órdenes”

¿Qué ordenes eran esas? “Matarás”. Muy pocos objetaron.

¿Cómo pudo todo un pueblo ser indiferente ante tal monstruosidad? Filósofos como Hannah Arendt pasarían casi toda su vida explicando aquello que no debió suceder, pero sucedió. Una de las respuestas: para que tales hechos se dieran, se tuvo que perder primero el sentido común, y luego, toda preocupación por tener que vivir con uno mismo. Solo la muerte de la conciencia nos liberará de la culpa y así podremos dormir tranquilos: Sacaba, Senkata…

Pocas horas después de que Jeanine Áñez fuera posesionada inconstitucionalmente como presidenta transitoria, decenas de convoyes militares y policiales se desplegaban por todo el país contra las revueltas provocadas por el golpe de Estado bajo la tutela del Decreto 4078, una licencia para matar. Primero en Sacaba y luego en Senkata, las fuerzas represivas abrieron fuego contra multitudes desarmadas, provocando una veintena de muertos. Cientos de residentes de las clases medias urbanas de La Paz y Cochabamba aplaudían a los uniformados antes y después de que se perpetraran las masacres, mientras medios como Página Siete y Unitel denigraban a las víctimas llamándolas “hordas” y “terroristas”.

Ciertamente no podemos esperar que aquellas personas, tanto los uniformados que jalaron del gatillo como los que dieron las órdenes e incluso aquellos que aplaudieron el crimen, desarrollen escrúpulos de un día para otro, sobre todo cuando después de consumado el derrocamiento de Morales dieron rienda suelta a sus más atrasados prejuicios racistas. Recordemos, no tienen sentido común, porque no tienen comunidad a la cual referirse, o no consideran a los asesinados como personas pertenecientes a su comunidad; o, en el peor de los casos, ni siquiera les importa aquella sentencia socrática de “prefiero estar en desacuerdo con el mundo a que estarlo conmigo mismo”. No hay culpa, eso es claro, pero sí hay crimen: una veintena de muertos.

Lo que sí podemos esperar son actos de justicia, concepto fundamental para toda convivencia civilizada, a veces resumido por los griegos como “dar a cada quien lo que se merece”. Si los Juicios de Núremberg no se hubieran dado, categorías jurídicas como Crimen de Lesa Humanidad no existirían, dejándonos más vulnerables ante la arbitrariedad de la violencia. Dejar las masacres de Senkata y Sacaba en la impunidad equivale a legitimarlas, y aquello acarrea el peligro de repetirlas. Ningún proceso de “reconciliación nacional” puede pasar por encima de ello, pues solo corresponde a las víctimas perdonar, y ellas ya no están acá.

Aquel pueblo que puso el pecho a las balas hoy demanda reivindicar el Derecho Humano más fundamental: el derecho a la vida. Muchos de ellos marchan hoy todavía con los proyectiles de noviembre alojados en sus cuerpos: quieren Justicia, es solo sentido común.

Carlos Moldiz es politólogo.

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Escepticismo diplomático

/ 6 de noviembre de 2020 / 03:47

Sostuve anteriormente que una restauración oligárquica en Bolivia era imposible bajo condiciones democráticas, dado que nuestro país es mayoritariamente reacio a la aplicación de recetas neoliberales en lo económico, y a la imposición descarada de políticas discriminatorias en lo político, sin mencionar la represión que sería necesaria para efectivizar tales medidas; observar a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala demandando un golpe de Estado a las Fuerzas Armadas y a la Policía frente a las cámaras de todo el mundo refuerza mi punto.

Por el momento, se puede decir que el mayor desafío que enfrenta la derecha boliviana para estos tiempos es conciliar su visión del mundo con los preceptos básicos de la democracia liberal, que son: respeto a las elecciones como método exclusivo de acceso al poder; respeto a los derechos políticos y libertades civiles de todos los ciudadanos; y respeto a la idea de que todos somos iguales política y jurídicamente.

Ahora, me gustaría recordar cómo es que fueron posibles las dictaduras militares que tan primitivamente reclamaban hasta hace poco estos sectores de la población boliviana, dado su desprecio por el Estado de Derecho en general y por los Derechos Humanos en particular.

En su obra Minas, balas y gringos: Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy, el académico Thomas Field Jr. da cuenta de cómo es que un programa de cooperación económica del Gobierno de los Estados Unidos para con Latinoamérica durante los años 60, cuyo objetivo inicial era excluir a la revolución cubana de todo apoyo regional, terminó sentando las bases para la irrupción de las dictaduras militares que azotarían el continente por casi dos décadas:

Como condición para recibir su asistencia económica, la ya corrompida Revolución Nacional dirigida por el MNR debía disciplinar a la clase obrera, entonces agitada por la vanguardia minera y, al mismo tiempo, fortalecer logística y doctrinariamente a las Fuerzas Armadas. El resultado: una hipertrofia de los órganos represivos del Estado que luego se convertirían en actores políticos de primer orden, guiados por una lógica pretoriana cuyos resultados ya conocemos todos, o al menos deberíamos conocer: miles de muertos y de desaparecidos, con sus respectivas familias destrozadas.

Mucho después, los EEUU se deslindarían de aquellos autoritarismos de uniforme y abrazarían la democracia representativa como proyecto para Latinoamérica, impulsados por la resistencia a las dictaduras de nuestras sociedades, así como por un cálculo estratégico en su competencia con la Unión Soviética. Vendrían luego unas democracias tuteladas y condicionadas fuertemente por la cooperación internacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bolivia pasó a ser, como la llamó en algún momento Antonio Rodríguez Carmona, un “Proyectorado”, dependiente de la limosna extranjera y sin soberanía suficiente como para decidir su propio modelo económico, además de uno de los países más pobres del hemisferio.

Es importante considerar todo esto, sea cual sea el resultado de las elecciones que al momento de escribir esta columna se sostienen en aquel país, para determinar bajo qué condiciones se guiarán nuestras relaciones diplomáticas con su gobierno, que ha demostrado ser merecedor de por lo menos un poco de escepticismo diplomático: desconfianza, en buen romance.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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