Dentro de la literatura económica convencional, el rol de la Inversión Pública (IP) sostiene la existencia de efectos directos sobre el incremento del stock de capital y la productividad de los factores de producción de las empresas. En el caso de Bolivia y en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), la IP se define como todo uso de recursos públicos destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien. 

Haciendo memoria a los lectores, en periodos neoliberales de 1993 a 2005, las cifras en promedio de la IP registraban apenas $us 556 millones, descuidando la demanda interna y con medidas orientadas únicamente a favorecer a las grandes empresas privadas, paralizando la economía del país. La IP de ese entonces fue financiada en 53% con recursos externos y 47% con recursos internos. Además, la inversión de ese periodo era financiada mayormente con recursos externos (créditos y donaciones), condicionados a la aplicación de determinadas políticas.

A partir de 2006, el Gobierno del Estado Plurinacional (GEP) incrementó la IP cuantiosamente de $us 629 millones en 2005 a $us 4.011 millones en 2021, que representa un aumento del 538%, lo cual se constituye en un eje importante de dinamización de la economía boliviana, cuyo financiamiento se debe mayoritariamente a los recursos económicos internos. En el periodo de 2006 a octubre de 2019, la composición de la inversión del Estado en promedio fue financiada en un 74% con recursos internos y tan solo un 26% con recursos externos, resultado que se debe a la aplicación del MESCP.

Lamentablemente, desde noviembre de 2019 a octubre de 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez muchas obras en diferentes regiones del país fueron paralizadas y se dejó de pagar a las empresas contratistas, lo cual afectó al sector y tuvo efecto multiplicador negativo en la economía boliviana, donde el objetivo del gobierno de facto era quebrar y privatizar las empresas estatales, bloqueando el desarrollo económico boliviano al intentar reponer el viejo modelo neoliberal que privilegió a grandes empresas privadas sobre el público.

En este contexto, y considerando que la IP se ha constituido en el principal instrumento de política económica y ha generado importantes cambios en la economía nacional, el gobierno del presidente Luis Arce ha procedido a realizar ajustes al Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2021.

El PGE inicial, elaborado por el gobierno de transición, proyectaba una menor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, reducía la IP, se perfilaba mayor inflación y acentuaba la incertidumbre con la ejecución de políticas neoliberales orientadas a favorecer a ciertos grupos de poder en desmedro del pueblo, y planteaba una IP por $us 3.442 millones.

El PGE ajustado contempla $us 4.011 millones para IP, lo que representa un aumento del 17% con relación al PGE inicial. El mencionado importe se compone de 61% con recursos internos y 39% con recursos externos; consiguientemente, del total de la IP programada el 36,2% se destinará a proyectos de infraestructura, el 34,9% será para el sector productivo, el 24,9% se destinará al sector social y 4% se asignará a proyectos multisectoriales. Dicho PGE impulsará la industrialización de los recursos naturales, como la urea en la planta de Bulo Bulo, el potasio en Uyuni con el proyecto estatal del litio, los residuos sólidos en el ámbito nacional, la exportación de electricidad, la fábrica de cemento, la salmuera del salar de Coipasa de Oruro, así como hospitales de tercer nivel, escuelas, complejos hidroeléctricos, el corredor de exportación bimodal Ichilo-Mamoré, construcción y mantenimiento de carreteras de la Red Vial Fundamental, entre otros.

Finalmente, con la reactivación de la IP se está retomando el camino al desarrollo sostenible y prosperidad del pueblo, administrando de forma responsable los recursos del Estado y con la aplicación del MESCP se dinamizará el crecimiento económico a través de la industrialización, obras de desarrollo productivo, infraestructura y proyectos sociales, con generación de empleo y reducción de la pobreza, garantizando a los bolivianos que ¡Vamos a salir adelante!

    Fernando Chuquimia es especialista financiero.