Este 8 de noviembre se cumple el tercer año de gestión del presidente Luis Arce, quien fue elegido democráticamente con el respaldo mayoritario del pueblo boliviano, con un histórico triunfo que superó el 55% de la votación, recuperando de esa manera el orden constitucional, tras su ruptura y la toma de mando del gobierno de facto.

A tres años de la posesión presidencial, es importante un balance de lo que hizo el gobierno de Arce, así como la proyección para los próximos dos años, rumbo al Bicentenario en 2025. En este sentido, con el objeto de que dicho balance sea serio y objetivo, inicialmente expondré las condiciones económicas y sociales en las cuales se encontró al país.

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Durante el gobierno de facto, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública, llevando a la economía a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento de -8,7%, que significó una pérdida de más de $us 4.000 millones; el déficit fiscal alcanzó 12,2%, traducido en un pronunciado descenso de ingresos y retroceso de gastos de capital, desplomando la ejecución de inversión pública a 52,7%, de $us 3.769 millones (2019) a $us 1.784 millones (2020), y una tasa de desempleo que se incrementó a 11,6%.

Al ver un país con indicadores económicos críticos, los cuales se tenían en tiempos neoliberales, indudablemente el gobierno de Arce implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de la población, mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Producto de las acertadas políticas y la administración responsable con soberanía de las finanzas públicas, el país logró el crecimiento económico en 2021, superando el 6%; en 2022, alcanzó el 3,5%. Al segundo trimestre de 2023, y pese al contexto internacional adverso con desaceleración económica mundial, Bolivia se mantiene en la senda del crecimiento, registrando un incremento del 2,21%, aspecto que permite situar al país entre las primeras economías con mayor expansión económica a nivel de Sudamérica.

Asimismo, ante el aumento de precios a nivel mundial, Bolivia ha mantenido una inflación baja y controlada. En 2021, esta variable fue inferior al 1%; en 2022, se cerró con 3,1%. A septiembre de 2023, la inflación se sitúa en 1,5%, uno de los indicadores más bajos de la región y del mundo, gracias a las medidas implementadas por el Gobierno para preservar la estabilidad de precios y cuidar la economía familiar. Se destaca el descenso de la tasa de desempleo y la pobreza extrema, así como el cierre progresivo de brechas de desigualdad.

Por otra parte, el horizonte hacia el Bicentenario es la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI), que es la segunda fase del MESCP, donde se está consolidando las bases para una Bolivia industrializada, mediante el aprovechamiento de todas sus potencialidades y fortalezas productivas, con más de 130 plantas en el país y una importante inversión, a fin de crear una economía de base ancha en diversos rubros orientados a dinamizar y beneficiar a la población.

En este marco se tienen importantes resultados traducidos en la producción de urea, industrialización del litio, construcción de plantas de biodiésel y HVO para obtener diésel ecológico, además de la nueva planta de zinc y la culminación de la planta del Mutún, entre otras. La política de ISI permitirá tener un país con una economía diversificada, industria con valor agregado, generando ingresos y empleo para los bolivianos, disminuyendo la dependencia de insumos y productos importados.   

Finalmente, estos tres años de gestión del presidente Arce han permitido devolver a la población la esperanza y la estabilidad, por cuanto Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico sostenido, con una inflación baja y controlada. La continuidad del MESCP prioriza la demanda interna y garantiza la distribución de recursos para reducir la pobreza y la desigualdad, por cuanto la administración de la economía es efectuada de manera soberana.

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

En 1971, Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, perdiendo el poder de regulador a los grandes bancos centrales, y generó desde 1973 la globalización especulativa, es decir, el eurodólar, los petrodólares y la ola de créditos a deudores soberanos potencialmente insolventes. Consecuentemente, en 1975 se creó las «organizaciones calificadoras reconocidas en escala nacional» (NRSRO, en inglés), donde emergió el oligopolio rentable en favor de las calificadoras de riesgo (CR) Moody´s, S&P y Fitch.

Al respecto, ninguna de las CR explica en sus informes el detalle de criterios para calificar, por ejemplo, cuando las instancias evaluadas no contestan todo el cuestionario, se ignora qué preguntas quedan fuera, ni cuáles han permitido sacar conclusiones. Las CR tampoco están obligadas a divulgar informaciones y compartir datos con otros analistas del mercado. En rigor, las calificadoras gozan de algunos privilegios, por cuanto, en casi todas las demandas radicadas por evaluaciones erróneas o sesgadas, las agencias invocan la libertad de opinión para salir indemnes.

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Las agencias calificadoras de riesgo son fuertemente cuestionadas por su falta de objetividad y el sesgo ideológico que las guía, a cuyo efecto, en un escenario óptimo, la tarea de los EEUU sería poner las finanzas al servicio de la producción, el comercio y el empleo. Dicha labor es indispensable en la actualidad, cuando existe un escenario mundial con ralentización de la economía, altas presiones inflacionarias y tasas de interés elevadas.

Lamentablemente, ese escenario no existe debido a que las CR generan especulación e información sesgada. Es importante recordar al lector que, en años pasados, sobre lo sucedido en las hipotecas subprime (2008), el Senado estadounidense concluyó que dos importantes CR ayudaron a los bancos a ocultar los riesgos de inversiones que estos promocionaban poco antes de que estallara la crisis financiera en EEUU. Asimismo, en octubre de 2022, específicamente Moody´s anunció la mejora en un escalón de todas las calificaciones Deutsche Bank, debido a su mejora financiera; sin embargo, cinco meses después, el mencionado banco se desplomó, arrastrando a otros bancos europeos. 

Entonces, ¿las CR están efectuando un trabajo objetivo?, o ¿existe otros tipos de intereses? En el caso boliviano, Moody´s recientemente cambió de perspectiva de «ratings en revisión» a «negativa». Este aspecto no es casualidad, es causalidad, y lo explico en un artículo publicado en este prestigioso medio, con el título No es casualidad, es causalidad (marzo de 2022). Por lo que esta calificadora no ha tomado en cuenta las variables macroeconómicas positivas que se han logrado gracias al modelo económico social, comunitario y productivo, reinstaurado desde noviembre de 2020. 

Según Moody´s, la baja de calificación responde a los riesgos crediticios en curso asociados con la alta exposición de Bolivia a los shocks políticos y económicos internos, así como los persistentes riesgos fiscales y externos a la baja en ausencia de políticas que aborden de manera efectiva los desafíos crediticios subyacentes.

Una vez más, esta calificadora emite opiniones sesgadas, por cuanto el país demostró un crecimiento económico por encima del endeudamiento externo, aspecto que garantiza la capacidad de pago de la deuda y fortalece la confianza en la economía boliviana. La administración responsable de las finanzas públicas bajo el liderazgo del presidente Luis Arce se traduce en una gestión sólida de la deuda externa, la cual desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad financiera, bajo el enfoque de endeudamiento sostenible, permitiendo el desarrollo económico y social, así como la consolidación de las bases de la industrialización.

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

El libro La crisis del neoliberalismo, de Duménil G. y Lévy D. (2014), expone la gran contracción del Modelo Neoliberal (MN) que comenzó en 2007, en el contexto de la globalización a principios de los años 80. Esta fase del capitalismo enriqueció a las clases más altas, en desmedro de empobrecer al resto de la población, además de provocar disminución de la inversión en industrias nacionales, ocasionando deudas insostenibles con alta dependencia de financiamiento de recursos extranjeros.

Asimismo, en dicho texto los autores analizan la última crisis de la historia del capitalismo y reflexionan sobre los diferentes cambios que tendrá que asumir el MN si quiere asegurar su supervivencia, tales como: limitar el libre movimiento de capitales, reterritorializar la industria, regular el libre comercio, invertir en educación e investigación, y crear impuestos a los grandes ingresos, entre otros.

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En Bolivia, durante 20 años (1986-2005) se aplicó el MN bajo los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, con políticas ortodoxas en las que el mercado desempeña el papel fundamental en la economía, reduciendo drásticamente la participación del Estado. En dicho periodo no se alcanzó el desarrollo económico esperado y tampoco se mejoró la calidad de vida de la población, al contrario, los niveles de pobreza continuaron elevados y la brecha entre ricos y pobres se amplió.

Al respecto, dentro de las principales medidas neoliberales destacan: el establecimiento del libre mercado, la liberación de exportaciones, la libre contratación laboral, además de medidas como la reducción del déficit fiscal a través del proceso de relocalización de trabajadores mineros, disminución de salarios; reducción de la participación del Estado en la economía a su mínima expresión, beneficiando al capital extranjero mediante la privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales.

Es necesario hacer notar al lector que el MN y sus políticas afectaron negativamente al país, ocasionando inestabilidad en el crecimiento económico, elevados niveles de desempleo y pobreza extrema, desigualdad de la distribución del ingreso, inexistencia de políticas monetaria y fiscal por la elevada dolarización y los persistentes déficits fiscales, congelamiento y reducción de salarios, niveles bajos del ahorro nacional, altos índices de mora y de endeudamiento público.

Sorprendentemente, el expresidente Sánchez de Lozada presentó un proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) para cambiar el país. El documento, cuyo denominativo es La Constitución de Todos, es nada más y nada menos la vieja CPE de 1967 y sus reformas posteriores, donde primaba un Estado colonial, republicano y neoliberal. En otras palabras, la propuesta pretende sentar las bases para un futuro próspero y justo en Bolivia, mediante el retroceso de nuestro país.

Pues bien, este tipo de proyectos que son apoyados por extranjeros y por bolivianos que no quieren el progreso económico y social del país, deben ser defendidos a capa y espada por opinadores, señalando que el actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) está agotado y es un embuste, tal como lo señaló Antonio Saravia en un medio de prensa, lo cual es una falacia, y la información vertida en materia económica es tergiversada. Obviamente, qué se podría esperar de alguien que aún tiene esperanza en Goni, con una ideología donde el Estado no tiene un rol en la economía y solamente se debe proteger la propiedad privada.

Finalmente, en contrarruta al MN, el MESCP administra la economía boliviana de manera soberana, permitiendo retornar a la senda del crecimiento económico sostenido, con reducción de la deuda externa, con una inflación baja y controlada, así como un sistema financiero sólido y bolivianizado. Además, en un contexto internacional adverso, se destaca la alta inversión pública, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza extrema, la disminución del desempleo y de la desigualdad económica.             

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

Recientemente acabé de leer dos libros, el primero, Modelo de desarrollo cruceño, 110 años del Memorándum de 1904, del Comité Pro Santa Cruz (2014), y el segundo, Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito, de los autores Barbery C., Mendieta P., Rodríguez G. y Soruco O. (2021), con el fin de entender y contrastar la concepción del Modelo de Desarrollo Cruceño (MDC) con la realidad socioeconómica.

Desde una perspectiva académica, ambos textos no exponen claramente la base teórica, ni la formalización matemática del MDC, aspectos que son fundamentales para entender la relación entre las variables, lo cual no permite diagnosticar una situación o fenómeno en particular, restringiendo el pronóstico del comportamiento futuro de las variables, así como la imposibilidad de diseñar políticas económicas.

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De manera subjetiva, dichos libros tratan de explicar el funcionamiento del MDC, señalando que Santa Cruz no aspira a vivir del Estado. Asimismo, establecen que el modelo ha desarrollado su actividad productiva, comercial y de prestación de servicios basado en factores productivos (recursos naturales, recursos humanos, financiamiento, innovación e institucionalidad), además de sustentarse en valores (libertad, individualidad, competitividad, cooperativismo e integración), permitiendo el progreso económico y social de la población cruceña.

Pero la realidad es otra. Afirmar que el MDC representa a Santa Cruz y busca el bienestar de su población sería una gran mentira, por cuanto este modelo solo representa una forma de organización de sociedad, donde determinados sectores privilegiados, conformados por familias tradicionales con poder económico, así como ciertos sectores de la oligarquía, se han apropiado de la representación política, dominando las principales instituciones bajo el formato de logias.

Evidentemente, dicho departamento oriental contribuye a la productividad económica, no obstante, llama poderosamente la atención que, los recursos se concentren en pocas manos, sin considerar un factor de distribución, razón por la cual el MDC es sinónimo de exclusión del resto de las familias cruceñas, restringiendo la participación de grandes sectores sociales, preservando la institucionalidad cruceña para ciertos grupos elitistas.

Para rematar, uno de los libros deja de explicar el MDC para referirse a testimonios personales e institucionales, señalando que “los cruceños tenemos un paradigma de desarrollo, quizá un estilo de desarrollo cruceño, pero que a la fecha no tenemos algún documento que explique, en el marco de la teoría económica”. Al respecto, me deja en la incertidumbre ¿a qué se refieren con “estilo de desarrollo cruceño?

Ante esta incógnita, será que se refieren a: vivir del Estado y decir que no lo hacen; realizar hechos de corrupción como los ítems fantasmas; apoderarse de instituciones (CRE, Saguapac, Cotas, colegios de profesionales, cámaras industriales y la Gobernación); o tal vez, enriquecer a la oligarquía en desmedro de los ahorros de la población. En resumidas cuentas, el MDC es un grupo de personas (en su mayoría extranjeras) que han adquirido y acumulado su capital a costillas del Estado, es decir, a costa de todos los bolivianos.

Finalmente, ante un modelo que no refleja la realidad socioeconómica de las familias cruceñas, el MDC tiene la necesidad de democratizar el poder político, económico, social e institucional de Santa Cruz, por cuanto en la actualidad dicho modelo está concentrando en poderes privados de las logias, con apoyo de todas las instituciones cruceñas, por lo que urge la inclusión de los sectores sociales, populares, de los diferentes estamentos de la sociedad.

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

Últimamente la población boliviana está sufriendo el “Efecto Pigmalión”, hace referencia a una definición falsa de la situación, que despierta un nuevo comportamiento en las personas y hace que la falsa concepción original se vuelva verdadera. En otras palabras, somos víctimas de la “especulación”.

Primero fue el supuesto desabastecimiento de gasolina, que fue consecuencia de especulaciones, ocasionando una sobredemanda en las estaciones de servicio de Santa Cruz y de otras regiones del país. Al respecto, las autoridades gubernamentales demostraron que la importación y la producción de líquidos en las refinerías están garantizadas para los consumidores de carburantes.

Continuamente fue la falsa escasez de dólares, lo cual generó una irracional e inusual compra de estas divisas por parte de los agentes económicos. Este comportamiento llama la atención, debido a que nuestro país tiene una “economía bolivianizada”, es decir que se prefiere usar la moneda nacional para comprar y vender bienes y servicios, también para ahorrar y endeudarse.

Como medida para frenar la especulación, el Banco Central de Bolivia puso a la venta $us 240 MM para satisfacer la compra de estas divisas, a un tipo de cambio de Bs 6,96 por dólar, adicionalmente se dispuso $us 91 millones para su venta en las instituciones financieras. No obstante, muchas personas afectaron sus ahorros por el temor sembrado por gente inescrupulosa, por cuanto tuvieron que adquirir dólares a un precio más caro.

Seguidamente, otra mentira generada fue el quiebre del Banco Fassil, donde muchos consumidores financieros fueron inmediatamente a hacer largas filas, atemorizados con perder su dinero. El ente regulador señaló que dicho banco se encuentra en un proceso de regularización. Asimismo, se debe aclarar que Bolivia cuenta con un sistema financiero que protege a la población mediante instrumentos para solucionar contingentes de las instituciones en caso de ser intervenidas y liquidadas, permitiendo devolver hasta el último centavo de los ahorristas.

Hasta aquí, el lector se habrá dado cuenta de que los agentes económicos están continuamente atacados por la especulación, generando en ellos una sensación de escasez y por ende una sobredemanda de bienes, en desmedro de sus bolsillos. Y para rematar, se suman opinadores económicos y medios de comunicación, en un rol de provocar y expandir zozobra en las familias bolivianas.

No es casualidad que a los hechos señalados se sumen las recientes declaraciones de autoridades de Estados Unidos (EEUU) sobre su interés en el litio boliviano y que la calificadora Fitch Ratings haya adelantado su informe que anualmente emite en septiembre, contemplando la situación de las reservas internacionales, sin considerar la recuperación de la estabilidad económica en el país, después de la pandemia del COVID- 19 y la crisis internacional iniciada en 2022.

Entonces, ¿cuál es la causalidad de estos hechos motivados por grupos de personas que recurren a la especulación, además de la influencia de autoridades e instituciones foráneas? La respuesta es simple, es desestabilizar la economía mediante la desconfianza, incertidumbre e inseguridad en la población. Y la verdadera causa de fondo es el interés sobre el litio por parte de EEUU, y más aún que Bolivia firmó un convenio con un consorcio chino para la instalación de plantas para su extracción.

Finalmente, debemos reconocer que nuestro país es destacado internacionalmente por su desempeño económico, demostrando crecimiento económico con baja inflación, con reducción del desempleo, pobreza y del déficit fiscal, además de contar con un sistema financiero sólido. Por lo que luchar contra la especulación y la desestabilización económica es deber de todas las familias bolivianas, si es que no queremos ser “el patio trasero”.

Fernando Chuquimia es especialista financiero