Irreverencia policial
Se me acusó de ser demasiado duro con las Fuerzas Armadas en mi último artículo de opinión, recordándome que en la historia de nuestro país también se pueden encontrar militares patriotas y comprometidos con su pueblo y no con las élites oligárquicas que lo han sometido desde su fundación, y aunque puedo reconocer que ciertamente sí hubo vidas ejemplares entre sus filas, estoy convencido de que personas como Toro, Villarroel, Busch y Torres fueron más la excepción que la regla. De todos modos, lo que sostuve fundamentalmente hace un par de semanas no era si los militares son buenas o malas personas, sino que la institución como tal es demasiado costosa para los bolivianos en términos fiscales, y que el Servicio Militar Obligatorio sirve de poco para nuestra sociedad, razón por la cual deberíamos abolirlo.
Algo parecido pienso respecto a la Policía Nacional, que muy pocos bolivianos consideran una institución ejemplar. De acuerdo con el Latinobarómetro 2018, solamente 23% de los bolivianos encuestados en aquel informe afirmaron confiar en ella; mientras que uno de cada cinco bolivianos afirma haber sido víctima de un soborno por parte de algún oficial policial, según una investigación de David Pion y Miguel Carreras, que traducida al castellano titula Fuerzas Armadas, Policía y lucha contra el crimen en Latinoamérica, y que advierte que la inefectividad policial en el cumplimiento de su deber inclina a muchos habitantes de nuestro hemisferio a apoyar la intervención militar en asuntos de seguridad interna, a pesar del costo que ello implica para los derechos humanos.
Si sumamos a la ineficiencia y la corrupción el hecho de que también se trata de una corporación con un considerable poder de veto sobre la toma de decisiones gubernamentales, entonces se entenderá porqué su reforma es un asunto urgente. Esa es la conclusión a la que llega, también, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, cuya investigación Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente, advierte que no es posible consolidar una sociedad democrática y respetuosa del Estado de Derecho si una de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley funciona de forma diametralmente opuesta a como debería. Entre las falencias institucionales más preocupantes de la Policía, el autor advierte, se encuentra una, “autonomía policial, fenómeno que traduce la dramática pérdida progresiva de liderazgo, control y capacidad de fiscalización de las autoridades públicas civiles sobre una de las parcelas estatales más importantes que detenta el monopolio legítimo de la coerción”.
Lo que también hace difícil cualquier intento por reformarla, debido a que de una buena relación con ella depende en gran medida la estabilidad del gobierno de turno. Esto hace que el Estado en su conjunto sea tolerante con escandalosos casos de corrupción protagonizados por oficiales de alto rango mientras que sus miembros de base deben soportar salarios míseros y condiciones de vida miserables. Y eso es lo peor ¡Todos pierden! La sociedad que no puede encontrar garantías para el resguardo de su seguridad y los propios policías de base, que deben soportar la postergación que el privilegio de los altos mandos ocasiona. Altos mandos, por lo demás, irreverentes y peligrosos para la democracia, como noviembre de 2019 demuestra.
Es comprensible que todos los intentos por reformar la Policía Nacional hayan fallado hasta ahora, lo que no significa que debamos dejar de tratar.
Carlos Moldiz es politólogo.