Inversión pública 2020, una muerte anunciada
La inversión pública es un instrumento que permite dinamizar el aparato productivo de cualquier sistema económico, pero, a pesar de esa vitalidad, su importancia puede ser relativizada, porque ocurre que cuando no se le da la importancia y la dirección correctas tiene consecuencias desastrosas para el conjunto no solo de la economía sino de la sociedad en su conjunto. Esto mismo ocurrió en 2019 durante el periodo del gobierno de transición de Áñez. El gobierno constitucional de Evo Morales programó una inversión pública de $us 5.300 millones de los cuales fueron ejecutados $us 3.700 millones, es decir una ejecución de 70,8%. Y este año se dio un hecho inusual ya que “la inversión pública entre enero y octubre de 2019 se ejecutaba en promedio de $us 327 millones mensuales, equivalente a 82% de lo programado; pero el Gobierno de facto paralizó la ejecución en el período de noviembre y diciembre de 2019 a un promedio de ejecución mensual de $us 249 millones, equivalente a solo un 38% de ejecución según la programación” (Ministerio de la Presidencia, Informe de Gestión 2020, enero de 2021). Lo que mostraba ya una disminución profunda de la inversión pública.
En 2020, el gobierno de facto mostraba ya signos de que el modelo que debía tomar el país tenía que ser el modelo neoliberal y orientó las acciones en ese sentido. Este hecho estaba guiado por una ceguera de lo que ocurría tanto a nivel externo como a nivel nacional. Craso error. Inmediatamente sobrevino la pandemia y la obligatoriedad del confinamiento. Otro error. Porque el conjunto de la actividad económica se paralizó. Para la inversión pública la paralización de la actividad de la construcción fue de lo más nefasto, entre marzo y abril los porcentajes de ejecución fueron cercanos a cero. Al unísono se tomaban medidas equivocadas como la promulgación el DS 4205 de abril de 2020, con el cual se “reorientó Bs 232 millones de inversión pública para financiar actividades de gasto corriente; asimismo, se aprobó un Reglamento Básico de Pre-Inversión no acorde a la realidad nacional” (Ministerio de la Presidencia, ídem); también se conformaron “cuatro mesas de trabajo” que buscaban al sector privado como impulsor de proyectos nacionales en cuatro ámbitos de la construcción: el sector aeronáutico, carretero, habitacional y de infraestructura, que formaban parte de una plan amplio donde se pretendía crear 600.000 empleos nuevos directos e indirectos. Y un mes más tarde, se promulgó el DS 4272, denominado Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que buscaba reactivar la alicaída economía nacional con un claro sesgo hacia el sector financiero, puesto que la casi totalidad de los recursos para la reactivación fueron canalizados hacia el sistema de intermediación financiera bajo el supuesto de que los prestarían a las empresas; claramente fue una medida dirigida hacia el sector privado y a las grandes empresas con un abandono explícito de la inversión pública.
Estas medidas consideradas en conjunto significaban políticas para el mediano plazo que perseguían una restauración neoliberal, pero lo que reclamaba el corto plazo eran medidas inmediatas que permitan que la oferta interna reaccione rápidamente y se generen empleos nuevos. Sin embargo, se legislaba para el mediano plazo buscando resultados de corto plazo, lo que condujo, inevitablemente, al desastroso nivel de ejecución de la inversión pública del 40,2%, es decir se ejecutó tan solo $us 1.800 millones de los $us 4.400 millones programados.
Efraín Huanca Quisbert es economista.