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viernes 7 may 2021 | Actualizado a 08:28

Crisis sin Fondo

/ 19 de abril de 2021 / 02:03

El 17 de febrero de 2021 el Banco Central de Bolivia informó que el Gobierno había decidido devolver $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Según su explicación, se trataba de un préstamo irregular y oneroso, que generó costos económicos millonarios al Estado e imponía condiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI. Se dijo también que tal préstamo transgredía la Constitución Política.

Recordemos que el gobierno anterior tuvo un entredicho con la Asamblea Legislativa por este tema, pues no obtuvo su aprobación. Por su deseo de concertar, el gobierno de Áñez había pedido aprobar esa operación que, en realidad, no necesitaba de aval parlamentario, pues no implicaba la contratación de un crédito. En ese caso, Bolivia ejercía un derecho como “accionista” del FMI, no como clienta.

Se trataba, en realidad, de una operación relativamente novedosa mediante la cual un país miembro ejerce su derecho de utilizar por un tiempo un monto equivalente a su propio aporte de capital, retirando su participación en Derechos Especiales de Giro (DEG) a cambio de un modesto interés. Esto se denomina Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y fue creado en 2011 mediante una enmienda al Convenio constitutivo del FMI, que ya estaba aprobada por Bolivia (DS 946 del 05/08/2011).

El IFR por lo tanto permite a los países miembros utilizar una parte o el total de su aporte de capital al Fondo por un periodo limitado. La manera en que lo hace es vendiendo al Fondo sus Derechos Especiales de Giro, con el compromiso de comprarlos de vuelta en un plazo de 5 años (con lo que repondría su aporte de capital). Durante ese periodo el país pagaría un interés del 1,066% al año además de una comisión del 0,5% por una sola vez. Estos costos son mucho más bajos que los créditos con la China (que cobra 2,6% al año) o con la CAF (que cobra anualmente 3,6%).

El instrumento IFR se creó para atender necesidades de emergencia de los países miembros. Eso es lo que sucedió. Bolivia se encontró que tenía un déficit muy grande cuando llegó la pandemia del COVID en marzo de 2020 y, al igual que varios otros países, pidió al Fondo acceder a esos recursos. El Directorio del Fondo, como lo hizo con otros casos en similar emergencia, autorizó la operación en una semana.

Como se trataba de acceder a un derecho como socio del Fondo, esos siete días solamente sirvieron para verificar cifras y documentos. El procedimiento es diferente en el caso de créditos, pues ahí un país acude al Fondo en calidad de cliente que, por tanto, debe demostrar que el uso que hará del préstamo le permitirá pagarlo o, al menos, no comprometerá su capacidad de hacerlo. La obligación de demostrar todo eso es lo que suele molestar a algunos gobiernos que acusan al FMI de imponer condiciones, programas económicos, políticas tributarias y de manejo fiscal, etc. Tal molestia, muchas veces traducida como protesta política, ignora que el FMI es una especie de banco que trabaja con dinero ajeno, y que está obligado a cuidar ese dinero, recuperarlo cuando lo presta y rendir cuentas a los socios, entre los cuales también está Bolivia desde la fundación misma del FMI, en 1945.

Lo que Bolivia hizo el 10 de abril de 2020 fue, por lo tanto, actuar como socio accionista del FMI, logrando que se le “devolviera” temporalmente la totalidad de su aporte para enfrentar la emergencia. Lo hizo a través del Ministerio de Economía y con la participación del Banco Central como agente financiero, en los mismos términos pactados para otros miembros del FMI como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Paraguay, entre otros. Otros países, como Chile y Colombia, pidieron créditos rápidos porque querían disponer de sumas mayores.

Aunque no habían condiciones contractuales para el uso de esos recursos, el gobierno se había propuesto dedicarlos a la contratación de personal de salud y la adquisición de pruebas y medicamentos para controlar el COVID, o las vacunas cuando ellas estuvieran disponibles, o por último a pagar con esos recursos los bonos de apoyo a la población en el periodo de cuarentena.

No está claro si con la devolución decidida por el Gobierno actual el FMI “perdonará” la comisión del 0,5% que se cobra al iniciar la operación, que representa $us 1,7 millones, y el interés de los 10 meses (algo más de 3 millones). Lo que sí debe lamentarse es que al devolver los $us 346,7 millones del IFR, Bolivia pierde la oportunidad y el derecho de utilizar su propio aporte. Obtener una suma similar de otra fuente costará bastante más en tiempo y dinero, lo que en un periodo de pandemia como el que vivimos se traduce también en vidas truncadas y familias afectadas.

 Roberto Laserna es economista.

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Bonos y rentismo

El rentismo convierte nuestro mayor potencial, los recursos naturales, en el mayor obstáculo para el desarrollo.

/ 24 de diciembre de 2018 / 11:06

La confusión entre la política de bonos y el rentismo estatal se hizo evidente en estos días, a raíz de unas declaraciones del precandidato Carlos Mesa que fueron erróneamente difundidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI), como lo admitió su director, Jorge Cuba. El hecho es importante, porque si logramos llevar el debate más allá de los dimes y diretes, enfrentaremos uno de los temas centrales del desarrollo.

El rentismo estatal es, en efecto, uno de los mayores problemas que tenemos en Bolivia, pues convierte nuestro mayor potencial, la abundancia de recursos naturales, en el mayor obstáculo para el desarrollo y la democracia. Identificar este desafío y comprenderlo es crucial para superar la condición subdesarrollada de nuestra economía y sus lamentables componentes: la pobreza, la desigualdad, el conflicto, la debilidad institucional.

El rentismo estatal consiste en la concentración de las rentas de recursos naturales en el Estado, desvinculando su funcionamiento habitual del desempeño y la suerte de los agentes económicos. Cuando el 40% o más de los ingresos fiscales provienen de rentas de recursos naturales, la capacidad tributaria de las empresas y de las personas pierde relevancia, y el Estado diseña y aplica políticas económicas que no toman en cuenta sus necesidades. Un ejemplo cercano es el doble aguinaldo, que pone en riesgo a muchas empresas, cuya quiebra las haría desaparecer como contribuyentes. Pero el Estado es indiferente a ello, porque sus ingresos provienen sobre todo de las exportaciones de gas natural y minerales.

El rentismo estatal también induce a los funcionarios a “invertir” sin un adecuado balance de costo beneficio, porque de hecho el costo de obtener esos recursos es bajo para ellos (basta pedirlo al Banco Central o al Presidente); y su recaudación no depende ni de la eficiencia ni de la legitimidad de la burocracia. Finalmente, la concentración de rentas en un Estado de débil institucionalidad lo hace vulnerable a las presiones, lo cual las alienta, generando una dinámica de conflictividad y debilitamiento de las normas que se retroalimenta continuamente.

Las rentas personales tienen efectos y características muy diferentes, porque ellas provienen de los derechos de propiedad de la gente sobre recursos que son económicamente utilizados por otros: una casa, un local comercial, un almacén, un terreno, maquinarias, o incluso el capital que acumula un trabajador en su fondo de pensiones. Son un medio legítimo de participación en la economía, que no induce comportamientos dañinos. Al contrario, respetarlas es un aliciente al ahorro de largo plazo.

Los bonos, o transferencias en efectivo, no son propiamente rentas, aunque a veces sean financiadas por rentas capturadas por el Estado. En realidad, son una forma muy eficaz de gasto social, porque además del dinero se transfiere a las personas la capacidad de decidir cómo usar esos recursos para alcanzar el máximo beneficio posible. Todas las experiencias que se han hecho en el mundo tienen evaluaciones positivas. Es fácil comprender por qué. Cien mil madres o un millón de ancianos saben mejor lo que necesitan que una veintena de burócratas decidiendo por ellos, sin responsabilidad alguna, desde un remoto escritorio.

Los bonos son, de hecho, inmensamente más eficaces que otras formas de transferencia, como los subsidios. Entre 2005 y 2016 se han transferido subsidios a la población por más de $us 15.000 millones a través de los precios de los carburantes. El grupo menos necesitado de la población aprovechó esos subsidios cinco veces más que los más necesitados, y probablemente despilfarró esa energía sin generar beneficio alguno en la economía.

Es con base en estas constataciones que es posible diseñar una política que nos permita superar el rentismo estatal. Sabemos que mientras tengamos abundancia de recursos naturales, se generarán rentas con su explotación. Lo que debemos evitar es que esas rentas se concentren en el Estado, por lo menos mientras su institucionalidad sea débil y no podamos confiar plenamente en el imperio de la ley. La distribución directa de las rentas es una opción que, además de cumplir el principio constitucional de garantizar que los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos, evitaría su apropiación indebida por burócratas o grupos de poder, y daría a los ciudadanos la libertad de elegir. Sabemos cómo superar el rentismo estatal y sabemos cómo hacerle bien a la gente.

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La confianza en el Tribunal Electoral

El desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia están vinculados a la confianza en las instituciones.

/ 1 de septiembre de 2018 / 04:18

Hay en Bolivia un problema muy serio de confianza institucional. Las encuestas muestran una marcada tendencia al deterioro de la confianza en casi todas las instituciones. Aunque la Iglesia y los medios de comunicación todavía se mantienen en un lugar comparativamente mejor al del resto, han perdido la confianza de una parte importante de la población. El peor lugar lo ocupan el sistema judicial y la Policía hace ya tiempo. Las reformas que se han hecho y la manera en que ambas han sido utilizadas para resolver problemas políticos han contribuido a que pierdan aún más la confianza de la gente.

Este es un problema muy serio. Toda una escuela de análisis ha demostrado que el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia están muy vinculados a la confianza en las instituciones y, por supuesto, a la confianza interpersonal. La confianza, dicen, crea un entorno que favorece la inversión, las innovaciones y la planificación del futuro. Y a medida que se alcanzan niveles superiores de vida, productividad y satisfacción, tiende a aumentar la confianza. Por lo tanto, la confianza es tanto una causa como un efecto que así como impulsa el progreso también lo representa.

Quienes administran las instituciones deberían prestar especial atención a este tema. Su deber no se reduce a ejecutar un presupuesto, entregar servicios o cumplir funciones, sino que deben hacerlo de una manera tal que contribuyan a aumentar la confianza de la gente.

Para la democracia es crucial el papel que juega el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su condición de árbitro de la competencia política. Los miembros del TSE han sido designados por la Asamblea Legislativa, que es uno de los órganos de poder que menos confianza despierta en la gente. En parte, debido a que lo controla un solo partido gobernante, que pese a haber obtenido el 61% de los votos logró copar el 78% de los curules gracias a que los votos rurales tienen una ponderación mayor a los urbanos. Con esa proporción, el MAS impone su voluntad sobre la oposición y con frecuencia ignora iniciativas, argumentos y propuestas.

Esto hace que la gente crea que todos los que la Asamblea designa son funcionarios obedientes de la misma. No es así. Una vez elegidas, las autoridades de estos órganos solamente deben obediencia a la ley y a su conciencia. Que lo hagan o no dependerá de su integridad moral. Es evidente que hay ejemplos de autoridades que no entendieron su responsabilidad y han actuado más en consonancia con su interés político que con el mandato de la ley. Pero hay otros que han actuado con independencia de criterio.

El Tribunal Electoral garantizó la victoria del No en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y promovió la auditoría del padrón, como lo exigió la población. Y aunque no se ha pronunciado sobre la intención del Presidente para postular a un cuarto mandato, expresamente prohibido por la Constitución y rechazado por referéndum, ha dicho claramente que cuando llegue el momento se sujetará a lo que dispone la ley y a lo que manda la Constitución.

No hay razón para suponer que los magistrados del TSE actuarán de otra manera. Su presidenta, Katia Uriona, tiene una trayectoria limpia en la defensa de los derechos de las mujeres y de la democracia. Don Antonio Costas ha ocupado con responsabilidad cargos similarmente sensibles. José Luis Exeni tiene toda una carrera por delante para la cual se ha preparado con rigor. Y Carmen Sandoval ha sido formada por su padre, Isaac Sandoval, y seguramente reflejará su adhesión a la democracia cuando le toque tomar decisiones cruciales. No conozco a los otros magistrados, pero seguramente ellos también saben lo que significa el juicio de la posteridad y la importancia que tiene demostrar que la mayor muestra de respeto por la democracia es la obediencia a la ley.

La nueva Ley de Partidos, propuesta por el TSE y modificada por la mayoría oficialista en la Asamblea, representa un desafío para los magistrados. Ellos lo saben y lo han dicho. Personalmente, confío en que no se dejarán arrastrar por la interpretación arbitraria de sus pares del Tribunal Constitucional y actuarán conforme a ley. Apoyémosles para que lo hagan.

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El individualismo en Bolivia

Estas descripciones permiten ver que individualismo y colectivismo no son excluyentes ni incompatibles.

/ 21 de junio de 2018 / 04:07

En su reciente libro ¿Cómo somos? Ensayo sobre el carácter nacional de los bolivianos, Henry Oporto sostiene que un rasgo fundamental del boliviano es el individualismo. Esto contradice a quienes argumentan que los bolivianos somos naturalmente comunitaristas, inclinados a la acción colectiva, de cooperación y ayuda mutua. Como diría Cantinflas, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.

Para plantear su tesis, Oporto acude a pruebas empíricas que muestran que el individualismo se expresa también en la desconfianza hacia los demás y en el fortalecimiento de los lazos de parentesco. Lo que no define es individualismo, y ahí creo que está nuestra discrepancia. Si individualismo es sinónimo de egoísmo, o por lo menos de preocupación primordial por lo propio (como lo sugieren los datos de Oporto), sería difícil estar en desacuerdo con él. Para eso están justamente los datos.

Pero de inmediato uno se pregunta: ¿y quién no es así? La noción de familia puede ampliarse a los parientes más lejanos o reducirse al núcleo más íntimo, no obstante siempre ha sido la red básica de relaciones para las personas, la “célula de la sociedad”, como se decía. Y así como proporciona el refugio primordial, también obliga a pensar en su defensa y fortalecimiento, especialmente cuando hay crisis. No creo que algo tan universal pueda considerarse un rasgo distintivo del carácter nacional.

Por otro lado, si el individualismo es una convicción en el valor fundamental de la persona, en su racionalidad y capacidad de asumir la responsabilidad de sus actos, en la confianza en que puede lograr por sí mismo sus metas, entonces tendríamos que concluir con que los bolivianos, en general, no somos individualistas. Al contrario, tendríamos que darles la razón a los que argumentan que tendemos más bien a buscar refugio en el grupo, y no solamente en el grupo familiar, sino en el sindicato, la comunidad, la tribu, el comité o la junta vecinal. Es actuando en ellos y a través de ellos que tratamos de resolver nuestros problemas, de abrirnos camino y de encontrar oportunidades.

Este rasgo les da algo de razón a quienes proclaman el carácter colectivista de los bolivianos, pero no se acerca a la idealización con que suelen presentarlo, cuando dan a entender que en la base de ese comportamiento están la solidaridad y el altruismo. Nada de eso, por mucho que tengamos una gran destreza en manejar ese discurso. Cuando un grupo apoya las movilizaciones de otro, rara vez lo hace por solidaridad. Más bien busca aprovechar que la fuerza del movilizado está debilitando al adversario, y se apoyan mutuamente para lograr los objetivos específicos que buscan unos y otros. Con frecuencia, esa supuesta solidaridad se diluye en cuanto uno consigue lo que buscaba. Este comportamiento es sin duda colectivo, grupal, pero más que comunitarista es corporativo, fundado en intereses particulares muy concretos: una obra pública, una norma, una asignación presupuestaria.

Obviamente, este rasgo tampoco es exclusivo de los bolivianos. Es normal que los intereses comunes agrupen a la gente y la motiven a realizar acciones colectivas para conseguirlos. Si acá se la observa con más frecuencia se debe posiblemente a que es el procedimiento fundamental para influir en la distribución de las rentas de recursos comunes, controladas por un Estado institucionalmente débil.

En efecto, en Bolivia sabemos que los recursos nos pertenecen a todos, pero también sabemos que el Estado no nos dará lo que es nuestro a no ser que lo reclamemos, y sobre todo si es con fuerza y en las calles; y mejor si lo presentamos con un discurso que hable de nuestra pobreza, nuestra necesidad o nuestro derecho conquistado a sangre y sacrificio. Estas rápidas descripciones permiten ver que individualismo y colectivismo, egoísmo y corporativismo (o como queramos llamarlos) no son excluyentes ni incompatibles. Podemos ser unos y otros, ¡incluso al mismo tiempo!

El tema, para abordarlo en la preocupación que animó a Oporto en su libro, es cuál de estos rasgos predomina, no solo como un tema de carácter nacional, sino sobre todo como un obstáculo de comportamiento para el desarrollo de nuestras capacidades. Me atrevería a plantearlo en términos de desafío. ¿Cómo podemos superar ese individualismo primitivo que nos lleva al refugio familiar para asumir un individualismo moral, que nos permita desarrollar confianza en no-sotros mismos y reconocer los derechos de los otros a ser diferentes? ¿Cómo superar nuestro actual corporativismo particularista para consolidar esa solidaridad abstracta que produce ciudadanía y se llama “bien común”? No tengo las respuestas, pero me parece absolutamente necesario que las busquemos.

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Incahuasi y la ilusión rentista

El principio de equidad que alentó la creación del sistema de regalías está muy lejos de cumplirse.

/ 16 de mayo de 2018 / 04:03

El país sigue con nerviosismo la pugna por la ubicación del campo de Incahuasi. La idea es que la ubicación de los pozos no determina la localización de los yacimientos, y que es esta última la que importa para la distribución de las regalías. Es decir, de las rentas que provienen de la explotación de las riquezas del subsuelo.

En Bolivia acordamos hace años que las riquezas naturales pertenecen al conjunto de los bolivianos. Quien sea que tenga la propiedad de la tierra, no tiene la propiedad de lo que se encuentra debajo de ella y tampoco de lo que está por encima. Eso nos pertenece a todos. En esa tradición, se supone también, aunque nunca lo hemos podio comprobar, que el Estado representa al conjunto de los bolivianos, y por eso, en su nombre ejerce esa propiedad: otorga y quita concesiones, y cobra las rentas para usarlas por el bien común. Pero la representatividad del Estado siempre estuvo en duda; por lo que surgió la sencilla idea de que la parte que corresponde a la región donde se encuentren esos recursos quede directamente en el lugar. ¿Cuál era esa parte? Siendo nueve departamentos, sería la novena parte, el 11% para redondear. Así nació la regalía departamental.

La desconfianza hacia el aparato estatal se reduce cuando se lo tiene más cerca: sus obras y acciones son verificables con más facilidad; y teóricamente, las demandas de la gente le pueden llegar de manera más rápida y directa. Pero nada garantiza que sea más eficiente y equitativo, como lo han comprobado en todas las regiones; pese a lo cual la gente sigue mostrando preferencia por su estado local: por lo menos algo del dinero queda cerca. Esto explica la enorme fuerza que tiene en el país la demanda de regalías. La ilusión del desarrollo late en ellas.

Desde el punto de vista del conjunto, sin embargo, el sistema tiene mucho de injusto. Es imposible darle el 11% a cada región, porque del remanente tienen que cubrirse los costos de inversión, explotación y transporte, que en algunos casos pueden ser muy elevados, sobre todo si los precios de venta no son tan buenos como en los últimos años. Además, los nueve departamentos son muy desiguales en territorio y población, por lo que el principio de equidad que alentó la creación del sistema de regalías está muy lejos de cumplirse.

¿Cómo resolver el problema y evitar que surjan conflictos como el de Incahuasi? No es difícil, y por cierto no dependería ni de un viceministro, ni de un juez y menos de un estudio técnico caro y difícil. Bastaría con volver al principio constitucional y aplicarlo sin mediaciones.

Si las riquezas naturales son del conjunto de los bolivianos, ¿por qué las rentas que se obtienen por su explotación no van directamente a la gente? Si así fuera, a nadie le importaría si el campo de Incahuasi está en Santa Cruz o Chuquisaca, o si una parte del yacimiento subterráneo pasa por debajo de una frontera. Las rentas de ese campo se sumarían a las de otros campos para dar a cada chuquisaqueño y a cada cruceño la parte que le toque. Y por supuesto también a cada potosino y a cada pandino. Todos los bolivianos recibirían por igual, puesto que todos son igualmente propietarios de esas riquezas.

Este modelo evitaría conflictos como el que estamos viviendo y nos comprometería con una política razonable de explotación de las riquezas. Nos preocuparía a todos el agotamiento de los pozos y la falta de inversiones, así como las relaciones con sus mercados actuales y posibles.

Por último, si a la gente de una región en particular le preocupa la falta de recursos de su gobernación o municipio, pues podrá siempre establecer un acuerdo y entregar sus rentas para que se las administre el gobernador o el alcalde. Si no lo hacen, sabrán por qué.

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¿Cuán novedosa es la Ley de la coca?

Es urgente una reglamentación que defina con claridad las condiciones para el cultivo de coca.

/ 2 de marzo de 2017 / 11:12

La Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley General de la Coca que reemplaza los 31 artículos de la Ley 1008. Lo notable es que conserva el espíritu de la norma dentro del paradigma del prohibicionismo.

Todos sabemos que se cultivan más de 12.000 hectáreas y que resultaba social y políticamente inviable eliminar la coca del Chapare. No era justo que se otorgara a unos el privilegio del cultivo y a otros el castigo de la erradicación sin otro argumento que el de la tradición. La nueva ley trata de resolver este problema y amplía la zona autorizada al Chapare, delimitando un máximo de 14.300 hectáreas para Yungas y 7.700 para el Chapare. No se justifican estas extensiones. Pudieron muy bien haber decidido un máximo de 5.000 o uno de 50.000 hectáreas. El consumo legal sigue siendo una incógnita y la búsqueda de usos industriales alternativos recién comenzará, si acaso. Y la cocaína absorbe lo que encuentra, sea de Yungas, Chapare o Perú.

Como en 1988, la discusión gira en torno a la cantidad de hectáreas que pueden ser necesarias para el pijcheo y los mates, y la que abastecerá a la industria ilegal de la cocaína. Se omite absolutamente el debate sobre la pertinencia de la prohibición, algo que está en la arena internacional hace tiempo.

El gran problema hoy, como hace 29 años, es que se territorializa la prohibición, generando nuevos y complejos problemas.

Cuando se autoriza cultivar en una zona, queda pendiente la definición de quién puede hacerlo. Esto se ha resuelto por la fuerza de los hechos: los sindicatos deciden, según el poder que tengan para controlar a sus bases y negociar con el Estado. En todo el periodo de la Ley 1008 esto dificultó el control de los cultivos y permitió que en las zonas de erradicación los sindicatos reemplazaran la institucionalidad estatal, permitiendo constantes violaciones a los derechos de los campesinos y de sus familiares.

Creo que no importa la cantidad de hectáreas de coca que se cultiven, sino que se lo haga en un marco de respeto a la ley, al medio ambiente, y a los derechos individuales y económicos de las personas, porque el bien mayor es el de vivir en una sociedad más justa y democrática. Es urgente una reglamentación que defina con claridad las condiciones que debe cumplir una persona para acceder al privilegio del cultivo de coca, de manera que queden claramente definidas su responsabilidad y sus obligaciones. Tendría que tener, por ejemplo, propiedad legal sobre la tierra y los impuestos prediales al día, se comprometería a una extensión precisa de cultivo, debería proteger su terreno contra la erosión y las plagas, debería contribuir a conservar el entorno forestal y animal, y por supuesto debería pagar impuestos como el resto de los productores del país, o no hacerlo si se libera a todos. En suma, la norma debería llevar a que las personas tengan o no autorización, lo que a su vez transferiría al Estado la responsabilidad de supervisión, reduciendo las probabilidades de abuso y manipulación. En ese caso, sería incluso posible ampliar y reducir la extensión total de cultivos mediante la otorgación de más o menos permisos individuales.

La nueva ley establece un registro de productores que podría canalizar esta propuesta. Ella podría aliviar la presión internacional que defenderá un prohibicionismo que, como país, seguimos aceptando.

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