Voces

viernes 25 jun 2021 | Actualizado a 03:25

Soberanía nacional

/ 9 de mayo de 2021 / 01:02

La prensa consigna que la transnacional Glencore busca vender las operaciones de sus minas del “cinturón de plata” en cuatro países de Sudamérica, entre ellos Bolivia. Esta actividad propia del mundo de los negocios, la oportunidad para maximizar la ganancia, no siempre concuerda con los intereses de los países que les acogieron para hacer negocios. En nuestro caso, donde vivimos un proceso de transición del régimen neoliberal a uno de economía de mayor planificación estatal, los cambios no han sido del agrado de muchos, buscando resistir sin abandonar el barco.

Glencore heredó el imperio minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, poco después de su huida en octubre de 2003. Compró sus empresas, la interrogante es a cuánto, porque al estar la empresa Comsur Ltda. registrada en el paraíso fiscal de Panamá, la transacción fue un secreto: no fue registrada en Bolivia, ni mucho menos se pagó un centavo por esta transferencia al país. En base a una cláusula del contrato, la Comibol autorizó el cambio del titular del contrato en 2004.

La actual situación de los contratos mineros es diferente. Éstos no se conciben como una transferencia de la propiedad nacional —los recursos naturales— a un privado, ni siquiera a un ente estatal. El contrato es una autorización para la explotación de los minerales en función de un plan de operaciones que incluye la inversión de capital, un cronograma de ejecución y la información periódica para demostrar el cumplimento del mismo. Es de suponer que para una transferencia de derechos, los contratos de las áreas de Caballo Blanco: Colquechaquita, Reserva y Tres Amigos, y de Soracaya tienen que estar vigentes, es decir, que el plan se cumpla, lo cual solo lo puede certificar la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM). ¿Se tiene esta certificación y de cuándo data?

Glencore/Sociedad Minera Illapa S.A. además tiene un contrato de asociación con la Comibol, titular de las minas de Bolívar y Porco. Éste nunca se ejecutó debido a una modificación del contrato original aprobado por el Directorio de la empresa estatal minera y modificado en su trámite en 2013, situación advertida por el exvicepresidente Álvaro García Linera, y denunciada a la Fiscalía por dos miembros del Directorio de la Comibol. El daño provocado por esa modificación y calculado por técnicos de la Comibol alcanzaba a $us 20 millones.

Esta modificación inviabilizó su ejecución, porque no había acuerdo de las partes sobre la fecha inicial del contrato, por tanto no se pudo hacer el cierre de los contratos anteriores de riesgo compartido y alquiler, ni las auditorías que exigía el contrato. Los contratos de asociación, en la perspectiva de la Constitución del Estado Plurinacional, pretenden una alianza público-privada con la inyección de capital para dar valor comerciable a un recurso natural, con una participación mayoritaria para el pueblo boliviano. En el caso que nos ocupa, la participación de la Comibol era del 55%, con una inyección de $us 104 millones en cinco años para aumentar la producción en 50% más que los niveles de producción de 2011, con la generación de reservas, modernización de las instalaciones y la construcción de un ingenio nuevo.

Se buscó resolver el entuerto con una adenda suscrita el 5 de octubre de 2018, que volvía a los términos del contrato original. Esta adenda que modificaba un contrato aprobado por una ley tenía que tener la misma fuerza para su ejecución, por lo que fue remitida al Ejecutivo en 2019 para su trámite. Sin embargo, nunca se promulgó la ley.

De la información disponible, la situación en cuanto al contrato de asociación seguiría en las mismas condiciones, y la empresa sigue explotando sin que haya contrato perfeccionado. Por otra parte, el contrato establece que “Las partes no podrán ceder, transmitir o delegar sus derechos y obligaciones a terceros originados por este contrato, salvo acuerdo expreso suscrito por las mismas”. Como la decisión hecha pública por Glencore sobre la intención de la transferencia de derechos tiene fecha de noviembre 2020, la autorización de la Comibol habrá sido anterior a esta fecha. ¿Cuándo y por quiénes?

Esta situación debe aclararse por los órganos llamados por ley: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Asamblea Legislativa, más allá del Control Social del pueblo boliviano.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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FSTMB: gloriosa e histórica

/ 20 de junio de 2021 / 00:53

La actividad minera es tradicional en Bolivia, sus actores han sido los mitayos, los khajchas, los apiris, indígenas convertidos en mineros. El imperio español y toda Europa se engrandecieron gracias a las minas y al indio.

La industria de los “señores de la plata” y luego de los “barones del estaño” creó otro tipo de trabajador, el proletario, cuya relación con el patrón era el salario e incentivos para la permanencia en la mina: la vivienda, la pulpería, la escuela, el cine y la cancha de fútbol.

En ese espacio los mineros se formaron como clase. La lucha por mejoras les llevó a descubrir el mundo de la minería. La nueva tecnología puesta en sus manos era capaz de horadar montañas y procesar el mineral. El valor de cambio creado de un recurso natural por la acción de las máquinas y la fuerza de trabajo era enorme, como insignificante el costo laboral y social con que retribuían al obrero. Vieron a las empresas poner gobiernos y eludir obligaciones tributarias y sociales, mientras creaban su imperio en el extranjero, con minas, fundiciones, industrias y bancos.

La Guerra del Chaco cambió el escenario. Una fiebre patriótica movilizó a los bolivianos a defender el petróleo, los mineros fueron liberados de servir a la Patria, sus brazos eran necesarios para mantener la guerra, en realidad para garantizar las ganancias de los barones del estaño, que donaron dos aviones y facilitaron empréstitos, un negocio en medio de la tragedia. La derrota trajo el nacionalismo y la justicia social: se nacionalizó el petróleo, se dictó el Código del Trabajo, se impuso la entrega por el sector exportador de las divisas al Estado; semejante osadía provocó el crimen-suicidio del héroe Germán Busch.

La II Guerra Mundial nos ponía en pie de guerra, aliados con los Aliados, obligados a la provisión de estaño; la inflación creada por la guerra redujo los salarios; el pedido de un aumento salarial en Catavi fue ahogado en sangre un 21 de diciembre de 1942. La respuesta fue el golpe de Villarroel, que convocó al primer congreso indigenal y se creó la Federación de Mineros, el 11 de junio de 1944.

Derrocado Villarroel (1946), el movimiento minero se echó a andar independientemente. En el sexenio se ganó el título de vanguardia, el Bloque Minero Parlamentario denunció la acumulación de riqueza por los Barones: el saqueo se compensaba con un 3% del valor de exportación, mientras la prepotencia y la miseria rondaban en los campamentos mineros; su voz fue expulsada del parlamento. La lucha social no amainó, se fue creando formas de lucha conspirativas, las masacres de Potosí y Siglo XX en 1949 son testimonio. La organización se fortalecía con la democracia obrera. Pese a la represión cada año hacían sus congresos donde se ratificaba a la dirigencia histórica y se reiteraba la lucha contra la oligarquía minero-feudal.

En la insurrección del 9 de abril de 1952, el proletariado minero en El Alto y San José definió la batalla, mérito para imponer la nacionalización de las minas. La nacionalización integraba toda la cadena productiva minera, bajo la dirección de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Control Obrero. Esta medida trajo el cerco internacional, el sabotaje, estudios técnicos pesimistas, la división de algunas organizaciones sindicales, trabas burocráticas y todas las mañas inventadas para mantener privilegios. De 1952 a 1964 la lucha fue entre el espíritu y la letra del nacionalismo revolucionario.

En mayo de 1965 se inició la desnacionalización de las minas. La dirección de la Comibol, en manos extranjeras, ordenaba a los generales gerentes: impuso la supresión de los sindicatos, la rebaja de sueldos y salarios, la anulación del Control Obrero; los campamentos fueron declarados zonas militares. Se desmembró a la Comibol; la exploración lo haría Geobol; la fundición, ENAF, se le impuso socios para pignorar sus yacimientos.

La defensa de las minas tenía como requisito derrotar a la dictadura. Se encaminó la lucha minera: la apertura democrática (1969-1971), la huelga de hambre de las mujeres mineras (1978), resistencia contra los golpes de Natusch y de García Meza. La huelga de Huanuni de noviembre de 1981 dio paso a la vigencia sindical y el derrumbe de la dictadura. Estos fueron algunos de sus aportes a la democracia.

La democracia liberal impuso un sistema de partidos políticos excluyente. Con el voto, después del desastre de la UDP, vino la ofensiva contra el proletariado minero. El DS 21060 destruyó la empresa estatal y al movimiento minero, dejando la actividad económica a la ley de la selva, sálvese quien pueda. Destruyó el ser nacional e incubó el individualismo.

Los trabajadores mineros llenaron páginas de la historia; superaron el gremialismo y su orientación política incidió en el país. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional recupera la larga memoria de nuestras luchas. Urge el patriotismo, la lucidez, el heroísmo del sujeto histórico.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Un camino extraviado

/ 5 de junio de 2021 / 22:49

En su declaración del 28 de mayo un ejecutivo de la Comibol anunció la postergación de la puesta en marcha de Karachipampa por la falta de concentrados de plomo y plata, dijo que la solución era la importación del mineral.

Bolivia produce tres veces más de concentrados que la capacidad de la Fundición de Karachipampa. Es decir, sigue la libre exportación de concentrados de minerales, olvidando que la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Minería supeditan la exportación de minerales al abastecimiento de las fundiciones nacionales, y desconociendo que los contratos mineros establecen que el Estado no pierde la propiedad del mineral.

Igualmente la Comibol tiene minas que producen plomo-plata que están siendo trabajadas por “socios”, donde en el directorio la Comibol es mayoría. ¿Por qué no disponer de estos recursos, pensando en el bien nacional, y no en los intereses de los “socios” que pagan por la fundición en el exterior más del 50% del valor bruto de venta?

Cuando el presidente Evo Morales visitaba Corea del Sur, los anfitriones le invitaron a visitar una fundición de zinc. Allí se procesaba el mineral de Bolivia, le mostraron las bondades de la planta que entre otros elementos valiosos recuperaba el indio. Sorprendido por el nombre se gastó una broma, para luego preguntar el precio de la planta: $us 400 millones, le informaron. Ni corto ni perezoso, exclamó “lo compro”. La respuesta fue tajante: esta planta no se vende, significa para nosotros 20.000 puestos de trabajo. Esto muestra la naturaleza del competidor que no admite la fundición en el país.

Cuando los mineros nacionalizaron las minas (1952), su sorpresa fue que los concentrados de estaño seguían siendo fundidos por Patiño, su poder estaba no solo en las minas, sino también en las fundiciones y el sistema comercial. Solo un militar patriota, Ovando Candia, en el breve interinato de 1966, a puertas cerradas, firmó la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF). Consumado el hecho, recibió una llamada del embajador de Estados Unidos, que siempre se opuso a las fundiciones, ofreciendo su colaboración. La respuesta: el trato ya estaba cerrado con Alemania.

El éxito relativo de la fundición de estaño —relativo en cuanto la Comibol quedó como vendedor minero y subvencionó las operaciones de la ENAF— llevó a plantearse las fundiciones de bismuto, antimonio y plomo. En el caso del plomo, se eligió a Karachipampa como el lugar y para la construcción a la empresa que hizo Vinto; pero fue sobredimensionada y cuando se concluyó la construcción no había mineral que fundir. Por ello, la Comibol tuvo que acopiar el mineral necesario para su puesta en marcha y rehabilitar varias minas. En ese momento concluyó el ciclo de Estado productor con el DS 21060 en agosto de 1985, que prohibía al Estado nuevos emprendimientos y declaraba la libre comercialización de los minerales. Así la planta, entregada en 1984, nunca funcionó.

Cuando empezó el “proceso de cambio”, la planta estaba arrendada a una empresa norteamericana que se comprometió a ponerla en marcha, lo que nunca ocurrió, pero sirvió para que, contrato en mano, ponga a la venta las acciones en la Bolsa. Romper el contrato llevó una larga negociación y costo para la Comibol, volviendo a manos del Estado en 2011.

Después de dos años la planta entró en funcionamiento, mostrando deficiencias. La emisión de gases ácidos oxidaba aceleradamente el caldero de enfriamiento. La primera puesta en marcha funcionó 20 días, se blindó el caldero y la segunda marcha duró 45 días; se realizó una tercera reparación, estando pendiente su arranque: el problema no es la solidez del caldero, sino el descontrol de los gases. La solución es un nuevo horno con material adecuado que pueda regular el control de la temperatura.

Como parte del proceso de superación del extractivismo se licitaron dos plantas hidrometalúrgicas de zinc, el principal mineral de exportación del país. En dos ocasiones se llegó a la adjudicación, pero fueron anuladas por incumplimiento de las normas de contrataciones del Estado, que no contemplan una modalidad donde el financiador es el proponente. ¿Qué garantía se debe pedir al que presta el dinero?, la burocracia ahogó un anhelo nacional.

En Bolivia no faltan los concentrados para una fundición, sino asegurar la entrega de los mismos. ¿Cómo lograr la puesta en marcha de nuevas fundiciones, contra viento y marea? No solo se trata de tener una política clara y hoja de ruta única, sino que todos los actores se movilicen tras el mismo objetivo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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¿Y la política minera?

/ 23 de mayo de 2021 / 01:32

La rendición de cuentas a inicio de gestión debiera mostrar las intenciones de la dirigencia de la minería nacional para el año. Se trata de un objetivo a corto plazo que debe enmarcarse en una estrategia global, la cual está definida con base en los objetivos del Estado Plurinacional y la ley minera.

La prolongación del periodo de readecuación de las concesiones por otros 18 meses muestra que no se ha avanzado en la migración del régimen concesionario a los contratos de operación minera. El cambio del sistema rompe con el engorde de las minas y exige la operación estatal, cooperativa o privada. Esta falta de formalización se contradice con la solicitud, por otro lado, de desmovilización de áreas reservadas al Estado.

La declaración de una nueva reingeniería interna de la Comibol es una negación de la Ley de Minería y de la Ley de Empresas Públicas, donde se establecen los fines y estructura de esta empresa. Cualquier cambio parcial simplemente prolonga la agonía de una empresa manoseada por el neoliberalismo. Se requiere una empresa con capacidad técnica y financiera para encarar la producción de toda la cadena productiva, es decir, lograr dar valor agregado al recurso mineral. A la vez debe dejar de cuidar un gran activo obsoleto y seguir alentando contratos con terceros descuidando sus funciones propias. Si de veras la Comibol es incapaz de operar en sus áreas debiera dejarlas para que otros actores lo hagan, en el marco de contratos productivos mineros. Así de simple; los ejecutivos tienen que mostrar su capacidad técnica y no ser simples martilleros de remate.

Al respecto, en 2018 la UDAPE y el CONAPES aprobaron el decreto de reorganización de la Comibol, pero su ejecución se dejó pendiente para una situación oportuna. Qué mayor oportunidad que la crisis constatada que vive la empresa estatal, sin objetivos, cargada de obligaciones y sus rentas mermadas por la angurria de sus “socios”.

En dicho evento se ha vuelto a mencionar la necesidad de la inyección de capitales. Estos llamados ignoran la política del Estado, plasmada en la Constitución y las leyes, situación diferente a la de las transnacionales, que buscan modificar el contexto legal y para lo cual recurren a artimañas, muchas veces trágicas. Al respecto, el Estado ha previsto un sistema de financiamiento de la empresa pública con la emisión de títulos valores y la adquisición de créditos, con proyectos bancables, que debe elaborar la estatal; de igual manera, la Ley 1189 permite financiar proyectos productivos. Como ejemplo la AFP Futuro ha concedido un financiamiento a la empresa Illapa SA de $us 40 millones, con base en un contrato con la Comibol, titular de los yacimientos mineros, así de fácil.

Se habla de la inyección de capitales a Mallku Khota, ¿privatización después de la nacionalización? ¿Cuál es la lógica?, ¿negar lo que se hizo como una acción soberana por parte del Estado ante la prepotencia de una transnacional con nuestras comunidades rurales? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para un negocio en beneficio del pueblo boliviano?: ¿recuperar la indemnización pagada?, ¿tener una participación mayoritaria en una empresa mixta? Son estas interrogantes que hay que plantear para lanzar una propuesta. El caso de Amayapampa lo demuestra: ante la presión de los trabajadores alentados por la empresa Svarog SA, la Comibol fue retirada del proyecto y se firmó un contrato que nunca se ejecutó, sirviendo solamente para sonsacar a terceros firmando contratos de obras. Hoy aparentemente se intenta seguir el mismo camino.

Se habla del funcionamiento de Karachipampa. Con qué perspectiva, si subsiste el problema estructural de control en la emisión de gases; la sustitución del caldero atacado por la acidez no resuelve el problema, porque en un par de meses, siendo optimista, dejará de funcionar. Karachipampa debe volver a ser un proyecto porque como empresa ha quebrado, es la triste realidad.

Las plantas hidrometalúrgicas para el zinc son un acierto, en contra de los procesos pirometalúrgicos que son dañinos a la madre naturaleza y permiten la recuperación de metales como el indio, cadmio, oro, etc.; sin embargo, hay que plantearse cuestiones previas. ¿Quién las ejecutará?, ¿lo hará la Empresa Metalúrgica Vinto?, ¿lo hará la Comibol que tiene otro proyecto? Como dice el ministro, la única forma de viabilizar las dos plantas para el tratamiento de 150.000 TMS/año a un costo de $us 700 millones es el crédito chino. Cuál ha sido la experiencia en el trámite del crédito para la Comibol y el Mutún: por lo visto es viable, pero no tan fácil ni rápido. Existe en la Comibol el proyecto Metalox, para el tratamiento de 40.000 TMS/año de zinc a un costo de $us 40 millones y su ejecución en un año; su carácter modular permitiría su instalación en varios lugares junto a los yacimientos mineros, dando un impulso a las regiones de donde se saca el mineral y hasta hoy no se deja nada.

La explotación de los minerales en el Estado Plurinacional solo se justifica si da valor agregado a un recurso natural, situación obligatoria para los actores mineros. Para llevar a cabo este objetivo se requiere de una estatal fuerte —técnica y financieramente— que lidere este propósito.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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La COB y la nacionalización de las minas

/ 24 de abril de 2021 / 23:56

Después de los combates, los trabajadores bolivianos se reunieron el 16 y 17 de abril de 1952 para crear la Central Obrera Boliviana (COB). Las masas insurrectas vieron la necesidad de unirse y crear una organización propia que les representara en el proyecto revolucionario, no obstante la militancia de sus dirigentes en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

La primera resolución que aprobaron fue el respaldo a Juan Lechín y Germán Butrón para que sean ministros del gobierno de la Revolución Nacional. Así se iniciaba el cogobierno o en definitiva la lucha contra la derecha del MNR para dirigir el Estado. La segunda resolución delineaba un programa revolucionario: “Luchar por la Nacionalización de Minas, Ferrocarriles y Revolución Agraria, diversificación industrial y creación de nuevas fuentes de riqueza como base fundamental de nuestra soberanía económica y de mejoramiento socialcultural y material de la masa asalariada”.

Con la Nacionalización de las Minas esperaban poner fin a la expoliación de la riqueza nacional y la explotación del trabajador boliviano. Desde la época de la colonia, la riqueza de la plata y el trabajo esclavo de los mitayos crearon riquezas en otros lares, impulsando el desarrollo industrial de Europa. En el siglo XX le tocó al estaño ser protagonista de la nueva revolución industrial. El Súper Estado Minero construyó su imperio en el exterior, aunque su capital se originara en los socavones de Bolivia. Patiño controlaba las minas, las fundiciones y la banca como base de su imperio.

Internamente, esta acumulación se dio a través de: el pago del derecho a la exportación del mineral fue de un mísero 3% del valor bruto del mineral; la instalación en Inglaterra y Estados Unidos de las fundiciones de estaño; la retención en el exterior de las divisas generadas por las exportaciones de los minerales; la determinación del tipo de cambio de la libra esterlina o el dólar, en detrimento del valor del peso boliviano; la declaración de la inexistencia de utilidades en las empresas en territorio boliviano, aunque éstas eran bonancibles en el extranjero; la no declaratoria de otros metales agregados en los concentrados de estaño; los míseros salarios y pésimas condiciones de vida y trabajo en los campamentos mineros.

El anuncio de la nacionalización, el 11 de abril de 1952, provocó por parte de los empresarios la suspensión de envíos de insumos para la minería, el resguardo de sus bienes y el inicio de un cerco para hacer fracasar la nacionalización. Esta situación llevó a los trabajadores a plantear que trabajarían solo por la pulpería (sin sueldo), a la vez que exigían la construcción de hornos de fundición en el país, para lo que estaban dispuestos a aportar económicamente.

Sin embargo, pronto empezó a ceder el gobierno del MNR, acordando una indemnización a los “barones del estaño” y garantizando la provisión del estaño a las fundiciones de Patiño. La fundición de estaño de Oruro recién se hizo realidad en 1971.

Mientras tanto se abandonó la idea de la industrialización con base en la minería, para imponer una visión de diversificación y vertebración del país. Así, con los recursos de las minas se construyó el camino asfaltado Cochabamba-Santa Cruz, se dio paso al plan de colonización del Oriente, se garantizó mercado a la naciente agroindustria con precios subvencionados por las minas, se potenció Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que, fundado en 1936, seguía refinando el petróleo en la Argentina. Se mantuvo un tipo de cambio en contra del interés de la empresa estatal minera (Comibol) y a favor de los importadores del MNR. Treinta años después, Guillermo Bedregal diría que Comibol nunca dejó de ser rentable, solo que mantenía al país.

La traición a la nacionalización de las minas se dio al romper la cadena productiva, creando GEOBOL para hacer exploración en el país y la fundición de estaño, al margen de la Comibol, causando choque de intereses; además se le quitó la facultad de exportación y por tanto de financiamiento. Durante el gobierno de la UDP, el tipo de cambio diferencial sepultó a la Comibol, dando la imagen de una empresa en quiebra. Dictado el 21060 en agosto de 1985, los trabajadores mineros plantearon un plan de emergencia para salvar la empresa estatal minera, con un tipo de cambio real. La respuesta fue el cerco a la Marcha por la Vida y la relocalización.

Hoy pareciera que estamos como en 1952: la minería es el principal rubro de exportaciones del país pero la minería estatal está reducida al 6% del sector, está vigente la libre exportación y los exportadores no entregan las divisas al país, somos uno de los primeros productores de indio y éste no figura en la lista de nuestras exportaciones, seguimos exportando concentrados —plomo, plata y zinc— con costos para su fundición superiores al 50% del valor de exportación. Comibol se ha convertido en simple arrendatario de sus yacimientos, descuidando la producción y la industrialización: las condiciones de vida del minero, particularmente los trabajadores de las cooperativistas, son paupérrimas.

Seguimos soñando que nuestras riquezas nos pertenezcan y que sean la palanca para superar el atraso. ¿Será necesario otro sacudón para movilizar la conciencia y la fuerza del pueblo? Creemos que sí, ojalá sea con el aporte decidido de la histórica COB.

 José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Desalojo de la casa propia

/ 10 de abril de 2021 / 23:05

La clase obrera es producto de la revolución industrial. Se fue formando en la comprensión de que la técnica y la ciencia aplicadas a la producción pueden sustituir el duro trabajo físico del hombre, a la vez que generan una enorme producción y ganancia.

La experiencia del proletariado minero boliviano es ejemplificadora. Confinado en la desolación de la montaña, obligado a constituir familia permanente en el campamento, su lucha se volcó a garantizar la educación para sus hijos. Desde el establecimiento de escuelas primarias como obligación patronal, las conquistas se fueron ampliando a los establecimientos secundarios en los municipios y posteriormente en los de la empresa. El deseo de aprender los llevó a plantearse lograr becas en las instituciones de educación superior como la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo en La Paz o el Politécnico de Oruro; en este abanico también se encontraba el Colegio Militar y la Academia de Policías. La creciente necesidad les planteó la creación de centros de profesionalización en los mismos campamentos mineros: la Escuela de Enfermeras de Catavi y los colegios industriales de Colquiri y Telamayu. A éstos se sumaban los esfuerzos de las propias familias mineras que se preocupaban de mandar a sus hijos a profesionalizarse por cuenta propia.

El avance social no es lineal. La ocupación de las minas llevó a que el poder del Estado utilice a estos profesionales en su acción represiva, su resistencia era sancionada con despidos y transferencias a minas alejadas, la preservación de un status adquirido y la seguridad de la familia hacían que se sometan y sean los ejecutores de las acciones represivas. Por otro lado, numerosos jóvenes que habían logrado el bachillerato ante la imposibilidad de continuar estudios superiores se incorporaron a la vida productiva minera.

Así surgió la necesidad de establecer una Universidad en los campamentos mineros, para evitar el desarraigo y continuar con la profesionalización de los trabajadores. El célebre XIV Congreso Minero de Siglo XX en 1970 formuló la creación de la Universidad Obrera. Su planteamiento coincidió con un momento político de ebullición de las ideas en el movimiento universitario nacional; la juventud retomaba las banderas autonomistas de la década de los 30, para liberarse de una conducción apoltronada en los privilegios del status académico de una Autonomía traicionada. Volvieron a relucir las consignas: exámenes de competencia y evaluación permanente para el desempeño docente, libertad de cátedra, llevar la Universidad al seno del pueblo, una educación para el desarrollo nacional, compromiso con la defensa de los recursos naturales y la lucha contra la opresión imperialista. En ese ambiente el planteamiento de la Universidad Obrera tuvo el respaldo del IV Congreso de la Asociación Universitaria Boliviana.

La dictadura banzerista (1971-78) frustró estos sueños. Proscribió el movimiento sindical minero y cerró las universidades por dos años, para abrirlas bajo la tutela de la dictadura. Sin embargo, el pueblo se levantó y en 1980 los mineros replantearon su proyecto de Universidad Obrera: solo el 1 de agosto de 1985 se concretó la creación de la Universidad Nacional Siglo XX.

La criatura nació en momentos aciagos. El mismo mes se lanzó el DS 21060 que destruyó la industria minera y condenó a la desaparición al movimiento sindical minero. El modelo de formación adoptado estaba basado en el estudio en el trabajo. Los laboratorios, los talleres, el tope de la mina, los problemas operativos de la producción debían ser incentivo para explicar el fenómeno y encontrar una solución científica. Los hospitales de especialidades debían mostrar el origen y desarrollo de la enfermedad, el seguimiento del tratamiento debía explicar las mutaciones del organismo humano. La red de radios mineras, que promovía la creación y cohesión de la identidad minera, sería los inicios de una comunicación alternativa a nivel nacional, ampliando su acción a la prensa escrita y la televisión.

El modelo neoliberal llevó a la UNS-XX a una lucha por su sobrevivencia, titánica tarea que hoy la tiene en pie, pero ¿cuánta de su genética se mantiene? Esta rememoración amplía la interrogante al sistema universitario nacional, cuyos documentos de compromiso con el desarrollo nacional y la liberación nacional están presentes desde la década de los 70, pero su práctica es la formación profesional para el mercado y no para las necesidades del país. En la minería hay pocas industrias de punta en explotación, pero nadie conoce cuántos minerales se van en los concentrados de complejos, ni los costos reales de su realización; se ha paralizado el proceso de fundición de los minerales y no se ha dado un solo paso en su industrialización. Por otro lado, hay una minería de sobrevivencia artesanal, con baja eficiencia, altos índices de riesgo profesional y ninguna previsión ambiental que debiera conmover a la sociedad, pero ante todo a los profesionales conscientes de esta realidad.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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