Voces

viernes 25 jun 2021 | Actualizado a 02:45

Desarrollo productivo

/ 17 de mayo de 2021 / 00:54

¿Acaso hay un desarrollo que sea improductivo? Me puede cuestionar cualquiera. Evidentemente no, cualquier tipo de desarrollo que quiera ostentar tal denominación, debería ser productivo. Si no, no es desarrollo y punto.

En mi muy particular interpretación, basada en mis experiencias personales, creo que la ambigüedad del término tiene que ver con la terminología usada por la CEPAL entre 1950 y 1970 o, más bien, con la caída en desuso de dicha terminología cuando las ideas neoliberales entraron en boga durante la década de 1980.

Hace ya 70 años, en su Manifiesto de La Habana, el primer secretario ejecutivo de la CEPAL, Raúl Prebisch, expuso la tesis del deterioro secular de los términos de intercambio de los países exportadores de materia prima, inspirado en el trabajo de su colega Hans Singer.

En una cáscara de nuez, la tesis indica que existe un desequilibrio estructural en la evolución de los precios internacionales de las materias primas versus los de los productos industrializados (más aún si éstos tienen un alto componente de desarrollo tecnológico) y que, a la larga, los países exportadores de materia prima tienen que exportar cada vez más productos para sostener sus importaciones de bienes manufacturados. En el caso de Bolivia esto significa que, a lo largo del tiempo, deberíamos exportar cada vez más gas para importar la misma cantidad de vehículos o computadoras.

Las consecuencias prácticas de la tesis de Prebisch/Singer eran evidentes: la sustitución de importaciones y las políticas de industrialización debían ser priorizadas para contrarrestar la tendencia del deterioro de los términos de intercambio y corregir la divergencia en los niveles de riqueza de los países primario/exportadores versus los países industrializados.

En ese entonces, mal que bien, la idea de desarrollo económico basado en la industrialización era parte del sentido común. Incluso Naciones Unidas creó una agencia —la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)— dedicada a tal fin. Este sentido común orientó las políticas de desarrollo durante tres décadas.

En la década de los 80, sin embargo, los países latinoamericanos se encontraban endeudados, quebrados y —a causa de la verificación de la tesis Prebisch/Singer— con enormes déficits comerciales. Para entonces, el sentido común era dejar al mercado que asigne los recursos eficientemente, sin intervencionismo estatal y dejando de lado las políticas de desarrollo industrial.

Y así fue cómo el término “desarrollo industrial” abandonó el discurso y el sentido común de las políticas públicas. Recuerdo bien que, cuando en algún encuentro de colegas alguien reflotaba el concepto, los académicos del momento lo señalaban como “cepalino”… frunciendo la nariz un poquito.

Es en ese contexto que la CEPAL opta por hablar de “desarrollo productivo”, que es más abarcador y menos conciso, pero que carece de las connotaciones negativas que los seguidores de la corriente neoliberal le habían dado a la discusión sobre desarrollo industrial.

Y es un término que pega. En Bolivia, en Argentina y Paraguay existen entidades públicas que se denominan de desarrollo productivo y tienen que ver con lo que antiguamente se llamaba política industrial.

¿Se puede decir que ahora desarrollo productivo es “desarrollo industrial” pero smart? Aún no lo sé. Pero, siendo un concepto más abarcador, nos permite discutir el tema repensando el rol del Estado y recalibrando el rol del sector privado en esta lógica de desarrollo.

La hermana gemela del término de desarrollo industrial, la sustitución de importaciones, ha sido recientemente invocada en la política económica nacional. Hay un fondo de crédito para tal fin. Yo quisiera poner un par de elementos de mi cosecha al asunto: personalmente me parece pertinente sustituir importaciones. Pero más pertinente me parece sustituir ese abanico de bienes intermedios e insumos que se llevan un tercio de nuestras escasas divisas cada año. Finalmente, es más fácil producir resinas o placas, que producir un smartphone.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Avalancha de noticias

/ 14 de junio de 2021 / 01:48

La pasada semana ha sido movida como muy pocas en materia informativa. Quienes estuvimos medianamente pendientes de las noticias vimos la agenda informativa cada vez más caliente a medida que pasaban los días, como una serie dramática con un vuelco de trama casi diario. El tema del año —el COVID- 19— entró a la agenda noticiosa desde el punto de vista de las vacunas y de la escasez de medicamentos. El hashtag #Liberen- LasVacunas se hizo consigna en las redes sociales, como si alguien en la plaza Murillo estuviera conteniendo la llegada de vacunas.

El tema fue gradualmente puesto en agenda desde hace varias semanas, pero no tuvo mayor repercusión mientras los cincuentones —asustados por redes sociales, creencias religiosas y desinformadores de toda calaña— dudaban de ir a recibir su pinchazo en los centros de vacunación masiva. Cuando éstos se abrieron a los siguientes tramos de edad, la asistencia fue caudalosa y las dosis empezaron a escasear. El Gobierno ha anunciado la llegada de grandes cantidades de dosis de las vacunas que se están aplicando en el país; por ejemplo, nos indican que para la próxima semana contaremos con un millón de vacunas Sinopharm.

Mientras tanto, los impulsores del #LiberenLasVacunas insistieron en notas epistolares, campañas en redes y otras expresiones mediáticas para que desde la plaza Murillo se dé vía libre a los gobiernos subnacionales para la compra directa de vacunas. El Ministerio de Salud logró responder a la situación y, al momento del cierre de esta columna, ya fue firmado un acuerdo con los gobiernos municipales para implementar un mecanismo de adquisición de vacunas contra el COVID- 19.

Pero mucho antes de que se resuelva el tema de las vacunas para el municipio, los medios nos anoticiaron —con lujo de detalles y con tomas desde todos los ángulos posibles— del bochornoso pugilato en la Asamblea Legislativa, el día de la interpelación al Ministro de Gobierno. El tema, que pudo haberse resuelto sin pasar de las habituales expresiones histriónicas a las que nos tienen acostumbrados nuestros asambleístas, se convirtió en un pretexto para armar un ring de enfrentamiento de “golpe vs. fraude”, reflejando y profundizando un ambiente de polarización en la población boliviana que se refleja incluso en los comentarios de las redes sociales luego del empate (con sabor a victoria, dirán los de siempre) de la selección nacional contra Chile.

Pero, llegando el fin de semana, las declaraciones de Jeanine Áñez en la Fiscalía pusieron sordina a todo lo que los medios nos mostraron hasta entonces. Como ya Ud., amable lectora, amable lector conoce, Áñez indicó que Carlos Mesa se opuso a que Adriana Salvatierra asuma la presidencia luego de que Evo Morales renunciara en noviembre de 2019. 

A partir de esta noticia, se me ocurren dos escenarios en el campo de la opinión pública: el primero, que se resquebraje la legitimidad de algunos de los protagonistas de los sucesos que dieron lugar al ascenso de Áñez a la presidencia. Con esto, una proporción de la gente de clase media que apoyó con entusiasmo el movimiento “pitita” se quedará sin referente político. Esto podría atenuar —pero no eliminar— el clima de polarización.

Un segundo escenario se daría en caso de que los simpatizantes de Mesa fortalezcan un bloque en defensa de su líder, de manera que el caso Mesa sería un pretexto para profundizar la polarización ya existente.

La avalancha de sucesos que los medios nos mostraron esta semana contribuye a la polarización y este es un tema que deberá ser gestionado en algún momento. La polarización promueve que entren en el debate público temas que en una emergencia no se debaten, se coordinan; por ejemplo, la compra de vacunas. La polarización distrae los recursos comunicacionales y la atención de la población sobre los mensajes que en este momento debería recibir la población acerca del cuidado personal, la aplicación de medidas de protección, distancia social, etc. — para bajar la tasa de contagios. Finalmente, la polarización atrae a su amiga íntima, la ingobernabilidad: la polarización nos puede llevar a decidir si acatamos o no a la autoridad sin ningún otro parámetro que el de nuestra posición política.

Pablo Rossell Arce es economista.

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COVID-19: seis noticias y una batalla

/ 31 de mayo de 2021 / 02:22

Uno. Luego de varias semanas de incertidumbre, la vacunación masiva comenzó, aunque con muy poca afluencia de los llamados Gen-X. Soy suficientemente mayor como para ser fan de Iron Maiden y, por lo tanto, fui rápidamente a Cota Cota al punto de vacunación. No puedo expresar la emoción que sentí al ingresar al campus y detallar la enorme calidad profesional y humana del equipo a cargo de todo el proceso; la fila fue corta, la atención impecable y todo el tiempo que pasé ahí tuve la sensación de la acción de una política de salud que funciona.

Lamentablemente, una serie de prejuicios — religiosos y de otra índole— hacen que mis contemporáneos y contemporáneas presten demasiada atención a teorías conspiranoicas de You- Tube y de WhatsApp. La esperanza —me dije— está en las generaciones más jóvenes. De hecho, debido a la escasa afluencia de gente, uno de los puntos de vacunación habilitó a menores de 50 años y fue una bomba… que duró un par de horas, porque los guardianes de las normas fueron más celosos con los horarios y los cronogramas, que con las dosis que caducan en cuestión de horas. Felizmente, hace unos días las autoridades decidieron habilitar a la Sub-50 para la vacunación masiva y la buena noticia es que ya tenemos más de un millón de primeras dosis y más de 300.000 segundas dosis ya aplicadas.

Dos. Pero la realidad no da respiro, y por cada buena noticia, tenemos al menos dos malas. Además de las ya temibles variantes sudafricana, india y brasileña, tenemos la amenaza del misterioso hongo negro, detectado inicialmente en la India, que está afectando y poniendo en riesgo la vida de los sobrevivientes del COVID- 19. Lamentablemente parece que el hongo llegó a Sudamérica. Solo queda confiar en que tengamos criterio suficiente como para contener este problema más.

Tres. Ya vamos en la tercera ola de la pandemia en nuestro país. Evidentemente, los esfuerzos de vacunación están ahí, pero la velocidad de contagio en las últimas semanas ha escalado exponencialmente, los últimos datos al momento de escribir esta columna nos situaban en más de 3.000 contagios diarios. Lamentablemente los datos de ocupación de UTI y de disponibilidad de camas no están disponibles, pues nos darían una panorámica más completa de la situación real y obligarían a las autoridades sectoriales a dar respuestas más completas en términos de comunicación pública.

Cuatro. La respuesta de algunas autoridades subnacionales no se dejó esperar y en estos momentos tenemos al menos cinco regiones que están imponiendo nuevamente restricciones a la circulación, incluyendo encapsulamientos los fines de semana. A pesar del desorden al que estamos habituados, como por ejemplo, las aglomeraciones de población en el transporte público al filo de la hora de la restricción, la imposición de horarios puede ser eficaz no tanto porque el virus tenga horarios, sino porque la gente sí.

Cinco. De manera que los bien comportados ciudadanos que de día usan barbijo, se lavan las manos y toman distancia social, en la noche se convierten en felices parroquianos de bares y alegres convidados de reuniones y ágapes privados. Luego del tercer trago (y para algunos, ya en el segundo) el alcohol ya hace su efecto y se desinhiben las convenciones sociales, la distancia y el contacto personal tiene rienda suelta. Personalmente, yo atribuyo a esta causa el motivo por el cual en esta tercera ola la mayor parte de la gente que se interna es joven.

Seis. Entonces vienen las restricciones que, por su propia naturaleza, interrumpen el circuito económico (no solo el del trago) y además, son impopulares. No hay forma de competir con la diversión de los tragos. No en Bolivia. Pero lamentablemente, parte del problema está en manos de la población.

La batalla inmediata… es la batalla de los medicamentos esenciales. Sabemos que la cadena de abastecimiento es compleja y que en nuestro país —cual debe ser— los actores de cada eslabón están obligados a cumplir regulaciones. El problema del desabastecimiento y la especulación de precios con los medicamentos esenciales contra el COVID-19 son un problema social ahora y se pueden convertir en un problema político. Todo está en los tiempos de reacción.

Pablo Rossell Arce es economista.

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No hay vacunas en el Mall Center

/ 3 de mayo de 2021 / 01:02

Tampoco hay vacunas en el supermercado. Pero bueno, si no hay vacunas en el mall ni en el súper, ¿dónde podemos comprarlas? Los más acaudalados pueden darse una vuelta por algunas ciudades de Estados Unidos y conseguir su dosis. Pero esa es una salida individual. Legítima, pero sin ningún criterio de sanidad pública. El problema de las pandemias es que la sanidad pública se convierte en un problema de sanidad global.

La adquisición de vacunas tiene como primera barrera el tamaño del contrato. Vale decir, que si yo quiero comprar un lote de vacunas para mi comparsa/fraternidad/ asociación/sindicato, no lo voy a lograr porque, en primer lugar, los convenios para la adquisición de vacunas se hacen por lotes de millones.

Una segunda barrera para la adquisición de vacunas es la capacidad global de producción. Es decir que si yo quiero, por ejemplo, comprar un cuarto o un medio o un millón entero de vacunas para mi municipio o departamento, no lo voy a lograr porque seguramente voy a tener que estar en la cola de los gobiernos que están esperando por detrás de la Unión Europea, por ejemplo, que hasta ahora ha recibido solo 70 millones de las 180 millones de dosis que AstraZeneca se comprometió a entregarle. De acuerdo con una nota de la BBC, el ente supranacional está considerando llevar a juicio a la farmacéutica.

En efecto, los países que lograron lotes significativos de vacunas lo lograron mediante acuerdos gubernamentales. Vale decir, que los gobiernos nacionales pusieron en marcha sus mejores armas de negociación y diplomacia internacional para pre-acordar con las farmacéuticas las cantidades de dosis para su población. Algunas farmacéuticas incluso firmaron contratos antes de tener su producto testeado masivamente y aprobado para producción industrial.

Asumo que estos pre-acuerdos fueron más fáciles para los países como EEUU, Alemania y otros, que financiaron como gobierno el desarrollo de las vacunas. Estos gobiernos lograron precomprar cantidades de vacunas suficientes para dos y hasta tres veces su población. En todo caso, Chile, que es un ejemplo para muchos compatriotas, empezó sus negociaciones en agosto de 2020. Recordemos que en ese momento, Bolivia estaba recién consolidando la fecha de la elección nacional.

Una particularidad que hace aún más compleja la segunda barrera, es la proliferación de cláusulas confidenciales en los acuerdos entre gobiernos y farmacéuticas.  De hecho, una de esas cláusulas en el acuerdo entre el Reino Unido y AstraZeneca podría estar detrás del incumplimiento del contrato con la Unión Europea.

Finalmente, tenemos una barrera más estructural —ya no para la compra, sino para el acceso a las vacunas—. Se trata de las patentes. En las últimas semanas ha habido un movimiento importante en favor de la liberación de las patentes de las vacunas; más de 100 países están presionando en la Organización Mundial de Comercio para aprobar una suspensión temporal de las patentes mientras dura la pandemia. Pero los EEUU y Europa se oponen. Especialistas en salud pública señalan que poner trabas a la diseminación de las vacunas a escala global supone un riesgo para los países desarrollados pues, incluso contando con su población vacunada, la aparición de nuevas cepas en diversas regiones puede desarrollar nuevas oleadas de contagios.

De momento, casi todo apunta a que los gobiernos de los países desarrollados protegerán los intereses comerciales de las farmacéuticas que desarrollaron las vacunas a costa de sus respectivos Estados. Una pequeña luz de esperanza se abrió recientemente con el anuncio de que la administración estadounidense podría dar paso a la suspensión de las patentes… pero aún no es una decisión tomada.

De manera que, si su fraternidad/sindicato/ federación/asociación/comparsa/ municipio/gobernación no puede comprar vacunas, básicamente es un problema causado por los gobiernos de los países que reservaron centenas de millones de dosis ya desde el año pasado, que impiden la liberación de las patentes y que se bloquean —incluso entre ellos— el aprovisionamiento de vacunas.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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Socialismo de próxima generación

/ 19 de abril de 2021 / 01:55

Las redes sociales, los medios de comunicación y las columnas de algunos respetables académicos (y otros no tanto) abundan con argumentos y ejemplos del fracaso del socialismo, tanto del socialismo “real” de los países de la cortina de hierro durante el siglo XX, como del así llamado “socialismo del siglo XXI”, que tiene su origen en el caribe venezolano.

El argumento —simplificado a su mínima expresión, para que quepa en esta columna— es muy simple: el socialismo es malo porque es un sistema mediante el cual el Estado dilapida los recursos que son fruto del esfuerzo de toda la sociedad, regalándolos a grupos corporativos que se benefician de esos recursos para sus intereses particulares. Los voceros de este argumento señalan que la intervención estatal malgasta los dineros públicos, que es ineficiente y que es mejor dejar espacio a la iniciativa privada para que ofrezca mejores y más eficientes soluciones. Las visiones más equilibradas reconocen la gran importancia del rol de la empresa privada, proponen que el Estado debe intervenir en áreas clave y que es innecesario tener entidades estatales operando en todos y cada uno de los rincones de la economía.

Por otro lado, existe un alto nivel de consenso acerca de que los recursos públicos deberían destinarse a la solución de los problemas públicos, como mínimo, salud y educación. Y justamente el mundo enfrenta un megaproblema de salud ahora con la pandemia.

Como seguramente usted que me sigue en esta columna sabe, el mundo está urgido de vacunas anti COVID; la inmunización masiva a través de las vacunas es la única solución estructural que en este momento tenemos a mano como humanidad, de la misma manera que — en su momento— la vacuna contra la polio era esa solución estructural, igual que la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla, por mencionar solo algunos de los males que están prácticamente erradicados. Es en este contexto en el que empieza a funcionar un curioso modelo de socialismo que, a falta de mayor dicción literaria, podemos bautizar con el marketero nombre de socialismo de próxima generación.

Todas las empresas privadas que han desarrollado vacunas contra el COVID han recibido financiamiento estatal (además de donaciones de entidades sin fines de lucro). Un reportaje de la BBC (https://bbc.in/32lym79 ) da cuenta de que casi la totalidad de la financiación de la vacuna de Moderna ha sido estatal; para la vacuna de Jhonson & Jhonson, el porcentaje es cercano al 50%, para Pfizer 15%. Por su lado, The Guardian (https://bit.ly/3ebVjiz) recientemente ha anunciado que hasta el 97% del desarrollo de la vacuna de Astra/Zeneca/Oxford ha recibido financiamiento estatal y de donaciones.

Si bien las empresas han indicado que debido a que la financiación no ha sido completamente privada, están vendiendo las vacunas prácticamente a precio de costo. Pero de todos modos, las patentes siguen siendo privadas. Este dato no es menor, pues las patentes forman el grueso del ingreso por concepto de vacunas y, mientras las patentes sigan siendo privadas y no se liberen, son las empresas las que tienen el control de la producción de las vacunas.

Otro dato aún más importante es que la valuación de mercado de las farmacéuticas ha fluctuado intensamente en los últimos meses, y los anuncios de producción de las vacunas han influido poderosamente en los precios de las acciones. ¿Por qué es importante este dato? Porque los principales ejecutivos de las empresas usualmente se benefician de esquemas de compensación por rendimiento que incluyen pagos en acciones. Entonces, su riqueza personal se incrementa si las acciones suben.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de Albert Bourla, el principal ejecutivo de Pfizer, que según CNBS vendió un equivalente de $us 5,6 millones en acciones a un promedio de $us 41,94 por acción, en una ola ascendente de precios de la compañía, que fueron impulsados por las noticias acerca de la aprobación de la vacuna hacia noviembre de 2020 (https://cnb.cx/3ghVwUk). De acuerdo con la nota, Bourla tenía más de 25 años en la compañía. Si tomamos como referencia el punto más bajo de cotización de Pfizer en lo que va de esta década ($us 31,68 en febrero de 2020), Bourla ha logrado una rentabilidad del 30% en menos de un año. Sería injusto decir que lo logró sin hacer nada, pero es correcto decir que lo logró con ayuda del dinero del gobierno.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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Las olas

/ 5 de abril de 2021 / 02:15

La regularidad de los ciclos de exuberancia, crisis, depresión y recuperación económica ha sido objeto de la atención de mis colegas economistas a lo largo de varios siglos, dando lugar a un frondoso abanico de “teorías del ciclo”. Los ciclos económicos, de largo y de corto alcances, usualmente se entrelazan con los ciclos políticos.

A veces decimos ola como un sinónimo de ciclo. En el caso del COVID-19 ya vamos por la tercera ola, que amenaza con ser más agresiva que las anteriores, debido a las variopintas mutaciones (multi) nacionales. En particular —nos dicen las noticias— debemos cuidarnos de la mutación brasileña.

Las pocas veces que una pandemia se presenta, el ciclo económico se ve afectado inmediatamente. La aparición de nuevas olas del COVID podría llevarnos a experimentar “miniciclos” económicos, en función de la severidad del ataque de la pandemia.

Ahora estamos viviendo una miniola económica de alivio porque los niveles de contagios son relativamente bajos, comparados con los meses anteriores. La gente se siente confiada y sale, usa transporte, compra, consume servicios y hace planes.

Incluso el campo político está relativamente tranquilo porque la gente está más preocupada por mantener sus fuentes de ingreso (quienes las tienen) o recuperarlas (quienes las perdieron); la gente está preocupada por los niveles de (in)seguridad ciudadana, porque la pandemia no golpee a las familias y, principalmente, la gente está preocupada por tener acceso a las vacunas.

El revuelo desatado por el encarcelamiento de la expresidenta Áñez y de varios de sus colaboradores, y el posterior llamado de unión del Comité Pro Santa Cruz para lidear a las oposiciones al MAS (llamado que no prosperó) no llegaron a ninguna reacción callejera significativa.

Pero si la cepa brasileña (que probablemente ya está en el país) se descontrola, entramos en la fase depresiva de la miniola; la gente se cuida más, consume menos y guarda lo que buenamente tiene o puede para enfrentar la contingencia de los tratamientos contra el COVID —que pueden hacer tambalear la economía de cualquier familia. Es simple: si la ola de la pandemia crece, la ola económica se deprime.

De nuevo, una economía deprimida y golpeada por sucesivas olas de pandemia no llega a pararse; la gente sufre y eventualmente busca un culpable. Entonces se genera un caldo de cultivo para conflictos de pequeña o mediana magnitud, que no necesariamente estarán relacionados con la respuesta del Gobierno ante la pandemia. Pueden estallar en lugares inesperados, por causas inimaginadas.

La vacunación masiva es la única salida estructural que nos permitirá —como humanidad— convivir con el virus sin que se nos vaya la vida en ello. Si la vacuna llega a los millones de personas que están destinadas, las preocupaciones sociales se liberan de los temores por la salud, la gente deja de pensar en el peor escenario y dedica sus esfuerzos y sus recursos para buscar un camino de salida a la situación económica, ya con más libertad.

De momento, el ritmo de vacunación está muy por debajo de lo previsto y esto no hace más que demorar la recuperación económica. El ritmo de inmunización hará la diferencia para que sepamos si lograremos recuperar los niveles de actividad de 2019 en dos o tres o cuatro años.

La confianza de sentir que las amenazas han sido superadas y que nuestra salud está mínimamente (énfasis en mínimamente) garantizada, hace la diferencia en las sensibilidades sociales y —por supuesto— se traduce también en un clima político más libre de conflictividad. Hoy por hoy, este elemento es crucial para ir superando de a poco la polarización regional y sociocultural que sufrimos ahora y con la que cargaremos hasta que se reinstale un conjunto más grande de sentidos comunes para nuestra sociedad.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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