Voces

domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 10:48

La democracia tiene una deuda con Marcelo

/ 25 de julio de 2021 / 00:26

Jaime Camacho era un pastor evangélico que compartió con nosotros una parte de la estadía en Puerto Cavinas, a orillas del río Beni, lugar donde la dictadura de García Meza y Arce Gómez confinó a medio centenar de presos políticos. No he sabido nada de él en los últimos años, tal vez ya partió hacia el añorado paraíso celestial de sus prédicas. Hasta el golpe del 17 de julio de 1980 trabajaba en las oficinas de la Corte Nacional Electoral.

—Jaime, ¿por qué te tomaron preso y te mandaron a este infiernillo llamado también “capital del mosquito”?

—Lo que pasa es que en cuanto se pudo me presenté a mi puesto de trabajo. Ahí me capturaron y luego de muchos malos tratos y humillaciones, me dijeron que me soltarían siempre y cuando diga por radio, televisión y prensa que hubo fraude en las elecciones.

—¿Y tú que les dijiste?

—Que no me constaba pues…

—Entonces querían que digas una mentira.

—Sí, pero en mi religión está prohibido mentir. Por eso estoy aquí.

He ahí una de las muchas anécdotas que se pueden contar de la prisión, la tortura, el confinamiento y el exilio de la dictadura de los “luises” (ver Dossier Confinados en Puerto Cavinas en www.carlossoriag.com).

Lo cierto es que los golpistas hicieron todo lo posible para justificar sus acciones con el argumento de un presunto fraude en las elecciones del 29 de junio de ese año. Con tal objeto buscaban pronunciamientos de las dirigencias corruptas o suplantadas de organizaciones sociales, de campesinos, del magisterio, de profesionales y otras así, como también de personas individuales tipo Jaime Camacho. Jamás presentaron pruebas contundentes e irrefutables (¿les suena?).

Los atrabiliarios golpistas de julio inventaron la mentira de que Marcelo Quiroga Santa Cruz murió combatiendo. Todos los que estuvimos ese día en la sede de la Federación de Mineros donde funcionaba la COB, desmentimos categóricamente esa falacia, nos sumamos a las valientes palabras de Cristina, su viuda, que pocos días después del golpe les dijo en su cara… “su asesinato fue premeditado. A pesar de las gestiones hechas por la familia y diversas instituciones, las autoridades militares se niegan a entregar sus restos. Todo un poder del Estado, respaldado por tanques y metralletas le temen a un muerto” (21 de julio de 1980). ¡En 41 años esto no ha cambiado! Bolivia y la democracia boliviana arrastran una deuda imperdonable con Marcelo.

Para quienes vivimos estos acontecimientos y damos testimonio de ellos, el tiempo se está acabando. Solo en lo que va del año partieron: Ramiro, Édgar, Emil, David, Milton y Eduardo, seis entrañables y cercanos compañeros de lucha forjados en la Jota.

Por eso respaldamos la propuesta: en el nuevo edificio de la Federación de Mineros debe habilitarse el espacio para un memorial que resguarde y promueva el recuerdo de las luchas obreras y populares y en especial de los que allí cayeron: Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura. Y también recordar a Genaro Flores Santos, líder aymara que en 1980 coordinaba la resistencia clandestina de la COB y fue baleado por la represión, dejándolo inválido por el resto de su vida.

Y recordar a los y las jóvenes que “los libros no muerden” y que “no hay peor ciego que el que no quiere leer”. Les recomiendo, entre otros, buscar en bibliotecas (incluso virtuales): Justicia y Dignidad: alegato y sentencia en el juicio a la dictadura de García Meza, 1993 (segunda edición, 2018). Para que no se olvide la dictadura de Luis García Meza (ASOFAMD, 1997). Un libro para escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz (segunda edición, 2016), compilación de Yolanda Téllez, viene adjunto un CD de audio con discursos y entrevistas de Marcelo. Si tienen paciencia y les pica la curiosidad, pueden ver también la trilogía 1980, en el blog mencionado arriba.

García Meza y Arce Gómez fueron nada más que la cola de Banzer, y como el próximo mes se cumplen 50 de la instauración de su dictadura, volveremos sobre el tema. No hay de otra.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Campesinos: rehenes de la maquinaria policial-judicial

/ 19 de septiembre de 2021 / 01:09

Esta semana se supo que el juicio penal contra 40 comunarios de Río Abajo había quedado extinguido. Pero, ¡tuvieron que pasar cuatro largos años para llegar a ese fin! Fiscales arrogantes y abusivos, policías torpes e ineptos, tardaron casi 1.500 días en cerciorarse de la inocencia de todos y cada uno de los acusados. Ni unos ni otros investigaron algo.

Veamos cómo ocurrieron las cosas. La Central Agraria Las Carreras agrupa a subcentrales y sindicatos campesinos del sector Río del municipio de Mecapaca. A fines de agosto de 2017 se les ocurrió a sus dirigentes que había llegado el momento de exigirle al gobernador Patzi que cumpla su promesa de ensanche de vía y asfaltado de la carretera, desde Wancarani (puente Valencia) hasta Waricana. A tal efecto convocaron a una marcha para el martes 29. La misma, muy numerosa por cierto, llegó a la ciudad de La Paz hasta la calle 16 de Obrajes. Allí, cerca del mediodía, intervino la Policía, dialogó con los dirigentes y cuando llegaba a un acuerdo para el repliegue ordenado y pacífico de la concentración, alguien arrojó una piedra. Ese alguien pudo ser un marchista irresponsable o un exasperado conductor molesto por la trancadera. A partir de ahí, en vez de apaciguar, la Policía se dedicó a reprimir con violencia y a tomar presos a cuanto marchista estuvo a su alcance. Se armó el despelote y comenzó el enfrentamiento entre gases lacrimógenos de un lado y pedradas del otro. Así las cosas, algunos proyectiles, al parecer lanzados ex profeso, provocaron destrozos en un bus PumaKatari y, como es natural, asustaron a los pasajeros.

¿Qué deberían hacer las “fuerzas del orden” en tales circunstancias? Por supuesto, proteger a personas y bienes en riesgo, dispersar a los manifestantes, pero por sobre todo identificar y aprehender a los violentos.

No hicieron nada de eso, solo se dedicaron a tomar rehenes, hasta llegar al número de 40. A ninguno de ellos se le pudo comprobar que haya cometido delito alguno. La podrida y vetusta maquinaria policial-judicial considera “delito” el mero hecho de participar en una marcha de protesta. No les importa que justos paguen por pecadores.

No hablamos sin fundamento. Tenemos el testimonio de las víctimas. Entre ellos el de Agustín Aldo Mamani, comunicador popular, respetado y apreciado por su voluntarioso trabajo bilingüe en las radios locales y sus incursiones en la producción audiovisual. Fue detenido a varias cuadras del incidente mayor, de nada valió su credencial de colaborador de Radio El Valle y su cámara de video que demostraba el trabajo que venía realizando en la marcha. Por el contrario, secuestraron y borraron la evidencia. Más de un mes después, gracias a la intervención de la Asociación de Periodistas y del entonces presidente de la Cámara de Senadores, Gringo Gonzales, se consiguió la devolución de su herramienta de trabajo, aunque con algunas piezas faltantes.

Agustín vivió el calvario que duró los cuatro años. Cinco días encerrado con el resto de sus compañeros en una estrecha celda judicial; una prolongada “detención domiciliaria” con prohibición de ir a trabajar; la obligación de presentarse a firmar un libro cada 15 días; la asistencia a numerosas audiencias, muchas de ellas suspendidas y postergadas hasta el infinito; trabajos realizados en las comunidades para reunir los fondos destinados a cubrir las reparaciones del PumaKatari, las cuotas para pagar abogados; en fin, un sinnúmero de perjuicios de nunca acabar.

La extinción del proceso penal liberó de culpas a 32 de los 40 encausados. Uno falleció por el COVID-19. Otro, al parecer, tiene problemas de salud y de los otros seis hay pocas noticias, no se sabe si murieron, si migraron a otra región o país, o simplemente se rindieron por cansancio y no se presentaron.

Nos dicen que la obra caminera demandada avanzó en aproximadamente un 50%. Tal cual.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Alfaro: Paladín del libro y la lectura

El investigador Carlos Soria Galvarro repasa la Ley 366, de 29 abril de 2013, del Libro y la Lectura

Por Carlos Soria Galvarro

/ 6 de septiembre de 2021 / 09:57

El maestro en la escuela Agustín Aspiazu de La Paz nos pidió que no gastáramos nuestros recreos porque al final íbamos a tener una sorpresa. A la salida, en medio del bullicio atronador y el torbellino de mandiles blancos, distinguimos a un señor de lentes, traje raído y barba oscura con un inmenso bolso de cuero colgado al cuello, ofrecía por unos centavos pequeños libros infantiles con ilustraciones de animales y rondas de chiquillos. Si algo lamenté en la infancia fue el intempestivo retorno de mi familia a Cochabamba a mitad de aquel año, porque así perdí para siempre a un extraordinario profesor de escuela, Ranulfo Fernández, y a su amigo escritor y vendedor de libros, Óscar Alfaro, quien dejó sembrada en muchos la buena semilla de la lectura.

He recordado con emoción esta anécdota infantil, pues la Ley del Libro y la Lectura aprobada el 29 de abril de 2013 (Ley 366) lleva precisamente el nombre de Óscar Alfaro, en justo reconocimiento al poeta y escritor tarijeño.

En el artículo 1º esta ley dice que su objeto es: “… promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales…”

Como propuesta no está mal, pero todavía no se hizo una evaluación de los efectos y resultados de este instrumento legal que, entre otros rasgos positivos, alivia las cargas impositivas a la producción y difusión de libros. Recordemos, entretanto, que los objetivos que plantea en su gran mayoría son todavía desafíos a cumplir:

• Generar políticas, planes y acciones dirigidas a la formación de lectores y escritores.

• Promover el hábito de lectura y escritura en la población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas y otros espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro.

• Fomentar la edición y producción de libros en idiomas oficiales del Estado Plurinacional y su traducción.

• Promover y apoyar la edición de material bibliográfico en formatos apropiados, para la consulta por personas con capacidades diferentes.

• Promover la producción bibliográfica y la industria editorial estatal y privada.

• Promover la participación ciudadana a través de actividades de fomento a la lectura, escritura y el libre acceso a bibliotecas y otros espacios interactivos.

• Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación.

• Impulsar el desarrollo de escritura y lectura en idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Estado.

• Implementar el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.

• Crear el Fondo Editorial del Libro y el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.

En el Día Internacional del Libro, propuesto por la Unesco desde 1995 y que cada vez más se está convirtiendo en una fecha de conmemoración universal, las noticias bolivianas en este campo son pocas, pero halagadoras: está en marcha la publicación de los 200 libros para el Bicentenario, se entregan  premios de los concursos de novela, literatura infantil y producción literaria en lenguas originarias, y estamos presentes, aunque no con regularidad, en ferias internacionales del libro

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Agenda país: ¿quién le pone el cascabel al gato?

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:46

¿Quién o quiénes dictan la lista de preocupaciones cotidianas de una determinada porción de la sociedad humana? En el caso concreto de Bolivia, con sus aproximadamente 11 millones de habitantes, ¿quién o quiénes fijan la agenda diaria de temas que suscitan la atención de la gente? ¿Serán los medios de difusión masiva que cumplen esa delicada función, es decir, los periódicos, la Tv, la radio y las llamadas “redes sociales” de internet? ¿Serán quizá los politólogos convertidos en “opinadores” de moda e invitados por los medios los que le dicen a la ciudadanía de qué temas debe ocuparse? ¿O tal vez las señales que emite el Gobierno son las que dan la pauta sobre los asuntos cotidianos a debatir? ¿Más todavía, serán los políticos de oposición los que imponen la agenda?

En una sociedad democrática y plural caben todas las interrogantes anteriores. Y una aproximada y sensata respuesta sería que todas ellas buscan tener su parcela en la dinámica construcción de la agenda cotidiana. Se trata, por cierto, de una pugna permanente, una disputa constante por ocupar un espacio bajo el sol.

Tratándose de los medios masivos, algunos se inclinan principalmente por capturar mayores audiencias a cualquier costo, incluidas delirantes crónicas rojas y payasadas a granel. Otros machacarán con el mayor énfasis los temas que perjudiquen a sus adversarios políticos. Las “redes…” dan lugar a la participación, pero también propalan noticias falsas y manifestaciones de odio irracional y racista, por lo general enmascaradas en el anonimato.

De ahí la importancia de que sea la gestión de gobierno y en su caso la oposición responsable las que de uno u otro modo influyan en la construcción de la agenda del día. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido en Bolivia en las últimas semanas. Luego de la letanía de “fraude” o “golpe” que tuvo su clímax en la celebración del 6 de agosto, vino la fuerte repercusión del informe del GIEI, que provocó lecturas parciales, según convenía a cada quien en vez de generar un proceso de diálogo que dé la oportunidad de aplicar conjuntamente sus principales conclusiones.

Después, el Gobierno tuvo el desatino de centrar la atención en una suerte de castigo a Jeanine Áñez, realizando acciones y promoviendo movilizaciones que pusieron a la expresidenta en calidad de víctima y objeto de pronunciamientos de solidaridad con ella, incluso a nivel internacional. ¿Alguna instancia del Gobierno o de las organizaciones sociales que lo apoyan, es capaz de hacer una mínima reflexión sobre los resultados adversos de semejante orientación política? Parece que no. Más bien, en vez de aprender de las experiencias, da la impresión de que vuelven a las mismas andadas que desembocaron en la crisis de octubre-noviembre de 2019.

Reponer el tema de la reforma judicial según los seis ejes recién propuestos por el ministro Lima, nos parece una buena señal aunque, como era de esperar, ha sido recibida con mucha desconfianza por la oposición y por la ciudadanía en general. Dados los antecedentes, no será nada fácil que funcione como punto de partida para generar consensos imprescindibles para llevarla a la práctica.

Iniciativas semejantes, acompañadas de acciones puntuales que demuestren coherencia, entre lo que se dice y lo que se hace, es lo que falta de parte del Gobierno. Los temas saltan a la vista: rehabilitación económica con la mirada puesta en la producción de alimentos (soberanía alimentaria), la pandemia y las políticas de salud, el inminente riesgo de un descalabro educativo, los incendios forestales y las secuelas del cambio climático. Esos son los asuntos que debieran figurar en la agenda del país. ¿O estamos equivocados?

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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GIEI: las palabras vuelan, los escritos quedan

/ 22 de agosto de 2021 / 03:26

Tiempos hubo en que las masacres no eran investigadas ni se hacían informes como el que acaba de presentar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre septiembre- diciembre de 2019. ¿Será que hay avances en materia de derechos humanos? Si comparamos lo ocurrido solo desde la segunda mitad del siglo anterior con lo que pasa ahora, claro que hay avances, el tema ha ido penetrando progresivamente en la conciencia social en casi todo el mundo y se ha vuelto muy sensible, aunque no exento de contradicciones internas, polémicas en su entorno y también el condenable uso que se ha hecho del tema para justificar acciones de guerra, ocupación de territorios y brutales acciones directamente contrarias al principal derecho humano: el derecho a la vida (el caso de Afganistán es muy ilustrativo). Parafraseando una famosa expresión sobre la libertad, proferida por una revolucionaria francesa antes de entregar el cuello a la guillotina, hoy podría decirse: “Oh Derechos Humanos, cuántos crímenes se cometen en tu nombre”.

Sin mencionar fuentes, el conocido libro de Historia de Bolivia de la familia Mesa-Gisbert sostiene que el movimiento golpista que llevó a Banzer al poder en tres días de enfrentamientos, sobre todo en Santa Cruz y La Paz, dejó un saldo de 98 muertes y más de 500 heridos. Los vencedores nunca fueron investigados y menos sancionados, más bien usufructuaron el poder durante los siete siguientes años, persiguiendo, torturando asesinando o desapareciendo, y expulsando del país a miles y miles de bolivianos y bolivianas.

Un amigo lector nos escribe para recordarnos que los métodos de terrorismo de Estado empiezan a ejecutarse desde el momento mismo del arribo de Banzer y cita el caso de Gonzalo Rocabado, entonces recién graduado en la Facultad de Derecho, quien portando una bandera blanca intentó dialogar con los militares atacantes y fue acribillado en las puertas de la UMSA, en cuyos predios se habían refugiado cientos de estudiantes.

Un caso similar fue el del sacerdote y sociólogo de origen canadiense Mauricio Lefebvre. Portando también una bandera blanca en un carro, salió a la calle a auxiliar a los heridos y fue ametrallado en plena labor por un francotirador en las inmediaciones de la parte trasera del Monoblock universitario. Lefebvre era un religioso y académico comprometido con las luchas populares, estuvo entre los iniciadores de los estudios de sociología a nivel universitario (ver libro Arriesgar el pellejo del gran Coco Manto).

Otro caso que recientemente se ha conocido en detalle, gracias a la investigación periodística de Édgar Ramos Andrade, es el de Leslie Magdalena Andreuzzi Vaca Díez, quien trabajaba en Radio Piraí y los diarios Crónica de Santa Cruz y Los Tiempos de Cochabamba; nacida en 1943, tenía dos hijos pequeños, cuando por aquellos días luctuosos fue capturada, torturada, violada y después desaparecida hasta hoy.

Casos similares a los tres mencionados existen por centenares en el informe de la Comisión de la Verdad creada al efecto por la Ley 879 de diciembre de 2016, mediante la cual se cumplió un antiguo y varias veces soslayado compromiso del Estado boliviano, ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Dicho informe, contenido en 11 gruesos volúmenes, fue trabajado a marchas forzadas por falta de recursos, por las cambiantes coyunturas políticas que vivió el país desde octubre de 2019 y, obviamente, por las dificultades naturales de lo que significa abordar sucesos ocurridos en 18 años (1964 a 1982) luego de haber transcurrido otros 35 (1982-2017). A pesar de ello, a tiempo de hacer la entrega oficial, se dijo que la tarea abarcó incluso el acceso a los archivos de la Sección II de las Fuerzas Armadas. De seguro, el extenso informe contiene una riquísima información que necesita ser sistematizada y divulgada. De no ser así, el material reunido no cumpliría su misión, solo tendrían acceso especialistas investigadores de la historia y no así el público en general como lo demandó el presidente Arce a tiempo de recibirlo. Un archivo accesible serviría también para refrescar la memoria social, sobre acontecimientos luctuosos como fue la toma del poder por Banzer y su camarilla.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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A medio siglo de la dictadura de Banzer

/ 8 de agosto de 2021 / 00:33

El movimiento golpista que llevó a Hugo Banzer al poder comenzó en Santa Cruz el 19 de agosto de 1971 y culminó en La Paz el día 21, dando inicio a un septenio sobre el que se hace necesario refrescar la memoria colectiva al cumplirse los 50 años.

Derechos Humanos. El sacerdote y activista Federico Aguiló, en consonancia con las denuncias del propio Jaime Paz Zamora ante el Tribunal Russell y las de la COB ante la ONU y la OIT, hizo cálculos numéricos de lo que fue la represión fascista en aquellos tiempos (Nunca más para Bolivia, Cochabamba, 1993). Las cifras de Aguiló admiten precisiones y ampliaciones, como las que hizo la Comisión de la Verdad, pero nunca fueron desmentidas: detenidos, 3.059 personas (15% mujeres y 85% varones); residenciados y confinados, 1.259; exiliados forzosos, 663; torturados, 125 (25 de los cuales no vivieron para contarlo); muertos y desaparecidos en enfrentamientos y masacres, 429 (por lo menos 24 cayeron en la universidad de Santa Cruz); en lo que se llamó la Masacre del Valle de 1974, figuran 78 personas; asesinatos políticos, 39.

Terrorismo de Estado. René Zavaleta Mercado afirmó que la función de la represión no se dirigía solamente a enfrentar a quienes resistían al régimen, sino que también buscaba la implantación de “horizontes de referencia”, o sea que el modelo banzerista generalizaba el terror como un movimiento de reconstitución ideológica.

Inicialmente Banzer declaró vigente la Constitución de 1967, “en todo aquello que no contradiga el espíritu y naturaleza del Gobierno Nacionalista y sus realizaciones” (D.S. 09875, 7 de septiembre de 1971). Esto le permitió manejar el país discrecionalmente con “decretos-leyes” (parlamento ya no existía desde 1969). Se aprobaron normativas autoritarias como la Ley de Seguridad del Estado, la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana (sin vestigios de autonomía) y decretos que autorizaban detenciones políticas por “el tiempo que fuere necesario”.

La libertad de expresión, de hecho, fue suprimida y se implantó una suerte de autocensura en los medios. Una buena parte de la planta profesional de los periodistas, reporteros y radialistas fue víctima de despidos, persecuciones y destierros. Las radioemisoras mineras fueron víctimas de asaltos y clausuras.

Del mismo modo, los derechos de libre asociación fueron en la práctica ignorados o pisoteados. Los únicos partidos políticos permitidos fueron, en la primera etapa, los dos aliados del gobierno, el MNR y la FSB.

Violencia, represión y fraude. El 9 de noviembre de 1974, Banzer lanzó una serie de nuevos decretos instaurando un “Nuevo Orden” que prohibía formalmente toda actividad política, disolvía los sindicatos y promovía la nominación directa de “coordinadores” sindicales por el Ministerio de Trabajo. Las cosas debían permanecer sin alteración hasta 1980, año en el que la dictadura anunciaría medidas constitucionales.

Pero, soplaban nuevos vientos desde el norte y la resistencia popular por la democracia había horadado los cimientos de la dictadura. Una masiva huelga de hambre, iniciada en La Paz a fines de 1977 por un grupo de mujeres mineras a favor de una amnistía irrestricta y el retorno de todos los exiliados, le dobló la mano a Banzer. De ahí en adelante su régimen se desmoronó sin remedio. Convocó a elecciones adelantadas en 1978, pero organizó un inmenso fraude para favorecer a su candidato Juan Pereda, exministro de Gobierno.

“El banzerismo había surgido con la violencia, se había mantenido con la represión y quería perpetuarse con el fraude”, sostuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en una publicación contundente e irrefutable.

Cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio de responsabilidades en el Congreso, recapitulando los desmanes represivos y el manejo de los recursos del país como un botín, los militares banzeristas lo condenaron a muerte. García Meza y Arce Gómez ejecutaron la sentencia asesinando a Marcelo el 17 de julio de 1980.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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