Voces

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 06:12

Golpe de Estado 2.0

/ 29 de julio de 2021 / 01:53

Durante el periodo comprendido entre los años 60 y 80 los golpes de Estado, entendidos como la toma de poder de manera ilegal y en muchos casos violenta que desconoce un mandato democrático, fueron comunes en la región y en particular en nuestro país. Fuerzas militares en alianza con grupos políticos hacían uso de la fuerza imponiendo de esta manera gobiernos dictatoriales con la finalidad de ostentar el poder, aplicando medidas conservadoras y alineadas al sistema económico internacional.

Las ráfagas de las ametralladoras, las balas que se escuchan a lo lejos, los tanques y tanquetas circulando por las ciudades, el inusitado vuelo de helicópteros y aviones militares, generaban miedo en la población, que confundida trataba de informarse con ansiedad de lo que estaba sucediendo en el país, sintonizando las pocas radioemisoras que existían en Bolivia y el canal estatal que era el único medio de comunicación audiovisual con horarios restringidos en cuanto a su programación. En ocasiones de golpe de Estado, de manera excepcional la televisión estatal iniciaba su transmisión en cualquier momento, instante en el cual se entonaba la marcha militar y posteriormente el mensaje del nuevo presidente.

Las características de la toma del poder por parte de los gobierno dictatoriales se caracterizaron por las persecuciones y amedrentamiento de adversarios políticos que en un extremo eran ejecutados; el confinamiento de compatriotas obligados a abandonar el país con destinos lejanos y en muchos casos sin retorno; el establecimiento de los famosos “estado de sitio” que restringían la circulación vehicular y el libre tránsito de personas; detenidos y presos políticos, representaban la circunstancia perfecta en un momento de confusión y crisis. La débil resistencia popular de organizaciones sociales que con marchas, conformación de barricadas y bloqueos, manifestaban su disconformidad con este hecho; sin embargo, debido a la confrontación desigual, era diezmada con el avasallamiento y la opresión del más fuerte en detrimento de los más débiles, el pueblo.

Solamente después de 1982 se recuperó la democracia, con la presencia de Hernán Siles Zuazo como presidente elegido por el voto popular, y uno de los pilares de la revolución nacional y la alianza de clases. Se iniciaba un nuevo periodo en la política boliviana con una democracia incipiente, plagada de esperanza en un nuevo futuro que valoró la libertad de pensamiento, la convivencia pacífica y en comunidad de todos los bolivianos.

En el siglo XXI, este modelo de golpe de Estado y sus características ya no son habituales y de hecho las nuevas generaciones no tienen la experiencia de haberlos vivido. En la actualidad, son otras las características que envuelven a esta desdicha, el contexto ha cambiado, mas no el resultado final que es la toma del poder. La falta de respeto a la voluntad popular, la interpretación antojadiza de la normativa, el amedrentamiento por parte de la fuerza militar, la utilización premeditada de las tecnologías de la información y las redes sociales, entre otros, son los ejes del nuevo modelo de golpe de Estado, claro está que esto no quiere decir que una interrupción al estado democrático con las características del siglo pasado no se vuelva a repetir, existirá siempre esa posibilidad.

Hasta 2019 pasaron diferentes gobiernos, con una democracia que consolidaba su transición de representativa a participativa. Sin embargo, en noviembre del mismo año, con la llegada abrupta a la presidencia por parte de Jeanine Áñez, se produjeron al menos cuatro hechos ilegales e irregulares, que son parte del nuevo modelo de golpe de Estado: utilización de las redes sociales como un medio subversivo; se interrumpió el mandato de un presidente democráticamente elegido mediante el voto popular y que debía concluir su mandato en enero de 2020; se interpretó e implementó un procedimiento inconstitucional, vale decir que no existió destitución parlamentaria sino renuncia forzada por diferentes actores minoritarios de la población; y un factor decisorio, las Fuerzas Armadas del país, que decidieron el desenlace de este suceso, pidiendo la renuncia del presidente en un acto de amedrentamiento.

Las diversas interpretaciones seguirán por parte de la población, como también por los analistas políticos, quienes seguramente continuarán con la confrontación de ideas en torno a los hechos que generaron el alejamiento del expresidente Morales, pero sin lugar a dudas, en la memoria de todos los bolivianos quedará grabada la imagen de un militar colocando la banda presidencial a una persona que hasta ese momento era desconocida.

Gustavo Gómez es economista.

Comparte y opina:

La imposibilidad de otro diferimiento

/ 8 de julio de 2021 / 00:22

Las últimas semanas, algunos sectores y organizaciones sociales demandan al Gobierno la aplicación de un nuevo diferimiento para los créditos asumidos ante las entidades de intermediación financiera, afirmando que la situación económica de sus respectivos sectores aún no se ha recuperado, por lo que se verían imposibilitados de cumplir con sus obligaciones crediticias. Sin embargo, es importante que dichos actores de la sociedad consideren algunos aspectos cruciales que esta situación representaría para el sistema financiero y para la economía en su conjunto.

En este entendido, es importante recordar que las medidas asumidas durante la gestión 2020, referidas al diferimiento de créditos, fueron motivadas por el confinamiento de la población boliviana producto de la pandemia COVID-19, en la cual existió cuarentena rígida, restringiendo de esta manera el normal desarrollo de las actividades económicas, situación que a la fecha ha cambiado en la mayor parte de los sectores económicos, que han retornado a su normalidad, salvo algunas excepciones de actividades restringidas en horarios nocturnos donde la dinámica es mucho menor con relación a las diurnas, por lo que de ninguna manera se asemeja al contexto vivido el pasado año.

Existe un riesgo marcado en el posible quebrantamiento de la cultura de pagos de créditos, aspecto que se fue construyendo durante varios años atrás, con el impulso significativo que le dio la implementación de la Ley 393 de Servicios Financieros, que generó un paradigma de cumplimiento de obligaciones crediticias establecidas en los contratos suscritos entre la entidad de intermediación financiera y el prestatario. Esta construcción de la cultura del cumplimiento de las obligaciones parte desde el principio básico de la ética de quienes toman el crédito y también de la ética de las entidades que lo otorgan, ambas contrapartes tienen que considerar la observancia a todas las condiciones suscritas en los contratos de préstamo, situación que no puede ser quebrantada bajo ninguna circunstancia.

Por otra parte, recordar que la actividad principal de las entidades de intermediación financiera corresponde a la captación de recursos mediante los depósitos de la población por los que paga una tasa de interés pasiva y la colocación de estos recursos entre la población mediante el cobro de una tasa de interés activa, esta situación representa la generación de un círculo virtuoso entre una demanda de recursos y su oferta. Por cuanto, si no se cumple con las obligaciones crediticias preestablecidas en los contratos de préstamo, no existirá la posibilidad de otorgar nuevos créditos a la población que así lo requiera y en un caso extremo, podría darse la posibilidad de que la entidad financiera no pueda cumplir con el pago de la tasa de interés pactada y la devolución de los recursos a los ahorristas, generando de esta manera un quiebre peligroso en el círculo virtuoso de la actividad financiera y económica.

Por tanto, la estabilidad financiera, entendida como aquella situación en la cual el sistema financiero canaliza eficientemente ahorros desde oferentes de recursos hacia emprendedores e inversionistas, se vería en un riego con consecuencias funestas para el sistema financiero y toda la economía en general, complicando aún más la situación de la población en general.

Por su parte, las medidas adoptadas por el actual Gobierno, entre otras, el restablecimiento de los niveles mínimos de cartera para créditos productivos y vivienda de interés social, el acceso a recursos de liquidez a Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), los fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional y la conformación del Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional; asimismo, medidas que se están gestionando como la Ley del Oro y el anteproyecto de ley para autorizar la constitución del Fideicomiso de Apoyo para la Reactivación de la Inversión Pública, son parte de la reactivación económica nacional y necesitan el acompañamiento de un sistema financiero sólido y solvente para alcanzar su propósito.

Por lo expuesto, un nuevo diferimiento no es posible bajo el presente contexto económico, en el cual, por el contrario, es imprescindible que se cumplan todas las obligaciones crediticias para evitar la inestabilidad del sistema financiero; por otra parte, es necesario que los agentes económicos, las organizaciones sociales y la población en general acompañen las medidas que están siendo implementadas por el Gobierno, para que se pueda salir definitivamente de la recesión económica en el corto plazo y restablecer los niveles de crecimiento y desarrollo alcanzados en años anteriores, en el mediano y largo plazos.

Gustavo Gómez es economista.

Comparte y opina:

Plan Bohan, base del ‘modelo’ cruceño

/ 26 de mayo de 2021 / 01:45

El Plan Bohan, desarrollado en 1943, sugirió la implementación de diferentes medidas en procura del desarrollo de Santa Cruz, entre las cuales se estableció: la construcción de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, para conformar el eje central del país juntamente con La Paz; diversificación económica, inversiones en la industria petrolera, y el apoyo a la producción agropecuaria y la instalación de estaciones experimentales de agricultura y ganadería para garantizar la producción alimentaria nacional. Estas directrices debían ser acompañadas por acciones concretas como el tema de las inversiones, créditos, fomento al modelo de sustitución de importaciones con producción nacional de ganado, arroz, azúcar y algodón, y un conjunto de políticas que debían generar externalidades y sinergias positivas de la “Marcha al Oriente”.

El contexto marcaba tiempos de la segunda guerra mundial y se avizoraba la etapa de posguerra. Bolivia había dirigido su apoyo a los “aliados”, llegando a prescindir de las exportaciones de estaño hacia Alemania, mineral considerado como producto de uso estratégico en la industria armamentista y metalmecánica, recibiendo como retribución por este alineamiento, asistencia técnica y recursos financieros por parte del país del norte para implementar el citado plan, encaminándose de esta manera una alianza estratégica entre ambos países a largo plazo.

Bajo este lineamiento, durante más de medio siglo, Santa Cruz se convirtió en el centro de inversiones nacionales y extranjeras, acudiendo en muchos casos al ahorro externo para el financiamiento de diferentes proyectos. Los gobiernos nacionales, a su turno, priorizaron recursos para esta región, siendo que uno de sus principales ingresos representaba las regalías petroleras. A diferencia de otras regiones de Bolivia, con niveles de desarrollo inferiores en relación al resto de los departamentos, Santa Cruz recibió un trato diferenciado y favorable en cuanto a los ingresos nacionales.

Los resultados de la planificación del Estado por medio de la implementación del mencionado plan, se pueden evidenciar en algunos de los niveles de desarrollo observados en esta región, que en la actualidad presenta un PIB per cápita de $us 3.695, superior al promedio nacional; concentración de las principales empresas agroindustriales del país y un sector ganadero que proporciona casi el 50% de la carne bovina que produce el país.

Por otra parte, el desarrollo alcanzado por la región cruceña, en el cual también se incorporaron las políticas de colonización del oriente, con la creación de colonias tanto con habitantes del altiplano como con extranjeros a través de la instalación de distintos grupos como japoneses y menonitas, representó un foco de “atracción” para los demás habitantes del país, generando de esta manera un flujo migratorio importante hacia esa región, por lo que se convirtió en un destino atractivo en desmedro de otras regiones que por sus condiciones económicas se convirtieron en “expulsoras”. En 1950, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenía algo más de 40.000 habitantes, uno de cada 10 bolivianos vivía en la región, mientras que en la actualidad es el departamento con mayor población del Estado Plurinacional de Bolivia, contando con 3,3 millones de habitantes, seguido de La Paz con 2,9 millones de personas.

En suma, el modelo de desarrollo cruceño es un referente nacional e internacional que refleja tanto el esfuerzo de una región así como del conjunto del país que apoyó incondicionalmente el progreso de Santa Cruz. Sin embargo, algunas personas y grupos radicales pretenden olvidar el origen del modelo de desarrollo cruceño apropiándose del mismo como si se tratara de un patrimonio personal o regional, cuando en realidad se trató también de un esfuerzo y desprendimiento nacional.

Gustavo Gómez es economista.

Comparte y opina:

La dualidad del SOAT

/ 24 de abril de 2021 / 23:27

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un seguro que todo propietario de vehículo motorizado, público o privado, debe contar con carácter obligatorio para poder circular libremente por las vías de todo el territorio nacional. Por sus características tiene una dualidad, se constituye a la vez en una obligación para el propietario de un vehículo motorizado y a su vez en un derecho para la población.

El SOAT, de acuerdo con su cobertura, garantiza la atención médica inmediata de los heridos en accidentes de tránsito evitando dejar en completo desamparo a los afectados y a sus familiares; asimismo, tiene una cobertura por muerte, recursos que son necesarios para los gastos que representa esta fatalidad.

Durante la gestión 2020, debido a la pandemia que obligó al confinamiento de la población y restringió la circulación de personas y vehículos, los accidentes de tránsito se redujeron mas no se eliminaron, siendo que la vigencia de la cobertura del seguro continuó protegiendo a la población boliviana ante un eventual suceso de tránsito al cual estamos todos expuestos.

Se tiene conocimiento que el número de siniestros de diciembre de 2020 a marzo de 2021 se incrementó en 3.146, de 13.521 a 16.667, mientras que el número de accidentados aumentó en 2.876, de 17.714 a 20.590, por cuanto, el monto pagado por el seguro ascendió en Bs 23,6 millones, de Bs 74,5 millones a 98,1 millones, en el mismo periodo de tiempo.

Por otra parte, es importante mencionar que la diferenciación de precios del SOAT por departamento responde a criterios de probabilidad de ocurrencia de un siniestro, siendo que en el departamento de Santa Cruz, entre enero de 2020 y marzo de 2021, se contabilizaron 9.289 accidentados indemnizados por el SOAT, lo cual representa el 45% del total de personas accidentadas en el país, a comparación de Pando que registró 22 personas accidentadas, con una participación del 0,1% en el mismo periodo.

Por lo mencionado precedentemente, no corresponde la nivelación del precio del SOAT por departamento, aunque algunos representantes del sector de autotransporte exijan esto en el ámbito nacional, y otros sectores extremistas, que no tienen una lectura apropiada del dolor que representa un hecho de tránsito, exigen que no se pague esta obligación por parte de su sector, en desmedro de la población que se vería desamparada. Algunos dirigentes inclusive emiten temerarias declaraciones en medios de comunicación refiriéndose a este tema, utilizando datos erróneos y desinformando a la población en general.

En la actualidad se viene comercializando la venta de este seguro con diferentes descuentos por la compra, así, aquellos propietarios de vehículos que adquieran el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito correspondiente a la gestión 2021, durante abril de la presente gestión, sumarán al descuento del 33%, correspondiente a entre enero y abril de 2021, un 5% adicional, alcanzando un descuento total del 38% en el precio para esta gestión.

Finalmente, cabe resaltar que el autotransporte en nuestro país tiene diferentes organizaciones que lo representan, por lo que es importante que reflexionen en el sentido de que se puedan adherir al acuerdo suscrito entre el sector del transporte libre y cooperativizado con el Gobierno, a objeto de no perjudicar a la población boliviana que ya está cansada de los bloqueos, paros y amenazas por parte de los choferes.

 Gustavo Gómez Velásquez es economista.

Comparte y opina:

¿Crédito del FMI o intercambio de divisas?, el falso debate

/ 31 de marzo de 2021 / 02:29

 Los swaps son contratos derivados entre dos partes que involucran el intercambio de flujos de efectivo, existiendo diferentes tipos como ser: “Swap de tasas de interés”, que implica el intercambio de pagos de intereses en la misma moneda; y “Swap de Divisas”, que se refiere al intercambio de una cantidad de efectivo en una divisa por la misma cantidad en otra. En ambos casos existen condiciones, tratándose de mecanismos de financiamiento que están ligados al riesgo.

En este marco, es importante esclarecer que el crédito negociado entre el gobierno de transición y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue una operación de “Swap de Divisas”, mecanismo de financiamiento definido anteriormente como el intercambio de flujos de efectivo de una divisa por otra, en el cual se asumieron los riesgos de las variaciones del tipo de cambio de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la tasa de interés para este tipo de créditos, el pago de comisiones cobradas para este efecto y un plazo determinado para la devolución de los mismos.

El FMI otorgó asistencia financiera de los DEG gestionada por el gobierno de transición, con el argumento de utilizarlos para afrontar la crisis sanitaria pero que, al mismo tiempo, implicaban condiciones para la implementación de diferentes políticas en nuestro país, como la cambiaria. Cabe recordar que los DEG son recursos que se constituyen en un activo de reserva para los países miembros y su valor se calcula en base a un conjunto de monedas (dólar de Estados Unidos, euro de la Unión Europea, renminbi de la República Popular China, yen de Japón y la libra esterlina del Reino Unido), asimismo, cada país miembro tiene una cuota en DEG en función a su participación accionaria.

Los mencionados recursos de crédito alcanzaron la suma de 240,1 millones de DEG, mismos que tenían que ser restituidos como cualquier otra deuda convencional, en el plazo de cinco años por parte del Estado boliviano. A febrero de 2021 los DEG se apreciaron, por cuanto en términos de variación cambiaria representaron un costo de $us 19,6 millones sobre el crédito otorgado, al cual se sumaron los intereses y comisiones por un valor de $us 4,7 millones, dando un total de $us 24,3 millones por concepto de costos totales de la operación, que sumados al capital alcanzaron un total de $us 351,5 millones al momento de la devolución al FMI.

Por otra parte, es importante aclarar que en una operación de intercambio de divisas se transan las mismas a un valor de tipo de cambio preestablecido en el momento, por una autoridad monetaria o el mercado, quedando cerrada la operación al instante del intercambio, por lo que no es comparable con el mencionado crédito negociado con el FMI, que como ya se mencionó anteriormente, implicó riesgos de variación del tipo de cambio, tasa de interés, comisiones y el plazo para la restitución de estos recursos.

Por la descripción realizada precedentemente, se recalca que la operación realizada entre el gobierno transitorio con el FMI es una operación de deuda tipo “Swap de Divisas”. Sin embargo algunas personas, con el ánimo de minimizar este hecho, que se suma al conjunto de desaciertos que cometió el anterior gobierno, y con el afán de desinformar y generar confusión con sus declaraciones y publicaciones, mienten a la población.

Finalmente cabe establecer que no existe ningún fundamento teórico ni conceptual que sustente el cuestionamiento de la citada operación de crédito con el FMI, si éste fue un ¿crédito o intercambio de divisas?, esta interrogante es parte de un falso debate, situación a la cual nos tienen acostumbrados algunos opinólogos en materia económica.

 Gustavo Gómez es economista.

Comparte y opina:

Las sombras del FONDO

/ 8 de marzo de 2021 / 04:22

Durante la conferencia de Bretton Woods de 1944, se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del sistema económico internacional que reconfiguró el nuevo escenario mundial con la división de las áreas de dominio e influencia territorial, incurriendo en un colonialismo moderno. La finalidad de su creación versa en la estabilidad del sistema monetario internacional, a objeto de garantizar la estabilidad financiera de los países miembros, políticas que fueron aplicadas en la época de posguerra.

La participación del FMI en Bolivia fue poco significativa hasta los años 70, alcanzando protagonismo después de la crisis de la deuda y el final de la guerra fría a finales de los años 80. En concordancia con estos hechos, esta entidad cambió sus directrices adoptando su interés en el liberalismo económico, por lo que este contexto fue el espacio propicio para el relanzamiento y posicionamiento ideológico en la región.

Durante la primera parte de los años 80 del siglo XX, Bolivia estaba en plena crisis económica producto de la elevada deuda externa, que tuvo consecuencias funestas como la hiperinflación, únicamente comparables con épocas de conflictos bélicos, decrecimiento del Producto Interno Bruto, y un descontento generalizado con un gobierno popular que intentaba enarbolar las banderas de la revolución nacional, pero que dada esta situación extrema, abandonó los ideales nacionalistas. Asimismo, el deterioro de los términos de intercambio de nuestro país, exportador de materias primas, condujo en el largo plazo al desequilibrio de la balanza de pagos, lo cual obligó a la búsqueda de financiamiento externo con la finalidad de salir de esta extrema situación.

Este escenario se convirtió en una oportunidad propicia para ejercer el dominio del FMI sobre un país en extremo necesitado de recursos externos para superar la crisis, por lo que a mediados de los años 80 se gestó la intervención de organismos internacionales que prepararon sendos paquetes de medidas tendientes a contrarrestar y superar la crisis del país, pero que a la par imponían la ideología de los países desarrollados. Con la implementación del Programa de Ajuste Estructural, el FMI condicionó la otorgación de créditos, implementando el chantaje de los denominados “créditos atados”, estas medidas de naturaleza ortodoxa lograron controlar la hiperinflación y estabilizar el tipo de cambio, pero el costo social fue muy alto, ya que demandaban ajustes de índole económico de carácter regresivo.

Las medidas afectaron principalmente a los sectores más vulnerables, que perdieron su fuente de empleo y se vieron obligados a desarrollar actividades desconocidas para ellos, sin alternativa alguna que pueda representar un empleo sustituto; por otra parte, se incrementaron los niveles de pobreza, de desigualdad, se acentuó la discriminación clasista y se profundizó la pigmentocracia, entre otras consecuencias.

En los años 90, cuando la economía boliviana viraba hacia el neoliberalismo, se estableció la segunda etapa del programa de ajuste estructural, cuyo elemento central era el proceso de privatización de las empresas públicas, sin importar su nivel de rentabilidad; este proceso se denominó “capitalización”, cuyo objeto era ceder el patrimonio nacional a empresas extranjeras a precios que solo consideraron su valor en libros. Este hecho representó para los gobernantes de turno el beneplácito de los organismos internacionales y principalmente del FMI, poco a poco las empresas públicas pasaban a manos privadas afectando a miles de trabajadores que se vieron de la noche a la mañana sin empleo.

A principios del nuevo milenio, la ideología implementada se había afianzado con la intensificación del libre comercio y se pretendía completar el proceso de privatización de las empresas estratégicas, que tenían un componente residual en propiedad de los bolivianos. El FMI condicionó nuevos créditos para completar las transferencias plenas de las empresas públicas a manos privadas, utilizando como argumentos el déficit fiscal y la implementación de un impuestazo que afectaba directamente a la clase trabajadora del país. La reacción de la población ante semejante situación generó una crisis política que derivó en conflictos internos que costaron la vida de muchos compatriotas, en tanto el FMI y otros organismos internacionales observaban el desenlace de los sucesos que ellos habían generado en complicidad con la clase política entreguista que gobernaba el país.

En 2020, después de 15 años de ausencia, el gobierno de transición acudió a esta instancia internacional bajo la excusa de atender la pandemia, negociando de esta manera recursos condicionados que significaban para los bolivianos retornar a los años de dependencia económica, perder la soberanía y someter a nuestro país a cambio de dólares foráneos; una operación que, además, no tenía ningún tipo de legitimidad y que vulneraba la normativa constitucional, razones suficientes para devolver los recursos indebidamente recibidos.

La historia descrita muestra solo sombras en el paso desafortunado del FMI por Bolivia, senda que solo dejó luto, pobreza y recesión para la mayoría de la población boliviana.

 Gustavo Gómez es economista.

Comparte y opina: