En pasadas semanas Claudia Goldin, economista estadounidense, recibió el Premio Nobel de Economía, máxima distinción de las ciencias económicas, por sus investigaciones con relación a la participación y los ingresos de las mujeres en el mercado laboral, investigación que analizó los cambios estructurales, normas sociales y familiares en los que se desarrolla la mujer.

El hecho demuestra dos elementos. Por una parte, el galardón para una mujer que realizó diferentes investigaciones, logrando de esta manera la excelencia académica y, por otra parte, la importancia de la inclusión de las mujeres en las diferentes actividades económicas de un país, en un contexto muchas veces adverso para ellas.

Dentro de estos aspectos, la inclusión financiera desempeña un elemento fundamental debido a que permite el acceso a los diferentes productos y servicios financieros para las mujeres, pudiendo financiar sus iniciativas o emprendimientos mediante productos financieros a su medida, aspecto que juega un rol preponderante para que logre independencia y empoderamiento, y de esta manera su desarrollo pleno.

En nuestro país, en los últimos años se han creado productos financieros en beneficio de las mujeres, como “Banca mujer”, para el empoderamiento económico de las mujeres, apoyándolas en su progreso; “Jefa de hogar”, para el financiamiento de emprendimientos productivos de las mujeres que son cabeza de familia; y “Avanza mujer”, un modelo de banca inteligente que acompaña el desarrollo de los negocios de las mujeres en condiciones adecuadas de financiamiento.

Se estableció el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre), para un sector conformado mayoritariamente por mujeres, así como el Fondo de Crédito de Apoyo a Micro Empresas (Focremi), que tiene una participación importante de las mujeres en la actividad del microcrédito. La inclusión y la educación financiera para las mujeres acompañan estas iniciativas posibilitando mayor acceso y uso de los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras.

Los datos del sistema financiero muestran que, a septiembre, existe una participación cercana al 50% en lo referente al número de cuentas abiertas por las mujeres en las entidades financieras, lo que denota la existencia de un acceso equitativo a los servicios que proporcionan estas entidades, en este caso los depósitos.

En materia crediticia, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2023 hay un crecimiento de 18% en cuanto a las colocaciones en beneficio de las mujeres, superior a los hombres (9%), destacándose que el 42% va destinado a microcrédito y el 38% a vivienda, entre los más importantes destinos que dan las mujeres a los créditos. Este crecimiento se evidencia en los créditos otorgados a mujeres en el área rural, el cual, en el mismo periodo de tiempo, subió en 29%, siendo superior al crecimiento para los hombres (18%), demostrando la democratización en el acceso al financiamiento para las mujeres.

Los créditos destinados al sector productivo para las mujeres se incrementaron en 29%, del cierre de 2020 a septiembre de la presente gestión, superior al crecimiento registrado por los hombres (12%), demostrando de esta manera la inclusión y la participación cada vez más importante de las mujeres en las actividades productivas.

La cartera de vivienda de interés social en el periodo comparado, diciembre de 2020 y septiembre de 2023, denota que los créditos para las mujeres se elevaron en 20%, superior a los hombres (11%). A la fecha, 98.677 familias se benefician de este crédito, el cual es destinado principalmente para la compra de vivienda (73%) y la construcción (17%).

Estos resultados muestran avances significativos en la inclusión financiera de las mujeres, existiendo aún la necesidad de fortalecer la inclusión de ellas, que van ganando espacios importantes en el ámbito académico, económico (productivo) y social.

Gustavo Gómez es economista.

En agosto, una agencia internacional calificadora de riesgos efectuó una publicación en la cual describe el panorama bancario de América Latina por país, afirmando que en Bolivia existiría un aumento del riesgo crediticio, considerándolo el más riesgoso de la región.

El análisis efectuado contiene conclusiones que atribuyen el supuesto riesgo al “shock económico” que habría generado la pandemia, así como el financiamiento dirigido por el Gobierno, el cual estaría presionando la rentabilidad de las entidades de intermediación financiera. Aspectos que no se reflejan en los datos oficiales presentados por el sistema financiero boliviano. 

Con relación a los efectos que tendría aún la pandemia, se evidencia que las medidas de protección para la salud controlaron el COVID-19 de manera efectiva. Asimismo, la reprogramación y refinanciamiento de créditos diferidos representaron un acierto para los deudores que se vieron afectados por el confinamiento. Es por esto que, a diciembre de 2020, la cartera diferida llegó al 10,4% del total de las colocaciones, mientras que, a agosto de 2023, se redujo a 3%, lo cual demuestra que los deudores están cumpliendo con sus obligaciones crediticias, acompañados por la reactivación económica.

La política pública incluye la regulación de las tasas de interés para créditos a sectores priorizados; vivienda de interés social, medida que beneficia a la población que no cuenta con una casa propia (a agosto más de 98.000 familias fueron beneficiadas), y créditos productivos, que benefician a sectores productivos que no podían acceder a financiamiento antes de la Ley 393 de Servicios Financieros. A su vez, las entidades financieras tienen que cumplir con los límites mínimos de colocación de cartera para dichos sectores, que se encuentran entre el 50% y 60%.

En el marco de las medidas asumidas en favor de los sectores priorizados, el índice de mora en el sistema financiero, a agosto, es de 2,9%, cifra que está por debajo del promedio de la región que alcanza a 3,5%. Aspecto que denota el cumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de dichos sectores y otros que componen la cartera de créditos.

El sistema financiero nacional tiene un importante proceso de “bolivianización”, en el cual, a agosto, el 99% de los créditos están en moneda nacional y el restante, en moneda extranjera; a su vez, con relación a los depósitos, éstos representan el 88% del total de las captaciones, demostrando la efectividad de las medidas adoptadas y la confianza de la población en la moneda nacional.

Este conjunto de medidas de ninguna manera afectó las utilidades del sector financiero que, por el contrario, en 2013 llegaron a Bs 1.459 millones, mientras que para al cierre de 2022 alcanzaron a Bs 1.924 millones, con un crecimiento del 32% entre ambos periodos, aspecto que muestra que las entidades de intermediación financiera tienen utilidades importantes en un contexto de tasas reguladas.

El estudio también menciona que nuestro país tendría “condiciones macroeconómicas inestables”, las cuales estarían incidiendo en la calidad de los activos, afirmación poco evidente debido a que las principales variables macroeconómicas de la economía boliviana muestran crecimiento del PIB positivo (2,28% al primer trimestre de 2023); inflación controlada, la más baja de la región (3,1% al cierre de 2022), producto de las diferentes medidas adoptadas por parte del Gobierno; tipo de cambio estable que va superando la sobredemanda de la divisa norteamericana; y un bajo nivel de desempleo (4,2% a diciembre de 2022).

La descripción establecida muestra la realidad de las cifras del sistema financiero y la economía nacional, las cuales contrastan con el análisis publicado por la mencionada empresa internacional calificadora de riesgos.

Gustavo Gómez es economista

Uno de los mayores desafíos de las entidades involucradas con el sistema financiero es la inclusión financiera, debido a los retos que representan aspectos como la cultura y las características de la población, lo cual genera ciertas barreras de acceso a todos los servicios que brinda el sistema financiero.

La norma de servicios financieros tiene el espíritu de generar políticas necesarias que permitan viabilizar la inclusión financiera, conscientes de las barreras existentes, bajo dos dimensiones: el acceso y el uso de los servicios financieros. El acceso se refiere a la disponibilidad de los servicios financieros de calidad y a costos razonables; a su vez, el uso está referido al consumo de los servicios financieros disponibles por parte de la población. 

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Las barreras que habitualmente se presentan van más allá de la modificación o la adecuación de la normativa financiera, así, por el lado de la demanda, falta de ingreso, desempleo, confianza, educación financiera, incidencia de las redes sociales, razones culturales y grupo etario, entre otras. Adicionalmente, por el lado de la oferta existen también barreras con relación a los costos de la actividad financiera e información asimétrica, entre las más importantes, aspectos que tienen mayor repercusión en los grupos vulnerables de la población en los cuales éstas se acrecientan mucho más.

En la actualidad existen avances significativos con relación a la inclusión financiera en nuestro país, debido a diferentes medidas que son promovidas para lograr el acceso a los servicios financieros de la población más vulnerable. En tal sentido, a lo largo del territorio nacional se destaca que hay seis puntos de atención financiera por cada 1.000 km2; asimismo, existen 17 sucursales y agencias por cada 100.000 habitantes adultos, datos que muestran el liderazgo que tiene nuestro país con relación a la región.

En lo referente a la cobertura geográfica de los servicios financieros a nivel de municipios, se pasó de cubrir un 25% en 2007 a un 87% durante la presente gestión. Por ello, actualmente 294 municipios del país cuentan con la presencia de alguna entidad financiera, representando el 87% del total de los municipios (339) y en los cuales se concentra el 98,7% de la población.

Un dato para resaltar es que en el caso de Tarija sus municipios tienen una cobertura del 100%, logrando el objetivo dispuesto para la cobertura geográfica de ese departamento. La norma prevé que para 2025 todos los municipios cuenten con la presencia de al menos una entidad de intermediación financiera en su territorio.

En lo que corresponde al uso de los servicios financieros, la cantidad de cuentas de depósito se quintuplicó entre 2007 y 2023, pasando de 2,7 millones a más de 14,7 millones, siendo que el número de cuentas a julio del presente año es mayor que la población total de nuestro país, que alcanza a cerca de 12 millones de habitantes, por lo que considerando a la población mayor de 18 años, en promedio cada persona tendría aproximadamente dos cuentas de depósito en el sistema financiero.

Otro aspecto importante es la utilización de las tarjetas de débito por parte de la población, que en la actualidad superan los 6,5 millones, convirtiéndose en un medio común de uso para realizar las transacciones habituales en cajeros automáticos, supermercados y diferentes operaciones financieras.

Los resultados y avances son significativos, considerando que en décadas pasadas los sectores vulnerables ni siquiera podían ingresar a las entidades financieras, no obstante, en la actualidad se benefician de los servicios que brinda el sistema financiero.

(*) Gustavo Gómez es economista

Este 21 de agosto se conmemoraron 10 años de la promulgación de la Ley 393 de Servicios Financieros, que se constituyó en el marco de la política financiera establecida en la Constitución, dándole una nueva estructura y enfoque al sistema financiero.

La normativa en materia financiera contiene un conjunto de medidas que cambiaron de manera sustancial el sistema financiero, priorizando la inclusión financiera que permite a todos los sectores de la población, principalmente los vulnerables, el acceso a los servicios que brindan las entidades de intermediación financiera, pero a su vez, precautela la solidez y solvencia del mismo.

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Identificó sectores estratégicos para la economía, por lo que se promueve medidas para beneficiar al sector productivo a partir de las micro y pequeñas unidades productivas, creando de esta manera productos financieros con tasas de interés reguladas que van de 6% a 11,5%, dependiendo del tamaño de la unidad productiva, considerando a su vez garantías no convencionales para su financiamiento. Al primer semestre de la presente gestión, el microcrédito tiene una participación del 30% del total de la cartera. 

Se reguló las tasas de interés pasiva mínimas que las entidades financieras deben pagar a los ahorristas, estableciendo un mínimo para cajas de ahorros en moneda nacional del 2% y para Depósitos a Plazo Fijo, dependiendo el plazo (de 0,18% a 4,10%). A su vez se regularon las tasas máximas de interés para créditos de vivienda de interés social, que van de 5,5% a 6,5%, dependiendo el monto de financiamiento, posibilitando el acceso al “techo propio” para aquellas familias que no contaban con éste. Medida de impacto que a julio de la presente gestión beneficia a más de 98.000 familias.

Se estableció los niveles mínimos de cartera que el sistema financiero debe cumplir para la colocación de créditos a sectores priorizados, mismos que tienen que superar el 60%, en el caso de los bancos múltiples y del 50% para el caso de los bancos pymes y entidades financieras de vivienda, aspecto que es cumplido por las entidades de intermediación financiera, siendo que a la fecha mantiene un nivel promedio del 61%.      

Permitió el acceso de los sectores marginados o vulnerables que, antes de la citada ley, no podían acceder a los servicios financieros, principalmente los del área rural, viabilizando la presencia de las entidades de intermediación financiera en municipios del país mediante los puntos de atención financiera, espacios físicos donde se desarrolla la actividad de intermediación financiera, teniendo como meta llegar a 2025 con 100% de cobertura de los servicios financieros en los municipios del país, considerando que en la actualidad supera el 86%.         

La normativa garantiza los derechos de los consumidores financieros, a través de la Defensoría del Consumidor Financiero de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), brindándoles protección e instancias de reclamo; una primera en la misma entidad financiera que tiene habilitado un “punto de reclamo” y una segunda instancia, en oficinas de la Defensoría que tiene presencia nacional. Se desarrollan “programas de educación financiera” para que los consumidores financieros tomen las decisiones adecuadas en materia financiera.

Estableció la función social que deben cumplir las entidades financieras, con un porcentaje de sus utilidades (6%) para el cumplimiento de dicha función. Con estos recursos se han generado seis fondos: tres de “garantía”, que respaldan los créditos de vivienda de interés social, productivo y al sector gremial, y tres para la “otorgación de créditos”, beneficiando a emprendedores, microempresarios y jóvenes. 

Después de 10 años de vigencia de la Ley de Servicios Financieros, los resultados son elocuentes, se tiene un sistema financiero inclusivo, sólido y solvente que beneficia a nuestro país.

(*) Gustavo Gómez es economista

Existen algunas publicaciones y comentarios en diferentes medios de comunicación en sentido de que se estaría cobrando comisiones por parte de los bancos por el uso de tarjetas de crédito o débito en el exterior, situación que de igual manera se estaría efectuando por parte de las entidades financieras nacionales que brindan estos servicios, en desmedro del consumidor financiero.

Para aclarar esta situación es importante resaltar dos elementos; por una parte, el alcance jurisdiccional que tiene la normativa y un segundo factor, el derecho y los procedimientos de reclamo que tienen los consumidores financieros si consideran que sus derechos están siendo vulnerados por estos cobros.

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El marco constitucional y normativo que establece cada país tiene un alcance nacional, por lo que una normativa es aplicable a un territorio definido, asimismo, las atribuciones y competencias que tienen las entidades de cada nación para emitir normativa regulatoria. En el caso de Bolivia, la facultad está atribuida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), institución que regula a las entidades de intermediación financiera, siendo la encargada de emitir la normativa respectiva con alcance nacional.

El artículo 60 de la Ley 393 de Servicios Financieros indica que es atribución de la Asfi establecer las comisiones y los niveles máximos de comisiones, tarifas y otros cargos que las entidades financieras podrán cobrar a los consumidores financieros para las operaciones y servicios prestados, por lo cual dichas entidades no pueden efectuar cobros de comisiones adicionales por concepto de uso de tarjetas de crédito o débito en el exterior o para la compra de bienes y/o servicios del exterior.

Debido a la intensificación de las operaciones que realizan los consumidores financieros en diferentes regiones y países del mundo, en el caso que los mismos efectúen retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos habilitados en el exterior del país, los bancos internacionales pueden cobrar una comisión por el uso. Estos cobros, al no estar dentro de la jurisdicción nacional, no son sujetos de regulación y supervisión por parte de la Asfi.

Para el caso de las entidades de intermediación financiera que estén autorizadas y reguladas por la Asfi, todo cobro realizado por éstas debe enmarcarse en sus tarifarios, los cuales, en observancia de la normativa vigente, tienen que estar publicados en los respectivos canales de comunicación que mantienen con sus clientes financieros a objeto de dar a conocer el alcance de los mismos, cobros que, a su vez, deben estar establecidos y autorizados por la autoridad de supervisión.

Por otra parte, debido al objeto que tiene la normativa en materia de servicios financieros, priorizando al consumidor financiero, la misma prevé instancias de reclamo si dicho consumidor considera que ha sido afectado en sus derechos debido a cobros indebidos, por lo que tiene el derecho para efectuar los reclamos correspondientes en los puntos autorizados para tal propósito en cada entidad financiera, considerándose éstos como un reclamo de “primera instancia”. Sí el referido consumidor no está de acuerdo con la respuesta emitida por la entidad financiera, tiene la posibilidad de un reclamo de “segunda instancia” que es efectuado directamente a la Asfi.

De comprobarse la falta cometida por parte de la entidad de intermediación financiera, la autoridad de regulación del sistema financiero deberá emitir un “dictamen defensorial” y la consecuente aplicación de las sanciones correspondientes a la entidad financiera que hubiera incurrido en cobros indebidos.

Es importante que los consumidores financieros efectúen el respectivo reclamo de primera y segunda instancias si corresponde, haciendo uso pleno de sus derechos que la norma financiera prevé, a objeto de que las entidades financieras no vulneren sus derechos y cumplan la normativa regulatoria emitida por la Asfi que, en este caso, tiene la finalidad de proteger a la población que utiliza tarjetas de crédito o débito para diferentes transacciones, en el marco de un sistema financiero internacional globalizado.

(*) Gustavo Gómez  es economista