La economía boliviana es dependiente y desequilibrada, lo cual la hace también vulnerable. Se caracteriza además por la presencia de brechas que se han formado en el pasado, y se han profundizado en los últimos años. La dependencia se explica por el carácter primario-exportador de nuestra inserción en la economía internacional, lo que trae consigo la determinación del desempeño exportador a partir de condiciones externas ajenas a nuestro control. En consecuencia, el nivel del crecimiento económico oscila periódicamente según los ciclos de los términos del intercambio, provocados por la variación de los precios internacionales de los hidrocarburos, los minerales y los alimentos. La vulnerabilidad, por su parte, significa que el país corre riesgos originados en acontecimientos negativos externos de orden económico, financiero o climático, que afectan a su trayectoria de desarrollo.

En el ámbito interno existen brechas de desarrollo entre las diferentes regiones, en la distribución del ingreso, en el acceso a los servicios básicos de educación y salud, la calidad de las viviendas y la disponibilidad de energía eléctrica, conexión digital, saneamiento básico y agua potable. Todos estos indicadores muestran también brechas considerables entre el campo y las ciudades, así como entre la situación de los hombres en comparación con la de las mujeres. Este amplio catálogo de demandas insatisfechas se manifiesta públicamente en forma de marchas, bloqueos y ocupación de instalaciones públicas, toleradas en general por las autoridades de turno.

En lugar de dicha gestión por conflictos de las políticas públicas, mucho más recomendable sería la gestión gubernamental a partir de una estrategia integral de desarrollo con visión de largo plazo, consensuada y respaldada por un presupuesto nacional plurianual, negociado y adoptado de manera transparente en el ámbito parlamentario, luego de su consulta con los actores económicos estratégicos, los sectores laborales, cívicos y la sociedad civil organizada, en sendas audiencias públicas.

La razón para insistir en la necesidad de consensuar una estrategia de largo plazo responde a la preocupación de que el país desatienda su preparación sistemática para atender los desafíos del futuro, atrapado como está por la polarización política imperante y las narrativas irreductibles que la justifican.

El objetivo de la reconciliación, la justicia y la reparación pertenece obviamente a la visión integral del desarrollo sostenible, puesto que está vinculado con las brechas y los desequilibrios imperantes en el país, que necesitan tiempo para superarse de manera efectiva.

Las perspectivas económicas internacionales contienen señales diferenciadas. Uno de los datos más importantes estriba, al contrario de anteriores pronósticos, en que se anticipa ahora un período más dilatado de altos precios internacionales de alimentos y ciertos minerales, como consecuencia del crecimiento futuro de la China. Tal pronóstico alberga para nosotros el riesgo de la deforestación desordenada en los departamentos del oriente, con la pérdida consiguiente de un valioso acervo de riqueza natural, con beneficios de corto plazo para pocos y severos perjuicios ambientales para muchos.

Tales consideraciones obligan a emprender cuanto antes el diseño de una reforma fiscal profunda, con sus dos componentes primordiales de reforma tributaria y pacto fiscal. Entre los diversos criterios que deberían considerarse en esta materia, ocupa un lugar prioritario la asignación de recursos suficientes para atender las insuficiencias estructurales de los sistemas de salud y educación en el país, reveladas por la pandemia. Caso contrario, aumentarán las brechas que impulsan la migración interna y los desequilibrios territoriales.

Quizás hay tiempo todavía para evitar fracturas mayores en el país.

Horst Grebe es economista.