En 2021, Costa Rica está celebrando el Bicentenario de su Independencia. A partir del Acta de Independencia de 1821, nuestro país se ha caracterizado, desde un principio, por una clara vocación institucional.

Desde el comienzo de la formación del Estado costarricense se consignó expresamente una norma para el país que aún sigue siendo una guía fundamental de conducta, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones exteriores, y que establece que Costa Rica “reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos nacionales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación”.

Hoy, 200 años después, este pequeño pero ambicioso país centroamericano ofrece al mundo una prueba efectiva de que es posible vivir en paz, con libertad y democracia y respeto al ambiente, a pesar de no contar con grandes recursos económicos y de enfrentar todavía importantes retos y desafíos.

A lo largo de su vida independiente, Costa Rica ha atribuido un singular valor a la paz y a la armonía. Confirmando esta vocación de paz, en 1949 fue proscrito constitucionalmente el ejército nacional. El apego a la institucionalidad ha sido otra característica fundamental del ser costarricense. Creemos firmemente en plataformas de negociaciones, arbitrajes y procesos jurisdiccionales y, ante organismos internacionales hemos apoyado efusivamente la causa del desarme, especialmente en el ámbito nuclear.

El respeto a los derechos humanos, tan claramente enunciado en 1821, ha caracterizado la existencia de nuestro país. Hitos tempranos de ese respeto fueron la declaratoria de la educación primaria como gratuita y obligatoria en 1869 y la consagración constitucional de la abolición de la pena de muerte en 1882. Costa Rica fue la proponente de la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, primer tribunal permanente de derecho internacional público, y primer tribunal internacional de derechos humanos de la historia. La Convención Americana de Derechos Humanos se firmó en nuestra capital San José, y en ella sigue teniendo su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En foros internacionales y regionales, Costa Rica ha defendido de manera inclaudicable la causa de los derechos y libertades fundamentales, y fue activa promotora de la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Nuestra Sala Constitucional incluso ha declarado que en Costa Rica los convenios internacionales sobre derechos humanos tienen un rango jerárquico superior al de la Constitución nacional.

En los últimos decenios, Costa Rica, dueña de una gran diversidad biológica, se ha comprometido firmemente con la protección del ambiente. Una parte importante del territorio nacional está compuesta por parques nacionales y áreas protegidas, y en su acción exterior el país atribuye gran importancia a la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. Recientemente se lanzó oficialmente la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, cuya meta es conservar el 30% de la superficie terrestre y marina para 2030, detener la pérdida masiva de especies y proteger ecosistemas clave para el bienestar humano y de la naturaleza.

Todos estos aspectos le han dado un cimiento sólido a la política exterior de Costa Rica, que llega al Bicentenario como un caso singular de una democracia desarmada, institucionalmente sólida, respetuosa del medio ambiente, pionera en derechos humanos y propositiva a nivel internacional. Para la presidencia del SICA, asumida en enero 2021, Costa Rica ha definido como ejes prioritarios de acción la equidad de género y los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables; la recuperación económica y social de la región después de la pandemia; la salud y la seguridad alimentaria y nutricional, y la promoción de la ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación, con particular énfasis en la gestión integral del riesgo y la lucha contra el cambio climático.

En la CEPAL, la presidencia costarricense, iniciada en agosto 2020, se ha fundamentado en los principios de cooperación internacional, solidaridad y promoción de los derechos humanos, y se concentra también en la coordinación y la cooperación política regional, la cooperación con las instituciones financieras internacionales, el apoyo al Sistema de las Naciones Unidas y el resguardo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Costa Rica se propone iniciar su tercer siglo de vida independiente aportando nuevas iniciativas que, reflejando esos mismos valores, respondan también a las cambiantes necesidades de nuestro mundo y la importancia de resolver con entusiasmo, responsabilidad y sentido de innovación los desafíos que nos aguardan.

Guillermo Rodríguez Romero es embajador de Costa Rica en Bolivia.