Voces

miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 12:03

La economía y los paros

/ 18 de octubre de 2021 / 00:28

La semana pasada tuvimos un paro cívico que intentó ser nacional, pero que se sintió con fuerza en Santa Cruz, luego esporádicamente en algunas esquinas de La Paz, otro tanto en Potosí y pare de contar.

El paro cívico del lunes pasado fue realizado en contra de la aprobación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que ya se encontraba para su tratamiento en la Cámara de Senadores. Contando con la desinformación de un lado y la escasa comunicación del otro, la propuesta de norma sumó, además, el rechazo militante de varias organizaciones gremiales, sindicatos de cooperativas mineras y alguna que otra asociación de transportistas. De hecho, a último minuto, los cívicos cruceños compartieron la tarima de cierre de su paro con un dirigente gremial. La norma fue finalmente retirada por el Presidente, lo cual deja a la población esperando a ver cuál será el próximo evento de encuentro entre oposición y oficialismo.

Mi percepción personal es que, por un lado, era muy difícil realizar una protesta masiva que implique paros para la población que, en este momento tiene, sí, la emocionalidad muy polarizada entre los dos extremos —y las redes sociales son un termómetro de este fenómeno—, pero en la práctica, la gente necesita aprovechar el envión económico de la recuperación post 2020 para conseguir un empleo, volver a arrancar el negocio que estaba parado o simplemente para recuperar las ventas y los ingresos perdidos por la pandemia. Recordemos, además, que todos los diferimientos bancarios decretados durante las primeras olas de la pandemia ya fenecieron. Por lo tanto, para mucha gente es momento de retomar el pago de sus créditos y para eso se necesitan ingresos constantes y —de ser posible— estables.

Pero, por otro lado, la desinformación y la falta de una campaña de comunicación por parte del Gobierno que llegue a la gente hasta la puerta de su percepción —que hoy en día son las redes sociales— hizo casi imposible sumar adhesiones. El resultado, lo vimos el lunes.

Como sea, a pesar de la fortaleza relativa del paro a nivel regional, la economía en su conjunto no se vio afectada. Y esa es la clave, tanto del permanente clima de trifulca que tiene el país, como de la evolución actual de la economía. No se tocan, excepto tangencialmente.

Por un lado, el país puede sufrir cualquier cantidad de conflictos que sea, pero mientras éstos no afecten la actividad económica, el país no para. Por otro lado, la gente —especialmente en la ciudad de La Paz— ya está acostumbrada al conflicto. Pero, más importante, la gente de negocios — de todos los tamaños y todos los pelajes— sabe moverse en medio del permanente caos político boliviano. En cualquier lugar. Y mejor aún, saben ganar dinero en este contexto. Gestionan bien lo que se llama el “costo Bolivia”.

De modo que, a menos que nos caiga un evento tipo meteorito, nuestra economía está encaminada al 4,4% proyectado por las autoridades o al 4,7% proyectado por el FMI.

En épocas pasadas, cuando la venta de minerales bordeaba el 70% del total de las exportaciones, una convocatoria a huelga general por parte de la COB era suficiente para paralizar literalmente toda actividad económica, sin contar con las masivas movilizaciones de obreros del sector, munidos de cachorros de dinamita, que interrumpían severamente la circulación de una La Paz geográficamente y poblacionalmente más pequeña y vulnerable.

Hoy en día, la minería sindicalizada estatal mantiene su capacidad de movilización y de disrupción de los espacios urbanos en la sede de gobierno, pero pese a que el peso de la exportación de productos mineros ha subido considerablemente, la minería estatal está contribuyendo con menos del 10% del total de las exportaciones sectoriales. El efecto de las movilizaciones de los sindicalizados estatales es meramente político. Ya no detienen el país, ni interrumpen el flujo de las exportaciones sectoriales.

Este fenómeno está en línea con los dramáticos cambios en las fuerzas sociales bolivianas: de contar con un puñado de sindicatos fuertes que en su momento dirigían las fuerzas de la mayoría de la población, tenemos ahora un conjunto más grande y heterogéneo de actores políticos quienes, para lograr paralizar el país, interrumpir las exportaciones y —consecuentemente— asfixiar el aparato estatal como antaño hacían los sindicatos, necesitan de la articulación de identidades regionales y sectoriales muy diversas, con una consigna política de mínimos comunes muy potentes y liderazgos que sobrepasen lo regional/sectorial. Y eso, en un terreno de crisis generalizada.

La política boliviana no está pasando por su peor momento, pero está lejos de una crisis generalizada; la economía se recupera a su ritmo, que no necesariamente es el ritmo de las expectativas de la gente, pero se recupera. Estamos lejos de otro momento tipo 2019, pero estamos muy cerca de presenciar movilizaciones de intensidad media, de corta duración y de frecuencia más o menos intensa.

Pablo Rossell Arce es economista.

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El gran reinicio

/ 29 de noviembre de 2021 / 01:45

Alguna gente percibe que el COVID-19 es como cuando se cuelga la computadora, no da para adelante ni para atrás, la pantalla congelada, nada funciona… no queda más que reiniciar; por las buenas (con el botón de reinicio de la computadora) o por las malas, apagando o desenchufando el aparato.

El gran reinicio… ¿significa un borrón y cuenta nueva? ¿Qué pasa con las tendencias prevalecientes antes de la pandemia? ¿Cuáles se interrumpen y cuáles se refuerzan? A ciencia cierta, no existen respuestas cerradas a ninguna de estas preguntas. Es un tiempo de incertidumbre y en más de un caso, de reinvención. Por ejemplo, es muy probable que Ud. amable lector, amable lectora, me esté leyendo desde su celular, el mismo que usa para cosas tan cotidianas como pedir un taxi, intercambiar correos de la oficina y hasta hacer pedidos de su casera favorita vía WhatsApp.

La intensificación de la informática y la digitalización en la vida cotidiana es uno de los saldos de la pandemia. Y es una tendencia que no va a retroceder. Ahora Ud. encuentra apps para todo: para que le cuenten chistes, para medir las calorías de su dieta, para pedir comida a la casa, para atender reuniones virtuales y un largo etcétera.

Eso, desde el punto de vista del consumo. Imagínese la proporción del cambio digital para las empresas; de un momento a otro, las tiendas debían quedar cerradas, las visitas canceladas o limitadas y una proporción importante del trabajo, debía ser hecho online. Los incentivos a la digitalización se multiplican, así como las opciones para ejecutar esta tarea. En Bolivia la pandemia ha provocado el surgimiento de una interesante oferta de apps y de servicios tecnológicos, muchos de ellos de clase mundial.

Muchas cadenas de abastecimiento se truncaron durante la primera ola de la pandemia, a raíz de las medidas de confinamiento decretadas prácticamente en todo el mundo. Este hecho, sumado a consideraciones geopolíticas, está motivando a que uno de los pilares de la globalización —la terciarización de las cadenas de abastecimiento a nivel mundial— se restrinja e incluso se observen retrocesos parciales. Si estudiamos bien el asunto, esto puede significar la articulación de algunas cadenas regionales de producción. ¿En cuáles de ellas se pueden insertar los productores bolivianos? Asimismo, podemos pensar en un esquema interesante de sustitución de importaciones en el país, manteniendo nuestras especialidades: ¿cuánto de los insumos intermedios usados en minería e industria se podrían producir localmente y de manera rentable?

A favor del valeroso pueblo cochabambino, debo destacar dos iniciativas importantes: nuestra primera empresa automotriz — Quantum— y un “polémico” Lamborghini fabricado en Bolivia por el youtuber Kevsupercars. Mucha gente critica el hecho mismo de copiar un modelo y hacerlo de manera artesanal en el país, pero la historia de la industrialización en el mundo es una seguidilla de copias, imitaciones y hasta plagios. Yo personalmente creo que es un avance valioso.

Más acá, en el occidente, tenemos algunos estudiantes alteños que incursionan en robótica, lo tenemos a Limbert Guachalla que fabricó un prototipo de tractor para trabajar las tierras de su familia y así, cada cierto tiempo, tenemos una seguidilla de noticias de iniciativas de la inventiva boliviana. Durante la primera ola de la pandemia, tuvimos incluso productores bolivianos de respiradores de uso médico. Hay materia para la constitución de un fondo de inversiones para capital de riesgo en el país que nos lleve a una escala mucho mayor a la que permiten las opciones de capital semilla.

A propósito de las iniciativas en el ámbito de la medicina, creo que estamos en condiciones de proponer opciones de producción nacional de kits de detección de COVID-19. Cada día se realizan más de 10.000 pruebas. Ese es un mercado cautivo, si las cosas se gestionan bien.

Para gestionar bien las cosas, se requiere algún tipo de coordinación y diálogo entre el sector público y la empresa privada. El impacto del COVID-19 ha ocasionado —y sigue ocasionando— cuantiosas pérdidas para la sociedad, las empresas y las familias, pero las oportunidades y opciones no desaparecen.

Las transformaciones que trajo el COVID-19 al mundo son de tal magnitud que hacer más de lo mismo —mantenernos en la misma lógica que hasta 2019— nos va a dar menos de lo mismo. En microeconomía, eso se llama rendimientos decrecientes. Toca reflexionar acerca de nuestra reinvención como sociedad, toca hacer un reinicio. Las condiciones políticas del país parecen complotar en contra y es pertinente comprometerme a explorar ese tema en un futuro próximo.

Pablo Rossell Arce es economista.

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El mini superciclo de los ‘commodities’

/ 15 de noviembre de 2021 / 02:05

Fuera de la coyuntura local, dominada por la noticia política del mes —el paro cívico—, el mundo se está moviendo en medio de su propio desorden, político y económico. Como efecto del levantamiento de las restricciones de la pandemia, se ha desatado un conjunto de desajustes globales muy distintos a los que experimentamos en la explosión del COVID-19. Durante la primera ola, las medidas de protección ante la pandemia generaron shocks de oferta y demanda simultáneos, con los cierres de fronteras impidiendo la circulación de la poca o mucha oferta de bienes y las cuarentenas colapsando la demanda.

Las líneas aéreas prácticamente dejaron de operar, los buques cargueros se quedaron en los puertos, los restaurantes cerraron sus puertas y muchas fábricas apagaron su maquinaria, mientras que miles de minas eran desalojadas y otro tanto de pozos petroleros fueron abandonados. Paralelamente, la necesidad de insumos médicos, cubrebocas, test antivirales, respiradores y oxígeno medicinal trepó a niveles nunca antes vistos.

En la intimidad de los hogares, donde muchas familias fueron confinadas durante meses, las modalidades de consumo se modificaron drásticamente, volcándose a lo digital y a lo virtual. Las nuevas desigualdades que surgen de este salto en el comportamiento de lo cotidiano han encontrado a los gobiernos sin respuestas sistemáticas, al menos hasta el momento actual.

Cuando ya pasó lo peor de la pandemia, desde fines de 2020, el levantamiento de las restricciones encontró a las empresas en todo el mundo en una situación caótica, pues por más voluntad que se le ponga, la reactivación de decenas de miles de buques cargueros, el regreso a las fábricas para millones de operarios, la puesta en producción de minas que fueron abandonadas durante meses, toma nomás su tiempo; así fue que entramos a un periodo largo de reajuste de las cadenas de suministro, que todavía no acaba.

La demanda se está reactivando, lo mismo que la oferta, pero los ritmos son distintos y eso se traduce en desajustes de precios. Durante este año, ese desajuste de precios se ha expresado en incrementos para los productos primarios. Bolivia está en una posición única, pues sus tres rubros centrales de exportación han experimentado incrementos significativos.

El precio de los hidrocarburos se ha cuadruplicado desde su peor momento en 2020, llegando a un promedio de $us 70 por barril este año. De acuerdo con el último reporte sobre perspectivas de los mercados del Banco Mundial, el precio del petróleo podría promediar hasta los $us 77 por barril el próximo año — buena noticia para los países exportadores de hidrocarburos. Mal que bien, el necesario proceso de reforzamiento de nuestro sector hidrocarburífero será más sencillo con precios altos.

Por su lado, los minerales tuvieron un atractivo repunte de 48% este año y presumiblemente perderían un modesto 5% en 2022, mientras que los precios de los commodities agrícolas, que se beneficiaron de un 22% de incremento este año, podrían estancarse en 2022, pero en un nivel razonablemente alto.

Para soyeros y mineros, incluso un estancamiento de los precios en los niveles actuales es una buena noticia, pues estamos hablando de precios superiores en 50% en relación a 2019 para los soyeros y superiores en 90% a los niveles de 2019, para los mineros. Las épocas de precios altos usualmente señalan oportunidades de inversión en el sector minero. Nuestro país tiene aún un gran potencial bajo tierra. ¿Qué arreglos institucionales pueden reposicionar a Bolivia como una potencia minera sudamericana?

Por otro lado, las temporadas de precios altos son ventanas de oportunidad para experimentar políticas públicas heterodoxas: ¿qué posibilidades existen para que un mayor impulso de la agenda de los soyeros y mineros tenga como contraparte un impulso de la agenda estatal? Y por agenda estatal me refiero a la captura de una fracción de la renta soyera, vía, por ejemplo, un instrumento procíclico que se active en tiempos de vacas gordas y se desactive en tiempos de vacas flacas. Al menos hay que pensarlo.

Pablo Rossell Arce es economista.

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La nueva crisis energética (ya está acá)

/ 1 de noviembre de 2021 / 03:51

Los precios de la electricidad en Europa se han disparado; solo en septiembre, las subidas han oscilado entre el 35% y el 40%. Gran parte del problema está en la lógica de la fijación de tarifas a nivel de la Unión, que pondera de manera proporcionalmente mayor a la energía más cara —la fósil—, en la que Europa es importadora neta.

Las crecientes tarifas de electricidad derivan en un problema social —y político— para los países europeos, de manera que se están esforzando en buscar soluciones para la población de escasos recursos.

En los EEUU, el incremento sostenido de los precios del petróleo está comenzando a afectar los precios de la gasolina. El actual presidente, Biden, es proclive a la introducción de energías alternativas y es conocido por no ser muy cercano al empresariado petrolero. Pero de nuevo el impacto político de un fenómeno económico inspira acciones de mitigación: ante el panorama de elecciones legislativas del próximo año, Biden se verá obligado a negociar con las petroleras y —eventualmente— conversar con Arabia Saudita, su aliado favorito en el Oriente Medio, para que el precio de la gasolina no supere niveles que sean electoralmente peligrosos.

Detrás del incremento de los precios del petróleo, el gas y sus derivados podemos encontrar siempre el trazo de la especulación —financiera y de la otra—. La OPEP, en este momento, está produciendo aproximadamente 747,000 barriles diarios por debajo del nivel fijado por dicho cártel para este año. Por un lado, los productores de petróleo pretenden resarcirse de la crisis de 2020, cuando el promedio mínimo mensual llegó a los $us 18 por barril.

Por otro lado, el incremento de la demanda, producto de la reactivación en el mundo desarrollado, ha encontrado un sector petrolero que, a nivel mundial, estaba sin liquidez y con un significativo retraso en la inversión y esa es otra de las causales que impiden que la oferta vaya al paso de la demanda de crudo. Muchos pozos han sido abandonados y muchos proyectos de perforación han sido suspendidos. Reactivar el sector no es tan inmediato como parece. Se estima que se requieren aproximadamente $us 542.000 millones de inversión anual, pero el sector está invirtiendo $us 352.000 millones.

El impacto que tiene la exportación de productos primarios en el país de alguna manera ha estado vinculado a los ciclos de estabilidad y conflicto político. En su momento, el precio del estaño era el que mayor incidencia tenía para la estabilidad económica del país. Luego fue el gas. No podemos inferir necesariamente que una caída del precio del gas haya sido determinante para guiar la vida política del país, pero de que influye, influye.

Seguramente nos vamos a encontrar con hallazgos por demás interesantes si hacemos el ejercicio de analizar los promedios mensuales del precio del gas en los momentos más críticos de la historia reciente, por ejemplo, dando un contexto más rico a lo sucedido en las elecciones de 2010, 2014, al referéndum de 2016 y a las elecciones de 2019 y 2020. Algún autor habló en su momento de “la maldición de los recursos naturales”.

Esta vinculación entre los precios internacionales de las materias primas y la vida política y económica para países como Bolivia, altamente dependientes de un puñado de productos primarios de exportación, nos lleva a la lógica conclusión de que debemos aprovechar los momentos de bonanza para diversificar nuestras exportaciones.

Suena más fácil decirlo que hacerlo. Superar décadas de sobre-especialización exportadora implica destinar por lo menos dos o tres lustros al desarrollo de sectores alternativos. Y esa tarea, en un país que no termina de resolver sus problemas de inestabilidad y hasta prebendalismo, es complicada. Pero no imposible. En algún momento podemos empezar a cambiar la cultura política y de gestión estratégica del Estado.

Como quiera que sea, esta es una coyuntura favorable para el país, puesto que la venta del gas —cuyo precio está asociado al del petróleo— es una de las principales fuentes de divisas y —más importante aún— de renta estatal. Si el precio del petróleo está bien, el Tesoro está bien y el país está bien.

Es en estos momentos en los que se activan negociaciones, acuerdos y compromisos de inversión, que pueden proyectar el crecimiento del sector en el mediano y en el largo plazos. Se avizora que esta veta de oportunidades puede durar algunos años, pero no es eterna. La premura, por lo tanto, es crucial.

Pablo Rossell Arce es economista.

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Agenda de conflictos

/ 4 de octubre de 2021 / 01:52

Hace ya varias semanas anticipé en esta columna que los meses finales del año estarían marcados por conflictos de baja intensidad, caracterizados por la proliferación de demandas de tipo sectorial o regional.

Bolivianos y bolivianas tenemos ya la costumbre de presenciar y sortear las marchas y manifestaciones como quien sortea un día de lluvia intensa, especialmente en La Paz. Esta proliferación de demandas sectoriales y regionales solo añade horas a esa sensación de mal clima, pero —a mi juicio— hace más insensible a la opinión pública sobre los acontecimientos que suceden fuera de las preocupaciones cotidianas de la gente de a pie.

La agenda de los conflictos de la última semana está marcada por la marcha de los indígenas —que llegó a Santa Cruz, sin pliego—; las casi dos semanas de conflictos de los cocaleros por Adepcoca y el mercado de la coca de Villa Fátima, en La Paz; la disputa por el 45% de la coparticipación del IDH en el Chaco y alguna otra cuestión más, con poca difusión en los medios de comunicación masiva.

Existen amenazas de movilizaciones por parte de gremiales y otros sectores, en oposición al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La materialización de estas amenazas depende críticamente de que la dirigencia consiga convencer al grueso de los gremiales —cuyas cuentas no están bancarizadas prácticamente en absoluto— que sus dineros están en riesgo. Al mismo tiempo, vale cuestionarse si el sector más golpeado por la pandemia, y que más urgentemente requiere de una recuperación de la actividad, se va a poner en pie por algo que todavía puede sonar abstracto.º

Por un lado, la agenda de conflictos —de por sí caótica y desordenada— refleja la ausencia de una causa aglutinadora a nivel nacional, de liderazgo articulador de organizaciones. Aparentemente las grandes causas que motivan adhesiones más allá del territorio y del sector, han quedado atrás en el tiempo.

Por otro lado, desde el lado del Gobierno se evidencia que los esfuerzos por organizar las respuestas están todavía en proceso; un síntoma de aquello está dado por la prolongada duración del conflicto sobre Adepcoca y, a su vez, la gasificación —innecesaria— a la marcha de las feministas que se manifestaron hace poco para exigir sus derechos, no en plan de confrontación.

Como quiera que sea, en este momento, ninguno de los conflictos en curso está afectando la cotidianidad de la ciudadanía; mal que bien, todos estamos saliendo a trabajar, a consumir, a hacer vida social y la vida sigue. Es por eso que ninguno de los conflictos pone en riesgo la actividad económica en ningún lugar del país.

De hecho, si el flujo económico está detenido en algún lugar es en Arica, escenario de un conflicto administrativo entre el puerto de Arica y Bolivia, por el incremento injustificado de las tarifas del servicio para las importaciones bolivianas.

Sobra decir que la evolución de los distintos conflictos depende de la capacidad de respuesta del Gobierno. De todos los mencionados, el único que podría escalar es el de la marcha indígena. Y la única manera en que este conflicto pudiese escalar es en un escenario en el que no se llegue a ningún acuerdo con el Gobierno y la marcha salga de Santa Cruz para llegar a La Paz, con la expectativa de que —gracias al sufrimiento de los protagonistas, más la suma de quienes le tienen antipatía al Gobierno— la población vaya sumándose a la causa, primero emocionalmente y luego materialmente.

Esto implicaría una especie de segunda parte de la marcha por el TIPNIS. Mi apuesta personal es que es muy difícil que esto se logre. Las segundas partes no suelen repetir el éxito de las primeras. ¿Puede haber por ahí un cisne negro que me contradiga? Por supuesto, pero lo creo poco probable.

En resumen, lo más seguro es que el tiempo corra a favor de las autoridades de gobierno, especialmente si ningún conflicto logra encender el fervor ciudadano —hoy por hoy poco inclinado a grandes movilizaciones que paren la economía—. El plazo es noviembre, casi a la vuelta de la esquina. Estaremos observando.

(N. del A. Luego de escribir este texto, los cívicos convocan a un paro nacional contra la ley para impedir ganancias ilícitas. Si bien es el primer intento de movilización nacional, es dudoso que logren sumar suficiente fuerza.)

Pablo Rossell Arce es economista.

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Aportes de jubilación

/ 20 de septiembre de 2021 / 01:13

Esta semana se promulgó la ley de devolución de aportes a las AFP, como parte de un paquete de medidas del Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Recordemos que esta medida fue propuesta en la campaña para las elecciones generales de octubre de 2020; de esta manera, se convierte en una promesa cumplida.

Las estimaciones iniciales dan cuenta de que 1,4 millones de personas podrían beneficiarse bajo tres modalidades: la primera, el retiro de hasta un 15% del saldo acumulado si este es menor o igual a los Bs 100.000; la segunda, el retiro de hasta Bs 15.000 para quienes tienen más de Bs 100.000 de saldo acumulado y hasta el 100% del saldo acumulado para quienes tienen un saldo acumulado igual o menor a Bs 10.000 y sean mayores de 50 años.

De esta manera, se podría inyectar un monto que oscile entre los $us 500 y 1.500 millones a la economía boliviana, una cifra poco despreciable. El efecto sobre la recuperación económica sería inmediato y contundente.

Un rápido balance muy personal, que no pretende ser exhaustivo, me da el siguiente resultado: A favor, tenemos que incrementa la demanda agregada y que podría convertirse en un pequeño impulso de capital para quienes tienen un emprendimiento o desean arrancar con uno o, finalmente, para pagar deudas o algún tipo de consumo inmediato para los beneficiarios.

Pero, por otro lado, tenemos que el efecto macro del consumo que podría generar esta medida por naturaleza sería un impulso temporal y sin mayores efectos de largo plazo; para quienes usen el dinero en su emprendimiento, la medida podría tener un beneficio limitado, en ausencia de una perspectiva de mercado, asistencia técnica y mejora de los procesos de producción. Finalmente, es importante considerar que el retiro de los aportes va en detrimento de la renta de vejez.

Seguramente esta realidad es la que ha llevado a las autoridades a recomendar mucha cautela a la población que decida realizar sus retiros y que se considere esta como la última opción posible.

Más allá de todo, es pertinente señalar que el modelo de jubilación de AFP, de contribución individual, se impuso como un esquema de solución para el agotamiento del anterior modelo de jubilación enmarcado en el sistema de reparto. En el fondo del asunto está el problema de la evolución del mercado de trabajo y del financiamiento de la seguridad social —en este caso, la de largo plazo— únicamente a partir del contrato “regular” de trabajo, una rareza cada vez más infrecuente.

Pero las AFP, en el marco de las condiciones del país y de la regulación a la que deben sujetarse, no muestran una rentabilidad que haga posible proyectar una pensión de jubilación atractiva para la mayoría de los afiliados e, incluso, para una gran cantidad de población, los montos a recibir en la fase pasiva de la vida son insuficientes. Los abundantes ejemplos de gente que se jubila y que a la vez mantiene una actividad laboral —regular o no— son elocuentes al respecto.

Si atendemos a los supuestos bajo los que se realizó la reforma de pensiones, la idea era enterrar un sistema insostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero el reemplazo trajo un sistema que no cumple el objetivo para el que fue implementado y que, a su vez, corre el riesgo de ser insostenible para muchos afiliados.

Estas contradicciones nos deberían obligar a exprimir el cerebro y pensar más allá del acceso a la seguridad social basado en el contrato regular de trabajo e imaginarnos un esquema de seguridad social verdaderamente universal.

Para ello, el tipo de financiamiento también debería ser universal. Esto implica una reforma de fondo al sistema actual de pensiones, pero eventualmente, también al sistema impositivo; implica contar con algún tipo de contribución adicional para que quienes tengan más, contribuyan solidariamente con quienes tienen menos; e implica marcar un conjunto de reglas para conciliar un derecho universal con algunas preferencias individuales.

La pregunta es si estamos listos para tener esta conversación.

Pablo Rossell Arce es economista.

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