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Thursday 6 Oct 2022 | Actualizado a 07:49 AM

Plan de desarrollo nacional

/ 30 de noviembre de 2021 / 00:45

El debate se viene en medio de una ofensiva mediática para cuestionar la gestión del presidente Luis Arce Catacora; el pivote se inscribe en el supuesto atentado a la autonomía de los gobiernos subnacionales y las universidades.

Reflota el discurso contra el centralismo, cuando quienes se beneficiaron de ello hoy se consideran con capacidad autónoma. El ideal del Estado de 1952 era crear una burguesía nacional desde el Estado, así se implantó el plan de desarrollo decenal, que desde la óptica del Plan Bohan buscaba desarrollar la extracción de materias primas —minerales y petróleo— y el desarrollo del Oriente boliviano con la agroindustria; con un mercado cautivo en el occidente, particularmente en las minas, se llevó adelante este plan. Su mentor fue Víctor Paz Estenssoro. El paso siguiente lo dio el general Banzer, que extendió el potencial agrícola a la exportación, facilitando el ingreso al mercado internacional y financiando sus actividades con el Banco Agrícola, hasta llevarlo, a este y otros, a la quiebra.

Así, cuando nos hablan del modelo cruceño su esencia es esa: vivir bajo el alero del centralismo para luego desconocer su paternidad, origen congénito que inviabiliza su independencia. Esto se debe a que la prosperidad está basada en el consumo y la dependencia de las comunicaciones del Occidente, los acuerdos con la Comunidad Andina de Naciones y la apertura de mercados por el Estado central, y la política monetaria favorable a las exportaciones de materias primas, sin obligatoriedad de entrega de divisas y devolución del IVA. Así, la inviabilidad del discurso federalista solo devela su frustración de llegar a Palacio Quemado con la Biblia en la mano y acompañado de sus exorcistas.

Lo primero que debemos analizar es si es necesario un Plan de Desarrollo Nacional, que involucre y comprometa a todos. En el nuevo contexto de época, la construcción del Estado Plurinacional —luego de la libre iniciativa privada y de las fuerzas del mercado, puntos vitales del neoliberalismo— define la acción planificadora del Estado para lograr el desarrollo a nivel nacional, lo que votó el pueblo cuando aprobó la nueva Constitución Política. En realidad, es esto lo que se cuestiona: no se acepta la derrota ideológica y política del neoliberalismo porque aún mantienen su poder económico y el Plan de Desarrollo no cambia esta situación; así surge una interrogante si el plan logrará sentar las bases del Estado Plurinacional, si no establece una línea hegemónica dentro de la economía plural.

En este campo subsisten candados neoliberales, se respeta la iniciativa privada para maximizar sus ganancias, sin importar las necesidades de la población. Así en el tema agrícola, seguimos dependiendo de las importaciones de trigo, de verduras y frutas como las manzanas chilenas, y no es con la acción represiva al contrabando que llenaremos nuestros estómagos, sino con el desarrollo tecnológico y la determinación de garantizar la seguridad alimentaria.

¿Es necesario sustituir las importaciones? Desde luego que sí, ante todo lo que podemos producir, pero es necesario también limitar lo suntuario, como importar comida para perros y gatos. Pero ante todo debemos alentar las exportaciones con valor agregado, superar nuestra condición de exportadores de materias primas en bruto, destino que nos ha impuesto la división del mundo capitalista, para devolvernos los productos ya elaborados para nuestro consumo. En esto el Plan de Desarrollo peca de poco creativo, al contrario, reitera nuestra condición de productores primarios, alentando su exportación. Y la industrialización se queda en buenos propósitos, veamos.

En el caso de la minería, se pone como meta una fundición de zinc, para 150.000 TMF cuando nuestra producción es de 700.000 TMF; además que el lingote no deja de ser materia prima y no se dice nada de su industrialización cuando la cadena de valor del zinc-plomo-plata es muy amplia, incorporando la producción de calaminas, latón, abonos, soldaduras electrónicas, hasta medicinas. O se menciona proyectos de gran envergadura como el del litio, pero no se lo toma en su verdadera dimensión dado que su implementación requiere de la concurrencia de más de 30 empresas que produzcan metales y elementos de química básica.

En esta labor tenemos espacio para todos, la autonomía está en la capacidad de concurrir a estas tareas; para el litio se necesita el níquel que existe en Santa Cruz y las universidades deberán formar profesionales de ciencia que solucionen los miles de problemas que surgen en el propósito de crear una Patria Grande.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Mineros en la carretera

/ 4 de octubre de 2022 / 01:39

De pronto la prensa nos dio la noticia: la carretera Oruro-La Paz estaba bloqueada por mineros de Colquiri; la memoria nos trae el recuerdo de la Marcha por la Vida y otros sucesos luctuosos. ¿Qué ocurría?

La promulgación del DS 4783 del 24 de agosto pasado provocó una reacción de los sindicatos de la minería nacionalizada, de la Federación de Mineros e incluso de la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores de Colquiri no esperaron en tomar medidas de fuerza. En concreto, dice el decreto: “Las empresas públicas … transferirán recursos al TGN”. Por un lado, ¿es que las empresas públicas no son del Estado y éste no puede disponer de su patrimonio? y, por otro, ¿los trabajadores no están obligados a garantizar el futuro de su fuente de trabajo? Son interrogantes que nos introducen al fondo del problema.

Al crear sus empresas, el Estado espera no solo beneficiarse con las utilidades, sino que sean agentes de la transformación productiva; de eso se trata la sustitución de importaciones y la industrialización. Esto no libera que tributen como establecen las leyes. En el caso del sector minero se ha establecido un régimen de contribución del sector: paga una regalía por la explotación de un recurso natural no renovable que beneficia al departamento y el municipio donde se encuentra asentada la mina, 5 al 7% del valor bruto del metal; por otra parte, paga el impuesto a las utilidades de las empresas en una proporción del 25% de las utilidades; más una alícuota adicional del 12,5% cuando las cotizaciones son altas, además, en 2021 contribuyó con 1,8% para el bono Juancito Pinto. Así, la contribución de Colquiri al Estado, en la gestión 2021 llegó al 55% de la utilidad de la empresa, equivalente a un valor de $us 20 millones. Esto es lo particular del sector minero estatal, es el que más aporta de sus utilidades y no como dice el ministro de Economía, que es solo el 1,8%.

Las empresas estatales están obligadas a ser eficientes y contribuir al desarrollo nacional, por eso, más allá de cumplir con sus obligaciones de ley, deben ampliar sus horizontes y encarar las tareas de la industrialización. Esta visión debe estar formulada en un plan estratégico y no puede estar sujeta a necesidades coyunturales. De esta manera, los trabajadores de Colquiri y en general los de la Comibol sienten frustración, por cuanto las inversiones realizadas en sus empresas no han dado los resultados esperados.

No existe una visión de futuro, su actividad se guía por la rutina cotidiana. ¿Quién debiera darle la certeza de futuro? La Comibol, la empresa matriz, la que no deja de ser una rémora del neoliberalismo.

La preocupación de los obreros por el futuro de la empresa es consustancial a la historia del movimiento sindical minero: el control obrero, la cogestión obrera y hoy el “control social”, es un derecho por ser los actores del triunfo de la Revolución de 1952 y la derrota a las dictaduras y el neoliberalismo. El apoyo al proceso de cambio en San Cristóbal (2015) condiciona a la formulación por parte de los trabajadores de una “política minera-metalúrgica, que se convierta en pilar central de crecimiento económico, con el único objetivo de reactivar el aparato productivo en beneficio del pueblo boliviano”, que tampoco lo formulan.

Coincidentemente, en la visión del Gobierno, el sector minero es estratégico, con la ventaja de ser ampliamente conocido, pero ¿cuáles son sus planes?, ¿cómo piensa implementarlos? No hay claridad, solo deseos. Proyectos tan importantes como la refinería de zinc están a la espera del financiamiento externo; mientras, en su momento, se negó que Colquiri asumiera la construcción de su propia planta hidrometalúrgica con recursos propios, con una inversión de $us 50 millones —el proyecto se pagaría en dos años—, por cuanto hoy, por el zinc, solo le pagan un tercio de su valor de mercado.

Vivimos momentos relevantes para la consolidación del proceso de cambio, que significa la liberación económica y política de la nación y este propósito solo lo lograremos con la unidad de las masas sociales que son el sustento del proceso y el Gobierno que está obligado a una planificación participativa a mediano y largo plazo, donde se tenga claros los objetivos a ser alcanzados, los tiempos de su ejecución y el financiamiento conjunto; una actitud burocrática del mando y orden no corresponde y la acción de los obreros no puede ser una reacción circunstancial sino un compromiso permanente con la empresa y el país.

¡Vamos juntos, adelante! Lo importante es ponernos de acuerdo sobre cómo hacer grande a nuestro país, aportando cada uno lo suyo en función del interés nacional.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Litio, realidad y fantasía

/ 20 de septiembre de 2022 / 01:38

Cuando una noche, en el Palacio de Gobierno, se decidió encarar la explotación del litio, era una marcha a lo desconocido. Lo que valía era la determinación. Lo único que se tenía como referencia era el informe francés de la exploración del salar de Uyuni del siglo pasado, su conclusión de reservas de 19 millones de toneladas de litio había despertado ambiciones. El Comité Cívico Potosinista y los habitantes de la región, con la experiencia del saqueo del departamento, dijeron alto. Desde entonces el sueño estaba en vela, con la intención de superar la explotación primaria hacia la industrialización y el beneficio mayor para el Estado, lo que fue recogido por la Constitución del Estado Plurinacional; el empuje vino desde la misma región a través de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), ellos fueron los que plantearon esta decisión trascendental.

El desafío era grande y tenía que comenzar con lo esencial, sentar presencia en el terreno. A 3.700 metros de altura, en una inmensa planicie expuesta a los vientos, la radiación solar en el día y las bajas temperaturas en la noche, la tarea no fue fácil: había que construir un campamento donde era inexistente la vida orgánica. Para permanecer había que tener, más allá de los requerimientos de sobrevivencia, una gran dosis de convicción de lo que se hacía para soportar semejantes penurias; algún día se escribirá la historia de esos pioneros del litio.

La tarea siguió las normas establecidas: identificación del yacimiento, cuantificación de las reservas, pruebas de laboratorio, para conocer el material y experimentar procesos de la recuperación del litio, pilotaje para verificar el proceso elegido, determinación de los parámetros económicos para ver su rentabilidad. Los resultados eran optimistas, a pesar de la complejidad del material y la baja concentración del litio (0,04%). Se encontró un procedimiento con una recuperación del 30%, una tasa de retorno positivo, lo que lo hacía viable en las condiciones del mercado de ese entonces. En los metales tradicionales estaño y zinc, con leyes de 2%, la recuperación llega al 50%.

La inscripción en el presupuesto de 2011 salvó todos los vericuetos de la administración, donde a veces el celo burocrático se impone a las necesidades del país; así se salvaron de los “exámenes” en el Viceministerio de Inversión Pública, en UDAPE, en el CONAPES, finalmente la norma fue aprobada por el gabinete con el financiamiento del BCB, donde sus supervisores de riesgos hicieron nuevas evaluaciones. Luego en mayo 2011 se firmó un convenio de financiamiento entre el BCB y la Comibol por más de Bs 800 millones.

El proyecto avanzó con las dificultades propias de un emprendimiento de esta magnitud, particularmente con un Estado fiscalizador y una estatal que no acaba de poner sus normas para la producción autónoma y responsable. Estas dificultades llevaron a la creación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), dependiente del Ministerio de Energía: en el periodo de transición solo ejecutó el 40% de su presupuesto. Así y todo, el proyecto marchó: en 2018 se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio y se preveía que la del carbonato de litio funcionaría en 2020.

El golpe de Estado de noviembre de 2019 lo paralizó y se abandonó el mantenimiento de lo avanzado, dedicándose a disfrutar de los cargos burocráticos y vendiendo los saldos de la producción acumulada. Con el advenimiento del gobierno del presidente Luis Arce, YLB pasó a depender del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Casi inmediatamente vinieron —desde el norte— las voces que descalificaban el proyecto, señalando la baja recuperación y lo prolongado del proceso de evaporación, proponiendo la Extracción Directa del Litio, palabras dulzonas para encandilar a incautos. Así el proyecto aprobado por ley se paralizó; hoy se pretende reiniciarlo con la contratación para la dotación de agua a la planta industrial, que avanza en su construcción, desfasada de los otros componentes necesarios para su marcha.

Desde la oposición política se agita el regionalismo para exigir mayores regalías, cuando el emprendimiento en sí contempla una cadena productiva de 30 emprendimientos paralelos, los que mayoritariamente se ubicarán en Potosí. No es raro que a este coro se sumen connotados traidores a la patria y eternos ganapanes del erario nacional.

Últimamente se habla de las ventas del carbonato de litio; hasta el presente se han comercializado más de $us 200 millones, se calla que esta producción proviene de la planta piloto construida por Comibol, la que gastó en el proyecto $us 19 millones. La comparación de los resultados nos muestra la rentabilidad y desmiente las falsedades con que pretenden enterrarlo. Urge concentrar esfuerzos para poner en marcha la planta industrial de carbonato de litio y continuar con la fabricación de baterías, el otro componente de la cadena productiva igualmente abandonada, olvidándose que esa es la esencia de la defensa de los recursos naturales, explotarlos para su industrialización.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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29 de agosto: la derecha no perdona

/ 6 de septiembre de 2022 / 01:50

El 29 de agosto de 1985 se dictó el DS 21060 y, justo un año después, el 29 de agosto de 1986, la Marcha por la Vida de los mineros arrió sus banderas y comenzó la dispersión de sus filas.

Un año bastó para definir el empate catastrófico de la transición a la democracia. A fuerza de dos estados de sitio, se impuso el modelo neoliberal y se destruyó el movimiento sindical minero, esencia de lo nacional popular.

El gobierno de la UDP, surgido de las luchas antidictatoriales del movimiento popular — obrero y campesino— durante 18 años, cayó en la trampa de la transición pactada: se le entregaba el gobierno mientras la oligarquía se guardaba el poder. Esa transición avaló la impunidad de los crímenes cometidos, cuyo clamor de justicia costó la vida a Marcelo Quiroga Santa Cruz, lección que paralizó cualquier acción futura; es la misma que arrebató el poder del soberano para definir la titularidad del ejecutivo desde el parlamento. La caída de Siles era un hecho previsible ante la falta de definición de la titularidad del poder y la crisis económica puesta en sus manos.

Heredero de la deuda externa, superior al PIB, el presidente Siles cumplió sus compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, honrando la deuda y siguiendo sus recetas; una política monetarista que con sucesivas devaluaciones cargaba el peso sobre el pueblo y no sobre quienes se beneficiaron de los préstamos. Castigó a las empresas estatales exportadoras, imponiéndoles un tipo de cambio oficial, mientras sus transacciones internas las realizaban a tipo de cambio paralelo, 10 veces superior. La crisis económica, con traidores en su coalición, dio como salida el acortamiento de mandato. El fracaso de la UDP, por acción y/u omisión arrastró en su caída a todo el movimiento popular.

Sobre esta derrota se impuso el neoliberalismo. La democracia pactada dejó a un lado sus diferencias, Paz Estenssoro aplicó el plan que ADN había agitado en su campaña electoral: cierre de las empresas estatales, libertad de mercado y libre exportación, blanqueo de capitales y flexibilización laboral. El Estado protector y planificador desapareció. Serían las fuerzas del mercado las que determinarían el destino del país: en esta disputa, el que gana siempre es el que tiene más. Más de 150 empresas estatales fueron transferidas al sector privado, algunas solo para cerrarlas.

El principal objetivo del neoliberalismo fue destruir al movimiento minero, cuya acción había impuesto la nacionalización de las minas y el control obrero; los obreros no se cansaron de denunciar al Código Davenport, que entregó el petróleo a la Gulf Oil, la política monetarista de 1956, el Plan Triangular para destruir a la Comibol; se enfrentó a las dictaduras militares defendiendo la libertad e independencia sindical —rechazando coordinadores y relacionadores— luchando contra la presencia militar en los campamentos mineros, defendiendo su salario y su empresa. Esta lucha de resistencia se mantenía con propuestas políticas y económicas, la lucha por asumir responsabilidades con la cogestión administrativa de la Comibol, su lucha por las fundiciones y la industrialización del país o sus propuestas como la Tesis Socialista y la recuperación e implantación de una democracia directa y participativa.

El enfrentamiento de agosto de 1985 mostraba que el pacto MNR-ADN estaba empeñado en destruir el movimiento minero. La imagen que tengo de Lechín, patriarca del nacionalismo revolucionario, confinado en las orillas del Tahuamano, es símbolo de la derrota. Pasadas las primeras escaramuzas la clase obrera se preparó para la batalla definitiva que debía enfrentar con la acumulación de fuerzas nacionales en defensa de la patria. Así pergeñó un plan para salvar a la Comibol, propuso uno de emergencia que demostraba la viabilidad de la empresa estatal, propuesta que, avalada por las universidades, la Pastoral Social y muchas otras, se convertiría en el aglutinante para emprender la Marcha por la Vida, con 12.000 personas en la carretera Oruro-La Paz. El cerco militar, con tres divisiones del ejército, dio fin a la marcha y se inició el desandar de la gloriosa e histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Sus consignas de lucha antiimperialista y anticapitalista siguen siendo tomadas por el pueblo. Sus aspiraciones de libertad, democracia y socialismo perfilan un nuevo horizonte civilizatorio. Falta el sujeto histórico que, a fuerza de debatir y convencer, unifique, organice y luche contra los enemigos de siempre.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Desestabilización y profundización

/ 23 de agosto de 2022 / 01:46

Analistas de toda laya coinciden en que se vive un momento de desinstitucionalización y de alta conflictividad social; más allá de su constatación, está ausente el análisis de su persistencia crónica. Una vez aprobada la Constitución del Estado Plurinacional (CPE-P), el proceso de cambio entró en una etapa de consolidación, se olvidó que ésta no fue sino producto de una transacción en el moribundo Congreso Nacional, se trataba de un avance y un alto que anunciaba nuevas batallas. El triunfo se opaca al dejar intacto el poder real en una sociedad: quien se apropia del excedente económico, concentra el poder. La nacionalización de los hidrocarburos fue un gran triunfo y era el camino para recuperar la totalidad de los recursos naturales, cuya explotación primaria es el nexo con la dominación imperialista y el núcleo de la oligarquía conservadora en el país. Es este poder fáctico que lucha por mantener privilegios y por tanto retrotraernos a los tiempos neoliberales.

La lucha inmemorial de nuestro pueblo fue acuñando un sentimiento del “vivir bien”, de soberanía, de dignidad, sin explotados ni explotadores, solidaridad, equidad en la distribución del producto social, en la reinversión de las ganancias de la explotación de los recursos naturales, en su industrialización. Estos anhelos, expresados en la primera página de la CPE-P, se inviabilizan con la letra pequeña impuesta en la negociación, así podemos señalar algunas cuñas introducidas por la vieja partidocracia.

1) Una Asamblea Legislativa Plurinacional partida en dos: senadores y diputados.

2) El no haber cambiado una coma en el título Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, las dejaron intactas en su rol de protección del Estado colonial. El “mando y ordeno” suprime la democracia y concentra el poder en un individuo, proclive al servilismo a las grandes potencias o al dios del dinero. Paralizó la acción para lograr un pueblo armado para defender la soberanía nacional y/o lograr la seguridad ciudadana como labor de todos y no de una élite con el monopolio de la fuerza.

3) La limitación de la extensión máxima del predio rural en cinco mil hectáreas se anula cuando se limita a predios a ser concedidos con posterioridad de la vigencia de la Constitución, consolidando de esta manera los latifundios creados en la época de las dictaduras militares y la democracia controlada. En estos días la prensa señala que esta tierra productiva está en manos extranjeras en un 70%.

4) El respeto a las concesiones y los derechos preconstituidos en la minería, otorgados antes de la Constitución, buscando su migración a contratos mineros, es un dogal que prolonga las concesiones simplemente con el pago de una patente, sistema viabilizado con sucesivas ampliaciones del plazo de adecuación.

Así se hicieron más de cien modificaciones al texto original de la Asamblea Constituyente, que tenían como propósito prolongar la vida de un sistema político y social decadente; su sobrevivencia naturalmente dependía de futuras batallas en torno a las transformaciones básicas del Estado: justicia, fuerzas del orden, ministerio público, educación, universidades, etc.

El pacto o acuerdo logrado significa una tregua en la lucha por la apropiación del excedente económico, la equivalencia de fuerzas impide la proclamación de un ganador. En el momento de la transición democrática, esta situación se caracterizó como empate catastrófico, la lid esperando el encuentro definitivo; la derecha ganó, apoderándose de la democracia que conquistó el pueblo e impuso su sistema neoliberal y la democracia pactada.

En el nuevo contexto, la situación parecía definirse con tres victorias electorales con más del 50% más uno, sin embargo los temas cruciales fueron dejados de lado y se abocaron a la gestión gubernamental del Estado decadente, postergando la construcción del deseado. La indefinición dio paso a la desestabilización, la conspiración y el golpe; recursos y agentes no le faltaban a la derecha, cipayo del imperialismo, el poder que mantiene le da para todo.

La historia nos enseña que las grandes transformaciones solo se concretan con el empuje desde la consciencia y la movilización de las grandes masas de explotados, así ocurrió en abril del 52, cuando las masas armadas y movilizadas impusieron la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Son esas masas que derrotaron a las dictaduras, son las que dieron la puñalada final al neoliberalismo. Son esas masas que deben retomar los ideales que nos obliga la Constitución, son las que debatieron y aprobaron documentos como la Tesis de Pulacayo, la Tesis Socialista, la Ley Agraria Fundamental y la Declaración de 500 años de coloniaje. El pueblo boliviano espera de su voz orientadora y su espíritu de lucha.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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El calvario de las fundiciones

/ 9 de agosto de 2022 / 00:53

Como es conocido, nuestra dependencia se debe al rol que nos ha asignado el orden mundial como proveedores de materias primas, para el avance de la industria de los países desarrollados, cuyas mercancías luego se distribuyen a nivel mundial.

Este dogal lo sintió nuestro país cuando, luego de nacionalizar las minas, nos vimos obligados a seguir vendiendo los concentrados de estaño a Patiño por cerca de 20 años. La lucha no fue fácil, se argüían razones técnicas, suministros, transporte, financieras, etc.; se sufrieron presiones diplomáticas, económicas y finalmente se recurrió al crimen. Los ingenieros Núñez Rosales y Zalesky son los héroes de la fundición de estaño. Para aprobar el decreto de creación de la Empresa Nacional de Fundiciones, Ovando tuvo que poner candado al salón donde deliberaba el gabinete.

Similar proceso vivimos hoy. En agosto de 2010, el gobierno de Evo Morales comprometió la construcción de dos refinerías de zinc. En 2011 se autorizó a la Comibol la construcción de las refinerías hidrometalúrgicas con financiamiento del proponente; se efectuó la primera licitación ese mismo año, utilizando el crédito chino, adjudicándose a una empresa, la que no pudo presentar los documentos exigidos en la convocatoria.

Para cumplir con el compromiso, la Comibol lanzó otra licitación. La nueva dirección de la empresa hizo previamente una consulta a técnicos y universidades, sobre el proceso más adecuado para la obtención del zinc y sus acompañantes: la misma ratificó que era la hidrometalúrgica. Así se lanzó la segunda licitación (2014), teniendo como condicionante la presentación de una boleta de seriedad de propuesta por $us 800.000, siendo el ganador la empresa Hunan Yuan. En la negociación surgieron problemas sobre las garantías, la empresa consideraba que no se las podían pedir, pues ella había conseguido el dinero y sus financiadores eran sus garantes; como nuestro sistema de contrataciones no contempla excepciones, nuevamente se anuló la licitación, ejecutándose la boleta de garantía.

El crédito chino tiene algunas condiciones: las obras tienen que realizarlas una empresa china, mientras que el Gobierno boliviano debe financiar la obra con el 15% y contratar la supervisión de la ejecución de la misma. Estos costos significaban para la Comibol financiar $us 187 millones, que estaba fuera de su alcance, por lo que se buscó otra vía. Este mismo criterio fue asumido por el ministro del sector que pidió a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK) que presenten proyectos con el mismo fin.

En junio de 2018 se efectuó la reunión técnica para definir el proyecto a ser implementado. La Comibol presentó el proyecto Metalox, con capacidad de tratamiento de 50.000 TMF; tiene como base reacciones químicas de los minerales, con elementos como el ácido sulfúrico y amoniaco, en un ambiente con altas presiones y temperaturas. El resultado de este proceso es la obtención de óxido de zinc, plata, estaño, plomo, indio, cobre, cadmio, nitrato de amonio y sulfato de amonio. Su costo sería de $us 40 millones y los ingresos que generaría anualmente, $us 72 millones; sería construido en menos de dos años y pagado en el mismo plazo. La EMV presentó un proyecto pirometalúrgico Ausmelt para la fundición de zinc, con una capacidad de 150.000 TMF de concentrados de zinc y un costo de $us 350 millones. Las observaciones que nos permitimos hacer en esa reunión a la propuesta Ausmelt se referían a la producción de ácido sulfúrico, 300 TM/día, que no se podría almacenar ni mucho menos comercializar; por otro lado no daban datos sobre la recuperación de los otros componentes. A pesar de las obvias ventajas del proyecto Metalox, la propuesta de la Comibol fue rechazada.

Con estos antecedentes, una vez instalado el gobierno del presidente Arce, a impulso de las organizaciones sociales, se replanteó la necesidad de las refinerías de zinc. En la cumbre productiva llevada a cabo a fines de 2021, el Ministerio de Minería planteó de nuevo el proyecto Ausmelt, mereciendo las observaciones anotadas; en la rendición final de cuentas el mismo ministerio afirmó que el proceso sería hidrometalúrgico y financiado por China; sin embargo, en la rendición de cuentas inicial de este año señaló que sería el TGN que la financiaría. La semana pasada, afirmó que las negociaciones con China marchan para el financiamiento de las refinerías de zinc.

Mientras tanto, la mesa productiva Gobierno- COB firmó un acuerdo en abril, para la realización del proyecto Metalox, a construirse en la provincia Aroma del departamento de La Paz: la Comibol deberá buscar el financiamiento.

En este vaivén, el tiempo pasa y el saqueo continúa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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