Voces

viernes 20 may 2022 | Actualizado a 11:36

De carnet, libertades y antivacunas

/ 23 de enero de 2022 / 01:17

Este es el momento perfecto para llevar al parlamento una propuesta de ley de despenalización del aborto. Podríamos fácilmente congregar a una ciudadanía movilizada, convocándola bajo la consigna “mi cuerpo, mi decisión”. Claro, tendríamos primero que hacer una tramposa campaña de desinformación para desligar la frase del movimiento feminista y convencerlos de que se trata de una campaña en defensa de sus libertades.

Como nunca antes, he oído voces indignadas frente al atropello del Estado que quiere inocular una vacuna en su cuerpo. ¿Serán ahora estas personas más empáticas con las mujeres que luchan contra un Estado que te fuerza a tener un hijo? He escuchado con paciencia los argumentos particulares que han asumido el “diverso” movimiento antivacunas boliviano, pues seguramente podemos encontrar sentidos sociales a los que apelar cuando las mujeres demandamos el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito.

Sin duda vivimos un momento histórico de sentidos sociales difícil de comprender. Analizando el contexto norteamericano, nos encontramos frente a una paradoja histórica, con un perverso sentido del humor: en el preciso momento en que la Corte Suprema de Justicia podría revertir el histórico fallo que hace 50 años legalizó el aborto, la derecha estadounidense se ha obsesionado con la autonomía corporal y ha adoptado el lema “Mi cuerpo, mi decisión” en relación con las vacunas y el uso de barbijos.

Varias narrativas antivacunas tiene en el centro de su demanda la defensa de la libertad. Empuñan como argumento incuestionable el derecho sobre sus cuerpos para elegir si se vacunan o no. Para replicar sus argumentos, tratamos de utilizar la ciencia; pero creo que el tema de fondo es acerca de lo que realmente entendemos por libertad.

Y es que sin duda la libertad es una palabra que puede ser estirada como un chicle. Esa caprichosa libertad que en nuestra historia va y vuelve en una permanente espiral de resignificación, en Bolivia es parte de nuestros valores más profundos. Por ello cantamos con especial emoción “Es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil condición”. Pero en lo que no nos detenemos a analizar es de qué concepto de libertad estamos hablando.

El “bloque antivacunas” de Bolivia congrega un espectro de actores políticos que, por decirlo de manera amable, es sorprendente: gremiales, juntas vecinales, maestros rurales, organizaciones sociales, profesionales de clase media (¡entre ellos algunos médicos!) se encuentran con iglesias evangélicas y católicas, así como con los diputados Caleb Villarroel (Creemos) y José María Salazar (CC) en su lucha contra la política de salud pública de exigir el carnet de vacunación en espacios donde puede existir riesgo de contagio.

Algunas de estas personas y sectores sociales plantean argumentos que conjugan ideas morales, supersticiosas o religiosas, pero que en el fondo son profundamente egoístas y adscriben los principios liberales de que somos dueños de nuestra libertad y nada ni nadie puede interferir en nuestra vida. Pero esa libertad para elegir, para hacer lo que nos plazca, no puede ignorar al otro. La libertad no es egoísta. Como sostuvo John Stuart Mill, somos libres mientras no hagamos daño a otros.

Y el caso de la vacunación es un hecho que contrapone nuestros valores individuales con el bien común. Vacunarse es simplemente entender la libertad y su vínculo ineludible con la responsabilidad hacia uno y los demás. Veo en las pancartas de los grupos autovacunas la consigna “no hay vida sin libertad” y me pregunto ¿no será que la mayor libertad del ser humano es estar vivo? En una pandemia, nos vacunamos para protegernos y para proteger a los demás.

Lourdes Montero es cientista social.

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La tragedia universitaria

/ 15 de mayo de 2022 / 00:48

Una vez más debemos contar muertos y heridos a causa de la irresponsabilidad de los actos realizados en un recinto universitario, y de los cuales seguramente nadie será responsable. Una vez más, la autonomía universitaria será utilizada como coartada para no responder sobre los problemas de fondo que la terrible desgracia ocurrida en la universidad Tomas Frías develan. Una vez más seguramente seremos distraídos para que no nos detengamos a analizar lo que desde hace tiempo no queremos enfrentar: la decadente asociación mafiosa en la que ha devenido el bien intencionado co-gobierno docente-estudiantil de nuestras universidades públicas.

Escucho el relato de lo ocurrido el pasado 9 de mayo en Potosí y solo oigo una serie de excusas para evadir responsabilidades.

El rector de la universidad, Pedro López, refiere que solo “prestó” las instalaciones para una asamblea estudiantil, sin asumir ninguna responsabilidad. Si la máxima autoridad de la comunidad universitaria autoriza un evento donde 5.000 universitarios podrían estar presentes, era su deber asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad del coliseo como, por ejemplo, asegurar las vías de evacuación. Según relata Ruth Velasco en su columna del periódico El Potosí, “las casi 5.000 personas solo podían salir por una puerta de madera de no más de un metro y medio de ancho; luego, los que lograban salir debían transitar por un pasillo de no más de dos metros de ancho por cuatro de largo y luego, para salir a la calle, debían pasar por una puerta de garaje: pero, ‘aleluya’, solo estaba abierta la puerta de menor tamaño o comúnmente llamada ‘puerta de calle’ que es tan angosta o más que la anterior”. La responsabilidad sobre el cuidado y la seguridad de los estudiantes en el recinto universitario, debió ser asumida por las autoridades universitarias.

Por parte de los estudiantes, ocurre lo propio. La convocatoria a la asamblea supuestamente solo había sido redactada por el presidente del comité electoral, y muchos de los restantes integrantes no estaban conformes con esa actitud. Dicha convocatoria conminaba a la asistencia bajo amenaza de multas económicas, e incluso bajo intimidaciones de suspensión de becas y otros beneficios sociales otorgados por la FUL. Esta práctica es recurrente (y no solo en las universidades) y nadie dice nada al respecto, pues se asume como parte de nuestra tradición de “disciplina sindical”.

Estos dirigentes universitarios, y miembros del comité electoral, que ahora son presentados cual cartel de malhechores, parecen estar vinculados a uno de los personajes más oscuros de esta trama: el señor Max Mendoza, quien en sus 52 años de edad lleva cursando en la universidad 33, y ejerciendo por más de 10 como dirigente universitario. Actualmente es presidente de la Confederación Universitaria Boliviana.

El terrible hecho de la universidad Tomas Frías parece tener relación no solo con los conflictos de dirigentes en los centros de estudiantes o en las FUL, sino también en torno a personas del Presídium del XIII Congreso Nacional de Universidades que se suspendió en 2018, y debió ser reinstalado en 30 días, pero no lo hizo pese a las solicitudes de los rectores, docentes y estudiantes. Esa misma instancia decide concederle el cargo de Secretario Ejecutivo Nacional a.i. al representante estudiantil universitario Max Mendoza.

Es indudable que las 11 universidades públicas de Bolivia son fundamentales en los procesos de inclusión social; sin embargo, requieren de manera urgente grandes transformaciones institucionales. Esas universidades públicas, sostenidas con presupuestos del Estado, deben asumir con autonomía y autogobierno esos cambios, antes que la propia sociedad, por agotamiento e indignación, se los imponga desde fuera.

Lourdes Montero es cientista social.

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Sigamos hablando del Censo

/ 1 de mayo de 2022 / 02:19

Hemos discutido hasta el hartazgo si incluimos o no la categoría “mestizos” en la famosa pregunta 29. Ahora está en “consulta” la pertinencia de preguntarnos qué religión profesamos para así justificar someter a “sugerencias” de las iglesias las leyes que rigen nuestro Estado plurinacional y laico. La pasada semana, los cocaleros de los Yungas propusieron incorporar una pregunta vinculada a qué coca se consume en el país, para poder definir qué coca se debe erradicar.

Ninguna de estas discusiones es menor. Políticas de identidad, políticas de legitimidad, políticas de erradicación. Y es que los censos de población son una herramienta que revela las prioridades de un país, no solo por los contenidos que se incluyen sino los mecanismos que funcionan para decidir qué temáticas medir. Más allá de la inclusión o no de preguntas específicas, en un censo podemos comprender la visión que tiene un Estado de su problemática social y cómo visibiliza (o invisibiliza) los problemas sociales que en la próxima década piensa abordar.

Los censos, diría Bourdieu (1991), representan la materialización del poder simbólico que los Estados ejercen sobre el monopolio de la información estadística. En ese sentido, permítanme hacer mi propia lectura interesada.

Desde hace años que las mujeres venimos problematizando la forma de preguntar la jefatura de hogar que ordena todo el Censo, pues parte del preconcepto automático de la autoridad masculina por la sola presencia de un varón adulto en el hogar, invisibilizando en muchos casos la responsabilidad compartida o incluso jefatura femenina a pesar de la presencia de un varón en la casa. Por ello, en el caso de Brasil, se pide que los miembros de la familia designen entre ellos la persona responsable del hogar sin hablar de jefatura, con lo cual se visibilizó que 40% de las familias tenían mujeres a la cabeza, cuando una década anterior se registró tan solo 24%.

Un segundo tema central a discutir es el subregistro histórico del trabajo de las mujeres. Por una serie de preconceptos, falta de formación o incluso comodidad de los/las empadronadores, muchas mujeres quedan registradas bajo la actividad “labores de casa” cuando seguramente durante la semana pasada (referencia que se usa para la pregunta) la mayor parte de las mujeres han desplegado una serie de actividades económicas para la sobrevivencia de sus familias. Incluso la forma en que se nombra el trabajo en la boleta (perforista de minas, mecánico de automóviles, profesor) fortalece la idea de ocupaciones netamente masculinas.

Ni qué decir de la absoluta invisibilidad de todo el trabajo del cuidado que las mujeres despliegan de manera gratuita en los hogares. De eso, por supuesto, en los censos no se habla. Al menos podríamos introducir una pregunta exploratoria de número de horas que las personas (mayormente mujeres) dedican al cuidado de otros en la familia.

En la problemática de salud integral, puede ser útil indagar en torno a la violencia intrafamiliar, puesto que cuando exploramos el apartado solo para mujeres de 15 años o más, parece que el Estado solo estuviera interesado en nuestros cuerpos y su capacidad reproductiva. En dicho apartado, sería de mucha utilidad incluir a las niñas desde los 12 años, considerando que el embarazo adolescente es uno de los problemas centrales que requiere de la intervención de la política pública. Debemos también esforzarnos por captar los matrimonios infantiles, un problema invisible hasta ahora.

Nos ilusiona que la discusión sobre el Censo coincida con la declaración del Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, puesto que compromete la voluntad del Estado y todas sus instituciones en realizar todos los esfuerzos por estar a la vanguardia en la generación de estadísticas con enfoque de género, aportando así a la generación de políticas públicas de igualdad.

Lourdes Montero es cientista social.

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Inseguridad en El Alto

/ 17 de abril de 2022 / 00:51

Esta semana tuve el gusto de compartir un espacio de conversa con mujeres de la ciudad de El Alto. Nos reunimos para comprender mejor los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana, cuando la vida parece retomar el ritmo de la normalidad. Pasado un primer momento de charla sobre la experiencia dolorosa del confinamiento pandémico, me dispuse a escuchar lo que, según mi preconcepto, sería su principal preocupación: recuperar sus ingresos y sus medios de vida.

Pero una preocupación mayor desplazó la que yo suponía podía ser la principal incertidumbre. Me hablaron con mayor intensidad del incremento de la inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto. Una de ellas me relató sobre el miedo que tiene al caminar por las calles; otra, cómo debe interrumpir su actividad económica para volver a casa antes de que anochezca; todas hablaron del aumento de armas durante los asaltos. Me contaron como ejemplo la triste historia de William Wallas, un joven estudiante que murió asesinado frente a varios testigos paralizados por el miedo. Me comentaron que, tan solo en marzo, se registraron más de 10 hechos delincuenciales en los que se usó armas de fuego. Una madre, con lágrimas en los ojos, confesó que cada día teme que sus hijos no retornen vivos a casa.

El fenómeno de las pandillas se ha incrementado de manera alarmante en la ciudad de El Alto y tal vez no le estamos prestando la atención debida.

Y justo ahora tenemos en la región un doloroso ejemplo de lo que puede provocar el desborde de las pandillas. El Salvador, una pequeña nación centroamericana, casi del tamaño de Tarija, está viviendo uno de sus momentos más oscuros al tener que enfrentarse con las maras.

El 26 de marzo, en tan solo un día hubo 62 homicidios. En respuesta a esta ola de violencia, el presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa que adoptara un régimen de excepción y promovió un paquete de reformas penales. Con estas reformas, hoy El Salvador puede enviar a prisión a un niño o a una niña a partir de sus 12 años.

A 12 días de haberse decretado estado de excepción, los cuerpos de seguridad han detenido a más de 7.400 personas, presuntamente vinculadas a pandillas. El Gobierno ha señalado que existen aproximadamente 86.000 personas miembros de pandillas y que, si se incluyen a las familias y redes de apoyo de estas estructuras, el número puede alcanzar a medio millón de personas. Las fotografías que se han difundido en redes sociales de las cárceles salvadoreñas son estremecedoras y nos recuerdan a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo todo esto se salió de control? ¿Cómo un pequeño país de tan solo 6,5 millones de habitantes puede estar viviendo tanto dolor? ¿Por qué sus niños, a los nueve años, ya deben decidir a qué pandilla pertenecer? Por supuesto, la historia de El Salvador, su guerra civil, su relación con Estados Unidos y su actual contexto son particulares y no pueden ser comparados con lo que actualmente se vive en la ciudad de El Alto. Sin embargo, la pérdida de un horizonte de futuro que parece ser la fuerza que impulsa a esos niños centroamericanos a pertenecer a las maras puede ser un elemento común con los jóvenes alteños, quienes en muchos casos no están encontrando un proyecto de vida.

El Alto, como joven ciudad, todavía no encuentra el camino a su propio desarrollo, y la confrontación de los valores tradicionales y modernos pueden estar rompiendo de manera crítica la comunicación intergeneracional. La respuesta a las pandillas no puede ser solo desde el campo penal; una respuesta integral desde las comunidades educativas es un desafío pendiente.

Lourdes Montero es cientista social.

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Ser trans en Bolivia

/ 2 de abril de 2022 / 23:41

Ser una persona que opta por una identidad diferente a la que le asignan por sus genitales es difícil en cualquier parte del mundo, pero en Bolivia puede implicar la muerte. Así lo testimonian los al menos 20 asesinatos conocidos de mujeres trans, entre cerca de 80 crímenes de odio registrados en los últimos 14 años.

Pero en estas fechas, cuando en el mundo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, quiero más bien compartir una historia de alegría que tuve la suerte de conocer en una reciente visita a Santa Cruz. Mis amigas me invitaron, junto a una taza de café, a compartir la historia de la primera Casa Trans de Bolivia.

A través de la voz de Muriel y Kerana, coordinadoras de la población trans cruceña, pude comprender cómo un sueño se hace realidad. “Nos reuníamos en un parque para conversar. Allí nos agredían de manera constante, ‘ahí están los maricones’, decían. Cansadas, queríamos un espacio propio, seguro, así que decidimos hacer rifas, y eso iba al ahorro; luego hicimos una kermés y recaudamos un dinerito, así logramos alquilar este espacio”.

Y al contar esta historia de complicidad, los ojos le brillan a Kerana; sabe que su humor y carisma pueden convencerte de lo que quiera. Sonríe, sobre todo cuando habla de sus hermanos y de cómo, venciendo sus prejuicios, la aman de manera incondicional. Es complementada por Muriel, quien con voz firme nos relata que la Casa quiere dar apoyo psicológico, apoyo en salud, generar empleo para las jóvenes a quienes hay que sacar de las calles y de la tremenda vulnerabilidad que les provoca el trabajo sexual; su anhelo es conseguir becas de estudio y darles las herramientas para ser tratadas con dignidad. La Casa busca ser autosostenible con un servicio de restaurante que actualmente sirve almuerzos y servicio de catering; pero también proporciona alimentación gratuita y alojamiento a todas las trans que así lo necesitan.

Discutimos en torno a su decepción de la Ley de Identidad de Género, que fue planteada con 68 artículos y terminó siendo aprobada con 12. Fue promulgada en mayo de 2016, para ser rápidamente cercenada mediante una sentencia constitucional que declaró inconstitucional que las personas trans pudieran “ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales”. Es decir, les negó de un plumazo ser ciudadanas bolivianas.

Hablamos de sus sueños, de las oportunidades que han ido encontrando, de las alianzas que van tejiendo en Santa Cruz para avanzar en los mil proyectos que cada día tejen y las mantiene unidas.

Nuestra reunión termina. En el taxi no puedo dejar de pensar en la inmensa deuda social que tenemos todos y todas con estas compañeras. En cada una de sus historias que tienen la generosidad de compartir encuentro toda la dureza de una cultura transfóbica y homófoba. Escucho de su soledad, de la falta de medios de vida dignos, del rechazo y la burla que deben enfrentar día a día, de los diversos motivos por los cuales son una de las comunidades con más índices de suicidios. Me cuentan cómo, incluso después de muertas, sus familias les niegan el derecho a elegir su identidad.

Me golpea la discusión que ha surgido en torno al derecho que tienen de ser nombradas feministas por no haber nacido mujeres biológicas y la acusación de que el reconocimiento de sus derechos podría estar desplazando a las “verdaderas” mujeres. Qué estupidez. Llego a la conclusión de que si estas compañeras no caben en nuestra utopía de igualdad, libertad y dignidad, entonces solo estábamos luchando por privilegios. Me quedo con lo que Kerana me dice al despedirse: “Las trans no somos aliadas del feminismo, somos feministas, ¡y yo voy a luchar hasta el día de mi muerte!”

Lourdes Montero es cientista social.

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Guerra y crisis alimentaria

/ 20 de marzo de 2022 / 02:37

Como cada viernes, me dispuse a tomar mi desayuno con una sabrosa marraqueta; sin embargo, la tienda de mi cuadra ya las había distribuido entre mis vecinos madrugadores. Cuando increpé a mi casera reclamando el pan nuestro de cada día, altiva me respondió: ¿no sabes case que hay guerra en Ucrania? Volví a mi casa reflexionando sobre cómo una víctima colateral del conflicto en el Mar Negro puede ser la inocente marraqueta.

Este hecho por supuesto no se compara con el sufrimiento que actualmente vive el pueblo ucraniano. En tan solo dos semanas, más de tres millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, han huido de Ucrania; mientras otros dos millones se han convertido en desplazados internos. Las infraestructuras críticas, como las instalaciones sanitarias, el suministro de agua y las escuelas, han sido dañadas o destruidas y los refugiados están llegando a Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia prácticamente con lo que llevan puesto.

Simultáneamente a esta crisis humanitaria, en el resto del mundo parece que tendremos que enfrentar otras consecuencias (y nuevos desplazamientos) por el incremento del precio mundial de los alimentos. La región del Mar Negro representa el 28% de las exportaciones mundiales de trigo y el 19% de las exportaciones de maíz. Ucrania es un importante país de producción agrícola y uno de los principales exportadores de aceites vegetales y cereales, y su producción es crucial para alimentar a poblaciones tan lejanas como las de África y Asia, por lo que las interrupciones en el suministro a causa de la guerra y los desplazamientos pueden tener una repercusión significativa en la seguridad alimentaria más allá de la región.

En este contexto, no podemos pasar por alto que Bolivia es altamente dependiente de las importaciones de trigo. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), la producción en el país se estimada en unas 700.000 toneladas, llegando a cubrir solo el 40% de la demanda nacional. Con esta información, concluyo que la marraqueta no será la única víctima, puesto que seguramente enfrentaremos el alza de precios y escasez de varios otros productos.

Los especialistas identifican cuatro factores para la paralización de la producción de cereales en el territorio en conflicto: dificultad de los agricultores en acceder a fertilizantes y pesticidas; escasez de mano de obra en el campo por las movilizaciones militares; dificultades logísticas para exportar por el Mar Negro, por ser el epicentro marítimo de la guerra y, por último, la enorme incertidumbre económica y política que puede llevar a muchos agricultores a no sembrar.

Y esta crisis se sobrepone a un contexto de aumento de los precios mundiales de la energía, de interrupciones en la cadena de suministros y de una difícil recuperación de la pandemia del COVID-19. Ya la FAO reportaba que su índice de precios de los alimentos está por encima del máximo alcanzado en marzo de 2008, periodo de la última crisis mundial de alimentos, cuando más de 60 países enfrentaron protestas sociales por escasez de alimentos. En el caso específico del trigo, su precio internacional ya duplica el de 2021, y triplica los niveles de precios previos a la pandemia.

¿Se trata pues de una crisis alimentaria inevitable? Según algunos especialistas todavía existen algunos mecanismos que pueden evitarla. Por un lado, la guerra en Ucrania puede terminar pronto y podrían normalizase los flujos de trigo; también cabe la posibilidad de que otros países incrementen a futuro su producción y, en tercer lugar, se debe considerar que muchos países cuentan con reservas de cereales que podrían darles cierta autonomía por un corto tiempo (según dicen hasta mediados de año). Si estos mecanismos se agotan, podemos enfrentar una crisis alimentaria que, en el contexto actual, tendrá consecuencias impredecibles.

Lourdes Montero es cientista social.

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