Lamentablemente, noviembre se caracterizó por el daño económico generado por el paro cívico en Santa Cruz, el cual fue impulsado por el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sin tener consideración de las consecuencias que desembocarían por la paralización de las actividades productivas y comerciales en dicho departamento.

Situación que penosamente afectó en mayor medida a los hogares más humildes que generan sus ingresos con mucho esfuerzo día a día. El paro cívico gestado en Santa Cruz tuvo particularidades sumamente preocupantes que solo reflejaron el verdadero rostro e intenciones de estos grupos minoristas, como el racismo, machismo, delincuencia e intentos de sabotaje social y económico.

La economía boliviana perdió más de $us 1.000 millones por los 36 días de paro cívico, además, desde una perspectiva microeconómica, varios productores pequeños y medianos vieron mermados sus recursos, de tal manera que muchos de estos emprendedores presentaron complicaciones en su capacidad de pago ante sus obligaciones crediticias.

La respuesta oportuna ante dicho contexto por parte del Gobierno fue la de emitir una circular a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en fecha 11 de noviembre de la presente gestión, la cual instruye a todas las entidades de intermediación financiera (EIF) la atención de solicitudes de reprogramación de créditos.

Pero ¿qué es una reprogramación de créditos? ¿Es la mejor solución ante esta situación a la que nos orilló el Gobernador de Santa Cruz y el Comité Cívico de dicho departamento? La respuesta ante la segunda pregunta es que sí, no olvidemos que el esquema de reprogramaciones y/o refinanciamiento de créditos con periodo de gracia ya fue implementado con éxito anteriormente como respuesta ante la política financiera improvisada de diferimientos que impulsó el anterior gobierno durante 2020.

La reprogramación de créditos consiste en la modificación de condiciones del contrato de préstamo entre el banco y prestatario, donde se brindarán soluciones ante complicaciones en la capacidad de pago que puede generarse por diferentes situaciones (por ejemplo, la prohibición forzada de actividades productivas y comerciales en Santa Cruz).

Entre los beneficios de la reprogramación de créditos que lo diferencia respecto a la política de diferimientos, es que no se interrumpirá la relación prestatario-entidad financiera, tampoco se deteriorará la cultura de pagos y por ende tampoco se verá afectada la calificación crediticia del prestatario, es decir, aún se considerará como cartera vigente (al día).

Se trata de un instrumento versátil que se ajusta a las necesidades y/o condiciones de cada prestatario, donde posiblemente se reduzca la cuota mensual de pago, se amplíe el plazo del crédito e inclusive se defina un periodo de gracia en beneficio del consumidor financiero. En consecuencia, se refiere a una medida responsable de alivio para todos los prestatarios que presentaron un deterioro en su nivel de ingresos y por ende en su capacidad de pago de créditos.

En esa línea, algunos políticos y analistas sugieren la realización de una política de diferimientos, sin embargo, se debe considerar que dicha situación ya se presentó durante 2020, como una medida improvisada por parte del anterior gobierno; la cual solo deterioró la cultura de pagos de los prestatarios, cortó la relación prestatario y EIF —no posibilitaba la solicitud de nuevos créditos como brinda el esquema de refinanciamiento—, además de generar un riesgo sobre los ahorros del público. Por lo tanto, el mecanismo de reprogramación de créditos es una medida responsable en el marco de la protección del consumidor financiero sin afectar negativamente el desempeño financiero.

Finalmente, es importante resaltar que dicha medida se encuentra dentro de los principios del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) de generar servicios de intermediación financiera con función social, que a la fecha han dado resultados óptimos con un índice de mora por debajo del promedio en la región y una universalización de los servicios financieros para toda la población. Actualmente contamos con un sistema financiero que se articula a las fuerzas motrices de impulso del crecimiento y desarrollo económico. Posiblemente exista cierto deterioro producto del paro cívico en Santa Cruz, empero, contamos con un Gobierno nacional responsable que actúa oportunamente en beneficio del pueblo boliviano y más aún de los sectores vulnerables y humildes.

Miguel Clares es economista.

Hace unos días algunos analistas económicos y fundaciones de “investigación” social, económica y política emitieron comentarios respecto a la deuda pública, sumado a ello se publicó un informe del Banco Mundial (BM), Consolidando la recuperación: aprovechando las oportunidades del crecimiento verde, donde también se hace alusión a la deuda pública total en Bolivia. Sin embargo, todas las afirmaciones realizadas carecen de una correcta metodología de cálculo y análisis de la deuda.

Lamentablemente existe una opinión sesgada y mal vista de la deuda en general, como si ésta se tratara de un “pecado” económico. No obstante, si se administra y destina responsablemente los recursos, puede ser beneficioso para una persona en sí o para toda la economía de un país.

Empecemos con el dato publicado en el informe mencionado, donde se asevera que la deuda en términos del PIB alcanzará el 80% para este 2022, cifra que está muy lejos de las estadísticas oficiales publicadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), ya que es en realidad 44% del PIB a febrero de este año.

¿Es esta cifra preocupante como señalan los analistas? La respuesta es que no, ya que según el margen (umbral) de deuda en porcentaje del PIB sugerido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), este es del 50%, por lo que el país se encontraría en niveles sostenibles de deuda al estar por debajo. Además, contaría con una holgura para adquirir mayor deuda pública. Por otra parte, algo que los analistas no mencionan es que el país contaba con 99% de deuda en términos del PIB en 1987. ¿Qué quiere decir esto? Que el país se encontraba embargado por deuda.

El promedio de deuda en porcentaje del PIB durante el modelo neoliberal era del 67%, escenario que cambió tras la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), donde el promedio disminuyó a 20%, lo cual refleja una responsable administración de los recursos de deuda pública en términos del nivel de ingresos del país.

¿Cómo se logró este cambio tan importante? Un punto que tampoco se menciona por parte de fundaciones y analistas de derecha es el significativo incremento del nivel de ingresos del país (medio por el PIB), el cual desde 2005 aumentó 4,3 veces y la deuda pública externa se incrementó 2,5 veces; esta diferencia le permite al país cumplir sin problemas con sus pagos de deuda e inclusive genera una buena imagen a nivel internacional para poder contraer mayor deuda.

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que si el pago de intereses por deuda (interna más externa) supera el 3% del PIB, el país estaría incurriendo en gastos onerosos (bastante caros), empero, según los datos del MEFP se puede apreciar que el pago de intereses durante 2021 alcanzó el 1% del PIB, lo cual refleja una vez más una correcta administración de las finanzas públicas.

Finalmente, quisiera puntualizar algo muy relevante: el destino de los recursos de deuda; si el país nuevamente contrajera deuda —extendiendo la mano como años atrás— para pagar sueldos y salarios, sí existiría un mal uso de los recursos. No obstante, con el MESCP la deuda contraída se destina a la inversión pública, la cual genera retornos y un efecto multiplicador en la economía, de tal manera que existe mayor crecimiento económico y, por ende, mayor bienestar social. En consecuencia, los analistas y fundaciones de derecha deberían decir la verdad con fundamentos consistentes y verdaderos antes de generar desinformación.

Miguel Clares es economista.

Es muy probable que al lector le suene familiar la frase “mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo” por videos viralizados en la aplicación de Tik- Tok, plataforma que es un éxito a nivel mundial y se posicionó como la red social con más descargas en todo el mundo.

Pero bueno, el presente artículo no se centrará en las razones del éxito de Tik-Tok, sino a la frase que hace referencia a la escena de la actriz mexicana Silvia Pasquel en la telenovela Amarte es mi pecado, donde su personaje enfrenta la peor suerte al enterarse que tiraron su colchón a la basura con todos sus ahorros y grita la frase que se hizo viral.

Esta me permite contarles en esta oportunidad una anécdota de una vecina cercana —doña Juana—, quien tiene su puesto de frutas y verduras y mencionó que hace años se sentía identificada con la icónica frase de la actriz mexicana, pero no porque haya perdido dinero, sino porque sentía que sus ahorros, que con tanto sacrificio ahorró, no valían nada.

Doña Juana relata que hace años se apersonó a una entidad financiera para poder sacar un crédito de vivienda, y que en ese entonces era indispensable contar con el 20% de la cuota inicial para acceder al crédito, razón por la cual ahorró con mucho sacrificio. Sin embargo, la entidad financiera le rechazó el crédito en reiteradas ocasiones, provocando un sentimiento de frustración al sentir que sus ahorros no valían nada (“tanto que me costó ahorrar”, mencionó).

No obstante, años después, con la promulgación de la Ley de Servicios Financieros 393 en 2013, doña Juana menciona alegremente que pudo acceder al 100% del financiamiento para su vivienda, pese a que contaba con el 20% de la cuota inicial, gracias a los fondos de garantía creados para la otorgación de créditos productivos y de vivienda de interés social.

Como economista y ciudadano que se encuentra en constante contacto con la sociedad, me hallé en la necesidad de contar esta anécdota y mostrar un análisis financiero de la importancia de la función social en los servicios financieros. En primer lugar, el cambio en los principios de los servicios financieros, los cuales pasaron de tener como prioridad el lucro de la banca a costa de los consumidores financieros, a principios de protección de los derechos de los usuarios financieros, brindándoles equidad e igualdad de oportunidades.

Asombra escuchar que algunos analistas colegas aseguren que priorizar los créditos al sector productivo y de vivienda de interés social podría generar problemas en el sistema financiero boliviano; sin embargo, yo me pregunto: ¿Qué tan responsables somos los bolivianos con nuestras obligaciones crediticias?; y ¿la banca privada presentó pérdidas los últimos años? La verdad es que si observamos las cifras nos encontramos con un índice de mora que alcanzó el 1,6% para 2021, cifra que se encuentra por debajo del promedio de toda la morosidad en la región.

En esa línea, la mora de créditos productivos y de vivienda de interés social fue de tan solo 1,3% y 1,1%, respectivamente; es decir, inferiores a la mora de todo el sistema financiero e inclusive a la mora de créditos no regulados por las entidades financieras, lo cual refleja solvencia por parte de los prestatarios para hacer frente a sus obligaciones crediticias y que, sin duda, repercutió sobre las utilidades de los bancos durante 2021 al registrarse un crecimiento de 60% respecto a 2020. Por lo que no se avizoran riesgos en el sistema financiero.

Finalmente, al cierre de 2021 el sistema financiero cuenta con adecuados niveles de crecimiento tanto en cartera como depósitos, los cuales alcanzaron tasas de crecimiento de 4,1% y 6,9%, correspondientemente; cifras que reflejan la reactivación económica y la confianza que tiene la población boliviana en el sistema financiero al no guardar sus ahorros en el “colchón bank” como el personaje de la telenovela Amarte es mi pecado.

Miguel Clares es economista.

Hace días varios opinadores económicos salieron en medios de comunicación al estilo de “cuenta cuentos”, aseverando que el Gobierno cometió un error al devolver el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) pactado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, entre ellos Alberto Bonadona, quien asegura que el préstamo no se trataba de un crédito en sí y que se trata de una medida política y no económica.

Empecemos con la primera opinión errónea por parte de los “cuenta cuentos”, el préstamo realizado por el FMI en abril de 2020 por $us 327 millones se trataba de un crédito, ya que éste generaba pago de capital e intereses; es importante señalar que acá y en China, por no decir en cualquier parte del mundo, cualquier pago que contemple intereses y comisiones tiene la definición de crédito. Y no así como pregonan los opinadores económicos.

Por otra parte, llama la atención el pánico que tratan de transmitir estos políticos disfrazados de “analistas” al mencionar que se cometió un error en la devolución de dicho crédito; denominemos esta acción como “doble moral” ya que el año pasado varios de estos opinadores mencionaban que el crédito debería ser devuelto o fue un error contraer deuda con el FMI, y ahora en un intento de búsqueda de fama de cinco minutos aseveran que la medida fue errónea.

Es necesario señalar nuevamente que el crédito del FMI gestionado por las exautoridades autoproclamadas se encontraba en la ilegalidad al no cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y poner en riesgo la libertad y soberanía económica del país; si leemos la CPE en sus artículos 158 y 322, nos damos cuenta de que cualquier préstamo/crédito que el país solicite debe ser aprobado para su desembolso y ejecución por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acción que no se dio durante el gobierno transitorio, aceptando el desembolso sin el visto bueno de la ALP durante abril de 2020, y además incurriendo ya en costos financieros al pagar la comisión por desembolso impuesta por el FMI de $us 1,6 millones.

Si realmente dicha operación no se trataba de un crédito y Bolivia no se estaba endeudando con el FMI, ¿por qué se empezó a cobrar comisión e intereses?, ¿por qué la expresidenta autoproclamada en reiteradas ocasiones pedía a la ALP que apruebe el desembolso de dicho crédito? Son preguntas cuyas respuestas dejan en “jaque” a los opinadores económicos y exautoridades de transición.

Y por si fuera poco, en un intento de engaño a la población boliviana, las exautoridades de facto en el Banco Central de Bolivia ocultaron la operación de deuda con el FMI del registro de estado mensual de deuda externa que publicaba la Gerencia de Operaciones Internacionales de la entidad en cuestión, engaño que salió en los medios de comunicación el 12 de agosto de 2020 y acción por la cual no se hicieron responsables ni dieron explicación alguna; queda claro entonces que las exautoridades autoproclamadas buscaron los medios para encubrir la ilegalidad de la deuda contraída con el FMI.

Por último, el exministro José Luis Parada y el expresidente del Banco Central de Bolivia Guillermo Aponte en ningún momento tuvieron la intención de explicar a la población boliviana el condicionamiento del crédito del FMI, el cual claramente se encontraba escrito en el acuerdo de deuda entre Parada, Aponte y el FMI, donde se mencionaba que “Bolivia considerará un cambio gradual hacia mayor flexibilidad del tipo de cambio en el mediano plazo”. ¿Esto qué quiere decir?, que Bolivia iba a presentar cierto “entreguismo” en materia fiscal, monetaria y financiera hacia el FMI, perdiendo así la libertad económica y aceptando las viejas recetas del FMI que años atrás trajeron desigualdad y crisis económica al país.

Para que los opinadores económicos logren entender la gravedad del asunto y lo acertado de la devolución del crédito del FMI, les pondré un ejemplo de novela donde una madre interesada obliga a su hija a casarse con un hombre solo por su dinero, donde la hija se encuentra obligada a aceptar todas las condiciones del hombre solo por su dinero; el lector sabe quiénes son los personajes.

   Miguel Clares es economista.

En los últimos días, se han difundido opiniones sobre la medida de reprogramación y refinanciamiento de créditos lanzada por el gobierno de Luis Arce Catacora, las cuales considero que más que clarificar el tema han contribuido a desinformar y generar dudas en la población, por lo cual, en mi calidad de economista, me veo en la necesidad de aclarar ciertos aspectos, particularmente el referido al periodo de gracia.

Empecemos con una diferenciación entre periodo de gracia y diferimiento. Se entiende por diferimiento al congelamiento de pago de obligaciones crediticias por un periodo de tiempo determinado, las cuales serán trasladadas al final del periodo de vida de un préstamo; sin embargo, es importante señalar que no solo se congela el pago de cuotas crediticias, sino también el vínculo de relación entre las entidades de intermediación financiera y los prestatarios. ¿Qué quiere decir ello? Que los prestatarios no podrán gozar de nuevos préstamos o necesidades de financiamiento. Esto se convierte en un contexto que no favorece ni al prestatario, ni a los bancos.

¿Y qué quiere decir un periodo de gracia? En términos sencillos concede el mismo alivio de deuda que un diferimiento, ya que no se paga la cuota de interés ni capital; sin embargo, cuenta con una ventaja adicional que distingue este periodo con el diferimiento: la continuidad de la relación financiera entre bancos y prestatarios, es decir, si el prestatario muestra una recuperación en su nivel de ingresos y/o desea invertir en un negocio, podrá apersonarse a su entidad de intermediación financiera para pagar sus cuotas o adquirir un nuevo préstamo sin ningún problema, situación que se le negaba en un contexto de diferimiento.

Es importante aclarar que para existir un periodo de gracia, necesariamente debe haber una reprogramación y/o refinanciamiento de créditos, por lo que el Gobierno implementó dicha medida para la reconstrucción y reactivación de la economía boliviana. Con respecto a los desacertados argumentos de riesgos en la solidez y la liquidez del sistema financiero se debe mencionar que ante el desconocimiento de medios de comunicación, la liquidez del sistema financiero se encuentra en uno de sus niveles más altos históricamente, la cual a mediados de enero del presente año alcanzó los $us 2.087 millones, que representa un crecimiento de 156,6% con respecto a enero de 2020.

Además, el acuerdo realizado entre el sector de autotransporte y el Gobierno señala que ante alguna necesidad de liquidez en el sistema financiero, el Banco de Desarrollo Productivo SAM podrá inyectar recursos para resguardar la estabilidad en la banca, un punto muy importante que refleja una correcta gestión integral de riesgos financieros a nivel macroeconómico En esa línea, hay opiniones que acusan al Gobierno de haber mostrado debilidad política al ceder ante las peticiones de algunos sectores movilizados, no obstante, dicha aseveración se aleja de la realidad, ya que como se explicó anteriormente existe una importante diferencia entre el periodo de gracia y el diferimiento, donde este último fue descartado por las externalidades negativas que podría generar. En ese marco, el Gobierno mantuvo una postura responsable y con alto nivel profesional, implementando una medida que se caracteriza por haber encontrado el equilibrio entre estabilidad financiera y alivio a los prestatarios.

Llama la atención el rol de desinformación que jugaron muchos “analistas”, cuando durante el gobierno transitorio mantuvieron un comportamiento pasivo ante la mala implementación de las medidas financieras y el abuso de algunos bancos grandes en el país. Por ejemplo, en ningún momento se mostró que el diferimiento mal implementado durante la transición puso en riesgo la inclusión financiera, pilar importante que se constituyó en el principal motor del desarrollo económico y financiero. Podría citar muchos ejemplos más, pero me limitaré a sugerir respetuosamente a los “analistas” a evitar la desinformación.

  Miguel Clares es economista financiero.