Una carpa frente al Ministerio de Justicia
El 28 de marzo de 1980, la entonces presidenta constitucional interina de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, emitía una ley de resarcimiento y compensación a los heridos y a las familias de los asesinados en la infame Masacre de Todos Santos de 1979. Desde 1 de noviembre y durante 15 días, los militares bolivianos disparaban discrecionalmente contra una población desarmada que resistía un golpe militar, esta vez encabezado por el coronel Natusch Busch y un grupo de militantes del MNR, encabezados por el sinuoso Guillermo Bedregal. Muchos de estos militares ganaron galardones que de otra manera nunca los hubieran logrado en una confrontación con otro ejército regular. Así, el coronel Arturo Doria Medina fue calificado como el Mariscal de la Pérez Velasco por su rotundo triunfo con tanques austriacos, aviones artillados y tropa con armamento pesado contra una ciudadanía inerme. Todo este grupo de genocidas no purgaron un solo día en la cárcel y murieron en la impunidad. Este decreto ley de la señora Gueiler no entró en vigencia porque el grupo fascista de las FFAA concebía que los juicios que se anunciaban contra los asesinos enlodarían a otros militares comprometidos con el narcotráfico y el manejo discrecional de las finanzas del Estado. García Meza y Arce Gómez, dos brutales engendros del fascismo boliviano, volvieron a sacar tropas y tanques para repetir la barbarie, esta vez coludidos por paramilitares argentinos y grupos internacionales neonazis. Atropellaron toda la institucionalidad a fin de cuidar sus intereses de casta protectora de una oligarquía que se vio rebasada por la enorme influencia que el narcotráfico internacional había tendido por todo el mundo.
Paradójicamente, el extinto Fernando Kieffer, diputado del dictador Banzer, presentó otro proyecto de resarcimiento a las víctimas de violencia política y se establecía la creación del Consejo de Atención de las Víctimas de Violencia Política (Conavip), dependiente del Ministerio de Justicia y que estaría compuesto por instituciones de la sociedad civil.
Finalmente, la Ley 2640 del 11 de marzo de 2004 fue aprobada y se conformó una Comisión de Resarcimiento a las Víctimas de Violencia Política (Conrevip), que solicitaba documentación, como por ejemplo una constancia de los meses de detención obligatoria, sin juicio previo, como si en las dictaduras te dieran un certificado de tu encarcelamiento; nombres de los torturadores, como si estos rufianes actuaran con el rostro descubierto y con una tarjeta de identificación; en fin, una lista que muchos afectados veían imposible conseguir. Muchos heridos, exiliados y torturados fueron excluidos de la lista con una serie de chicanerías vergonzosas que estaban enlazadas con la Defensoría del Pueblo para que los posteriores reclamos no puedan ser tomados en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fueran rechazados por la misma. Ese es nuestro caso, pero toda la artillería jurídica no tuvo ningún peso moral ante las pruebas evidentes de las violaciones de nuestros derechos: certificado médico de intervención quirúrgica de emergencia por heridas de bala (05-11-79), efectuada en el Hospital General por el doctor Eduardo Chávez Lazo, que en esos luctuosos días salvó muchas vidas; una certificación de nuestra calidad de refugiado político extendida por la Cancillería del Ecuador y otros documentos de la Cruz Roja. Nuestro caso fue aceptado por la CIDH y está registrado con el número P-1675-16 del 29 de marzo de 2017.
Este caso particular se multiplica por cien a la hora de verificar el desprolijo trato de los sucesivos ministros de Justicia, como la señora Ayllón, que rechazó nuestro reclamo por la exclusión de otros ciudadanos, actos que originaron que un grupo de víctimas de la violencia política armen una carpa frente al Ministerio de Justicia y, durante 10 años, registren la protesta por justicia más larga de la historia boliviana. La carpa fue víctima de los grupos neonazis en 2019, que la incendiaron, la recompusieron y está observando 10 años a las autoridades que pasan sin mirar a sus moradores, mientras fallecen sus habitantes que la sostienen como Julio Llanos, David Frías y otras víctimas de la indolencia estatal.
El proyecto de ley 221/2021-2022 abre una puerta para reparar esta enorme injusticia. La carpa estará ahí hasta que se haga justicia.
Edgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.