Voces

Wednesday 17 Aug 2022 | Actualizado a 00:58 AM

Explicando nuestro déficit estatal

/ 2 de agosto de 2022 / 02:28

La disfuncionalidad del Estado boliviano es difícilmente explicable a partir de un gobierno. No es que no haya responsables por la actual situación de la justicia, la educación o la salud, pero la dificultad para reformar su institucionalidad sugiere que se trata de un problema que requiere algo más que voluntad política, por lo cual es necesario reconsiderar lo que creemos que sabemos sobre el Estado.

Las primeras reflexiones acerca del Estado moderno se concentraron más en justificar su existencia que en explicarlo, si bien no científicamente, al menos bajo una lógica coherente que parta de la realidad y que en las ciencias sociales llamamos teoría. Así, para poder comprender efectivamente qué es el Estado, es necesario dar al traste con toda la tradición del contrato social desarrollada durante el iluminismo y adentrarnos en el mundo de la teoría crítica del Estado, que en su pretensión por cambiar el mundo debió primero comprenderlo ( fustigándolo, claro).

Esta tradición se inaugura con Marx, quien, como diría Zavaleta, se refirió a estos temas durante toda su vida sin llegar, sin embargo, a sistematizarlos en un tratado extenso y coherente. No le alcanzó el tiempo, es todo lo que podemos decir. Pero lo que dijo al respecto es imprescindible para comprender esta forma de organización social.

En lo fundamental, para entender al Estado, debemos remitirnos primero a la sociedad y sus contradicciones de clase, de las cuales emerge como una forma de garantizar su unidad, siempre amenazada por intereses contrapuestos. Es más que una herramienta de dominación de clase, aunque esa sea su función esencial, pues también debe justificar dicha dominación mediante la generación de cierto consenso que luego Gramsci llamó hegemonía, que consiste básicamente en la construcción de legitimidad.

El problema con las sociedades latinoamericanas en general, es que el Estado está doblemente condicionado, como señalan Hernán Ouviña y Mabel Thwaites: primero, por un sistema interestatal que expresa la división internacional del trabajo, lo cual dificulta el pleno ejercicio de su soberanía en términos objetivos; y segundo, por la forma en la que se expresa la correlación de fuerzas entre las diferentes clases que componen su sociedad, atravesadas por más de un clivaje, algunos de los cuales imprimen un sello distintivo. Bolivia y lo étnico, por poner un ejemplo.

Ahora bien, la teoría crítica del Estado también señala que dicha correlación de fuerzas se cristaliza bajo formas específicas de institucionalidad, por las cuales, por ejemplo, ciertos sectores tienen derecho a determinado tipo de privilegios mientras que otros, más débiles, no pueden gozar de tales prerrogativas. Instituciones como la justicia y la educación tienen un carácter de clase que se expresa, por ejemplo, en la existencia de colegios de primera y de tercera, o en tribunales judiciales que se venden al mejor postor.

Tal correlación de fuerzas, al mismo tiempo, se configura no solo por factores endógenos o nativos, sino por la influencia de poderes extraterritoriales como el imperialismo estadounidense, que a estas alturas debería ser un fenómeno incuestionable para las ciencias sociales. Un ejemplo en extremo didáctico lo brinda la asistencia gringa al gobierno de la Revolución Nacional a cambio de que estableciera mecanismos de disciplinamiento social en contra del movimiento obrero durante la segunda mitad del siglo XX, que derivó en el largo periodo de dictaduras militares, así como la represión selectiva del movimiento cocalero durante los años 90.

Para transformar el Estado y dar efectividad a sus instituciones en beneficio de todos y sobre todo en favor de los menos privilegiados, es ineludible modificar dicha correlación de fuerzas e incluso, oponer resistencia a la influencia de potencias como los EEUU, aunque suene demasiado quijotesco. Si el imperialismo fuera benévolo para Bolivia no sería condenable ser proimperialista. No obstante, la evidencia empírica sugiere lo contrario.

Nada de esto es ideología. Ideología es lo que nos quieren vender cuando dicen que fallamos como sociedad por los impulsos populistas de nuestro pueblo.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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La genética colonial de nuestro Estado

/ 16 de agosto de 2022 / 01:13

En mi última reflexión traté de brindar una respuesta, aunque sea introductoria, a la cuestión de por qué nuestro país sufre de tan evidentes déficits de estatalidad en comparación a otros Estados de la región. Por qué casi ninguna de nuestras instituciones funciona como se supone deberían hacerlo, haciendo nuestras vidas cada día un poco más miserables.

Y la conclusión fue la siguiente: no es que el Estado esté ausente, como proveedor de bienes y servicios, sino que éste funciona como un campo de lucha en el que se expresan determinadas relaciones de fuerza que se cristalizan institucionalmente, en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Los ejemplos son incontables, desde el régimen de pensiones hasta la forma en la que están distribuidas las tierras o la existencia de escuelas de primera y de tercera, o una justicia de subastas.

El Estado no funciona, como quisieran algunos tecnócratas, como una máquina impersonal carente de contenido social alguno. Ese era el sueño de Hobbes, que más que un teórico del Estado Absoluto era un militante radical de la paz después de la guerra, que implicaba, entre otras cosas, la construcción de un poder supremo que se colocara por encima de los intereses particulares, para remediar la innata insociabilidad humana.

El Estado es, en otras palabras, una consecuencia derivada de la lucha de clases, que no fue inventada por Marx, pues la realidad no se inventa, como diría Hanna Arendt. Pero esto es solo parte de la respuesta, pues queda todavía pendiente la cuestión de por qué incluso como herramienta de dominación de una clase sobre la otra es, en Bolivia, tan ineficiente que no sirve ni para aquellos que gobiernan.

La respuesta a esto no viene del marxismo, al menos no estrictamente, sino de la teoría de la descolonización, que es seguramente uno de los ejes más importantes del pensamiento político boliviano, que expresa al Estado no solo como el resultado de relaciones de fuerza internas y externas a él, sino en relación a su pasado, que, en nuestro caso, es el de un aparato administrativo cuya única función era garantizar la exportación de valor desde nuestro territorio hacia las metrópolis coloniales, a partir de la superexplotación de la mano de obra indígena.

Tal carácter le imprimió un sello distintivo a nuestra sociedad (que es de donde emerge el Estado) y, sobre todo, a su élite gobernante, conformada no por aquellos que pelearon por la independencia (que eran en su mayor parte indios o plebeyos), sino por los que desempeñaban oficios administrativos y burocráticos durante el viejo orden, y que no estaban dispuestos a perder sus privilegios coloniales frente a sectores de la población que no consideraban iguales, por ponerlo suavemente.

Esto le dio al Estado boliviano un carácter muy parcial, pues al prescindir de más de la mitad de aquellos que ocupaban su territorio, pero sosteniéndose económicamente de ellos de forma casi exclusiva, se privó de los recursos humanos que en otras sociedades le hubieran servido para darse mayor consistencia y efectividad.

Las carencias de nuestro Estado y nuestros sinsabores como sociedad van más allá de las relaciones de fuerza objetiva entre las clases que la conforman o entre nuestro Estado y otros más fuertes, sino de los datos de nuestra constitución genética, que es poco menos que bastarda, por lo que al momento de celebrar nuestras fiestas patrias no debemos olvidar nunca el carácter parcial (y lo que está a medias está a medias nomás) de la emancipación boliviana.

Por ello, la descolonización no puede verse como mera retórica, ni como un elemento secundario de las luchas del presente, pues ver la colonialidad como un problema del pasado nos hace olvidar que la historia todavía no ha terminado. No estamos al final, sino en medio de ella.

De otra forma, no es posible explicar la persistencia de mentalidades cavernarias como las de Rómulo Calvo y sus jóvenes unionistas, cuyos cráneos inspiran explicaciones frenológicas a nuestros problemas políticos.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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El Estado como ausencia

/ 19 de julio de 2022 / 01:16

El Estado en Bolivia es débil en un doble sentido: primero, como institucionalidad poco efectiva; y segundo, como ausencia o déficit institucional en la mayor parte de su territorio. Desigualdades persistentes en tiempos de bonanza: analizando variaciones en los servicios públicos locales (2001- 2012) es un libro del politólogo Marco Just Quiles que señala las profundas diferencias interregionales en Bolivia en cuanto a disponibilidad de bienes y servicios, y que puede servirnos para reflexionar sobre este problema.

Mediante la aplicación del Índice de Densidad Estatal, Just demuestra que la presencia del Estado en una gran parte de su territorio no es nada más que una virtualidad. Hace esto mediante los siguientes indicadores de servicios públicos: salud, educación, identificación personal, agua potable y electricidad.

Los resultados, poco halagadores, demuestran una gran desigualdad entre municipios en cuanto al acceso a servicios y bienes públicos, debido más a factores estructurales, como historia, geografía y demografía, que a razones institucionales y políticas. Así, un boliviano nacido en una ciudad capital de departamento tiene mayor acceso a ciertos servicios que uno proveniente de Charaña, Puerto Rico, San Ramón o Magdalena y, por lo tanto, mejores posibilidades a lo largo de su vida. Las conclusiones de la investigación sostienen:

“Este documento exploró la variación local en la provisión de servicios públicos básicos en Bolivia entre 2001 y 2012. A pesar del muy favorable estado de la situación de ingresos en este periodo de boom de los commodities, el análisis detectó una distintiva persistencia de significativas desigualdades en la provisión de servicios públicos entre las municipalidades bolivianas (…) Es decir, las municipalidades que pertenecían a los segmentos más altos de servicios públicos, que eran más bajos hace dos décadas, todavía se exhiben actualmente significativamente mejores niveles de servicios. De hecho, entre 2001 y 2012 menos del 20% de todas las municipalidades transitaron hacia una significativamente mejor posición quintil, respectivamente solo 18% entre 1992 y 2001”.

Otras investigaciones se refieren a este fenómeno como “el Estado con huecos”, que está presente en capitales departamentales y, a veces, de municipio, pero que no existe en regiones fronterizas o alejadas de centros urbanos; lugares donde no hay salud, educación, justicia e incluso ni registro civil, pero tampoco Estado entendido como espacio público y reglas comunes; es decir, Estado como institución o autoridad efectiva, y cuya ausencia debe ser suplida de diferentes formas, colectivas y comunitarias en algunos casos, y particularistas y patrimoniales en otros.

El concepto puede ser profundizado a través de unas líneas del informe El estado del Estado en Bolivia, publicado en 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia:

“Si el Estado es discontinuo, ¿qué significan sus ‘huecos’? Para O’Donnell, los huecos son lugares donde rige el particularismo, el clientelismo, el cacicazgo y otras formas patrimoniales de política. Son espacios de ‘autogobierno’, pero que no operan bajo las reglas del Estado de Derecho y de la libre organización y expresión política, sino bajo las del particularismo —el orden del más fuerte—. Esta descripción se hace extensible a otras organizaciones que ejercen cualidades estatales o semiestatales (en el caso boliviano, sindicatos, ayllus, ONG, iglesias y otras organizaciones que suplen roles del Estado). El imperativo, para O’Donnell, es entender que la construcción de una democracia requiere de un Estado que pueda ejercer el ‘Estado de Derecho’ de manera continua a lo largo y ancho del territorio.”

Ambos trabajos ofrecen perspectivas similares sobre un problema en Bolivia que al parecer no necesita de comprobación empírica alguna, y cuyas causas van más allá de factores endógenos como el partido en función de gobierno o el tipo de régimen político establecido constitucionalmente, y sobre las cuales reflexionaremos en este espacio durante las próximas semanas.

Carlos Moldiz es politólogo.

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La capital del narcotráfico

/ 5 de julio de 2022 / 01:37

Lo dije una vez y lo diré de nuevo: las drogas no son malas. Sin embargo, estamos obligados a cumplir con las leyes de nuestra sociedad, so pena de vivir sin ellas. Sócrates sabía esto, así que bebió nomás la cicuta, consciente de que incluso el orden más injusto es mejor que ninguno. El narcotráfico, por lo tanto, debe ser combatido, así como los narcotraficantes; por ello me pregunto ¿por qué habrá creído Calvo que era una buena idea convocar a una marcha en contra del narcotráfico?

Así, aunque ya no quisiera escribir sobre el tema, me veo obligado a hacerlo, dadas las circunstancias que delatan que la nueva estrategia de la oposición es desprestigiar al movimiento cocalero utilizando la guerra contra las drogas como vetusto barco de guerra y, aún peor, bloquear el funcionamiento de la sociedad boliviana. Mala elección, pues al hacerlo dirigen los reflectores sobre las cabezas de muchos de sus miembros, quienes a diferencia de las élites colombianas no tienen la fuerza suficiente como para imponerse como les gustaría hacerlo. Es por eso que nuestro admirador de Pablo Escobar, Luis Fernando Camacho, no es más que una caricatura de mafioso, incapaz de hacer lo que hacía ese infame gánster en Medellín.

No obstante, estamos lidiando con un problema serio aquí en Bolivia. Entre las muchas observaciones que pude rescatar de mi abusada lectura de Peter Andreas encontré la siguiente: la violencia es una forma recurrente de resolver controversias entre los emprendedores del comercio ilícito, debido a que los mecanismos legales les están vetados por la naturaleza ilegal de su actividad. Es decir, dado que no pueden demandarse en tribunales que funcionen con normas, solo les queda los balazos. Las últimas semanas son un ejemplo de ello.

Pero las élites del narcotráfico no operan al margen de la sociedad, aunque sí de la ley. Por eso, invito al lector a considerar lo siguiente: aunque para producir cocaína los cárteles de la droga dependen de la hoja de coca que se produce en todo el territorio nacional, así como de la proveniente de Perú, la comercialización de su mercancía no se dirige a nuestro mercado interno, sino al de grandes metrópolis conectadas con destinos de ultramar donde la droga multiplica su costo, como EEUU y Europa. Y para poder sacarlas hacia tales destinos, ésta debe cruzar la frontera hacia el Brasil, a través de los departamentos de Pando, Beni y, sobre todo, Santa Cruz.

Una buena parte de los costos de transporte se paga justamente en estas regiones, donde el dinero circula y entremezcla con otros capitales; un pequeño norte de México, si se quiere. He ahí, si la verdadera intención es combatir el narcotráfico, necesario transparentar la proveniencia de esos recursos, que solo es posible mediante leyes como la que se impulsó a finales del año pasado, y que fue vetada, justamente, por la intensa campaña de las élites cruceñas. Una observación detallada sobre la proveniencia de la fortuna de sus miembros arrojaría escandalosos resultados. Invito al (Ministerio de) Gobierno a hacerlo. Es hora de atacar a la verdadera capital del narcotráfico, que, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, no podrían defenderse.

No obstante, eso no resuelve el problema de fondo, que no consiste en que amplios sectores de la sociedad se ganen el pan de cada día como engranajes más o menos pequeños en ese tipo de negocios, sino que también participen en él instituciones del Estado, en este caso el Órgano Judicial y la Policía. Al hacerlo, dichas instituciones contribuyen, tal vez sin quererlo, a otra dinámica que nota Andreas en otra de sus investigaciones: el debilitamiento de la democracia. Al hacer de la corrupción una rutina, desprestigian la institucionalidad del Estado, que puede conducir a una crisis de gobernabilidad por el simple hecho de que la gente ya no respeta la formalidad estatal.

La oposición está consciente de esto, razón por la cual bloquea todo intento de reforma institucional o incluso simples cambios de rutina, como sucede con el Defensor del Pueblo o como sucederá seguramente con la Contraloría. El objetivo no es hacer visible la disfuncionalidad de nuestro Estado, sino obstaculizar su funcionamiento mientras el actual partido esté en el poder, poniendo en riesgo no solo la estabilidad política de Bolivia, sino la propia vida de sus ciudadanos, que deberían estar conscientes de que la oposición boliviana no está comprometida con la idea de construir país. Su lógica es: “si no puedo ganar elecciones, que se hundan todos”.

Por todo esto, impulsar reformas estatales es una prioridad para el Gobierno, se cuente o no se cuente con la fuerza para ello. Se tiene una ventaja, por otra parte, y esa es la consciencia que existe sobre el penoso estado de nuestra Justicia y nuestra Policía. El pueblo debe marchar por ese tipo de consignas: por una nueva Bolivia.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Esa sentencia de m…

/ 21 de junio de 2022 / 00:35

La sentencia dictada contra Áñez hace un par de semanas solo comprueba una cosa: no hubo nada legal acerca de su presidencia. Para que la misma fuera legal, la senadora beniana debía ganar elecciones o cumplir con los requisitos establecidos por ley que, en el caso boliviano, la obligaban a ser elegida como presidenta del Senado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en aquel entonces estaba conformada por una mayoría masista que difícilmente se lo hubiera permitido. Realizar dicho nombramiento en ausencia de la bancada oficialista constituye sin duda alguna un acto de violación a la institucionalidad de aquel poder del Estado, y una forma algo sutil de golpe de Estado.

Pero lo que resulta curioso no es tanto que los verdaderos masistas estemos indisimuladamente descontentos con la pena impuesta sobre ella y algunos mandos jerárquicos de las FFAA y la Policía, pues obviamente sus castigos no son proporcionales al daño que ocasionaron tanto en términos institucionales, económicos y, sobre todo, humanos, sino porque los verdaderos instigadores de tal hecho, el secuestro del Ejecutivo a manos de una élite no electa, siguen todavía sin ser juzgados, e incluso se dan el lujo de hacer declaraciones ante los medios lamentando (aunque con lágrimas de cocodrilo) el veredicto contra Áñez.

Nota aparte, qué frustrante es que la única mujer que llegó a la presidencia del país en lo que va del siglo lo haya hecho como una simple marioneta de lo más conservador y machista que tiene por ofrecer la sociedad boliviana. Terminó pagando por pecadores, pero con una convicción (¿debería decir fe?) que no la hace menos culpable que los autores intelectuales del delito.

¿Y de quiénes estoy hablando? Pues de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, por supuesto, contra quienes se debería entablar un juicio por haber usurpado la presidencia de nuestro Estado al más puro estilo de camarilla aristocrática del siglo XIX, consumando su crimen ni siquiera desde los espacios propiamente institucionales, sino desde una universidad privada. ¿Qué les otorgaba ese derecho? Tal afrenta contra la democracia no debería indignarnos solo a los masistas, sino a todo ciudadano autoproclamado como demócrata o, por lo menos, como liberal.

Si a esas clases altas les molesta tanto que las elecciones las gane un partido de vocación popular y mayoritaria, pues les tengo una solución… ¡Funden el suyo, señores! ¡Nosotros tampoco los queremos acá! Sería un alivio.

Pero esa sentencia se queda corta no solo porque la pena es insuficiente y los acusados no son todos los perpetradores de aquella violación contra la Constitución, delito grave, sin duda, sino porque se los castiga por otras faltas de menor importancia en comparación con la vulneración del derecho a la vida y la violación sistemática en contra de los derechos humanos e incluso contra la libertad de expresión.

La sentencia es insuficiente porque no juzga los 38 muertos en las masacres de Sacaba y Senkata, y las otras muertes producidas en las ejecuciones extrajudiciales de la zona Sur de la ciudad de La Paz. Y por esas muertes también deben ser juzgados los ministros que fueron parte de ese gobierno (sí, tú también Arias, tú también tienes sangre en tus manos) y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

La sentencia es insuficiente también porque no juzga los más de 20 casos de corrupción que se dieron durante ese corto gobierno, donde se desfalcó el Estado como si no hubiera un mañana, y de paso criticando “los 14 años de corrupción del gobierno del MAS”… el cinismo de algunas personas no tiene límites. Pero eso, como dije, se queda corto con las masacres, asesinatos, arrestos y torturas que se dieron aquellos días…. Imagino que los columnistas de Página Siete no dirán una palabra al respecto, como siempre. ¿Y si los muertos hubieran sido blanquitos y choquitos?

Yo estaba en la vigilia en las afueras del tribunal que juzgó a Áñez cuando salió la sentencia. Eran más de las 21.30 y nadie sonrió, créanme. Nadie saltó, nadie estaba feliz. Nos miramos entre nosotros, todos desconcertados.

Yo y mi pareja nos fuimos, sin saber qué decir, callados. Una vez en casa grité: “pero qué sentencia de m…”

Yo tampoco estoy feliz.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Lo informal y lo ilícito

/ 7 de junio de 2022 / 03:10

A finales del año pasado, un proyecto de ley destinado a combatir la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo despertó la resistencia activa de amplios sectores de la población boliviana, atemorizados de que dicha norma los privara de sus fuentes de sustento cotidiano. La medida estaba lejos de significar una amenaza real para sus intereses, y sin duda se puede acusar la incitación al conflicto promovida por la influencia opositora en varios medios de comunicación. No obstante, el recelo provocado era una reacción cuando menos comprensible, en un país donde siete de cada 10 trabajadores pertenecían al sector informal de la economía (y esto, si partimos de datos publicados antes de la llegada de la pandemia del COVID-19)

La distinción entre economía informal y la actividad económica ilegal es, entonces, necesaria, dado que la primera constituye la principal fuente de empleo para millones de personas a nivel nacional, mientras que la segunda comprende a grupos de emprendedores ilícitos cuyas actividades van en directa contravención del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. Todo lo ilegal es de alguna manera informal, pero no todo lo informal es necesariamente ilícito, en otras palabras. Obviar esto nos puede llevar a criminalizar formas de actividad económica cuya única falta consiste en estar fuera del ámbito de control del Estado, que nunca podrá ser absoluto, salvo en los peores sueños neoliberales, dadas las limitaciones de todo aparato burocrático en términos prácticos.

No obstante, esto no debe llevarnos a creer que toda actividad económica informal es necesariamente marginal y de sobrevivencia, como seguramente nos advertiría Nico Tassi. Verdaderas fortunas se amasan en este tipo de economías, mundializadas gracias al advenimiento del posfordismo. No se trata de una excepcionalidad boliviana (aunque el caso boliviano ciertamente tiene sus particularidades), o siquiera tercermundista, pues se puede hablar de una economía informal a nivel global, que conecta lugares tan distintos como la ciudad de El Alto con Beijing.

Pero está también el mercado ilegal, ya no solo informal, de bienes tanto legales como ilegales, donde podemos situar el contrabando de oro que tanto daño le hace a nuestro Estado, como de estupefacientes penalizados a nivel internacional (aunque podamos cuestionar tal clasificación como arbitraria o incluso injusta) o la trata y tráfico de personas. En este tipo de casos, a mi juicio, restituir el control del Estado es necesario, sobre todo para países como Bolivia, toda vez que esto puede contribuir a ampliar la recaudación impositiva de nuestro Estado o fortalecer su capacidad de control sobre sus fronteras, territorio y población en general. O, lo que es lo mismo, fortalecer su institucionalidad, que no es otra cosa que su capacidad de ejercer poder.

Siempre trato de no perder de vista una máxima fundamental de la teoría política, que dicta que donde manda capitán no manda marinero, o, lo que es lo mismo, la primacía del principio de autoridad del Estado sobre su territorio. Obviar ello es ir para atrás, hacia ese pasado feudal donde señores de la guerra establecían su poder sobre pequeñas parcelas de territorio, a lo Pablo Escobar, o como los muchos cárteles que hoy en día han tomado como rehenes a poblaciones enteras en países como México, con quienes, sobra decirlo, no se puede convivir pacíficamente.

Carlos Moldiz es politólogo.

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