El mensaje del Presidente con ocasión del aniversario patrio, ha planteado una reconfiguración del escenario político boliviano, con una inesperada revalorización del ciudadano de a pie ante el evidente desgaste de la clase política que, como en tiempos anteriores, ha pretendido pactar el destino de nuestro país condicionándolo a intereses que no precisamente responden al interés general.

El mensaje, en su primera parte, siguió la estructura clásica sobre el estado de situación del país con explicaciones correspondientes a la coyuntura actual; en algunos casos, replicando argumentos que ya habíamos escuchado en anteriores intervenciones del dignatario; sin embargo, en la última parte Arce propuso la convocatoria a un referéndum sobre tres temas cruciales: subvención a los hidrocarburos, asignación de escaños acorde con los resultados del Censo y la reelección.

La convocatoria presidencial plantea una alternativa interesante ante la crisis política existente; va más allá del anticipado reclamo a la Asamblea Legislativa de afrontar la situación actual del país, sobre el bloqueo sistemático al Ejecutivo con el rechazo a sus iniciativas legislativas y a los financiamientos de proyectos de inversión pública otorgados por organismos internacionales. En lugar de ello, Arce propone la reconfiguración del planteo político y desplaza del foco principal a la clase política para reivindicar al ciudadano que conforma las mayorías votantes del país, para que sea quien tome la decisión sobre temas que hacen a nuestro porvenir.

Esto plantea una respuesta alejada de los pactos tradicionales de la clase política que, en concomitancia con otros poderes del Estado, se han convertido en factores de convulsión y violencia, así como en el detonador de una serie de protestas que finalmente repercuten en el desarrollo de las actividades de todos los habitantes del Estado.

Ahora bien, los tres temas que serán objeto de la convocatoria a la consulta popular son cruciales, en los que la clase política de nuestro país ha demostrado que tiene intereses que no están alineados con los de la colectividad boliviana. En el caso de los hidrocarburos, hemos sido testigos del cuestionamiento por parte de los detractores del oficialismo, que empieza a tener repercusión sobre la eliminación de la subvención; este tema, si bien merece una reflexión, toca la intimidad de cada hogar boliviano, entonces resulta adecuado que como en materia de la recuperación de la famosa “boca de pozo” sea objeto de consulta. Del mismo modo, no ha sido un tema menor la resolución del conflicto por el Censo y sus repercusiones, en cuyo caso, ante los cifrados intereses —ya manifestados— de distintos sectores, que no precisamente responden a la mayoría de los bolivianos, es necesario despejar el panorama y dejar la decisión en manos de quienes, según la Carta Magna, ostentan el verdadero poder.

El tercer punto de consulta ha sido un factor de constantes pugnas, interpretaciones y dudosas decisiones; entonces, pensar que un tema tan neurálgico, como es la reelección, quede en manos de quienes directamente tienen intereses más legítimos que otros, resulta cuando menos poco procedente, más aún en medio de una crisis política como la que estamos viviendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional con sus distintas facciones.

En suma, la señal de Luis Arce, en cuanto a esta reconfiguración del escenario político boliviano, resulta en el ejercicio de un mecanismo democrático que brinda un refrescamiento en medio de las pugnas impregnadas de interés a las que en el último tiempo nos ha sometido nuestra cúpula política.

Rafael Villarroel
es economista.

Una asonada, definida por un movimiento violento con un fin político, encaja perfectamente con los acontecimientos suscitados en la plaza Murillo, a la cabeza de un general delirante montado en una tanqueta y arremetiendo contra las puertas del Palacio Quemado, con un claro afán develado en sus declaraciones: hacerse con el poder. Esta asonada ha provocado una reacción de hastío del ciudadano común, quien después de sentir temor e incertidumbre se lanzó a las calles para poner de manifiesto su rechazo.

Para quienes hemos nacido en la última parte del siglo XX, hasta hace muy poco no habíamos experimentado el sentimiento que provoca un militar abalanzándose contra la institucionalidad, sin importarle nada más que investirse con el poder. Sin embargo, luego de la sorpresa de ver tanques y fusiles, algo empezó a agitarse en ese ciudadano, otro sentimiento, la irritación y el hastío al ver una máquina bélica, destinada a la defensa de nuestro país, golpear —literalmente— las puertas del poder democrático, eso fue lo que lo convocó a resistir la asonada.

Una multitud reunida frente a las tanquetas, la que no solamente sumaba funcionarios, representaba al ciudadano que no estaba dispuesto a dar crédito a quien en las puertas del Palacio Quemado pretendía sumar apoyo haciendo una abigarrada mezcla de promesas con arengas impregnadas de delirio e incoherencia. Representa también el hecho de que no estamos dispuestos a que nos pongan en orden a punta de bayoneta, sino que reclamamos la madurez de nuestra clase política para dejar de minar nuestro sistema democrático y lograr los consensos necesarios para proponer soluciones que mantengan los delirios alejados de los uniformes y las armas.

Ante todo esto, la reacción de Luis Arce —más allá de la acusación de histriónica que se le pueda hacer con mayor o menor fundamento— para mantener en marcha el sistema democrático y lanzarse a la jugada de proponer un jaque a la asonada nombrando un nuevo mando militar, aunque arriesgada, fue la acertada para dejar sentado que el espíritu de cuerpo de la mayoría de los militares se había mantenido incólume y que se condujo en consecuencia al reconocer al nuevo Alto Mando Militar del país.

De todo esto se llega a conclusiones que van más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer sobre la autenticidad de los acontecimientos verificados. Primero, que las Fuerzas Armadas se deben a su pueblo y que no se encuentra en su misión el ejercicio del poder, mucho menos a costa de anular el sistema democrático del país; segundo, que el intento de una asonada es algo que no está dentro del imaginario de ningún ciudadano, sea funcionario público o no, que no es posible quitarle legitimidad a la multitud que se dio cita para rechazar un intento de alteración del orden democrático, y junto a esto, Arce ha anotado una importante batalla al dejar en claro el papel del Presidente constitucional como Capitán General de las Fuerzas Armadas del país, recordándoles su importante misión como protectores de la heredada patria.

Rafael Villarroel es economista.

El reciente anuncio en la red social X (ex Twitter) del exmandatario Evo Morales, con relación a la celebración de primarias al interior del MAS-IPSP, entregando a la militancia la decisión de elegir al candidato presidencial de este partido y comprometiendo el apoyo de la facción liderada por él a quien sea el ganador de ese proceso, significa un acto de madurez política que, a su vez, representa un potencial final a la pugna interna y la profundización del proceso democrático partidario del país.

Algo que debe reconocerse es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es, de manera incontrastable, un fenómeno político que se constituye en la única versión vigente de un partido con una estructura completa. Tiene entre sus antecedentes haber sido el segundo partido en la historia republicana de nuestro país que logró sobrevivir a su líder inicial, afrontando de manera exitosa un proceso electoral; su antecedente, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ocupó un lugar parecido entre la segunda mitad del siglo XX y principios del nuevo siglo, hasta provocar su práctica extinción a manos de su propio líder en el ejercicio de su última presidencia.

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EL MAS, por ser el producto del fenómeno social, ha logrado interesantes avances en cuestión de reducción de la pobreza y ha forjado una propuesta económica alrededor de un modelo que llega a su tercer lustro, en concordancia con una nueva Constitución que rescata un nutrido catálogo de derechos junto con la inalienable propiedad del pueblo sobre sus recursos naturales.

Otro logro del MAS se advierte en la victoria obtenida en octubre de 2019, cuando consiguió el 55% de los votos, lo que se hace más notable en el contexto de los acontecimientos de la elección anterior y los hechos que la envolvieron, que podían haber sepultado a esta tienda política; sin embargo, superó los cuestionamientos a su alrededor y, apoyado en su fuerte militancia, presentó una candidatura que emergió del propio partido, reconocida y avalada por su líder en el extranjero. Luego, este avance pareció quedar en nada, ante el surgimiento de pugnas, acusaciones al interior de ese frente, contradicciones que promovieron duda en cuanto al liderazgo.

Finalmente y luego de la celebración del 29 aniversario del MAS, surge el anuncio de Morales para abrir el debate y la competencia por la nominación presidencial; primero, esto reconoce un acto de madurez política que, a su vez, reconoce a la militancia como el verdadero fundamento político, y es un ejercicio político que reconoce el valor del partido sobre el líder, lo cual,  aparentemente, pondría fin a la pugna partidaria interna y plantea una solución concertada a las contradicciones provocadas por la discusión.

El reconocimiento de un mecanismo democrático al interior del MAS por parte de sus principales dirigentes, representa la solución más viable para los problemas experimentados por un movimiento político que ha demostrado su vigencia en el tiempo presente, además de su rol como un instrumento político que amalgama una gran colección de bolivianidad, que no reconoce un propietario a título personal y exige que sus destinos se encuentren en correlación con el tamaño de sus triunfos electorales y la multitudinaria votación de la que ha sido depositario a lo largo de las dos últimas décadas.

(*) Rafael Villarroel es economista

La publicación El capital corrosivo en Bolivia y los retos de buena gobernanza, de la Fundación Milenio, constituye un aporte intelectual de considerable valor para el análisis de la coyuntura y, en ese contexto, también contiene elementos que merecen ser apreciados y analizados a la luz de un filtro diferente, y contrastados con elementos que incorporados permiten una reflexión en torno a este documento, que lo enriquecen e invitan a formular una posición distinta.

En su primer capítulo, la publicación presenta un análisis que declara como “estelar” para el mundo de la inversión privada el periodo inmediatamente posterior a la recuperación de la democracia y el inicio del nuevo milenio, pero no hace el reconocimiento expreso de que en ningún momento de esta época “estelar” se registraron cifras similares a las vividas en el periodo que bautiza como populista, cuyo surgimiento lo atribuye a una crisis económica que se contradice con la “estelaridad” del periodo que se reputa como exitoso.

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Ese acápite señala la implantación de un modelo de capitalismo de Estado al que le atribuye medidas recalcitrantes que “maniatan” al sector privado, que se habría visto reducido a actuar en resquicios que dejaría el “omnisciente” Estado y que este sector se encontraría condenado a actuar como un proveedor estatal.

Sobre esto, llama la atención de que en el periodo “estelar” de la inversión no se haya generado esa industria pujante que el análisis liga al ejercicio de lo privado; pero, además, se muestra al modelo calificado como capitalista de Estado como si hubiera arrebatado del mundo privado sus inversiones y sus iniciativas olvidando que, en primer término, el Estado poseía más de dos centenares de empresa publicas antes del inicio del periodo “estelar” que fueron privatizadas, incluso en precios irrisorios que indignaron a la población, que en casos puntuales obedecieron a negociados para la apropiación del activo de la empresa que era muy superior al valor de “privatización” y terminó en un simple negocio inmobiliario. En otros casos, recibieron, por precios indignantes para el ciudadano promedio, compañías a punto de entrar en marcha, luego de haber superado su periodo de maduración y que fueron a engrosar emporios monopólicos que, a la postre, fueron entregados a manos extranjeras en operaciones de bolsa (diseñadas en ese periodo “estelar”) que permitieron la omisión de impuestos.

En este sentido, surge la duda respecto a ese periodo “estelar” que se indica en el análisis, hasta con saudade, ¿por qué no se ha formado ese capital competitivo en el periodo “estelar”? ¿Por qué las cifras de crecimiento no se reputaron como exitosas, y ese sector privado “vigoroso“ no pudo reaccionar a la crisis que reputa como el coletazo que produjo su colapso en pro del surgimiento de ese “periodo populista”? Sin dejar de tener presente que se entregó a ese sector privado pujante y protagonista “estelar” de la inversión las principales generadoras de los recursos más importantes de este país, con compromisos de inversión contra la oferta de convertirse en socios, a cambio de solamente pagar por el 50% más una de las acciones de las empresas que se conformaron para la entrega de los recursos e inversiones en contratos de “capitalización”.

En conclusión, parece urgente incorporar estos elementos para la definición de un “capital corrosivo” que se constituye en un tema de actualidad innegable y debe llamar a la reflexión de la bolivianidad en su conjunto, sin dejar de lado el esfuerzo editorial que cumple su labor de ser una invitación al debate y la reflexión.

(*) Rafael Villarroel es economista

Con motivo del informe del presidente Luis Arce, culminando su tercer año de gestión, se han pronunciado en éste elementos que llaman al análisis en relación a los desafíos que asumió en 2020, y dejan ver cuál es la perspectiva que pretende asumirse de cara a nuestro Bicentenario como país, así como la ruta que falta por recorrer aún.

En primer término, cabe recordar que Arce asumió el poder en circunstancias particulares, después de haberse producido una ruptura democrática que provocó, en el terreno de lo pragmático, una cuando menos cuestionable apertura de la sucesión presidencial. Además, por su demora en el llamado a nuevas elecciones se dejó al país sin un gobierno con cartas de legitimidad completas para asumir la gestión de la pandemia del COVID 19, y éste, a su vez, asumió una serie de medidas erráticas en busca de una solución económica que proponía el alejamiento del modelo implantado por el gobierno del MAS.

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Con este antecedente, en su discurso, el Presidente hizo defensa del modelo vigente, resaltando su carácter estratégico en la coyuntura y su ductilidad táctica en las condiciones globales, que anotó a modo de preámbulo de su mensaje. Junto a esto, debe notarse que el mandatario no hizo demanda de paternidad con respecto a éste, pero dejó en claro que ha sido una contribución a la mejora de vida de todos los bolivianos, y esto último ha sido reconocido no solo a nivel nacional sino también en el extranjero, lo que además se comprobó en las cifras favorables que lo acompañaron.

Ahora bien, a lo largo de estos años de gestión queda claro que se han encarado medidas de corto plazo, como lo exigía la pandemia y la reactivación del aparato económico estatal, entre ellas la apertura de fondos para la otorgación de créditos a tasas notablemente bajas para productores y la sustitución de importaciones, así como la dotación de vacunas sin costo y el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud (SUS).

Por otro lado, el mensaje reconoció una carencia que no fue entendida en los primeros gobiernos electos bajo el nuevo esquema constitucional, la falta de una base industrial que pueda lograr la elaboración de productos con valor agregado y que disminuya la dependencia de productos importados. Es un tópico que no ha sido entendido en su real dimensión y amerita un esfuerzo mayor que el encarado por el sistema de empresas públicas. Esta es una lectura hecha por el Presidente, que viene acompañada de una serie de medidas de mediano plazo.

Entre las medidas asumidas están la construcción de más de un centenar de plantas industriales y la ejecución de proyectos tan importantes como el de la química básica en el salar de Uyuni, junto a la explotación del litio o la industria farmacéutica que, seguramente aunados al esfuerzo de los privados, concluirán con el anhelo de un país industrializado como propuso Arce en su discurso.

En suma, la meta que se propone esta gestión de gobierno está más allá de garantizar la estabilización económica ya lograda en favor del boliviano promedio, el trazo está en llegar a nuestro Bicentenario con un país construido sobre una base industrial robusta que permita la generación de recursos a partir de productos elaborados con valor agregado. Un desafío importante pero difícil y que debe concentrar los esfuerzos de lo que le queda a esta gestión.

(*) Rafael Villarroel es economista