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Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 20:12 PM

Sí, estamos saliendo adelante

/ 30 de septiembre de 2022 / 02:20

En un artículo titulado ¿Estamos saliendo adelante?, Juan Antonio Morales Anaya, expresidente del BCB entre 1995 (septiembre) y 2006 (abril), pone en tela de juicio el comportamiento de distintos indicadores económicos, y defiende a capa y escudo el informe del artículo 4 del FMI, señalando que las recomendaciones de dicho organismo internacional deben ser consideradas para la administración de la economía boliviana.

Al respecto, y con el objeto de informar a la población de manera responsable y dar respuesta a la pregunta, es importante mencionar que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció en 3,97% al primer trimestre de 2022, con aporte del mercado interno que impulsa esta expansión y contribuye a dinamizar la actividad productiva, con sectores que están creciendo por encima del 5%, como es el sector de transporte y almacenamiento con 11,1%; electricidad agua y gas con 8,8%; construcción con 7,1%; el sector agropecuario con 5,3%; minería con 5,2%; y los establecimientos financieros cercanos, con 5%.

Asimismo, la economía boliviana cerró 2021 con un crecimiento del 6,1% después de un decrecimiento de -8,7% registrado en 2020. Para la presente gestión y de acuerdo con el Programa Fiscal Financiero, se establece como objetivo un crecimiento del 5,1%. Pero extrañamente el expresidente del BCB no recuerda que el crecimiento del PIB en periodos neoliberales no superaba el 3%, por ejemplo, en 1999, 2000 y 2001 se logró 0,4%, 2,5% y 1,7%, respectivamente.

Con relación a la inversión pública (IP) y de acuerdo con las recetas del FMI, la IP ejecutada en el periodo 1992-2005 alcanzaba en promedio $us 590 millones; no obstante, a partir de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), la IP juega un rol fundamental en la economía, mejorando las condiciones para el desarrollo económico, productivo y social del país, sus empresas y habitantes. En este sentido, dicho indicador incrementó a $us 3.037 millones en el periodo 2006-2019, representando un alza del 515%. Se destaca que para la presente gestión se cuenta con $us 5.015 millones, apostando por la producción nacional.

Morales Anaya también no recuerda que en la época neoliberal el ingreso del país estaba prácticamente hipotecado, en 1987 el 99% del PIB estaba endeudado. Con anterioridad a 2006, el índice de deuda externa respecto al PIB superaba el 57% en promedio. Dicho indicador en 2020 registró el 33% y en 2021 el 31,2%, demostrando una clara disminución. Se aclara que los anteriores gobiernos, en obediencia al FMI destinaban los recursos de la deuda externa a gasto corriente como el pago de salarios de los trabajadores, mientras que en la actualidad se consigna los recursos para ejecutar proyectos de IP en infraestructura productiva y contribuir a dinamizar la economía.

En resumidas cuentas, el modelo neoliberal se enfocó al establecimiento del libre mercado; la liberación de exportaciones; la libre contratación laboral; además de medidas como la reducción del déficit fiscal a través del proceso de relocalización de trabajadores mineros, disminución de salarios, reducción de la participación del Estado en la economía a su mínima expresión y beneficiar al capital extranjero mediante la privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales.

Finalmente, y ante la duda generada por el expresidente del BCB, la población debe conocer una respuesta fundamentada: “Sí, estamos saliendo adelante”, por cuanto la administración de la economía boliviana es efectuada de manera soberana. La aplicación y continuidad del MESCP está permitiendo retornar a la senda del crecimiento económico sostenido, con reducción de la deuda externa, además de tener una inflación baja y controlada, así como un sistema financiero sólido y bolivianizado. Además, se destaca la alta inversión pública, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza extrema, la disminución del desempleo y de la desigualdad económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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¿Qué hizo el presidente Arce?

/ 14 de noviembre de 2022 / 01:24

El 8 de noviembre, se cumplieron dos años de gestión del presidente Luis Arce, quien fue elegido democráticamente con el respaldo mayoritario del pueblo boliviano (55,11%), recuperando de esa manera el orden constitucional, tras su ruptura y la toma de mando del gobierno de facto, debido a los conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019.

Durante el gobierno de facto, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública de ese gobierno, llevando a la economía nacional a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento económico de -8,7%, que significó una pérdida de más de $us 4.000 millones; el déficit fiscal alcanzó el 12,2%, traducido en un pronunciado descenso de ingresos y retroceso de gastos de capital, desplomando la ejecución de inversión pública a 52,7%, de $us 3.769 millones (2019) a $us 1.784 millones (2020), y una tasa de desempleo que se incrementó a 11,6%.

Al ver un país con indicadores económicos negativos, los cuales se tenían en el viejo modelo neoliberal (1985-2005), indudablemente el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de las bolivianas y bolivianos mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

Para mitigar la crisis sanitaria, se asignaron recursos por un total de Bs 8.181 millones (2020-2021) para la adquisición de vacunas de inmunización masiva, pruebas de diagnóstico temprano, medicamentos, insumos y equipos para hospitales, así como la contratación de personal médico. La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) destacó los resultados obtenidos con la implementación y puesta en marcha del referido plan.

Entre las medidas efectuadas por el lado de la demanda, se resalta: restablecimiento de la inversión pública con $us 5.015 millones en la presente gestión y $us 3.323 millones en 2021; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) con Bs 1.500 millones en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) con Bs 2.000 millones; Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Bol-34 con $us 100 millones; creación de ítems para salud y educación; incrementos salariales, entre otras políticas de alto impacto económico y social.

Por el lado de la oferta se tiene: fortalecimiento y reactivación de empresas públicas; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; apoyo al sector productivo y promoción de la política de sustitución de importaciones mediante el crédito SIBolivia con Bs 1.261 millones; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por Bs 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SIBolivia; Fondo de Garantía para Créditos para el Sector Gremial por $us 10,23 millones; Programa Mujer BDP; Programa de Educación Económica- Financiera; ferias de servicios financieros; ley de incentivos tributarios para el sector agropecuario e industrial, entre otras medidas que permiten ampliar y mejorar la producción de bienes y servicios a nivel nacional.

Entonces, estos dos años de gestión del presidente Arce han permitido devolver a la población la esperanza y la estabilidad, por cuanto Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico sostenido, con reducción de la deuda externa, además de tener una inflación baja y controlada, así como un sistema financiero sólido y bolivianizado. Asimismo, la continuidad del MESCP tiene como resultado la priorización de la demanda interna, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo y de la desigualdad, toda vez que la administración de la economía boliviana es efectuada de manera soberana.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Calma, tus aportes están seguros

/ 29 de octubre de 2022 / 01:47

Recientemente, el “opinador económico” Joshua Bellott Sáenz, sin fundamento alguno, señaló en un medio de prensa que la Gestora Pública (GP) podría hacer desaparecer los ahorros de toda la vida de los asegurados, además que el Estado ya habría dispuesto de los recursos de los fondos de pensiones y que ingresaron al sistema bancario para otorgar préstamos a los ciudadanos bolivianos.

Al respecto, y con el objeto de informar a la población de manera responsable, es importante mencionar que, debido a la quiebra del sistema de reparto, con la Ley 1732, en Bolivia comenzó el sistema de capitalización individual, aspecto que dio lugar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mediante un contrato que el gobierno de entonces lo estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la administración de los aportes para la vejez. Durante la administración de las AFP, los asegurados soportaron pésimos servicios sin calidad ni calidez, escasos beneficios traducidos en capital individual reducido, baja rentabilidad y cobertura mínima a los trabajadores.

En consecuencia, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 065, se establece que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) dejará de ser administrado por privados y debe ser transferido a una entidad estatal, “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, recuperando de esta manera la soberanía que tienen los trabajadores sobre las contribuciones que realizan mensualmente para su jubilación, además de demostrar que el país es pionero en la innovación y administración de los recursos de la población, ante el fuerte cuestionamiento a las AFP en América Latina.

Por otra parte, los fondos del SIP son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, por cuanto se administran de forma independiente de los recursos de la GP, garantizando que no serán destinados a gastos operativos o administrativos.

A cuyo efecto, tienen como único destino la inversión para generar rendimientos que, posteriormente, financian el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social de largo plazo; en este sentido, los aportes no pueden ser utilizados de manera discrecional o políticamente.

Para tranquilidad de los trabajadores, la normativa vigente establece mecanismos de control para garantizar los aportes, los fondos, las prestaciones y beneficios, por ejemplo, la fiscalización permanente de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la sujeción al control social, sometimiento a auditoría externa y sobre todo el control de cada uno de los asegurados, toda vez que únicamente son ellos los que pueden acceder a sus recursos para tramitar la pensión de jubilación.

En el marco de la profundización de la soberanía en la administración de la economía boliviana, una buena noticia para los jubilados es que, a partir de mayo de 2023, recibirán un ingreso adicional del 2% en sus boletas de pago, producto de la anulación de las cuatro comisiones que actualmente cobran las AFP (0,5% asegurados, 1,31% jubilados, 0,85% fondo de riesgo y 0,22% administración de portafolios) con relación a la única comisión que cobrará la GP (0,5%). Finalmente, y con base en los párrafos precedentes, se garantiza la seguridad de los aportes y se desmiente, en absoluto, lo manifestado por el opinador Bellott.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Verdades y mentiras del MESCP

/ 6 de septiembre de 2022 / 01:39

Recientemente, un opinador en temas económicos y financieros, Jaime Dunn, señaló en un medio de prensa que “el modelo económico boliviano había caducado, y, que la situación económica de Bolivia es un tema muy complejo, con diversas aristas y pocas certidumbres”. Es incomprensible que a muchas personas les cueste aceptar la realidad que vive nuestro país, e inclusive les moleste saber de los logros positivos alcanzados en materia económica, por no continuar con recetas económicas que fracasaron en Bolivia. Al respecto, y con el objeto de informar al lector de manera responsable, expondré las verdades y mentiras del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).

Es verdad que el MESCP es un modelo diseñado por bolivianos y para los bolivianos, cuya fortaleza radica en que fue construido sobre la realidad socioeconómica del país, además es desarrollado y aplicado por profesionales bolivianos, ante el fracaso del modelo neoliberal. El MESCP se basa en cuatro pilares fundamentales: crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos; el Estado se apropia y redistribuye el excedente económico que generan los sectores estratégicos; es un modelo redistribuidor del ingreso, cuyo excedente económico se reasigna a otros sectores de la economía y a la población con escasos recursos; y, reducción de la desigualdad social y la pobreza.

Es mentira que el MESCP ha caducado, por cuanto, con base en información oficial, respaldada y destacada por organismos internacionales, la economía boliviana cerró 2021 con un crecimiento del 6,1% después de un decrecimiento de -8,7% registrado en 2020. Bolivia, en 2005, registró una tasa de desempleo anual de 8,1%, la pobreza moderada al 60,6% y la pobreza extrema al 38,2%, no obstante, y como resultado de la aplicación del modelo, en 2021 dichas variables registraron una disminución considerable a 5,2%, 36,3% y 11,1%, respectivamente.

Es verdad que producto de la aplicación del MESCP se generó una distribución más equitativa del ingreso, por ejemplo, el Índice de Gini (IG) en 2005, el IG tuvo un valor de 0,60, el cual disminuyó de forma sustancial llegando a asumir un valor de 0,42 en 2021. Asimismo, la relación de ingresos entre la población más rica y la población más pobre, que es otro indicador utilizado para analizar la distribución del ingreso, registró en 2005 a nivel nacional el ingreso del 10% de la población más rica era de 128 veces el ingreso del 10% de la población más pobre. En 2021, esta variable mostró una reducción considerable llegando solo a 20 veces.

Es mentira que los agentes económicos tienen incertidumbre, toda vez que el sistema financiero es sólido y se desempeña positivamente, por ejemplo, en 2005 el ahorro financiero alcanzaba a $us 3.826 millones, los depósitos a $us 3.678 millones, los créditos a $us 3.360 millones y el número de cuentas a 1.911.000. En 2021, los indicadores incrementaron a $us 31.006 millones, $us 30.770 millones, $us 29.064 millones y 13.720.000 de cuentas. Asimismo, los puntos de atención financiera en el área urbana y rural en 2007 eran de 1.673, y en 2021 ascendieron a 9.758, adhiriéndose a estos resultados la bolivianización por más del 90%.

Finalmente, la CEPAL ha señalado que Bolivia es el país que logrará la mayor reducción de la pobreza extrema en 2022; asimismo, instituciones internacionales como el FMI, The Economist Intelligence Unit, BBC Mundo y Sputnik han destacado a nuestro país por su baja inflación. En este contexto, la población al saber las verdades y mentiras del MESCP tiene la seguridad y certidumbre que Bolivia está saliendo adelante, fruto de la reconstrucción y reactivación económica, con base en la continuidad del MESCP y las acertadas políticas implementadas por el Gobierno, que permitirán el retorno a la senda del crecimiento económico con menos desigualdad entre ricos y pobres.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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Acceso y uso de los servicios financieros

/ 23 de agosto de 2022 / 01:39

Por varios años en Bolivia regía la Ley 1488 de 1993, con enfoque neoliberal, por cuanto las entidades financieras (EF) pactaban libremente tasas, créditos y comisiones. La oferta de servicios financieros contemplaba una perspectiva proteccionista de las EF, omitiendo la atención y reconocimiento de derechos de los usuarios, así como el papel que debían desempeñar estas instituciones en el desarrollo económico y social del país. Asimismo, la demanda de servicios estaba orientada a las grandes empresas privadas, desconociendo la diversidad económica, productiva y cultural de las medianas y pequeñas unidades económicas.

A partir de la Ley 393 de 2013, y con base en pilares del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP), Bolivia apuesta por su desarrollo a través del apoyo financiero a la producción y la mejora de las condiciones para la población, mediante la canalización de recursos en condiciones más accesibles para la vivienda, la transparencia de los servicios, el fortalecimiento de las medidas prudenciales, la solvencia de las EF y la protección del consumidor financiero.

Dicha norma tiene un enfoque social y productivo, donde el Estado interviene para fijar tasas y niveles de cartera para el sector productivo, vivienda de interés social, así como la regulación de comisiones y periodos de gracia. Se prioriza la universalidad de los servicios financieros, apoyando principalmente las actividades productivas, la inclusión financiera y la estabilidad del sistema financiero. Además, los servicios deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien.

Con la aplicación del MESCP, el desempeño del sistema financiero de nuestro país ha cambiado profundamente, por ejemplo, en 2005, el ahorro financiero alcanzaba a $us 3.826 millones, los depósitos a $us 3.678, los créditos a $us 3.360 millones y el número de cuentas a 1.911.000. En la gestión 2021, los indicadores incrementaron a $us 31.006 millones, $us 30.770 millones, $us 29.064 millones y 13.720.000 de cuentas. Asimismo, los puntos de atención financiera (sucursales, agencias, cajeros automáticos, entre otros) en el área urbana y rural en 2007 eran de 1.673, y en 2021 ascendieron a 9.758.

Por otra parte, entendiéndose a la bolivianización como el proceso por el cual la población usa más la moneda nacional para sus transacciones, y ser concebida como la causa del rescate de la soberanía monetaria mediante la revalorización del boliviano en la economía; el ahorro financiero y de los créditos, han incrementado de 15% y 7,5% (2005), a 99% y 85,8% (2021). Estas cifras demuestran que la población confía en la fortaleza de la moneda nacional y permite dar certidumbre a la toma de decisiones de los agentes económicos.

Finalmente, con la continuidad del MESCP y políticas económicas y sociales, el SF boliviano gozará de solidez y sostenibilidad, permitiendo canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión, aspecto que contribuye al desarrollo integral del país, con importantes efectos sobre la actividad económica, el empleo, la disminución de la pobreza y la exclusión social y económica.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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De la privatización a la nacionalización

/ 29 de julio de 2022 / 03:03

El proceso de privatización efectuado durante el periodo 1985- 2005, se dio mediante la nueva política económica en Bolivia (neoliberalismo), que marcó el inicio de un sistema político, económico y social fundado en la eliminación del Estado productivo. El periodo neoliberal se gestionó a través de varios gobiernos, a objeto de aplicar la privatización y la llamada capitalización, donde descaradamente uno de sus gestores (Samuel Doria Medina) señalaba que la privatización de las empresas públicas “es un proceso revolucionario que permite generar empleo, posibilita inversiones y genera recursos para proyectos sociales”.

Las reformas neoliberales dieron paso a la enajenación sin precedentes en el país, abarcaron las empresas productivas y de servicios, y se extendieron a los recursos naturales, dicha enajenación se concretó mediante la privatización, capitalización y cierre, aspecto que implicó la activación de varias modalidades, como la venta de empresas en marcha y de paquetes accionarios, así como la concesión de mercados y servicios públicos, fortaleciendo el capital privado en desmedro del Estado.

El perjuicio ocasionado al país golpeó duramente a las compañías estatales estratégicas: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), que adicionando otros gastos por concepto de financiamiento, el importe total del daño económico es de $us 10.049,08 millones (2002), monto que al ser actualizado asciende a $us 22.051,70 millones.

Al respecto, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización presentó en 2019 su informe final, en el cual expone que hubo una red de poder de la enajenación, conformada por una gran cantidad de personas que participaron en este proceso, identificándose autoridades públicas y empresarios privados, entre ellos, Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Samuel Doria Medina, Ronald MacLean Abaroa, Raúl Garafulic Gutiérrez, Gonzalo Chávez Álvarez, Carlos Mesa Gisbert, entre otros.

Por otra parte, a partir de 2006 se instaura el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el cual parte de un diagnóstico de los errores del modelo neoliberal para contraponer una nueva política, es decir la antítesis como respuesta de política económica. En este sentido, con la nacionalización el Estado retoma el control de los recursos naturales de los sectores estratégicos como los hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones, para beneficiar a los bolivianos, en lugar de las empresas transnacionales, medida de gran impacto que cambió estructuralmente al país, devolviéndole el patrimonio colectivo al pueblo boliviano.

Es importante resaltar que el MESCP es un modelo diseñado por bolivianos y para los bolivianos, fue construido sobre la realidad socioeconómica del país, además es desarrollado y aplicado por profesionales bolivianos. Se basa en cuatro pilares fundamentales: crecimiento y desarrollo con base en el aprovechamiento de los recursos naturales; el Estado se apropia y redistribuye el excedente económico que generan los sectores estratégicos; modelo redistribuidor del ingreso, cuyo excedente económico se reasigna a otros sectores de la economía y a la población con escasos recursos; y reducción de la desigualdad social y la pobreza.

Finalmente, con la aplicación del MESCP los resultados fueron favorables hasta antes de la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del gobierno de facto, obteniendo como logros: crecimiento económico sostenido, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, solidez del sistema financiero, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza, disminución del desempleo y de la desigualdad económica. Asimismo, y dando continuidad a políticas enmarcadas en el MESCP y a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, Bolivia está retornando a la senda del crecimiento con indicadores económicos positivos, que son destacados por organismos e instituciones internacionales.

Fernando Chuquimia es especialista financiero.

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