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Monday 29 Apr 2024 | Actualizado a 17:46 PM

Un presupuesto alentador

Pablo Laura

/ 23 de diciembre de 2022 / 03:06

Disponer de un instrumento de planificación económico y financiero que trate sobre los ingresos y gastos para un determinado periodo, resulta importante porque a partir de éste se podrá tomar conocimiento del destino de los recursos que sean asignados a las entidades y empresas públicas, cuya razón principal de existencia, a partir de las funciones que desarrollen, es la prestación de servicios y la producción de bienes en beneficio de la población.

El Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2023, recientemente aprobado el 17 de diciembre de 2022, mediante la Ley 1493, expresa los objetivos y metas trazados por las entidades y empresas del sector público para el siguiente año, cuya consecución permitirá concretar la ejecución de políticas sociales para el desarrollo de la población, aspecto que refleja una vez más la importancia y el valor que tiene el bienestar de las y los bolivianos.

Entonces, resulta alentador saber que el PGE de la gestión 2023 prevé Bs 426 millones para el pago de la Renta Dignidad por el derecho a una vejez digna de los ciudadanos de edad avanzada, Bs 163 millones para el pago del Bono para Personas con Discapacidad como apoyo para aquellas personas que presentan alguna discapacidad grave o muy grave, Bs 184 millones para el pago del Bono Juana Azurduy por el derecho a la vida, y Bs 473 millones para el pago del Bono Juancito Pinto por el derecho a una educación digna e incentivo a la permanencia escolar.

Por otra parte, la importancia de la inversión pública impulsada por el Estado, con un presupuesto estimado de $us 4.006 millones para el siguiente año, apoyará a diferentes sectores para continuar y potenciar la dinamización de la economía boliviana, entre ellos, el sector agropecuario, hidrocarburos, minería, energía, industria y turismo con un 42%; educación, salud, seguridad social, deporte, cultura, saneamiento básico, urbanismo y vivienda con un 26%; recursos hídricos, transporte y comunicación con un 24%; y defensa, justicia y para la administración central con un 9%. De esta manera, se refleja la labor sustancial que tienen las entidades y empresas del sector público por el impacto que generan en la sociedad, en apego a su misión y visión.

En consecuencia, el PGE de la gestión 2023, al ser claro, específico, detallado y transparente, crea aquella sensación de estabilidad y seguridad que todos esperamos tener, en específico porque permite conocer cuáles serán las fuentes de recursos y su uso previsto a través de una planificación y administración responsables con principios de economía y eficiencia, en respuesta a un modelo económico en el que prima la generación y redistribución de riquezas para las y los bolivianos, el cual se articula al actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Pablo Laura es contador público.

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Sustitución de importaciones

Se espera que la industrialización con sustitución de importaciones beneficie a todo sector, sea público o privado

Pablo Laura

/ 29 de agosto de 2023 / 07:51

El fortalecimiento y la generación de empresas orientadas a la sustitución de importaciones resulta todo un desafío para cualquier economía, en razón a la inversión significativa que se realiza en bienes materiales, tales como terrenos, construcciones, edificaciones, maquinaria, herramientas y transporte, bienes inmateriales, es decir desarrollo o adquisición de aplicaciones informáticas, concesiones, licencias y patentes, así como por la erogación de recursos relacionada a mano de obra, costos indirectos y al establecimiento de medidas de control y seguimiento de la gestión.

Para el actual gobierno, que tiene entre uno de sus objetivos primordiales la industrialización con sustitución de importaciones y considerando las presentes políticas implementadas, las actividades de fortalecimiento y generación de empresas se enfocan a potenciar diferentes sectores, como ser: litio, química básica, fertilizantes y bioinsumos, construcción, biocombustibles, minería, seguridad y soberanía alimentaria, granos y cereales, tubérculos, frutas, industria cárnica y piscícola, aceites, alimentos balanceados, hortalizas, vegetales, lácteos y diversos aditamentos y complementos para fortalecer el abastecimiento de centros productivos y de despensas de la población boliviana.

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En cuanto al sector del litio, Bolivia realizó inversiones importantes, por ejemplo, se destinaron Bs6.146,5 millones en la construcción del Complejo de Desarrollo Integral de la Salmuera, Bs766,9 millones en la Planta Industrial de Carbonato de Litio y Bs344,3 millones en la Planta Industrial de Tratamiento de Agua (Uyuni). A partir de las inversiones efectuadas, en la gestión 2022, ingresaron Bs550,0 millones al país por la venta de carbonato de litio y cloruro de potasio.

Por otra parte, las políticas del gobierno también buscan apoyar al sector privado por la participación que tienen en las actividades mencionadas, por ejemplo, actualmente el crédito SI BOLIVIA, el cual es ofertado a una tasa de interés del 0,5%, cuyo pago puede ser realizado de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o personalizado, según el ciclo de la actividad productiva, permite a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del sector productivo, adquirir y/o mejorar su capital de operaciones y de inversión para producir bienes de consumo final o intermedio de productos agropecuarios y manufacturas que sustituyan las importaciones.

En ese sentido, se espera que la industrialización con sustitución de importaciones beneficie a todo sector, sea público o privado, permitiendo: generar más fuentes laborales, precautelar la estabilidad económica, diversificar las actividades productivas, mejorar la calidad y desarrollo de diversas regiones del país, impulsar la producción de bienes estratégicos que tengan como finalidad la reducción de la dependencia de la producción externa y continuar con la redistribución de ingresos a la población más vulnerable a través de programas sociales como efecto de la generación de excedentes económicos, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

(*) Pablo Laura es contador público

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