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Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 03:39 AM

Brisa encontró justicia

La pesadilla de Brisa se convierte en horror colectivo al constatar que su caso se repite cada día frente a la indolencia de nuestro sistema de justicia

/ 22 de enero de 2023 / 02:33

Veinte años después de vivir una pesadilla, Brisa De Angulo Losada hoy podrá dormir tranquila. El pasado jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez. El tribunal consideró que el Estado se convirtió en un segundo agresor al cometer distintos actos revictimizantes y deben calificarse como un trato cruel, inhumano y degradante. Ahora el caso de Brisa podrá ser utilizado como ejemplo de lo que no debe ocurrir a ninguna persona que busca justicia.

Brisa, siendo una adolescente, fue violada y torturada repetidamente por un familiar adulto. Cuando buscó justicia y apoyo, el sistema judicial no solo le falló, sino que también violó sus derechos humanos internacionales, consolidando la cultura de la impunidad. Brisa creció y se convirtió en abogada para llevar adelante su propio caso, incluso estudió psicología para sanar y apoyar a otros niños sobrevivientes de violencia sexual. Hoy la fortaleza y perseverancia de Brisa pueden provocar un cambio sistémico en el tratamiento del Estado a víctimas de violencia sexual.

Muy pocos casos son vistos por la Corte, pues se trata del tribunal más alto de la región y sus decisiones son vinculantes para 25 países. En este caso concreto, la Corte ha concluido que Bolivia violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará y en la sentencia se pronuncia con claridad sobre el tema del consentimiento como el centro en los delitos de violencia sexual, la eliminación del estupro, establece las obligaciones de prevención del Estado y otorga una serie de medidas de reparación.

El 1 de agosto de 2002, el padre de Brisa presentó denuncia por violación sexual. El primer juicio oral, que culminó con una sentencia condenatoria por estupro agravado, fue anulado y se ordenó la reposición del juicio por otro tribunal. Tras el segundo juicio en 2005, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Cochabamba determinó la absolución de E.G.A. En 2007 se anuló la referida sentencia y se dispuso la realización de un nuevo juicio por otro tribunal. Para entonces, el victimario ya se encontraba prófugo en Colombia, por lo que se ordenó mandamiento de aprehensión en su contra. En febrero de 2022, el acusado fue capturado con fines de extradición, sin embargo, en septiembre de ese año se decidió cancelar la orden de captura debido a “la prescripción de la acción penal a la luz de la normatividad colombiana”, y se ordenó su libertad. En el proceso, Brisa fue sometida a una serie de experiencias traumáticas como dos exámenes ginecológico forenses (el segundo no justificado) y obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos, provocando la profundización del trauma. Por otro lado, la Corte consideró que la duración del proceso penal, sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento.

Esta sentencia contra el sistema judicial boliviano no solo juzga el hecho concreto perpetrado contra Brisa, sino, sobre todo, visibiliza la violación sistemática que miles de niñas sufren cada día en los estratos judiciales. Estamos atentas ahora a las acciones concretas que asuman el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa y todas las instancias que deben cumplir el mandato de reparación. La pesadilla de Brisa se convierte en horror colectivo al constatar que su caso se repite cada día frente a la indolencia de nuestro sistema de justicia.

Lourdes Montero es cientista social.

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Perú: un diseño institucional fallido

/ 11 de diciembre de 2022 / 01:35

Por una casualidad inesperada, la semana pasada me encontraba en Lima viviendo en directo todos los acontecimientos del derrocamiento de Pedro Castillo. Los momentos críticos suelen ser las mejores oportunidades para comprender una sociedad y, sobre todo, visualizar las grietas de su sistema político, así como los problemas institucionales de una arquitectura democrática que provoca una serie de crisis permanentes.

A mi retorno, la pregunta recurrente es ¿qué está pasando en Perú? Pregunta compleja que refiere a una historia que tiene como antecedente seis presidentes en los últimos seis años. La inestabilidad del vecino país está acompañada por una serie de denuncias de corrupción que concluye con la mayoría de sus exmandatarios condenados a prisión. En el caso de Castillo, en tan solo 14 meses de gobierno, fue objeto de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias. Y, desde octubre, la Justicia interpuso un recurso acusándolo del delito de organización criminal de corrupción.

A esta lucha judicial, Castillo debe sumar su confrontación con el Congreso que despliega una serie de acciones para bloquear al Gobierno; la principal desplegada con la sucesión de mociones de “vacancia presidencial por permanente incapacidad moral”, una figura constitucional particular de Perú que, debiendo ser excepcional, se utiliza con demasiada frecuencia para derrocar presidentes.

A esta batalla permanente, Castillo suma una incapacidad de gestión de su propia coalición. Con un total de 70 ministros en solo un año y dos meses, no solo agrava la inestabilidad política, sino que afecta de manera severa la capacidad de cumplir su oferta electoral, desgastando la confianza popular. La guerra a la que estuvo sometido el gobierno de Castillo es en parte atribuible a un resultado electoral altamente polarizado. La narrativa contra Castillo en campaña y durante su gobierno está marcada por discursos clasistas y racistas, liderados por las élites de Lima.

Así, el miércoles 7 de diciembre, en Perú se desata una crisis democrática que se resuelve en menos de tres horas. Castillo da un mensaje a la nación en el cual anuncia la disolución temporal del Congreso de la República y un gobierno de excepción. Luego del mensaje, se suceden renuncias de la mayoría de su gabinete y del Comandante General del Ejército. Un par de horas después, el Congreso vota la moción de vacancia contra Castillo y juramenta a Dina Boluarte (vicepresidenta en ejercicio) como presidenta.

La gran interrogante es ¿por qué Pedro Castillo hace un intento de golpe de Estado sin respaldo alguno? Llama la atención que Castillo haya tomado una medida tan extrema sin respaldo político (sin acuerdo con su gabinete, su bancada parlamentaria, sus aliados políticos originales); militar, (no contaba con apoyo de las Fuerzas Armadas ni la Policía); ni social, puesto que, si bien había tenido una reciente subida en las encuestas, no contaba con un movimiento social organizado que acompañara esta acción. Aparentemente la apuesta estaba en la movilización potencial del fuerte rechazo de la población al Congreso (85% de desaprobación), a través del posicionamiento de la narrativa de la “dictadura congresal”.

Nos queda claro que la nueva presidenta (y primera mujer en el cargo) tampoco tendrá un camino expedito. Hoy enfrenta la disputa por la composición del gabinete de ministros, sin partido político ni bancada parlamentaria que la respalde. La ahora Presidenta deberá enfrentar la decisión de una gobernabilidad de “pacto” con el Congreso actual, desplegando algunas políticas sociales para preservar su popularidad y así poder llegar hasta el final de periodo, o una apuesta de reforma política más profunda, con convocatoria de nuevas elecciones que la acercaría a la demanda popular, pero sería una clara confrontación con la clase política actual.

Lourdes Montero es cientista social.

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Quién curará nuestras heridas

/ 27 de noviembre de 2022 / 03:26

“Ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Santa Cruz” es la forma que inicia un valiente pronunciamiento demandando el inmediato levantamiento del paro cívico y el cese de la violencia que ejercen grupos armados paramilitares contra la población cruceña. Y es que los últimos días las calles de Santa Cruz se han transformado en el escenario de una película distópica del género de Mad Max.

El pronunciamiento implica valor porque oponerse al Comité Cívico en Santa Cruz tiene un costo social muy alto. Si acaso lo duda, remítase a las diversas listas de “traidores” que han circulado; la última de ellas impulsada nada menos que por el Ilustre Consejo Universitario de la Universidad Pública Gabriel René Moreno, bajo la iniciativa de su vicerrector Reinerio Vargas. Tiempos de fascismo campante en esa Santa Cruz que no merece este sinsentido.

Como reconoció hace días el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la fecha del Censo es el “concho” de todo lo que está en disputa; es el pretexto para mantener, como lo describe el pronunciamiento antes mencionado, 30 días de una medida extrema que castiga de manera diferente a la población pobre que ha tenido que sufrir todo tipo de vejámenes y atropellos a sus derechos.

“Escenas dantescas” es la forma en que se describe el estado de absoluta indefensión que sufren algunos habitantes de Santa Cruz cuando enfrentan agresiones violentas, incautación de pertenencias, requisas, cobros de peajes, secuestro de menores, imposibilidad de llegar a centros de salud, o incluso de enterrar a fallecidos. Y en cada rotonda surgen cabecillas, mandamases que se atribuyen el derecho al uso de la fuerza para imponer sus propios fines.

Mientras tanto lo que se rompe en la sociedad cruceña y la boliviana es algo más profundo con lo que, no importando el resultado del conflicto, perdemos todos. Pierden los políticos de turno (de ambos bandos) la legitimidad y confianza en sus acciones; pierden las instituciones de todos los niveles del Estado y la sociedad por su incapacidad de mediar en el conflicto y perdemos cada una de las ciudadanas y ciudadanos por las heridas y el enorme sufrimiento resultado de la confrontación. Cuánto tiempo nos tomará curar esas heridas que seguramente tendrán un largo proceso de cicatrización, no sin antes abrirse en el largo camino de conflictividad que se anuncia desde todos los frentes.

Y desde ese dolor, los firmantes del pronunciamiento (en todo su derecho), exigen “al Gobierno nacional, departamental y local actuar de forma responsable ante las cientos de miles de familias que viven en la incertidumbre, el miedo, el hambre y la desesperación viendo cómo grupos irregulares controlan la ciudad”. Insensible, la Asamblea Legislativa se presenta lejana y sin sentido, desplegando una serie de triquiñuelas para retrasar la posible salida de una medida de presión que ya perdió sentido para un gran número de personas que habitan Santa Cruz.

Necesitamos más que nunca un gobierno que gobierne y una oposición responsable de sus actos capaces de rendir cuentas más allá de sus protagonismos personales. Y sobre todo una sociedad que encuentre el camino para salir de esa trampa de odio en que hemos caído todos.

Y a los firmantes del pronunciamiento que rompe con la hegemonía del discurso cruceño les expresamos que no están solos en su angustia. En Bolivia muchos y muchas estamos muy cerca de gritar, como los argentinos en 2001, “que se vayan todos”. Antes de llegar a ese punto de no retorno, es necesario comprender que —como sostenía el zapatismo— en este hermoso país cabemos todos.

Lourdes Montero es cientista social.

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La sociedad del cuidado

/ 13 de noviembre de 2022 / 00:47

Cuando en Bolivia nos gana el desánimo y la tristeza por una confrontación que ya perdió sentido, en la ciudad de Buenos Aires nos abraza un aire de esperanza. Y ese aire que tanto necesitamos va tomando forma en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer que reúne a los Estados, las organizaciones de mujeres y el Sistema de Naciones Unidas en busca de propuestas para superar la crisis multidimensional que hoy amenaza nuestros avances en la igualdad.

América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que, desde hace 45 años, se desarrolla este foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y que hoy reúne cerca de 1.000 personas convocadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en coordinación con ONU Mujeres.

Durante cinco días se profundizó el análisis en torno a las varias dimensiones de la crisis que hoy protagonizamos. Se reconoció que el COVID y la guerra solo aceleraron procesos insostenibles de una economía que amenaza con mercantilizar todas nuestras relaciones humanas. Frente a ello, un consenso común es la urgencia de un cambio en el estilo de producción de riqueza y de consumo, para avanzar hacia una sociedad que reconozca la interdependencia de los procesos productivos, las personas y la naturaleza. A este horizonte en construcción se denomina sociedad del cuidado.

Desde la diversidad de valores, actitudes y prácticas que se despliegan en los hogares para sostener la vida, las feministas buscan proyectar a los Estados un horizonte para la recuperación sostenible de la crisis actual. Las sociedades del cuidado están basadas en el reconocimiento de que la vulnerabilidad es intrínseca a la condición humana, pues nadie es del todo autónomo y nadie es completamente dependiente. Por ello, la sociedad del cuidado se fundamenta en la interdependencia y la ecodependencia, como dimensiones constitutivas de los sujetos y de su red de relaciones sociales.

Frente a este reconocimiento, los Estados deben priorizar los cuidados como la base de una nueva visión de la política social, proponiendo una visión que garantice los derechos de las personas que necesitan cuidados, así como los derechos de las personas que los proveen, y que visibilice los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos del bienestar. Ello desafía la concepción individualista del actual sistema social y económico, así como implica también construir una nueva priorización de los compromisos fiscales, sociales y culturales para asignar recursos.

Durante la inauguración de la conferencia, esta visión tuvo el respaldo del presidente argentino Alberto Fernández, quien destacó que las feministas “han transformado todo en los últimos años”; por su parte, el presidente Gabriel Boric envió un mensaje donde expresó que “desde Chile, como gobierno feminista, nos parece importante seguir avanzando en la consecución de derechos”.

El Estado boliviano, representado en este espacio por Wendy Pérez Salinas, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, asumió este desafío signando el Acuerdo de la XV Conferencia que, en su parte central, plantea reconocer el cuidado como un derecho y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado, adoptando políticas, programas y sistemas integrales de cuidado que garanticen los derechos de quienes cuidan y de quienes son cuidados, tanto de manera remunerada como no remunerada, y que liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo y al estudio, participar en la política, la sociedad y la economía, y disfrutar plenamente de su autonomía.

Lourdes Montero es cientista social.

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El corto plazo como pan de cada día

/ 30 de octubre de 2022 / 01:25

Octubre en Bolivia es siempre un mes particular. Es como si concentrara todas las energías de los conflictos sociales, como si en nuestro imaginario fuese el último mes para arrancar reivindicaciones al Estado.

Cada año en octubre, en un tinku ritual, la gente se organiza para pelear en conjunto. Y cuando creemos que el país está a punto de estallar, llegamos al 2 de noviembre, Día de Todos Santos y, como tenemos que ocuparnos de nuestros muertos, aceptamos soluciones temporales y precarias que nos dan un corto respiro para las fiestas navideñas, el año nuevo y el carnaval. Retomamos nuestro espíritu de confrontación en marzo, cuando nos preparamos para las negociaciones del incremento salarial. Ese es el calendario de la conflictividad que nos acompaña desde que tengo memoria. Octubre negro es el sino que siempre marcará el espíritu del décimo mes del año.

Este año la épica del conflicto tiene un nombre: el Censo de Población y Vivienda como bandera en el conflicto por la distribución de la renta estatal. Fijar la fecha de su realización será solo el inicio de una serie de confrontaciones que nos esperan: legitimidad del padrón electoral, distribución de escaños, selección de candidatos para elecciones judiciales, y un largo etcétera. Los tiempos actuales prometen mantenernos en vilo con una sobrecarga de demandas frente a un Estado con poco margen fiscal para soluciones de largo plazo. Bienvenidos al tiempo de la alta fragmentación, con variados grupos con capacidad al veto sobre el Estado y sin un horizonte de proyecto país. Son tiempos de fragilidad y lógica de sobrevivencia.

Y en esos tiempos tan inciertos, preocupa el marcado descrédito de las instituciones que algunas encuestas reflejan. La más actual, el cuarto Informe Delphi de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), revela que ninguna institución boliviana alcanza ni el 30% de credibilidad en la ciudadanía. Los casos extremos del descredito son los partidos políticos (con 87% de entrevistados que les asignan una baja o muy baja credibilidad), los medios de comunicación (56% de descrédito) e incluso la Conferencia Episcopal (56% de descrédito). En los datos consignados por los informes periódicos de Diagnosis, el 51% de los entrevistados considera que la democracia en Bolivia funciona muy mal o es una dictadura con fachada democrática.

El espíritu de nuestra época parece ser la desconfianza y la contingencia y, por tanto, “capear la tormenta” es la forma que asume la gestión política estatal. Esto nos enfrenta a una serie de arreglos parciales y temporales hasta que la siguiente tormenta nos azote. Y no son buenas noticias enfrentar la tempestad con un descreimiento generalizado en las instituciones, quienes tienen por finalidad principal reducir la incertidumbre.

Con esa lógica, podemos sostener que en la actualidad vivimos la hegemonía del cortoplacismo como estructura de las relaciones políticas del país. Un día a la vez, parece ser la consigna. Dado que en el debate público es un momento de escasos horizontes compartidos e incluso ausencia de narrativas programáticas, es normal sentir un desincentivo de pensar la vida en el largo plazo. Y la inercia de este momento conlleva la aceptación de cosas cuya factura la pagaremos muy caro, como, por ejemplo, la aprobación en La Paz de la Ordenanza Municipal que autoriza la construcción de edificios de 40 pisos, o acuerdos con cooperativistas mineros auríferos que pagando impuestos ínfimos condenan nuestros ríos a la contaminación con mercurio o, como parece que va a ocurrir, llevar adelante un censo que ha perdido su función de instrumento técnico para el diseño de políticas públicas.

Lourdes Montero es cientista social.

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Mujer, vida y libertad

/ 16 de octubre de 2022 / 00:57

Una reciente declaración de la embajadora boliviana Romina Pérez desató una ola de indignación por el aparente apoyo del Gobierno boliviano a las acciones del Gobierno iraní frente a las protestas protagonizadas por las mujeres, y cuya represión ya dejó 201 personas muertas (según registra Iran Human Rights).

La embajadora argumentó que sus palabras fueron “manipuladas de manera tendenciosa”. Sin embargo, accediendo al registro audiovisual del medio televisivo Irán Internacional podemos constatar que la representante del país declara: “Nuestra solidaridad plena con la República Islámica de Irán en estos momentos de conspiración de Estados Unidos, el sionismo y algunos países europeos”. Si esta funcionaria pública refleja la lectura política del Gobierno boliviano frente a los hechos actuales en el país islámico, debo ser enfática en manifestar que no me representa, como ya lo han expresado muchas mujeres en el país mediante redes sociales y declaraciones públicas.

Irán está actualmente viviendo una revolución social protagonizada por las mujeres. Si bien las protestas se extendieron tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” que controla el uso del velo obligatorio, detrás de más de cinco semanas de enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga está la combinación de las luchas contra la opresión a las mujeres, la opresión religiosa y el terrorismo de Estado.

Frente a este momento histórico que vive la nación islámica, sorprende la lectura geopolítica tan básica que expresa la funcionaria diplomática, posicionándose como “amiga revolucionaria” de un Estado víctima del imperialismo. Rompiendo esa lógica, Gabriel Boric reitera cada vez que, para ser creíbles, las fuerzas progresistas de América Latina deben condenar las violaciones de derechos humanos sin importar si lo cometen o no gobiernos afines. “No podemos tener un doble estándar”, dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Lo que más sorprende es que esta política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia es liderada por un Canciller reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en particular de las mujeres. Conocemos a Rogelio Mayta como abogado defensor de las víctimas de la “masacre de octubre” en la ciudad de El Alto y como protagonista del comité impulsor del juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. También se ha destacado por ser asesor de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia y la Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM). Incluso lo hemos escuchado declararse “feminista” en foros públicos.

Por todo esto, sería importante que en Cancillería profundicen su análisis sobre lo que está ocurriendo en Irán, y tomen tiempo para leer, por ejemplo, las reflexiones recientes de Slavoj Žižek (a quien no podemos acusar de pro imperialista), cuando sostiene que las mujeres y hombres que cantan consignas como “Zan, Zendegi, Azadi” (“mujer, vida, libertad”) están gritando contra el odio, la violencia y el fundamentalismo, pues saben que la lucha por los derechos de las mujeres lo es también por la libertad de todas las personas, pues su opresión no es más que la manifestación más visible de un sistema de terrorismo de Estado más amplio.

Por ello, es inaceptable que en el año de la “Revolución cultural para la despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres” nuestro Estado, en la voz de una de sus embajadoras, no muestre un mínimo de empatía y solidaridad con los y las manifestantes iraníes. No necesitamos discursos en fechas emblemáticas en contra de la violencia hacia las mujeres, sino hechos concretos que de manera firme muestren la coherencia de la política estatal en este tema.

Lourdes Montero es cientista social.

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