Yo nací y me crié en un Estado (República) gobernado por dos poderes fácticos: la Embajada de Estados Unidos y la Iglesia Católica. No se me olvida que el embajador Rocha, allá por 2002, creía poder decirnos por quién votar y por quién no; tampoco se me olvida, allá por 2008, la campaña de desprestigio contra la nueva Constitución Política del Estado protagonizada por la Iglesia. En el pasado, ambas instituciones creían poder opinar sobre cualquier asunto estatal, hoy ambas enfrentan una severa crisis reputacional.

El desplazamiento de la hegemonía de la Iglesia Católica como líder moral en la sociedad boliviana ya tiene al menos dos décadas. Una reciente encuesta de Diagnosis nos demuestra el descenso de su feligresía del 81% al 56% en este periodo. También nos habla de que dos tercios de la población cree que los jesuitas encubrieron abusos sexuales y más de la mitad afirma que estos abusos son una lacra extendida en el seno de la Iglesia y, por tanto, ya no confían en ella.

En el marco de este contexto, planteo el surgimiento de una agenda de cambios posibles para fortalecernos como sociedad y sacudirnos finalmente de los poderes fácticos que limitan una democracia plena. Varias de estas ideas provienen de un pronunciamiento público dirigido al papa Francisco por el Colectivo de Mujeres Feministas Defensoras de los Derechos Humanos y signado por más de un centenar de personas.

1) Reafirmación radical del principio de laicidad del Estado Plurinacional boliviano como la única garantía eficaz de la libertad de conciencia. Debemos abandonar los usos y costumbres de un Estado Confesional que implica que nuestras autoridades sigan buscando legitimidad en elementos religiosos. Esto implica también que nuestras autoridades finalmente comprendan que sus dogmas de fe son valores personales que no pueden ser impuestos al conjunto de la sociedad.

2) Modificación del concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado boliviano, que se remonta a 1851, y que establece una serie de privilegios para la Iglesia Católica y sobre todo “el derecho de censura sobre los libros y escritos que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública”. Así también, es momento de discutir el pago de impuestos por parte de la Iglesia sobre todos sus bienes. Solo así podremos asegurarnos que no exista un Estado paralelo dentro de nuestro Estado.

3) En ese sentido, y tal como lo ha anunciado el ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, es urgente revisar los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio que son administradas por la Iglesia. Recordemos que fueron desde esos espacios donde se estableció la mayor resistencia a la actualización curricular del Sistema Educativo Plurinacional, sobre todo en lo referido a la educación sexual integral. Nuevamente, estos espacios de impunidad detentan privilegios que les permiten actuar al margen de las políticas educativas nacionales.

También puede leer: Encubrimiento e impunidad en la Iglesia

4) Para las víctimas de los abusos de poder y encubrimiento de la Iglesia, la sociedad boliviana demanda no solo el juicio y castigo de los criminales (muchos de ellos muertos), sino la responsabilidad de la Iglesia que deben comprender: a) medidas de restitución; b) medidas de indemnización (que implican reparar daños con medidas económicas); c) medidas de rehabilitación (atención para que las víctimas continúen con su vida); d) medidas de satisfacción (recuperación de la memoria y reconocimiento de responsabilidad, incluyendo medidas simbólicas de reparación), y e) garantía de no repetición. Todo esto implica la conformación de una Comisión de la Verdad donde no participen autoridades religiosas y políticas que tengan la clara intención de encubrir.

Con profunda indignación exigimos: ¡ Justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales!

Lourdes Montero es cientista social.

Profunda indignación y horror ha causado las revelaciones en torno a un jesuita español, Alfonso Pedrajas, quien abusó sexualmente de al menos 85 niños en Bolivia. Lo insólito de este caso es que el crimen se descubre por los propios escritos del cura, quien parece haber dejado sus memorias como testimonio del encubrimiento de la Iglesia Católica.

Él sabía que hacía mal, pero también sabía que gozaba de protección e impunidad.

El problema de pederastia en la Iglesia Católica ha sido silenciado por siglos. Siempre que sale a la luz alguna denuncia; con premura se presenta como un caso aislado de “un mal sacerdote” a quien se le atribuyen problemas mentales.

Esa es la estrategia de control de daños: presentar cada caso como una excepción y aislarlo del contexto. La Santa Sede, conociendo las dimensiones del problema, no se compromete con una investigación seria y se limita a tratarlo como un problema reputacional.

En algunos países, los tribunales han emprendido investigaciones en profundidad y el resultado es espeluznante. En Francia, el resultado de una investigación independiente ha contabilizado 216.000 víctimas y al menos 3.000 sacerdotes acusados; la investigación que lleva adelante el periódico El País en España desde 2018 ya contabiliza 1.802 víctimas en 953 casos; y quién puede olvidar la indagación del periódico Boston Globe que destapó los abusos de curas; así como el encubrimiento de toda la institución católica de Pensilvania.

También puede leer: El escándalo Alfonso Pedrajas: Seis décadas de abuso de poder y encubrimiento de la Iglesia

Recientemente en Chile se dictó una sentencia condenatoria al Arzobispado de Santiago, obligándolo a indemnizar a tres víctimas de abusos sexuales.

La violencia sexual es uno de los daños más profundos que se pueden infringir a los niños y niñas, y su existencia como delito impune es el resultado de todo un entramado de abuso de poder; además de complicidades y doble moral que termina en el silencio de las víctimas. Pero el caso de la Iglesia Católica es emblemático porque no solo ordena callar a sus miembros, sino expone a las victimas más vulnerables a estos criminales, mudando de parroquia al cura cuando se descubren sus “pecados”.

El caso que nos ocupa involucra a los jesuitas, tal vez la orden religiosa más poderosa del país, a cargo de más de 400 colegios en Bolivia.

Queda claro que, a pesar de toda la élite intelectual y progresista que caracteriza a esta orden, los mandatos patriarcales y coloniales son los que se imponen.

Y es que, como sostenemos las feministas, el poder se funda en un pacto de la “cofradía masculina”, que genera una sociedad de complicidades tácitas y doble moral.

Y tal vez lo que más duele en esta historia es el origen de clase y etnicidad de las víctimas. Para niños inteligentes y con buenas notas, que venían de lugares remotos y familias empobrecidas, era casi imposible “traicionar” a sus mentores y eso les imponía silenciar su dolor como pago por pertenecer a una comunidad de privilegiados que recibía una educación de calidad.

Y cuando la verdad ya es inevitable porque un medio de comunicación hace público los hechos, la Iglesia con diligencia pide perdón.

Perdón

¿El perdón que piden es por el encubrimiento, la negación o la inacción frente al daño de los más vulnerables? Ciertamente esa solicitud de indulgencia no es por la estructura patriarcal, jerárquica y sombría de esta institución que, en voz del arzobispo de Cochabamba, monseñor Óscar Aparicio, nos manda a orar por los perpetradores del crimen “que tienen tanta adversidad, tanta contrariedad”.

En su homilía, ni una sola palabra de solidaridad con las víctimas.

En el caso de los encubridores que pudieron detener tanto dolor, tal vez su dios pueda exculparlos, nosotros no. Solo la justicia penal y el resarcimiento podrán compensar todo el dolor que han causado.

Lourdes Montero es cientista social

Se cumplió la crónica de una intervención anunciada. Pero tal vez llegó un año tarde, por lo que podría salpicar la credibilidad de todo el sistema financiero. Lo que hemos comprendido estos días es que Banco Fassil era un castillo de naipes, y las numerosas luces rojas que fue dejando en el camino de su vertiginoso crecimiento fueron ignoradas por los sistemas de control del sistema bancario.

El humorista Pablo Osorio nos previene: “Si tiene dos sucursales en la misma cuadra, tal vez no es el mejor lugar para abrir una cuenta” y es que, como hongos en temporada de lluvias, vimos crecer de manera desmedida las sucursales de Fassil que hoy suman 185 agencias. A esto se suma su agresiva campaña de atracción de ahorristas. Desde abril de 2021, el banco sostuvo la promoción FA-BU-LO-SA, la cual regalaba con excesiva frecuencia premios de Bs 20.000, llegando a sortear en tres ocasiones premios de hasta Bs 2 millones.

Si bien la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) ya había detectado problemas en julio de 2021 y habría sometido a la institución a un proceso de regularización. ¿Podía en esas condiciones dejar que la institución mantuviera su actitud agresiva en captación de ahorros? Según la propia Asfi, Banco Fassil no tomaba en cuenta sus recomendaciones y rechazaba sus observaciones ¿No era mejor intervenir Banco Fassil cuando ya presentaba de manera sistemática problemas de encaje legal?

A pesar de todos estos problemas, Banco Fassil seguía creciendo, convirtiéndose en el tercer banco en cartera a nivel nacional y reportando una de las moras más bajas del sistema. Según sus cuentas de Facebook, Fassil logro captar 1.240.000 ahorristas. Su actitud, según un informe de calificación de riesgo, era de “un mayor apetito de riesgo”, por lo que incurre en prácticas crediticias dudosas y compra de cartera de manera agresiva. Tal vez por ello, el mayor gremio bancario del país, Asoban, no tenía a Banco Fassil en sus filas.

Si queremos seguir la pista de quienes son los dueños de Banco Fassil, podemos consultar los registros de la Asfi que nos informan que los accionistas son Santa Cruz FG Sociedad Controladora SA, Santa Cruz Financial Group S.A. y Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA SA. Lo curioso es que el principal accionista de los tres grupos empresariales es una sola persona, Juan Ricardo Mertens Olmos. Eso ya debería llamar la atención.

La intervención de la Asfi llega después de 66 denuncias formales que han activado el procedimiento, y con cuatro órdenes de aprehensión a los altos ejecutivos por la presunta comisión de delitos financieros. El hecho emblemático que se ha dado a conocer es el de una joven de 18 años que se benefició con el préstamo de más de $us 1 millón, habiendo presentado como respaldo un patrimonio en artículos del hogar por valor de $us 5.000. El abogado defensor de los imputados dio a conocer que no existe delito ya que la joven habría pagado en efectivo todo lo que le prestaron.

De todo este castillo de naipes que representa Banco Fassil, hoy solo tenemos a un millón de personas esperando recuperar sus ahorros, con toda la incertidumbre del proceso de intervención sobre sus hombros; así como a 4.500 empleados que de un día al otro han perdido sus puestos de trabajo.

Nadie gana con la caída de Banco Fassil. Todos somos conscientes de que tenemos un objetivo común: garantizar que el sistema funcione. La Asfi tiene el desafío de probar que puede aislar una manzana podrida de todo un cesto de frutos sanos. Solo un rápido, eficiente y transparente manejo de esta intervención podría devolver la confianza de los ahorristas, y con ello la salud del sistema bancario que ha llevado décadas fortalecer.

Lourdes Montero es cientista social.

Como resultado de un juicio abreviado, el juez de Sentencia Tercero en lo Penal de la ciudad de Sucre, Emilio Pinto, emitió el miércoles un fallo condenatorio de seis años y seis meses para los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé. Los tres fueron hallados culpables de atentando, portación de armas, perturbación de funciones públicas y daño durante la toma violenta del edificio de la Fiscalía General, pero seguramente serán liberados en tres años. Otros tres miembros de la RJC fueron absueltos porque, según criterio del juez, no se encontraron indicios suficientes de su participación.

Esta sentencia puede ser asumida como un caso emblemático de la función pedagógica de la Justicia, pues nos habla de los valores que reivindica y su sentido del orden social. Una sentencia y lo que transmite tiene una poderosa influencia en el comportamiento de la sociedad, pues si el Estado ejerce de manera eficaz su función de juez, los individuos comprenderán que, al cometer una falta a las normas establecidas, se deberá asumir una sanción proporcional como repercusión.

En el caso que nos ocupa, luego de la presentación de 180 pruebas documentales y testificales, el juez Emilio Pinto consideró que son “insuficientes” para sentenciar a los acusados de los delitos de organización criminal con relación a la destrucción y deterioro del inmueble de la Fiscalía General del Estado (considerado patrimonio arquitectónico en Sucre); privación de libertad de las personas secuestradas en el inmueble; fabricación ilícita (de bazucas) y atentado contra bienes públicos. ¿Qué mensaje nos envía esta sentencia tan leve frente a los hechos descritos? La respuesta es expresada en redes sociales, catalogando el accionar del juez como “un mal chiste”. Procesos como éste llevan a la sociedad a cuestionarse si podemos tomar en serio la Justicia.

Este tipo de malos chistes, penas menores y absoluciones son las sentencias a las que el sistema de justicia nos tiene acostumbrados. Y, por ello, la indignación social contra jueces y fiscales es cada vez mayor, y el descrédito al sistema de justicia parece no tocar fondo. ¿Qué nos quiere comunicar el juez Pinto con esta decisión? El mensaje es claro: la destrucción de un símbolo de la Justicia como es la Fiscalía General del Estado es aceptable; las recomendaciones al Estado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede ser ignorada y, sobre todo, que las organizaciones criminales paraestatales como la RJC y sus acciones violentas son toleradas.

Esta organización criminal no es juzgada por “pintarrajear” algunas paredes, como lo califica un medio periodístico local en Cochabamba, y menos aún se trata de una persecución política como lo ha sostenido el Conade. En este caso, el sistema judicial, y la “sana crítica del juez”, está comunicando a la sociedad cuanta violencia y racismo es “tolerable” y aceptable en nuestra sociedad.

El derecho es un discurso prescriptivo y, por ello, todo juez es consciente de la función pedagógica de sus sentencias. Tenemos que concebir al derecho como una acción comunicativa que moldea las conductas para la convivencia, la tutela de la dignidad y la libertad humanas. Por ello, sentencias como la que hemos conocido contra la Resistencia Juvenil Cochala alientan la violencia pública y el racismo en una sociedad como la boliviana que requiere de manera urgente acciones estatales que le pongan límites. Hoy, a través de esta sentencia, teníamos la oportunidad de decir fuerte y claro que estos hechos no pueden repetirse y que acciones de violencia paraestatal están proscritas de nuestra comunidad. Gracias a la decisión del juez Emilio Pinto no lo hicimos.

Lourdes Montero es cientista social.

Otro 8M nos encuentra marchando, exigiendo protección del Estado, demandando políticas públicas… llorando a quienes ya no están. La rabia está en todas las voces, ¡cómo no romperlo todo! Solo algunos alcaldes desubicados pueden quejarse de sus paredes mancilladas. Se lee el meme certero: “si nos cuidaran como monumento, otra sería nuestra historia”.

Otro 8M exigiendo atención a uno de los problemas centrales de nuestra convivencia social y donde el Estado falla de manera sistémica. Desde 2020 se viene trabajando en fortalecer la Ley 348 que prometió “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Se consultaron más de 2.000 mujeres, se identificaron todos los obstáculos ante la denuncia, se describió con detalle y de manera repetida en todo el país la triste ruta de la impunidad. Tres años después la lentitud del proceso para atender todas estas voces nos llena de espanto. Viene a mi mente un mural de un mercado en Cochabamba que interpela: “¿Cuántas más tienen que morir para que actúes?”

En una reciente entrevista, el propio ministro Iván Lima reconocía el poco avance de este proceso a pesar del compromiso de palabra del presidente Luis Arce y las acciones de la ministra María Nela Prada. (Revista Jurídica Tribunales, Año 1 N° 26 Correo del Sur). Entrevistado sobre el tema, el ministro sostuvo: “Pedimos disculpas por todo lo que se dejó de hacer”. Declaración sorprendente viniendo de una de las autoridades más poderosas del actual Gobierno. Tal vez un hombre de leyes como es él se ha sensibilizado por la lectura pormenorizada de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano en el caso de Brisa Angulo Losada. Este es un caso emblemático que nunca olvidaremos por la crueldad del sistema frente a una niña víctima de violencia sexual.

En esa entrevista, el ministro Lima nos adelanta algunos titulares del Anteproyecto de Fortalecimiento a la Ley 348 que ya deberíamos comenzar a discutir de manera pública. En primer lugar, plantea una ampliación de las atribuciones de los municipios como primera institucionalidad para contener la gran cantidad de casos de violencia doméstica. La segunda medida anunciada es la mejora del procedimiento penal, con características específicas para casos de violencia de género. Un tercer elemento mencionado es el nuevo rol del SIPASE para transformarse efectivamente en un instrumento de despatriarcalización. Según el ministro, este proyecto, que fue presentado hace ocho meses por la organización Bartolina Sisa al presidente Arce, hoy se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde es de esperar que su tratamiento y aprobación sea expedito.

Otro anuncio sobre el que tenemos que poner atención es la remisión de un segundo proyecto de ley (por mandato de la sentencia de la CIDH) que plantea que el delito de violación no puede contener otros elementos que no sean los referidos al consentimiento, así como la derogación de la figura de estupro. Por último, se plantea toda la problemática del hacinamiento en las cárceles de Bolivia como una señal más de la falla del sistema de justicia. Un dato que sabemos hace tiempo y al que no prestamos suficiente atención es que Bolivia es el país con la tasa más alta de personas detenidas sin condena y más mujeres sin sentencia, a nivel regional.

Esperamos que la Asamblea Legislativa, con su composición paritaria, retome el liderazgo de pensar de manera central los problemas cotidianos de las mujeres y convoque a una discusión nacional en torno a la problemática de la violencia. Su silencio de este 8M no puede sostenerse por más tiempo.

Lourdes Montero es cientista social.