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Áñez, de puño y letra, libro de (des)memorias

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Rubén Atahuichi

Jeanine Áñez acaba de publicar un libro de memorias (editorial El País) sobre su autoproclamación en 2019. Jeanine, de puño y letra decidió titularlo. El texto de 213 páginas fue prologado por el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, quien, en sus comentarios sobre la impronta de la mujer la llama “mártir de la democracia”.

De todos modos es un registro histórico y hasta confesión de parte, que devela, en su versión, pormenores de su llegada al poder que, en su criterio, respondió a la “línea de sucesión”. Aunque la delata cierta mala memoria, como el capítulo en el que cuenta que no recuerda a quiénes contestó las llamadas cuando le propusieron ser presidenta, salvo Ricardo Paz y Fernando Roca, “a nombre de Fernando Camacho”. No recuerda también el nombre del comandante que la recibió en el Colegio Militar, cuando el 11 de noviembre de 2019 fue transportada en un helicóptero oficial al recinto militar desde El Alto, con la seguridad presidencial. Menos sabe “quiénes eran ni quién los envió” sobre los militares de la Fuerza Aérea que al llegar de Trinidad a El Alto le dijeron que tienen que trasladarla a la academia militar.

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Tampoco recuerda con quiénes se reunió al mediodía de ese lunes en el hotel Casa Grande, en La Paz, donde la esperaba Camacho. Citada en el libro y aludida en ese lugar, Nadia Beller la desmiente y dice que “no estaba en ese hotel, mucho menos en la reunión a la que hace referencia”. Hasta le pide a Áñez que debería hacer un fe de erratas.

Sin embargo, el capítulo que más interesa es el relativo a la llegada al poder de Áñez. “No busqué la Presidencia, me tocó asumirla”, admite la exmandataria, sentenciada a 10 de prisión por ese hecho.

Aunque no lo había mencionado en la argumentación de su proclamación, en aquella sesión sin quorum ni asistencia de la fuerza mayoritaria del MAS del 12 de noviembre, Áñez invoca en el libro el comunicado —no una resolución, menos una sentencia o un auto constitucional— del Tribunal Constitucional de ese día, en el que dicho órgano, de manera difusa, hizo referencia a la sucesión “ipso facto”. En realidad, ese comunicado no se refería al caso específico de sucesión que se atribuyó Áñez, sino que evocó la Declaración Constitucional 0031/2001, bajo dos condiciones que Áñez y los defensores de la “constitucionalidad” (Carlos Mesa acuñó: “sucesión impecable”) de su proclamación no quieren discutirlas: dicha sucesión “ipso facto” fue atribuida al “Vicepresidente de la República” y que “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

“Procedimos conforme a las directrices”, dice sin sonrojarse Áñez.

Salvo por la instalación del relato, sea por la hegemonía mediática y el predominio de las fuerzas minoritarias de entonces, Áñez insiste en reivindicar su posición en la “línea de sucesión” sin haberle correspondido. Si bien entonces también habían renunciado el vicepresidente Álvaro García y los presidentes de las Cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, ameritaba, según reglamento, la recomposición de las directivas camarales en función de mayorías y minorías, más de la primera. Áñez y sus acólitos no lo entendieron así, ni hicieron el esfuerzo supremo e imperativo, en aras de la democracia que tanto invocan, por conseguir la instalación de la Asamblea Legislativa, para la lectura y aprobación de las renuncias, y la definición de una sucesión impecable, como la de Jorge Quiroga en 2011, de Mesa en 2003 y de Eduardo Rodríguez en 2005.

Esta descripción no es nueva. Por algo la sentencia contra Áñez argumenta incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

O se cumple o no la Constitución, no hay medias tintas, como entonces quiso hacer creer Waldo Albarracín, uno de los tantos asistentes a las reuniones extralegislativas en la Universidad Católica que se decantaron por Áñez, que dijo que las discusiones pretendían una sucesión “lo más cercana posible a la Constitución”.

Lo de Áñez no fue sucesión constitucional ni ellas es “mártir de la democracia”, como la bautiza Pastrana. Una acción en la que la otrora senadora incurrió no es más que una irrupción de facto en el poder. “Ni en sueños imaginé que yo pudiera llegar a la Presidencia”, dice en el libro. Es que no la correspondía.

Hubo entonces ruptura constitucional. Y sin eufemismos, hubo golpe de Estado, cuya consumación tuvo como antecedente las acciones conspiratorias de Camacho y la consecuencia de las masacres de Sacaba y Senkata. Que la memoria no nos traicione.

(*) Rubén Atahuichi es periodista