El pasado domingo, el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos pusieron en el centro de su discurso el derecho al aborto al hacer una notoria referencia al cumplimiento de un año desde que el Tribunal Supremo de ese país acabara con las protecciones federales al aborto, lo que ha hecho que varios estados prohíban o restrinjan ese derecho.
Días antes, la Fiscalía de la ciudad de Padua en Italia informó sobre la decisión de que deben eliminarse de los libros de familia el nombre de las madres no biológicas (en parejas homosexuales), lo que llevaría a la pérdida de todos sus derechos sobre la persona menor, que dejaría de llevar el apellido de quienes le adoptaron. Las parejas homosexuales están siendo notificadas para cambiar los registros y hasta noviembre de este año, la justicia no podrá interceder en este caso, estando en desamparo los derechos de estas familias.
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En mayo, en el departamento de Cauca de Colombia, país donde el aborto está despenalizado, la justicia le denegó a una mujer el acceso a hacerse un aborto, generando toda una confusión en el activismo pro derechos sexuales y reproductivos de ese país y poniendo sobre la mesa de debate la aplicabilidad de este derecho.
Se sabe (aunque huelga recordarlo) que cuando las derechas conservadoras no ganan elecciones (poder político) buscan cumplir sus objetivos a través de otros poderes: empresarial, judicial y mediático. De hecho, así lo han hecho durante años incluso cuando tenían alguna cuota en el poder político y la democracia era una cuestión de espacios parcelados. En el contexto actual, las trincheras judiciales se reconfiguran para librar batallas también políticas, pero no necesariamente partidarias, sino más bien culturales.
El último informe Delphi que publica la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) señala que un 85% de las personas que respondieron esa encuesta tienen muy baja confianza institucional en el Poder Judicial, dejando un 15% cuya confianza es “solo” baja. Sobre escenarios posibles en torno a las elecciones judiciales, un 84% cree que es muy probable y algo probable que los comicios se lleven adelante con un alto nivel de votos blancos y nulos. Y un 71% considera que es muy y algo probable que la fecha de las elecciones se siga posponiendo.
Ad portas de (ojalá) ingresar a un nuevo proceso de selección de las más altas autoridades judiciales de Bolivia, resulta casi vital para lo avanzado en ampliación y protección de derechos en los últimos años buscar que la ciudadanía no se deje arrastrar por el nomeimportismo, el pesimismo y la agenda de polarización y antipolítica (que tan agotadora resulta para la ciudadanía) cuando de voltear a este evento electoral se trata. Esto con el objetivo de que se active la promoción, vigilancia y acompañamiento necesario a candidatas y candidatos a estos cargos de personas comprometidas con los avances en derechos alcanzados hasta el momento.
Es posible que del resultado emerjan autoridades ilegítimas ante la mayoría de la ciudadanía, pero aun así las necesitamos del lado de las ampliaciones de derechos conseguidos los últimos años. Pues aún sin nada de legitimidad continuarán impartiendo jurisprudencia. Y, cuando menos, impidiendo que la avanzada antiderechos pueda llegar a la Justicia y secuestrarla.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka