Camino a la inconstitucionalidad
En caso de postergarse más los comicios, la fecha tiende a colisionar con el Censo 2024
Rubén Atahuichi
Imagen: La Razón
La clase política y judicial ha puesto al país en vilo, al punto de la inconstitucionalidad de sus acciones. A poco más de tres meses de terminar el año y comenzar el otro, no hay certidumbre sobre quienes regirán el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura, cuyos magistrados y consejeros electos terminarán su mandato el 2 de enero.
A estas alturas del año, es impensable que las autoridades nacionales hayan tenido el ímpetu real de renovar dichos órganos del Estado. Uno a uno, dichos órganos hicieron su parte por dejar en el fracaso dichos comicios. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) —que al menos se esforzó en guiar a la Asamblea Legislativa sobre los plazos técnicos necesarios— acaba de desahuciar el desarrollo de las elecciones este año.
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Ante esa situación, el oficialismo dividido y la oposición fraccionada se reparten culpas; todos, de pretender la continuidad de los actuales 23 magistrados y tres consejeros.
Todo degeneró con la acción abstracta de inconstitucionalidad contra la convocatoria y el reglamento de los comicios presentada ante el TCP por el diputado de Creemos Leonardo Ayala. La causa paralizó el proceso de registro y preselección de postulante desde el 27 de abril.
Desde ese día, el TCP se dio el tiempo necesario hasta definir, en el plazo límite, su sentencia que anuló todos los procedimientos. Tal fue la lenidad de este tribunal, que el mismo TSE, a través de la vocal Dina Chuquimia, exigió considerar el caso como “prioridad de Estado”.
Incluso el TCP exigió la aprobación de una ley específica con dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa. Como juez y parte, condicionó el proceso y obligó a los legisladores a considerar cualquier procedimiento con esa votación.
Vano fue el intento del vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, de conformar una comisión técnica, que nunca pudo siquiera comenzar a discutir un proyecto de ley único encargado por las tres bancadas.
Luego, por su cuenta, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley, sobre la base de la propuesta del senador Hilarión Mamani (MAS), concertado entre las tres bancadas. Sin embargo, dicho proyecto no fue coordinado con las bancadas de diputados, por eso éstos ni conocían el contenido, menos el camino a la sanción definitiva. ¿Por qué lo hicieron así?
Los senadores parecían reencaminar las elecciones, pero no sospecharon que en la Cámara de Diputados es más notorio el quiebre del Movimiento Al Socialismo (MAS), más visible la ruptura de Comunidad Ciudadana (CC) y más evidente la atomización de Creemos. En suma, allí hay bloques, no fuerzas políticas.
“La ley no pasará”, advirtió el diputado Marcelo Pedrazas, que cuestiona el “adultocentrismo” de CC, su alianza. Este bloque pactó la ley con los evistas del MAS en Senadores.
Y no pasó. Ahora se encuentra en consulta con los órganos Ejecutivo y Legislativo, además del TSE y el TCP. Quizás, al menos, la respuesta resulte en observaciones constitucionales.
Es que la ley desahucia elecciones este año y las posterga para la primera quincena de enero de 2024, propone comicios luego de que los magistrados y consejeros electos en 2017 y posesionados en 2018 terminen su mandato de seis años el 2 de enero del próximo año, dispone la vacancia de las autoridades y, de manera llamativa, establece la suspensión de plazos procesales, que implica el corte de los trámites judiciales —nuevos y pendientes— y la anulación de sala plena para la resolución de procesos, en los casos de los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, o la atención de recursos constitucionales, en el caso del TCP. Es decir, asoma un riesgoso vacío constitucional.
En caso de postergarse más los comicios, la fecha tiende a colisionar con el Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de 2024.
Ni elecciones ni reforma de la Justicia. Arrecia una grave responsabilidad en tres de cuatro órganos del Estado que raya con delitos.
(*) Rubén Atahuichi es periodista