Este 8 de noviembre se cumple el tercer año de gestión del presidente Luis Arce, quien fue elegido democráticamente con el respaldo mayoritario del pueblo boliviano, con un histórico triunfo que superó el 55% de la votación, recuperando de esa manera el orden constitucional, tras su ruptura y la toma de mando del gobierno de facto.
A tres años de la posesión presidencial, es importante un balance de lo que hizo el gobierno de Arce, así como la proyección para los próximos dos años, rumbo al Bicentenario en 2025. En este sentido, con el objeto de que dicho balance sea serio y objetivo, inicialmente expondré las condiciones económicas y sociales en las cuales se encontró al país.
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Durante el gobierno de facto, Bolivia inició un periodo de incertidumbre con terribles impactos negativos en su economía y en la calidad de vida de la población, sumado a este escenario el arribo del COVID-19 y la pésima administración pública, llevando a la economía a una profunda crisis con un acentuado decrecimiento de -8,7%, que significó una pérdida de más de $us 4.000 millones; el déficit fiscal alcanzó 12,2%, traducido en un pronunciado descenso de ingresos y retroceso de gastos de capital, desplomando la ejecución de inversión pública a 52,7%, de $us 3.769 millones (2019) a $us 1.784 millones (2020), y una tasa de desempleo que se incrementó a 11,6%.
Al ver un país con indicadores económicos críticos, los cuales se tenían en tiempos neoliberales, indudablemente el gobierno de Arce implementó medidas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar la salud de la población, mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.
Producto de las acertadas políticas y la administración responsable con soberanía de las finanzas públicas, el país logró el crecimiento económico en 2021, superando el 6%; en 2022, alcanzó el 3,5%. Al segundo trimestre de 2023, y pese al contexto internacional adverso con desaceleración económica mundial, Bolivia se mantiene en la senda del crecimiento, registrando un incremento del 2,21%, aspecto que permite situar al país entre las primeras economías con mayor expansión económica a nivel de Sudamérica.
Asimismo, ante el aumento de precios a nivel mundial, Bolivia ha mantenido una inflación baja y controlada. En 2021, esta variable fue inferior al 1%; en 2022, se cerró con 3,1%. A septiembre de 2023, la inflación se sitúa en 1,5%, uno de los indicadores más bajos de la región y del mundo, gracias a las medidas implementadas por el Gobierno para preservar la estabilidad de precios y cuidar la economía familiar. Se destaca el descenso de la tasa de desempleo y la pobreza extrema, así como el cierre progresivo de brechas de desigualdad.
Por otra parte, el horizonte hacia el Bicentenario es la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI), que es la segunda fase del MESCP, donde se está consolidando las bases para una Bolivia industrializada, mediante el aprovechamiento de todas sus potencialidades y fortalezas productivas, con más de 130 plantas en el país y una importante inversión, a fin de crear una economía de base ancha en diversos rubros orientados a dinamizar y beneficiar a la población.
En este marco se tienen importantes resultados traducidos en la producción de urea, industrialización del litio, construcción de plantas de biodiésel y HVO para obtener diésel ecológico, además de la nueva planta de zinc y la culminación de la planta del Mutún, entre otras. La política de ISI permitirá tener un país con una economía diversificada, industria con valor agregado, generando ingresos y empleo para los bolivianos, disminuyendo la dependencia de insumos y productos importados.
Finalmente, estos tres años de gestión del presidente Arce han permitido devolver a la población la esperanza y la estabilidad, por cuanto Bolivia está retornando a la senda del crecimiento económico sostenido, con una inflación baja y controlada. La continuidad del MESCP prioriza la demanda interna y garantiza la distribución de recursos para reducir la pobreza y la desigualdad, por cuanto la administración de la economía es efectuada de manera soberana.
(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero