A lo largo del año han aumentado considerablemente las discrepancias entre la estabilidad y el crecimiento de la economía pregonada por la propaganda gubernamental, por una parte, y las percepciones de la gente a partir de evidencias puntuales, pero de alta sensibilidad, como es el caso de la escasez de divisas y de carburantes, por otra.

Todo hacía pensar en consecuencia que las autoridades económicas aprovecharían la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 para adoptar algunos de los correctivos más urgentes.

Lejos de eso, las principales cifras que contempla el anteproyecto de PGE 2024 ponen en evidencia que no se busca cambiar las orientaciones básicas de la gestión económica. En efecto, el crecimiento general de la economía en 2024 se coloca en 3,7%; la inflación prevista es de 3,6%; la inversión pública se establece en $us 4.274 millones, y las subvenciones aumentarían en $us 3.000 millones respecto de 2023. La política cambiaria se mantiene inalterable.

El problema crítico consiste en un déficit fiscal de 7,8%, que no muestra variación respecto de la situación imperante a partir de 2014, con la diferencia de que ahora ya no será fácil financiar dicho déficit con recursos del Banco Central ni tampoco con financiamiento externo, en vista de que la deuda con los organismos multilaterales de financiamiento ya alcanza niveles sumamente elevados, y la colocación de bonos soberanos implicaría una tasa de interés altísima.

El análisis del nivel de la deuda externa y de la disponibilidad de las reservas internacionales netas se complica considerablemente en vista de la falta de información y transparencia respecto de las condiciones en las cuales se han contratado los créditos externos en los últimos años. Una aproximación muy útil proporciona un reciente informe de la Fundación Jubileo donde se muestra que el endeudamiento externo ha aumentado de $us 11.901 millones en 2020 a $us 13.300 millones en 2022, y que el 63% de ese monto se adeuda al BID, la CAF y el Banco Mundial. Entre los acreedores bilaterales, la China figura con un 11%.

Por otra parte, el balance comercial se ha tornado deficitario en vista de las importaciones de diésel y gasolina, que superan a las exportaciones de gas y petróleo. No parece que a corto plazo se vaya a revertir la posición de importador neto de hidrocarburos que ostenta el país, con todos los inconvenientes que esta situación trae consigo.

Por todo lo anterior, es probable que las deliberaciones de la Asamblea Legislativa sean con alta probabilidad más complicadas que lo ocurrido recientemente respecto del PGE 2023 reformulado.

En la perspectiva de 2024 es preciso mencionar una cuestión que también tendrá que ser encarada por el Gobierno. Se trata de la incorporación de Bolivia como miembro pleno al Mercosur, después de ocho años de negociación interrumpida, y que ahora se concreta en circunstancias diferentes del entorno sudamericano y del propio Mercosur, a la espera de la decisión de Argentina bajo la presidencia de Milei.

En cualquier caso, Bolivia tiene necesariamente que adecuar sus políticas y normas internas a las reglas del Mercosur en todos sus aspectos, muchas de las cuales serán de difícil cumplimiento, debido a incompatibilidades derivadas de su participación simultánea en la Comunidad Andina, el Mercosur y la ALBA.

Nótese, además, que nuestra balanza comercial es por de pronto superavitaria con la Comunidad Andina y deficitaria con el Mercosur, sin contar el contrabando de carburantes que se ha instalado en gran escala hacia el Perú ni el contrabando igualmente relevante desde Argentina de todo tipo de productos de consumo.

La gestión de los problemas esbozados requiere ciertamente una visión estratégica integrada y una serie de acuerdos con empresarios y regiones.

Horst Grebe es economista.

 

La superación del modelo primarioexportador constituye uno de los objetivos principales de una estrategia nacional de desarrollo sostenible a largo plazo. El diseño de dicha estrategia requiere, en primer lugar, de una visión previa del país deseable en un horizonte de varias décadas hacia adelante, visión que comprende aspiraciones sobre la democracia, los derechos humanos, la igualdad, el bienestar, la tolerancia y la solidez de las instituciones fundamentales, entre otros aspectos esenciales.

En segundo lugar, se requiere identificar los sectores económicos motrices capaces de impulsar la dinámica del crecimiento económico sostenido, promover un aumento sistemático de la productividad mediante innovaciones tecnológicas, generar empleo decente y formar parte de cadenas de suministro de alcance internacional.

Con una población comparativamente pequeña, el mercado interno no alcanza la dimensión crítica para el establecimiento de industrias de alta intensidad de capital y tecnología, pero es posible, en cambio, diseñar políticas productivas para el mercado internacional que incorporen cada vez mayor valor agregado y articulación con cadenas regionales y globales de suministros, superando en los hechos el actual extractivismo.

En tercer lugar, es preciso identificar las oportunidades que se ofrecen en la economía internacional a largo plazo vis-a-vis los potenciales recursos de que dispone el país. Me refiero en concreto a la situación excepcional que se presenta ahora en el contexto de la transición global de las energías fósiles (carbón, petróleo y gas, en lo fundamental) a las energías renovables, cuyo funcionamiento requiere de un conjunto de metales tecnológicos distintos de los metales industriales de la primera revolución industrial.

Se trata en efecto de metales como el níquel, el cobalto, el cobre y el litio, además de la plata y las tierras raras. De todos ellos se proyecta un crecimiento espectacular de la demanda a lo largo de varias décadas, habida cuenta de que los acuerdos internacionales sobre el cambio climático establecen que el mundo debe llegar a una situación de cero emisiones netas en el año 2050, con algunas metas intermedias para el 2040 y el 2030.

Bolivia cuenta con una interesante disponibilidad de varios recursos minerales para la transición energética global, pero conviene mencionar algunas condiciones referidas a los requisitos para obtener todos los beneficios potenciales del mencionado proceso.

Para comenzar, el escenario está compuesto de muchos países con participación en diversos segmentos de las operaciones de extracción minera, refinamiento y ensamblado en los artefactos correspondientes (paneles solares, molino eólico, baterías de diversos tamaños y potencia y todo el sector de la electromovilidad). A eso se añade, por supuesto, el conjunto de factores geopolíticos que determinarán los flujos del comercio, la composición de las cadenas de suministro y la localización de las empresas industriales que fabrican los vehículos eléctricos, los molinos eólicos y los paneles solares.

Las dimensiones de las inversiones necesarias en el conjunto de dichas actividades son colosales y en muchos casos no están disponibles a corto plazo. También en este aspecto la competencia geopolítica será determinante sobre los resultados finales.

Para jugar en los escenarios de la transición energética, el país necesita adoptar algunas reformas del orden minero imperante, en calidad de decisión política responsable con las futuras generaciones y consistente en adoptar un sistema normativo, regulatorio y tributario, que mejore la gobernanza del sector, con miras a atraer inversiones de calidad internacional, que cumplan con los criterios de sostenibilidad económica social y ambiental en cada una de las etapas de sus emprendimientos, sin perder la rectoría del Estado.

 Horst Grebe es economista.

Los enormes avances tecnológicos en materia de comunicación han traído consigo una creciente interdependencia (al menos en términos de información) entre las distintas sociedades del mundo, lo que se traduce a su vez en que todo el mundo comparte de alguna manera las mismas preocupaciones e incertidumbres que caracterizan a esta época de transiciones políticas, sociales y culturales.

Entre las circunstancias que generan mayor incertidumbre a nivel global destacan las inocultables manifestaciones cada vez más graves del cambio climático; las consecuencias de la inteligencia artificial por lo que pueda afectar al empleo y a la manipulación de la verdad y la privacidad de las personas, y los diversos conflictos geopolíticos que no tienen perspectivas de solución definitiva en el futuro inmediato.

Cada uno de estos temas se manifiesta de manera particular en los distintos países, según la manera en que se perciban los efectos correspondientes, y así también según las políticas que adopten las autoridades respectivas.

En nuestro caso particular, existen ansiedades sociales que están relacionadas con los mencionados temas globales, y que aparecen en forma indirecta en las diversas encuestas de opinión que se han publicado en las semanas pasadas. De manera general, el estado de ánimo más difundido corresponde a la sensación de incertidumbre generalizada sobre el futuro, con referencias específicas a la desconfianza en la capacidad del Gobierno de solucionar los problemas económicos que afectan a la situación de la gente, la inseguridad ante la violencia de todo tipo, y la subordinación de la Justicia a los dictados del poder político o económico.

Conviene examinar ahora las cuestiones que no aparecen en las encuestas, aunque constituyen problemas reales que demandan respuestas verosímiles de parte de las autoridades gubernamentales.

Como primer tema, me parece preocupante que no se preste la atención necesaria a la cuestión del agua. Por una parte, varias zonas del país ya están sufriendo la falta de agua debido a la sequía derivada del aumento de la temperatura y también como resultado del chaqueo en los Yungas. Las consecuencias correspondientes consisten en la disminución del nivel del lago Titicaca, así como en la reducción del caudal de varios ríos en el Occidente, que provocan una enorme mortandad de peces y otras especies.

El problema se torna mucho más grave aun por la contaminación de lagunas y ríos con mercurio, la copagira y otros residuos provenientes de las actividades mineras en la cuenca de los ríos amazónicos del norte de La Paz y el Beni, pero también en los departamentos de Oruro y Potosí.

En este orden de cosas, es comprensible la preocupación de los vecinos de La Paz y El Alto por la escasez de agua potable, agravada por la contaminación con ácidos y metales de las aguas que vienen de las represas de Incachaca y Hampaturi, que suministran agua a la ciudad. Las investigaciones realizadas por expertos de la UMSA han corroborado el problema, pero la situación ha sido minimizada por funcionarios de EPSAS.

Un segundo problema relacionado con el calentamiento global tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en cada país, lo que incluye ciertamente el compromiso de disminuir la contaminación ambiental originada por el transporte público. La Paz y Cochabamba, y también otras ciudades en el país, sufren a diario por la desagradable contaminación que provocan los camiones, buses y micros del transporte público, sin que las autoridades tomen cartas efectivas en la solución de este problema de salud pública.

Así vistas las cosas, no debe llamar la atención que se abra una brecha creciente entre las prioridades cotidianas de la sociedad y los intereses políticos del Gobierno, como han puesto en evidencia las encuestas recientes.

Horst Grebe es economista. 

La guerra en Europa del Este; los cada vez más graves y frecuentes desastres naturales ocasionados por el cambio climático; el inmanejable nivel del endeudamiento externo de varios países de África y América Latina; las diversas manifestaciones de la desigualdad, y la profunda incertidumbre sobre el futuro, son los principales componentes de lo que se denomina la policrisis global, abordada con diferentes matices y recursos retóricos en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aparte de eso, los jefes de Estado se han referido largamente a los problemas particulares de cada país. En conclusión, se puede afirmar que éste no es el foro para lograr acuerdos vinculantes, aunque los encuentros bilaterales pueden haber logrado algunos entendimientos de diferente alcance. En todo caso, las urgentes reformas del Consejo de Seguridad y de los organismos financieros multilaterales no se adoptarán en una instancia compuesta por cerca de 200 entidades políticas. En cambio, las decenas de agencias especializadas y las comisiones regionales constituyen organismos de indudable relevancia para el desarrollo humano en su sentido más amplio, y en muchos casos sus operaciones no son obstaculizadas por las confrontaciones geopolíticas de la actual coyuntura.

En cuanto a la participación de los países latinoamericanos y caribeños en el evento mencionado, se constata una vez más que no hay una visión compartida ni una posición regional concertada respecto de los temas de la agenda internacional, lo que se traduce en una paulatina pérdida de relevancia de la región latinoamericana, en contraste con el papel destacado que ejerció en los asuntos internacionales luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los años 80, en que la crisis de la deuda externa y los programas de ajuste estructural del Consenso de Washington comprometieron el liderazgo regional respecto de un Nuevo Orden Económico Internacional propuesto en la década de los años 70, considerando obviamente que en esos años de la Guerra Fría existió cierto margen para iniciativas no alineadas.

Las relaciones internacionales hoy son ciertamente mucho más complejas en términos de la distribución del poder económico, tecnológico, financiero, militar, y ya no hay condiciones para un ejercicio hegemónico con pretensiones universales.

Así vistas las cosas, considero que existen dos temas en los cuales los países de América del Sur podrían explorar la posibilidad de adoptar iniciativas relevantes a partir de enfoques pragmáticos de cooperación a geometría variable.

En primer lugar, por razones de principios y de genuino interés de la mayor parte de los países suramericanos, sería importante avanzar en un programa compartido de protección de la Amazonía, para evitar la deforestación, con un enfoque de sostenibilidad equitativa y justa, con la participación de gobiernos, empresas, organismos financieros, entidades científicas, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil. En los meses pasados se han dado pasos importantes en esa dirección, que se irán perfeccionando en el camino hacia la reunión de la COP30 en 2025 en Brasil.

En segundo lugar, dada su tradición minera, los países andinos deberían aprovechar la expansión de la demanda de metales tecnológicos para la transición energética, tomando en cuenta que ningún país por sí solo está en condiciones de asegurar los beneficios inherentes al nuevo ciclo minero internacional, mientras que un régimen regional común podría establecer las condiciones de una relación equitativa entre países proveedores, países procesadores y países ensambladores de la cadena de valor de los paneles solares, los parques eólicos y los vehículos eléctricos, soslayando así el extractivismo depredador y el conocido intercambio desigual de tipo neocolonial.

 Horst Grebe es economista.

 

El fin del actual ciclo del gas en Bolivia ha sido anunciado oficialmente por el propio Presidente de la República, aunque no se descarta un retorno de nuevas exportaciones en caso de que resulten favorables las inversiones en exploración previstas para los próximos años con la participación de Petrobras.

Los recursos naturales no renovables tienen un trayecto cíclico en la economía internacional, motivo por el cual es los países exportadores más exitosos adoptan diversas previsiones de ahorro fiscal genuino durante la expansión cíclica para compensar la caída de ingresos cuando el ciclo pasa de su fase expansiva a su fase recesiva. No es lo que ocurrió por cierto en el país, puesto que cuando disminuyó la producción de gas a partir de 2015, se mantuvo el nivel de gasto público con los conocidos impactos acumulativos sobre el déficit fiscal, que luego derivaron en la actual crisis de la balanza de pagos.

Dicho esto, ahora me interesa abordar el examen de las opciones a mediano y largo plazo en relación con la inserción internacional del país, a partir de una diversificación de la canasta exportadora con la incorporación de exportaciones con cada vez mayor valor agregado.

Como es sabido, las opciones que se encuentran por de pronto en el debate consisten en la agropecuaria (soya y carne vacuna), el oro y el litio.

La ampliación de la producción soyera y ganadera en las tierras bajas del Oriente requiere necesariamente una gran expansión de la frontera agrícola mediante la deforestación de los bosques amazónicos, con los efectos conocidos de desertización, pérdida de biodiversidad, así como severos daños ambientales concomitantes. Peor todavía si se permite oficialmente la utilización en gran escala de semillas genéticamente modificadas para aumentar los rendimientos agrícolas.

En cuanto al oro, es altamente cuestionable que se impulse la expansión de una minería destructiva del medio ambiente, abusiva con los habitantes ribereños de las cuencas amazónicas del norte de La Paz y el Beni, que ocasiona además la contaminación con mercurio, que es sumamente nocivo para la salud tanto humana como animal.

En cuanto a las perspectivas del litio extraído de los salares de Uyuni y Coipasa, parece recomendable adoptar una estrategia integral fundada en conocimientos científico- tecnológicos de nivel mundial, puesto que Bolivia está lejos de ser el único país potencialmente abastecedor de litio en el propósito encaminado internacionalmente a la reducción de los gases de efecto invernadero mediante la sustitución de las fuentes de energías fósiles con energías renovables, lo que incluye cambios en la industria automotriz, la generación de energía eléctrica mediante tecnologías eólicas (parques de molinos de viento) y tecnologías solares (planchas de celdas solares de muy diversas escalas). A tales efectos, se necesitarán enormes cantidades de litio, níquel, manganeso y cobalto, además de ciertas tierras raras.

Una opción poco considerada hasta ahora consiste en la ampliación de la minería sostenible en el Occidente del país, en particular la que se refiere a la extracción de la plata, cuya demanda internacional aumentará significativamente pari passu con las transformaciones globales de la industria electrónica, la producción de diversos tipos de baterías y la difusión de la inteligencia artificial.

En tal contexto, un nuevo orden minero permitiría al país participar con grandes beneficios propios en el enorme proceso de transformación energética global. A tal efecto, es sin embargo imprescindible adoptar una estrategia cada vez más alejada del extractivismo depredador, que despliegue en cambio iniciativas productivas que utilizan tecnologías de frontera, evitan la contaminación ambiental, generan empleos de calidad y contribuyen al desarrollo social en sus entornos geográficos.

 Horst Grebe es economista.