El Presupuesto General de un Estado (PGE) debe ser discutido públicamente y aprobado por el Órgano Legislativo, puesto que su contenido se constituye en la declaración objetiva de las intenciones políticas y las prioridades del Gobierno. Si esto no ocurre, se vulnera uno de los principios centrales de la democracia. Éste es el riesgo que actualmente enfrentamos si se concreta el plan gubernamental de repetir lo ocurrido en 2023, cuando el presupuesto se aplicó por decreto y sin debate de la Asamblea Legislativa.

Varias son las señales en ese sentido. El vicepresidente David Choquehuanca retuvo el proyecto de ley del presupuesto desde el 30 de octubre, remitiéndolo al Legislativo 12 días después. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, hasta el momento no convocó a sesión para tratar el presupuesto, y en su lugar, el Vicepresidente convoca a sesión para discutir las vacaciones de fin de año. Torpes maniobras que solo generan mayor indignación social y deslegitiman aún más el gobierno del presidente Luis Arce.

Son muchas las críticas que, desde diversos sectores, se han expresado al documento presentado como Proyecto de Ley del PGE 2025, que no presenta una estrategia clara para afrontar la grave crisis económica; pero el tema que aquí me ocupa es la denuncia realizada por las organizaciones feministas sobre la significativa reducción de recursos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Según el presupuesto presentado para la gestión 2025, el Gobierno destinará tan solo 0,35% del total de su inversión para la lucha contra la violencia, consolidando una reducción del 76% en comparación con la gestión 2024. Y este esfuerzo fiscal en un 77% es aportado por los gobiernos municipales (obligados por ley). El Ejecutivo —que ha anunciado en una serie de eventos que la violencia contra las mujeres es de prioridad nacional— ha registrado una intención de gasto de tan solo el 0,02%. Claramente, los festejos del Bicentenario son más importantes que la vida de las mujeres.

Pues, en este Bicentenario las mujeres no tenemos nada que celebrar si, como cada año, la Fiscalía General del Estado a noviembre del 2024 registra 73 feminicidios, 45.396 hechos de violencia familiar o doméstica, 3.390 delitos de abuso sexual y 6.939 violaciones de mujeres y niñas. Frente a estas estadísticas que deberían generar políticas públicas contundentes, el Estado boliviano ha reducido aún más su inversión.

La reducción del presupuesto proyectado para 2025 impactará en toda la política de género del Estado. Los gobiernos municipales, altamente impactados por la reducción de los impuestos a los hidrocarburos, harán lo mínimo para sostener de manera precaria los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). En la Policía, la FELCV contará aún con muchos menos recursos para auxiliar, menos aún investigar y aprehender a los responsables de hechos de violencia hacia las mujeres. Qué podemos decir del Ministerio de Justicia, que ha destinado el 3,4% de su presupuesto a esta problemática; y menos aún ha planificado invertir en prevención el Ministerio de Educación, que plantea el 0,65% de su presupuesto en temas de violencia de género.

Esto es desolador. Ya no es necesario abrogar la Ley 348 para confirmar que la violencia por razones de género en Bolivia es impune. Ya podemos resignar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que nos prometía la acción del Estado para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género. Este potente acuerdo social que generó tanta ilusión y comprometió a las mujeres con la nueva Constitución, se ha ido diluyendo con los años, y hoy el PGE refleja el auténtico compromiso político del Gobierno con la vida de las mujeres.

Lourdes Montero
es cientista social.

Luego de una lenta y sostenida batalla, el ala arcista del partido de gobierno ha consolidado dos triunfos tácticos: quedarse con la sigla del partido y proscribir a Evo Morales como candidato a la presidencia en la próxima contienda electoral. ¿Esto sella el fin del MAS como articulador del campo progresista? ¿Es la derrota final de un proceso de cambio que construyó y sostuvo su hegemonía durante los últimos 20 años?

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Nada en el escenario político de mediano plazo o las intenciones electorales del corto plazo parecen confirmar esta hipótesis. Tal vez se inicia un periodo lento de descomposición de esa poderosa articulación denominada Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, pero ello no implica que sus diversos componentes sociales estén dispuestos a abandonar el escenario del ejercicio de poder como sujetos protagónicos. Sera difícil que nuevas fórmulas electorales de corte centro derecha logren quedarse con los despojos del MAS, “invitando” a los líderes de expresiones del movimiento obrero, campesino o indígena a salir en la foto. Creo que ejercicios de marketing político como la dupla Goni y Víctor Hugo Cárdenas ya no son posibles.

Entonces, ¿qué queda en el horizonte? Creo que el momento exige recomponer la idea de una izquierda progresista en Bolivia. Y tal vez ello requiera tener el valor de romper con las ruinas del pasado: un caudillismo necio e irresponsable, imposibilitado de ver el mundo más allá de él como único articulador; atrapado en una estrategia fallida y negadora de la realidad y cuyo liderazgo ha sufrido mucho desprestigio. Pero también romper con su sucesor, heredero de la necedad del primero, inmerso en una deriva autoritaria para ocultar su ineficacia en la gestión económica, y buscando encubrir los rumores de corrupción.

En la confusión ideológica de nuestro tiempo, es muy difícil pensar que las narrativas de inclusión social y derechos para todas y todos sean suficientes. Los sectores sociales golpeados por la crisis caen en la resignación, o, cuando las cosas van peor, construyen agendas basadas en sus necesidades prácticas, casi nunca coincidentes, que se alejan de pensar el bien común del Estado. Es necesario también pensar de manera seria en un discurso con fuerza centrípeta para los y las jóvenes que ahora viven en los márgenes del privilegio de clase y cuyo destino parece ser una vida de empleos precarizados. La izquierda en Bolivia está despojada de sentido para muchos y, sin duda, la situación aún puede agravarse con el surgimiento de voces ultraconservadoras que han levantado la cabeza en tiempos inciertos.

¿Es posible entonces volver a los orígenes? ¿Qué es lo que hay que recomponer? Es allí donde hay que poner la mirada atenta y la energía cotidiana. El huracán diario de disputas por los despojos del instrumento político solo densifica la humareda y profundiza un sentido de derrota que paraliza. Al margen de ese torbellino, las personas continúan reconstruyendo su vida cotidiana, huérfanas de esperanza, cansadas de una lucha que siempre parece inacabada. 

Son tiempos de mirar con mayor atención la emoción de las personas, que les da sentido a sus afectos, que marca sus fidelidades. La economía tal vez tenga soluciones prácticas y volvamos a tener las certezas que nos acompañaron los últimos 15 años: gasolina en nuestro transporte, carne en nuestro plato, medicinas en las farmacias… pero hay todo un campo que ha sido minado y es la certeza de un futuro posible donde todas las personas vivamos con respeto y dignidad.

(*) Lourdes Montero es cientista social

El candidato Republicano Donald Trump ha obtenido una clara victoria en las elecciones para la presidencia de Estados Unidos, consiguiendo su segundo mandato. Superó en 31 el umbral crítico de 270 votos del colegio electoral, además de lograr el control del Senado y mantener su mayoría en la Cámara de Representantes. Frente a esto muchas nos preguntamos ¿Cómo logró Trump ser el primer presidente electo de EEUU, condenado en un juicio penal?

En mayo pasado, un jurado popular declaró a Trump culpable de los 34 delitos que se le imputaban por falsificar registros contables para encubrir el pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Cliffords, antes de la campaña para las presidenciales de 2016. Esta es solo una de al menos cuatro causas judiciales que pesan sobre Trump, y que se esperan sean resueltas mientras él ejerce la presidencia.

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Parte de la explicación del contundente triunfo del expresidente lo podemos encontrar en la composición demográfica de sus votantes, en especial de la preferencia masculina por el candidato republicano. Para ello, es útil observar las encuestas a pie de urna, en los que se pregunta a los ciudadanos por quién votaron.

Las encuestas a boca de urna en Estados Unidos nos dicen que un grupo importante en el voto por Trump de estas elecciones es el de los votantes masculinos blancos. Si bien los republicanos han dominado este grupo en los últimos 20 años, en los resultados de estas votaciones se demuestra que Trump obtuvo más apoyo masculino blanco (54%) sorprendiendo un incremento en el votante joven en estados claves para obtener su victoria.

Pero este candidato no solo fue escuchado por los hombres blancos jóvenes; Trump duplicó el voto de hombres negros jóvenes, lo que le ayudó entre un grupo clave de votantes demócratas. Alrededor de 3 de cada 10 hombres negros menores de 45 años optaron por Trump, el doble de lo que obtuvo en 2020. También los votantes hispanos estuvieron más abiertos a Trump, y aproximadamente la mitad de los hombres latinos votaron por él en estas elecciones.

Buscando una explicación más sociológica de estas preferencias electorales, que nos hablan del sentido común de la época (que podría ampliarse al resto del continente), encontramos el análisis del profesor Joshua Sandman, quien entrevistado por BBC Mundo afirmó de manera contundente: “Trump juega con los miedos, la ansiedad y la desesperación de la clase trabajadora”; “su discurso duro encajó bien con la imagen de macho que intenta proyectar y eso le gusta a mucha gente. La clase trabajadora masculina no lo ve como algo negativo, sino positivo”. Esa es la innovación de Trump: a un Partido Republicano, tradicionalmente conservador en lo económico, le aportó los valores, la cultura, la identidad, la familia, la fe y la bandera de “América primero”. Y ese discurso racializado y ultraconservador resonó positivamente en un líder patriarcal que ofrece protección y salvación.

Es allí donde Sandman encuentra la racionalidad del voto por Tramp en estas elecciones: en un contexto donde los demócratas, con Biden en el cargo, no respondieron con suficiente rapidez a la cuestión de la inmigración, ni a la inflación, ni al aumento de las tasas de interés o el precio de la vivienda, la gente pensó que estaría mejor con la administración masculinizada de Trump.

Así, esta mirada patriarcal y machista tiene éxito en momentos de profunda crisis y ansiedad social. Lo mismo que Milei en Argentina. A un candidato así no le iría bien si hubiera una buena economía, empleos bien pagados, si la gente tuviera confianza y seguridad, si no hubiera inflación.

Veamos en Bolivia cómo estas expresiones sociales toman cuerpo.

(*) Lourdes Montero es cientista social

El momento que vivimos en la batalla política por el liderazgo interno del partido de gobierno es uno de los más detestables e indignos de su historia. A quienes constituimos la audiencia forzada del penoso espectáculo, nos invade la rabia y la vergüenza por el terrible manoseo de los cuerpos de las mujeres. Sin ningún límite, un bando y el otro disparan las balas sin saber que el daño colateral es el mayor capital político del MAS: la supuesta reserva ética y moral de los pueblos indígenas y sectores populares que, al asumir el poder, lo hacían para buscar el bien común.

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Hoy ya no queda nada de un proceso político cuya bandera era el cambio social. Ese proceso parece haber olvidado que nace de una histórica marcha de mujeres cocaleras que en 1995 deciden llegar a La Paz para exigir el respeto a la vida. Esa marcha de mujeres que ingresa a la sede de gobierno con tal dignidad que estremeció todos los cimientos de la política nacional. Esas mujeres que aceptaban ir al frente de las confrontaciones callejeras “porque supuestamente así la policía o los militares los golpearían menos”.

Hoy Luis Arce y Evo Morales no tiene ninguna consideración a esa historia del MAS forjada de polleras. Desplegando una serie de estrategias mediáticas y judiciales se acusan mutuamente de acciones ilegales e inmorales arrastrando por el piso toda reserva ética de un proceso social que se construyó en más de 30 años de articulación, construcción colectiva y lucha en las calles. Están tan ciegos de odio y venganza que ya nada les importa, y siguen arrojándose historias indignas incluso si ello contribuye a ganarles el desprecio de las y los electores.

Que en un partido político de amplio espectro electoral como el MAS existan discrepancias entre sus líderes debería aceptarse como algo normal e incluso deseable. Un adagio sufí en Afganistán dice que “la verdad es un espejo roto en mil pedazos”, con lo cual suponemos que cada facción aporta su pequeño pedazo a la verdad colectiva. Pero, lo que está sucediendo en el MAS dista mucho de deberse a discrepancias ideológicas o a la búsqueda de la verdad: se trata de una lucha descarnada por el poder, de una lucha de egos machistas. La guerra es a muerte, y ambos contendientes suponen que quien quede con vida será dueño y señor del instrumento político y por tanto de la verdad. Que equivocados se encuentran. Incluso si alguno queda en pie, quedará tan debilitado que tal vez le convenga acostarse al lado del que será enterrado en la tumba.

Y mientras tanto ¿cuál puede ser el interés de estas batallas para nosotras, ciudadanas de a pie? ¿Se disputa en esta guerra una orientación política de uno u otro signo para el MAS? ¿La ensangrentada ofensiva está basada en visiones distintas de cómo salir de la crisis económica, o superar las tensiones sociales de la polarización? La realidad es que no. Ambos contendientes están solo aportando a una imagen negativa del proceso de cambio: corrupción desmedida, mala gestión estatal, y sobre todo abuso del poder para sus propios intereses.

Mientras tanto, la “batalla cultural” contra todo progresismo avanza de manera acelerada en el corazón de la sociedad. Ya escuchamos cada vez con mayor fuerza agoreros del conservadurismo echando tierra al avance de los derechos indígenas, la búsqueda de igualdad social, la lucha contra la violencia de género, la protección de los colectivos LGTBI entre otros.

El MAS, dirigido por sus pretenciosos lideres actuales, está tristemente ausente de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Enfrascados en sus batallas personales, están consiguiendo que este partido no se diferencie de las 17 facciones que prometen estar presentes en la próxima papeleta electoral. ¿Será posible que no haya ninguna voz dentro del MAS que señale un camino de cordura?

(*) Lourdes Montero es cientista social

Cada año, como un funesto ritual, enfrentamos durante 16 semanas la quema de nuestros bosques. Desde 2002 hasta 2023, el área total de bosque primario húmedo en Bolivia disminuyó en 10%. Y este año, según instituciones especializadas, hemos reportado 34.078 focos de calor, haciendo del 2024 uno de nuestros peores años.

Todos nos preguntamos ¿Qué es lo que provoca este periodo dantesco? ¿los bolivianos y bolivianas somos tan irresponsables que, por beneficios económicos o intereses políticos, prendemos fuego nuestro territorio? Y tal vez lo más importante ¿podemos hacer algo para evitarlo? Comparto los cinco temas centrales en esta discusión.

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Hay años, como el actual, en que el fuego es más crítico debido a los factores climáticos. Entre los especialistas se habla del 30-30-30 como las tres condiciones climáticas que, juntas, ayudan a una propagación rápida del fuego: 30 o más grados de temperatura, menos de un 30% de humedad del ambiente y más de 30 nudos de velocidad del viento. Esta condición climática se incrementa cada año y el 2024 se presenta como el año más caluroso jamás registrado, con una temperatura media global que supera en 1,51 °C el período preindustrial.

Este contexto global se intensifica con los procesos de cambio de uso del suelo que enfrentamos en Bolivia. Parte de las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) fueron convertidas a ganadería y agricultura utilizando prácticas de desmonte y “chaqueo” inadecuadas. De continuar la tendencia actual se estima que, a 2040, la mitad del Bosque Seco Chiquitano desaparecerá bajo la acción humana.

Esto en parte responde al horizonte de desarrollo extractivista intrínseco al “modelo económico boliviano”, que plantea como metas aumentar las tierras cultivadas de 3,5 a 12 millones de hectáreas y duplicar la población vacuna para el 2025. Esto es acompañado por una serie de políticas de incentivo a la producción agropecuaria que incluye créditos a muy bajas tasas de interés, así como la subvención a los hidrocarburos.

Esta visión, y la presión del “modelo cruceño de desarrollo” al Estado ha generado una arquitectura legal que incentiva el uso del fuego como herramienta para abaratar costos en la producción, como la Ley 741, la cual amplía el desmonte de cinco a 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa, así como el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte y las quemas inclusive en tierras forestales. Este es parte del paquete de las denominadas “leyes incendiarias”, tan cuestionadas en el actual contexto.

Por último, debemos plantear que parte del problema es la insuficiente capacidad de control de parte de las autoridades de todos los niveles, para supervisar y/o evitar los asentamientos en tierras de producción forestal permanente. También la falta de investigación, seguimiento y sanciones a los casos conocidos de incendios ilegales de años anteriores.

Así, la lucha contra los incendios forestales requiere un enfoque integral. No se puede tratar la cuestión de las quemas periódicas desde un enfoque desconectado, por ejemplo, de la contaminación por mercurio de los ríos amazónicos, ni de la expansión de la frontera agrícola para la ganadería y la producción de agrocombustibles.

Ello nos lleva a preguntas incómodas, por ejemplo ¿es posible/tenemos la voluntad de revertir grandes propiedades que no cumplen la función económico social? Estas políticas de cumplimiento de la función, ¿se constituyen en un incentivo para la deforestación? ¿seguimos adelante con los proyectos de biodiésel a pesar de la amenaza ambiental que implica? ¿impulsamos la exportación de carne a pesar de que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en la Amazonía? En fin, requerimos con urgencia que el Estado tome en serio su discurso sobre los derechos de la Naturaleza y deje de ser permisivo ante la destrucción de la Naturaleza.

(*) Lourdes Montero es cientista social