Friday 23 Feb 2024 | Actualizado a 15:35 PM

¿Contagio criminal?

Alejandro Colanzi

/ 9 de diciembre de 2023 / 07:03

En cuanto a penalidades han existido dos sobresalientes saltos: a) el de la proporcionalidad con la ley del ojo por ojo; y b) el moderno no contagio a partir del intuito personae y el principio de inocencia hasta que se pruebe, con sentencia, lo contrario.

En Estados como el nuestro, los saltos se dejan de lado. El gonismo (con 36% de legitimidad) destruyó a sus adversarios adeno-miristas con los “narcovínculos” y las “narcofotos”, y a su vez el adenismo se autogolpeó con el caso Diodato. Desde esas épocas, fuimos y seguimos siendo los campeones latinoamericanos y del Caribe de la ilegítima, arbitraria y delincuencial detención preventiva, exponencialmente creciente en la última década.

Se ha institucionalizado acusar de manera formal —aparato del Estado o informalmente por las redes sociales— a quienes están en una foto junto a alguien que no necesariamente está condenado. Una distorsión del silogismo: Marset es… (premisa mayor); Aki Kamiya es médico de Marset y su familia (premisa menor); entonces Aki es igual a Marset. Contagio deductivo.

La curiosidad criminológica nos lleva a buscar respuestas que son complejas porque tienen que ver con la débil democracia y civismo, así como la desinstitucionalización del aparato del Estado.

También hay otras explicaciones menos complejas, muy retorcidas pero que tienen sentido de realidad.

El libro Economía del encarcelamiento, del notable penitenciarista Ramiro Llanos, nos viabiliza esa explicación al describir y demostrar el multimillonario extractivismo económico desde la cárcel, la que alberga a aproximadamente 23.000 internos en Bolivia (de los cuales más del 70% son preventivos, y solo en 2019 terminaron sobreseídos 70,7%). A eso debemos sumar el chisme compartido —sottovoce— por un alto exfuncionario en Bolivia de NNUU, quien sostuvo que los cálculos del extractivismo judicial (incluido el carcelario) alcanzarían los $us 10.000 millones por año, recordando que el INE registró en 2019 la cifra de 1.685.290 nuevas causas civiles, amén de las penales, familiares, laborales, agrarias, etc.

Debemos contextualizar: si el narcotráfico está entre $us 7.000 y 8.000 millones (aunque para Alejandro Banegas llega a los 2.500 millones, según su estudio), sumados a los 4.000 a 5.000 millones del contrabando de oro y minerales; además del contrabando de mercadería, que datos empresariales sitúan alrededor de $us 3.000 millones de dólares, amén de tráfico y trata de personas y de órganos (2.000 millones), juegos clandestinos, etc. y etc. Que hay buenos en esta cadena y no participan, obvio que los hay.

Entonces, cómo entender que mi amigo Aki, que es un médico plástico muy divertido y sociable, enamoradizo, motoquero, heredero de una clínica que su señor padre, difunto ya, inauguró en 1993 (constituyendo esto un hecho notorio) y que desde entonces solo le han hecho un responsable mantenimiento y ninguna reforma, lo detengan, le incauten la clínica inaugurada cuando Marset podría haber tenido… ¿10 años?

Y hay notables o magníficos que caen en la complicidad (quien colabora o teniendo opción no se opone) de la ilegalidad, al recibir lo “incautado” y tan solo señalar que lo harán con beneficio de inventario, para ver si las deudas no son mayores del patrimonio que se recibe.

Tengo fotos con mi amigo Aki y no soy médico ni motoquero, con monseñor Tito Solari y no soy santo, con Ernesto Cardenal y no soy poeta. Espero que algún funcionario no razone: si Aki es igual a Marset y Alejandro es amigo de Aki, por lo tanto, Alejandro es igual a Marset.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina.

La cárcel y sus ironías

Ejerciendo la presidencia del curso, en la universidad, propuse que busquemos una salida jurídica a dicha situación de don Donato

/ 13 de noviembre de 2023 / 08:17

Finalizando el primer año de mis estudios de Derecho, visitamos la cárcel que se encontraba, irónicamente, al “final de la libertad” (finalizando la calle Libertad, donde hoy está el comando de la Policía en Santa Cruz de la Sierra).

Kely, un vecino que había desaparecido del barrio, se encontraba en calidad de interno. Delante de otros alumnos, le pregunté cuál la razón de su detención y él, con la espontaneidad que lo caracterizaba, sacó del bolsillo de su camisa un sobre pequeño con un polvo que yo desconocía hasta ese momento: cocaína. Tiempo después lo encontré por el correo central (calle Junín) y al preguntarle a qué se dedicaba, contestó que era de la policía antinarcóticos.

Lea también: El Papa: ¿migración, destierro o exilio?

Ese día también conocimos, a don Donato Terrazas Flores, quien acaba de fallecer el 24 de octubre del 2023. Era el sastre; su clientela era variada, aunque principalmente eran ajenos a la cárcel. Con ese oficio había educado a sus hijos hasta hacerlos profesionales a todos. Oriundo de Saipina, de los valles cruceños, tierra prodigiosa en la producción agrícola, donde vivió hasta el momento en que fue trasladado en calidad de detenido y ya condenado al “final de la libertad”, donde tuvo que reinventarse, aprender y dedicarse a ser sastre.

Don Donato, campesino y productor, por esas imprecisiones administrativas llegó a tener un problema de límites con su colindante e iniciaron litigios judiciales, que como tales implican desatender su campo, gastar sus ahorros y vivir una inestabilidad emocional profunda, lo que llevó en un momento de discusión con su vecina en conflicto, ofuscado, tomar su escopeta y quitarle la vida. El Código Penal Banzer, que comprendía la pena de muerte para el asesinato, había sido aplicado en sentencia condenatoria y ratificada en recurso ante la Suprema.

Ejerciendo la presidencia del curso, en la universidad, propuse que busquemos una salida jurídica a dicha situación de don Donato. Decidimos iniciar la conmutación de la pena (cambiar la pena de muerte por la pena máxima de prisión de 30 años), entonces facultad constitucional del Presidente de la República. Reunimos cartas de muchos cursos de Derecho, de otras carreras y también de instituciones juveniles que interactuaban en la ciudad: fueron bastantes.

Se había aperturado un espacio democrático y se había convocado a elecciones generales. El ya general Banzer, presidente de facto, respaldaba a su exministro, general Juan Pereda Asbún.

Fueron muchos los canales que buscamos para llegar al presidente con nuestro pedido masivo de conmutación y todos habían sido vanos. Un compañero de curso, también militar, nos anunció que el edecán del presidente había sido reemplazado y el nuevo fue su compañero de curso y planteó utilizar, previa consulta con el nuevo edecán, esa vía. Reinó la esperanza y se envió toda la documentación de respaldo jurídico y apoyo social.

Entretanto, el proceso electoral dio una bochornosa victoria al delfín del presidente; de tal magnitud que fue la Corte Electoral y el mismo general Banzer que se vieron obligados a anularlas y convocar a nuevas. El general Pereda, el “victorioso”, se sublevó y pidió la dimisión de Banzer para asumir la presidencia en razón a su victoria. Ese golpe de Estado nos sumió en la desesperanza en razón a nuestra acción de conmutación: se diluía toda posibilidad de lograrlo.

El general Banzer, el 21 de julio de 1978, al final del día, anunció su dimisión como presidente. Y, también firmó su último decreto supremo, conmutando la pena de muerte de Donato Terrazas Flores.

El conmutado, antes de salir de la cárcel sufrió una crisis existencial: qué hará en la ciudad donde ahora vive su familia, si para seguir ejerciendo la sastrería deberá pagar alquiler, agua, luz, ayudantes sujetos a las leyes laborales que antes no tenía que hacer y le daban la ventaja que se traducían en precios y, por ende, en buena clientela: durante tiempo se resistió a dejar la cárcel.

(*) Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina

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El Papa: ¿migración, destierro o exilio?

/ 26 de octubre de 2023 / 09:14

Siendo adolescente y alumno del Marista, el hermano Celso preguntaba en la clase de religión si algún pagano desconocedor de los evangelios cristianos podría ser salvo. Acabábamos de leer el pasaje “soy el camino y la verdad… el que viene a mi será salvo”. Cometí una herejía al decir que si esa persona hacía el bien (como padre, hijo, vecino, etc.), ¿por qué no?; claro, han sido muchas las que he cometido, solo que ahora se conocen como libres pensantes, nos pueden quemar la casa o aparecer en listas, pero no nos queman en la plaza, por suerte.

Y, como una raya más no afecta, cuestionaré a mi pastor Francisco —de quien me regocijó su ascenso— en relación a su posición sobre la migración, cuando señala que “siempre debiera ser una decisión libre” y que la Iglesia los acompaña con “la fuerza de la oración” por la gran resistencia que encuentran en los lugares a los que pretenden llegar. Posición que me parece muy cómoda y omisiva de la visión de verbo, y más bien ser solo sustantivo, como dice Arjona.

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La migración, desde tiempo remotos, no gozó de “libertad”; al contrario, contra su voluntad se migraba para sobrevivir. Y, en una época nefasta, los “migraban” para bajar costos de producción e impulsar lo que se conoció como el industrialismo y emergente capitalismo de primera generación.

Aunque es el mismo Francisco que reconoce que el tráfico y la trata de personas constituyen la moderna esclavitud, de dimensiones inimaginables, aún los “migran” por millares; aunque claro, esto es parte de la economía y hay pocas rasgaduras de túnicas.

Lo que sí motiva a la oración y al voluntarismo son aquellos que no van de turismo al primer mundo, o sea a Europa o EEUU. No se condena (sustantivo) y menos se actúa (verbo) para incidir en la treintena de guerras existentes hoy, en plena tercera década del presente siglo, que producen salidas masivas por bombardeos de toda índole: bélicos, políticos, hambrunas, etc. Y son guerras fomentadas para el saqueo de riquezas naturales.

América Latina no está exenta. Aunque no haya bombardeos bélicos, varios millones de venezolanos, nicaragüenses, antes colombianos (tres millones en Venezuela en la década de los 90), son expulsados por sobrevivencia. Bolivia, en el primer quinquenio de comienzos de siglo, expulsaba a 350.000 ciudadanos por año; hoy no es sustancial la diferencia de los que salen a Chile, Argentina, Brasil (menos frecuente ya a Europa por las exigencias de visas).

Por apenas esos datos esbozados cuestiono a mi Papa (hijo de migrantes que fueron expulsados por sobrevivir), porque cuando no tenés las condiciones mínimas de sobrevivencia y dignidad, el lugar te expulsa contra toda libertad.

Es por ello que, en esas condiciones de sobresaturación, como hablaba Enrique Ferri para referirse a un pico alto de desequilibrio social, no debiéramos hablar de migrantes, sino de exiliados, porque no hay libertad ni dignidad alguna; agregados los nuev@s esclavos.

Y, no es con oraciones… es con acción… “y Dios se hizo verbo…” Pediré perdón por mi nueva herejía. Para eso están el confesionario y las penalidades.

(*) Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina

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Guatemala y la marcha indígena en Bolivia

Alejandro Colanzi

/ 4 de octubre de 2023 / 09:14

Lupe Cajías, muy querida amiga, escribió en la prensa Brisas frescas para Guatemala, mostrando similitudes con nuestra Bolivia. Me hizo pensar no solo en ello, sino también en inspiraciones e incidencias. Por casualidad conocí (1985) a unos jóvenes guatemaltecos en un curso del Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente), en San José de Costa Rica. Ellos, disciplinadamente me enviaban un boletín con las noticias del movimiento campesino y sus luchas rompiendo esquemas, que, a diferencia de cierta clase política boliviana que invisibilizaba la realidad para imponer tan solo una lectura de contradicción entre obreros e industriales, ellos lecturaban y visualizaban su realidad rompiendo los esquemas y prejuicios tradicionales del marxismo, al reconocer al campesino —e indígena— y darle su lugar en la historia. En tanto, en Bolivia ya surgía el cuestionamiento a esa visión tradicional y avanzábamos hacia una autocrítica y se pergeñaba la “bolivianización del marxismo”.

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En 1989, mientras encabezaba la materialización de una estrategia (elaborada en Venezuela mientras realizaba mi maestría) para denunciar un genocidio en la policial Granja de Espejos, conocí a monseñor Tito Solari, quien me planteó la necesidad de una propuesta para abordar los 500 años de presencia europea en nuestra América. Inspirándome en el movimiento campesino guatemalteco, elaboré un plan que consistía básicamente en una gran marcha hacia La Paz, desde distintos lugares, por los derechos indígenas. Había aprendido siendo presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, que los mejores defensores de sus derechos son aquellos que sienten conculcados los mismos.

Complacido monseñor Solari con nuestra estrategia, la presentó a la Conferencia Episcopal, la que fue rechazada argumentando que “fragmentaría al país” (lo mismo sostendría Goni para borrar de la CPE el término “gobiernos departamentales”, a vista y paciencia de moros y cristianos). Y, pese al rechazo, monseñor Solari me pidió autorización para entregarla al entonces máximo dirigente de la Cidob, Marcial Fabricano, quien la aceptó y simplificó, por términos económicos y de logística, a una sola columna marchista, dándose así, en 1990, la histórica Gran Marcha.

Esta información sirvió de argumento para oponernos a la generalización de que los abogados somos como los guineos (no hay uno recto), que esgrimía el entonces presidente en presencia de los veedores internacionales, los jerarcas de las iglesias (incluido monseñor Solari), los prefectos, la directiva de los gobiernos municipales y la representación parlamentaria. También la compartimos en Trinidad, en el decimoctavo aniversario de la Gran Marcha, en presencia del expresidente Jaime Paz Zamora, a quien se le arrancó las primeras disposiciones legales en favor del movimiento indígena; y fue el inicio de muchas marchas reivindicativas cuyas conquistas ahora se han constitucionalizado (2009).

(*) Alejandro Colanzi es criminólogo y nonno de Valentina

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Chávez Cayú: una víctima más

/ 25 de febrero de 2023 / 01:24

Después de muchos años de no saber de él, lo encontré de tramitador en una oficina pública. Roberto, hace años, fue presentado por las entonces autoridades políticas y ante la opinión pública nacional como el asesino del diputado Edmundo Salazar Terceros —denunciante de los asesinatos y narcotráfico oficial en Huanchaca, hoy parque Noel Kempff—. Pasaron años y por casualidad, por otro hecho de sangre, otra persona admitió que él había asesinado al diputado Salazar. Pese a ello, durante muchos meses más de aquella confesión, Roberto seguía detenido en Palmasola he hice la gestión para que sea liberado y recibirlo en la puerta pidiéndole disculpas oficialmente: era yo la primera autoridad política del departamento.

Entonces, comentó que al ser detenido “preventivamente” tuvo que vender todo para defenderse; y, al quedar en la calle, su esposa tenía que sobrevivir con sus hijos y se fue a rehacer su vida: fueron cinco años de detención preventiva. A su salida no quiso iniciar proceso alguno para compensar lo que había perdido: se había saturado de injusticia.

Hoy, los detenidos preventivamente han disminuido del histórico 80%, principalmente por utilizar el “abreviado”, que implica autoculparse para recibir una pena menor y estar detenido menos tiempo. Igual seguimos siendo los campeones latinoamericanos y del Caribe en tener detenidos preventivamente; quizás solo Haití nos supere levemente.

La detención preventiva implica quebrantar garantías constitucionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, situándose en la cúspide de la pirámide jurídica vigente formalmente.

Si por algo se caracteriza el Estado Social y de Derecho (desde la Constitución de 1938 que lo somos), a diferencia del viejo Estado solo de derecho, es que aquél “garantiza” y éste solo reconoce (dejar hacer, dejar pasar).

La presunción de inocencia está “garantizada” en el parágrafo I del artículo 116 de la Constitución vigente. Y, la detención preventiva es exactamente lo contrario: presunción de culpabilidad. La pinche norma procesal se impone a la “garantía” constitucional.

En los procesos abreviados se viola “garantía” constitucional de que “nadie puede ser obligada a declarar contra sí misma…” (parágrafo I del artículo 121 de la Constitución); y, obviamente, no hay peor presión que estar detenida: su libertad o libre albedrío está diluido totalmente.

¿Cuántos Chávez Cayú tendrán que vivir esa indignante situación para que se reconduzca la observación de las garantías constitucionales?

¿Cuántas autoinculpaciones serán necesarias para reaccionar ante esta inquisitorial (declarar en su contra) violación de derechos fundamentales “garantizados”?

¿Cuándo daremos el salto dejando atrás el Estado practicado que significa el reconocimiento de la cultura economicista de vigencia del mercado, para pasar a materializar el Estado Social garantizador?

Mientras no demos este salto, seguiremos viviendo lo que ideológicamente negamos. No existen ni liberales ni socialistas que racional y discursivamente no quieran superar, pero cuando se tiene el poder, se convierten en retrógrados fácticos y alimentan a un perverso Estado Criminógeno.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina.

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Desfase del Código Penal

/ 24 de diciembre de 2022 / 01:29

El Código Penal de Bolivia tiene un desfase ideológico, histórico y político: es imperativa su reforma. Y no solo es el nuestro. Hay desfase porque hay continuidad de la matriz ideológica premoderna: la traición a la patria, la sedición o el desacato —en relación al Ejecutivo—, que aún perduran en las legislaciones penales —y constitucionales como la de Bolivia— , son el mejor ejemplo de la persistencia del supuestamente superado “el Estado soy yo”.

Pere Aragonés, de la autonomía de Cataluña, España, celebra la derogación de la “sedición”, aunque dice que se ha modificado por un tipo de delito más suave en su penalidad. O sea, se mantiene el bien jurídico protegido —El Estado— con penalidades menores. A un “súbdito” que arrojó huevos al Rey Carlos, con mala puntería además, se lo acusó por delito de “orden público de la Sección 4”.

Y no es solo una dimensión penal, que implica última ratio, lo negativo que emerge desde la Constitución o “pacto social”, un imaginario construido en siglos de conspiración de la burguesía emergente y de los señores feudales insatisfechos, principalmente a partir de la “ilustración” que coincide con la primera globalización: el reparto del mundo por y para los europeos. Un complejo proceso de transformación económica no muy cristiana que da un salto cualitativo a partir de la emergencia del “contrato social” y que se hace del poder. Recordemos el imaginario construido, cedemos derechos para que quien los administre nos proteja la vida, el patrimonio y la libertad; también recordemos que la “nueva” ciudadanía era el nuevo soberano y ya no el viejo que sostenía… “el Estado soy yo”.

Entonces, cómo nos explicamos que el poder delegado —constituido— tenga la hegemonía de la fuerza para defenderse del poder delegante —poder constituyente—: es un contrasentido histórico e ideológico. Subsumir los derechos de los ciudadanos frente a los supuestos intereses generales del Estado o la “Comunidad” pertenece a una matriz ideológica superada; es más, se constituye en el rompimiento del supuesto contrato social. Por eso, no nos debe extrañar que un Trump intente tomar un legislativo y Pedro Castillo, ideológicamente opuestos supuestamente, intente lo mismo; o, que el aglomerado de delegados desconozca la expresión del constituyente “soberano y ciudadano” peruano que votó en favor de Castillo.

El mundo, en su transición del unipolarismo al multipolarismo, se encuentra en una crisis profunda y ha asumido el pensamiento único, el de la guerra y profundamente religiosa: si no estás conmigo, estás contra mí. Es la invisibilización del “otro” diferente; y, se traduce en debilitamiento de la institucionalidad construida a partir del imaginario Estado-Democracia (en esta parte que la “asumió” o que le fue impuesta; y, que no es tan diferente a las otras regiones del mundo que cuentan con partidos únicos, o con la destrucción de los otros posibles) y/con poderes muy teológicos. También profundiza la crisis por negar la naturaleza migrante del homo, desde su aparición y variadas mutaciones hasta llegar a lo que somos; claro, acelerada esa naturaleza de sobrevivencia por miles de bombas en sus casas, o por una profunda inequidad social por Estados fallidos: no cumplimiento del contrato social.

Hay que replantearse después de más de dos siglos de vigencia del contrato social o del Estado moderno y posmoderno (constitucionalismo social que pasa de reconocer a garantizar los derechos del ciudadano o soberano).

Claro, no seremos ingenuos en generar otro imaginario perverso y prometer el nuevo paraíso, en una visión teológica idealista. Debemos reconocer lo que Lacan señala, que se da la reproducción en la negación por partir de lo negado. Quizás no debiéramos de manipular la esperanza y asumir mayor realismo y plantear lo posible …lo “posible adyacente” de Kauffman.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina.

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